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miércoles, 9 de enero de 2013

Un caso de Derecho de Grupos de 2007: interés del grupo e interés de la filial

El Derecho español carece de una disciplina de los grupos de sociedades. Ni siquiera tiene un concepto de grupo válido para todas las normas que se refieren a los grupos de sociedades (no lo es, a pesar de las pretensiones de los autores del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital el art. 18 de la misma). Los conflictos entre matriz y (socios externos o minoritarios de la) filial se concretan pues bajo la fórmula del interés del grupo vs. el interés de la filial.

El capital de la sociedad Carbónica Murciana SA estaba dividido al 50 % entre el director general y el grupo La Casera. La Casera controlaba la sociedad en virtud de no se sabe qué instrumentos (¿un pacto parasocial?) que le permitía nombrar a 3 de los 5 miembros del Consejo de Administración, de modo que propuso un plan que afectaba a todo el grupo La Casera y que suponía que Carbónica Murciana dejaba de embotellar y veía reducida drásticamente su actividad económica. (se convertía en una delegación comercial) Hay que suponer que tal plan aumentaba el valor del grupo y reducía el de la filial.

El director general (y miembro del otro grupo accionarial) se opuso al plan y fue destituido. Impugnó el acuerdo del Consejo de Administración y su demanda fue acogida en las tres instancias (STS 12-IV-2007).

Lo interesante del caso es que lo se impugnó fue el acuerdo del Consejo de Administración por el que se destituía al socio como Director General y no directamente un acuerdo social por el cual se ponía en práctica el plan de “reconversión” de la filial. Pero el TS consideró que había suficiente conexión de probabilidad entre la destitución del Director general y la puesta en práctica del plan de reconversión y legitimó la impugnación del acuerdo de destitución:
“Resulta de lo actuado que, a consecuencia de la competencia ejercida en la década de mil novecientos ochenta por la grandes productoras de bebidas refrescantes, el grupo La Casera se vio en la precisión de reducir costes de fabricación y de adecuar su estructura a las necesidades del mercado. Por ello se decidió a modificar sustancialmente su base industrial, con la concentración de la producción en determinadas plantas y a ejecutar un plan de reconversión que alcanzaría, entre otras sociedades del grupo, a Carbónica Murciana, SA. Según dicho plan ésta debería poner fin a la actividad industrial, reducir su plantilla de trabajadores y convertirse en una delegación comercial” Con esos antecedentes, que han quedado descritos con un mayor detalle, la Audiencia Provincial consideró que el cese del demandante constituía parte de un programa que lesionaba los intereses de la sociedad demandada, «en beneficio de los accionistas de la familia Guillermo, que así mismo lo son del grupo Casera».
Y el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación afirmando que el Consejo de Administración era libre para destituir al Director General pero que éste, como miembro del Consejo estaba legitimado para impugnar el acuerdo. Y aunque el acuerdo de destitución no es “controlable” en sí mismo, en el sentido de que el Consejo no tiene por qué dar razones para destituir al Director general (business judgment rule), sí que puede ser anulado por perjudicar al interés social y beneficiar a algunos accionistas. Tal es lo que sucedía en el caso, según todos los jueces que intervinieron en el asunto porque – y esto es lo más llamativo –
“como la lesión de ese interés común normalmente será consecuencia de la ejecución del acuerdo, la jurisprudencia admite la anulación de éste aunque la lesión sea potencial conforme a una previsión o prognosis razonable… la ratio de la sentencia recurrida no es otra que la realidad de un conflicto entre los intereses de los socios que controlaban el grupo con los de Carbónica Murciana, SA y un sacrificio de éstos en beneficio de aquellos, producido con una actuación que se inició con el cese del demandante y que estaba dirigida a hacer efectiva la dirección externa por medio del órgano gestor de la subordinada, en el que tenían la mayoría los socios portadores del interés triunfante, finalmente satisfecho con la venta de sus acciones representativas del capital de todas las sociedades del grupo”.
No creemos que haya otro caso en los que nuestros tribunales hayan llegado tan lejos en la censura de una decisión de política empresarial sobre la base del interés social de la filial (v., el caso Acciona/Trasmediterranea). Probablemente pesó en los Jueces el hecho de que el capital de la filial estaba dividido al 50 % lo que restaba legitimidad al socio que controlaba el Consejo para ejecutar su plan de reorganización contra la voluntad del otro socio. La argumentación, sin embargo, es indirecta y formal: que no solo son impugnables los acuerdos fácticamente perjudiciales para el interés social sino también los potencialmente dañosos. Los jueces dieron por indiscutible que convertir una compañía embotelladora de refrescos en una mera delegación comercial perjudicaba al interés de ésta.

En cuanto al fondo de la cuestión, si La Casera hubiera tenido la mayoría, no debería caber duda de su derecho a reconvertir la filial teniendo el interés del grupo como guía. Esa reconversión constituiría lo que hemos llamado una decisión “productiva” y no “extractiva”,. esto es, es previsible que aumente el valor del grupo en más de lo que disminuye el valor de la filial. Pero, en tal caso, es exigencia del respeto al derecho de propiedad de los minoritarios que se les compense adecuadamente y que no vean reducido el valor de sus acciones por el hecho de que el mayoritario decida reorganizar el grupo.

Actualización 2/11/2016: el análisis del fondo de la cuestión (último párrafo) es probablemente incorrecto.

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