Almacén de Derecho

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lunes, 16 de mayo de 2011

Los canónigos del Derecho del consumo

Fernando Sánchez-Calero ha muerto. Era uno de los grandes del Derecho Mercantil español. Su Manual supuso un gran avance en relación con los preexistentes pero coincidía con los anteriores en que estaba muy bien escrito. Como lector de sus trabajos, lo que más valioso me parecía era eso que se decía antes del “buen sentido” de la mayor parte de sus interpretaciones de normas legales y lo mucho que sabía de muchas cosas. No le traté mucho personalmente, y cuando lo hice, era en ocasiones relacionadas con el Derecho de los consumidores. Y, en una de ellas, dijo una frase que he repetido después: “En esto del Derecho del Consumo hay colegas que son apóstoles pero también hay mucho canónigo” viviendo de hacer la vida más complicada a empresas decentes.
Viene a cuento la frase de Don Fernando porque el Instituto Municipal del Consumo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha presentado una demanda contra todas las operadoras de telefonía pidiendo la condena de las mismas a cesar en el uso de un montón de cláusulas de sus condiciones generales que dicho Instituto considera abusivas. La demanda está colgada en la red
Yo escribí mi tesis doctoral sobre las condiciones generales. Y luego, he escrito una decena de trabajos sobre aspectos concretos del Derecho y la Economía de las cláusulas predispuestas por lo que tengo ciertos títulos para considerarme experto en la materia. Y repasar la demanda y sentir vergüenza ajena por la falta de conocimientos elementales de Derecho Civil de quienes la han redactado ha sido todo uno. Pero que una institución pública se preste a semejante enjuague es mucho peor. No me digan que algunas compañías, para no verse obligadas a soportar un proceso judicial, se han avenido a modificar las cláusulas. Es puro análisis coste/beneficio. ¡Pobre Juez de lo Mercantil de Palma de Mallorca!

2 comentarios:

Javier dijo...

El cuadrito explicativo me mata. Mi recuerdo también para Don Fernando.

Alfonso Díez de Revenga dijo...

No puedo estar más de acuerdo. Es una vergüenza que los responsables de una Institución Pública, como el Ayuntamiento de Mallorca, desde hace seis meses (los seis meses previoas a las elecciones...)estén haciéndose la foto con una demanda como esta, tan caótica y desordenada, como espuria en sus argumentos. Por lo visto, el Instituto Municipal dependiente del Ayuntamiento de Mallorca pretende atacar unas Condiciones Generales de Contratación, que por cierto, y como no puede ser de otro modo, están revisadas y aceptadas no sólo por el Ministerio de Industria, sino por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios, que son organismos competentes, a nivel nacional para controlar el cumplimiento de la legalidad vigente.

Y después de Mallorca ¿quién será el siguiente canónigo defensor de intereses difusos? ¿Cuál de los 8.115 ayuntamientos españoles, que quedan se embarcará también en la cruzada?.. porque desde luego si parece que la demanda no se sustenta en el fondo, por lo que se refiere a la legitimación del demandante mejor ni hablar.

Que hablen los tribunales.

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