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jueves, 7 de agosto de 2014

¿Cómo evitar la captura de los expertos? (I)

El caso de los economistas
       “Awareness of the risk of capture is the first line of defense” L. Zingales
                         “[A] successful academic may be able to use his success to reach the general public on matters about which he is an idiot” Richard Posner
Los economistas se han convertido en los “intelectuales públicos” más influyentes. Lo cual no es, necesariamente, una buena cosa porque los economistas sufren de la especialización en mayor medida que otras Ciencias Sociales y Humanidades y el llamado “imperialismo económico” les ha llevado a opinar y a analizar casi cualquier aspecto de la vida humana en sociedad, con el riesgo señalado por Coase de quedar mal cuando los expertos en ese aspecto de la vida humana retorsionan y aprenden las verdades simples de la Economía. Agradecidos debemos estar, sin embargo, los juristas, los sociólogos o los politólogos por los avances que la invasión económica de nuestros campos de estudio ha permitido. Para que avance el conocimiento, no hay nada como favorecer el intrusismo profesional.

En este trabajo, Zingales examina el problema de la captura de los economistas por parte de las empresas y propone algunas medidas para reducirla. A su juicio, los factores que facilitan dicha captura son, por un lado, el acceso a los datos que un economista empírico necesita. A menudo, están en bases de datos privadas y el dueño de la base es un particular que exige un cierto agradecimiento a cambio de facilitar el acceso.
En sentido contrario, si un economista tiene una audiencia amplia –es un intelectual público– su captura por parte de un sector empresarial o una empresa concreta es mucho más difícil. Dice que a Stiglitz o a Krugman no es fácil capturarlos. No explica por qué. Parece que la razón es que Krugman está “mucho más vigilado” por el “mercado de las ideas” que un economista que se ha concentrado en formular modelos matemáticos sobre la distribución espacial de los recursos. El tercer mecanismo para reducir la captura de los economistas es la reprobación pública (shaming) de aquellos que, apoyándose en su cualificación como científicos sociales, defienden causas particulares y lo hacen acientíficamente.
El daño que pueden hacer estos economistas-mercenarios no es muy grande si no contribuyen demasiado a la captura del regulador (o del juez): “la literatura económica sobre la captura del regulador se funda en la asimetría en la influencia que los distintos grupos tienen porque si el mercado de influencias es competitivo, el resultado – en términos de políticas que triunfan – es eficiente”. Y la falta de competencia en este mercado – Olson – deriva de que grupos pequeños y bien organizados tienen más incentivos para invertir en capturar al regulador que el público en general, porque si bien soportan los costes de ejercer esa influencia, retienen los beneficios a costa de un gran perjuicio agregado para la Sociedad distribuido entre muchos – el público –. Las pequeñas empresas, además, sufren diseconomías de escala cuando hacen lobby porque hay costes fijos en la actividad. De ahí que sólo las grandes empresas (o los miembros de grupos que tienen muy estrechos lazos entre sí como determinados tipos de funcionarios públicos) hagan lobby.
Zingales hace un experimento. Examina si la literatura publicada sobre los salarios de los ejecutivos empresariales refleja algún sesgo que sugiera que los consejeros-delegados de las grandes compañías, cuyos salarios han experimentado un crecimiento brutal en comparación con los salarios en general, influyen en la literatura económica. Al respecto, hay dos teorías. La que afirma que los salarios de los administradores de grandes compañías son competitivos y su crecimiento refleja su mayor aportación a los beneficios de las empresas y la que afirma que, en realidad, los ejecutivos se fijan sus propios salarios y lo hacen en cuantías desproporcionadas aprovechando los costes de agencia que sufren los accionistas. Si los economistas obtienen beneficios en su carrera académica o profesional (les nombran consejeros independientes o les pagan bien por hacer trabajos de consultoría o les contratan como chief economist de una empresa privada o en un banco de inversión) si “dicen” en sus trabajos que, efectivamente, el mercado de los salarios de los ejecutivos es competitivo y que los consejeros-delegados no están recibiendo rentas excesivas.
Pues bien, Zingales examina si hay sesgos en las conclusiones respecto de ese debate en las revistas académicas dividiendo éstas en tres grupos: las de Derecho – que en los EE.UU están dirigidas y editadas por los propios estudiantes de Derecho – las de Finanzas y las de Gestión de Empresas – Management –. Y encuentra que “las revistas de management tienden a publicar menos artículos cuya conclusión es que la retribución de los administradores debería ser menor y menos artículos en los que se sugiere que la sensibilidad de la remuneración a los resultados de la empresa debería ser inferior. Las revistas de finanzas y de Derecho no reflejan tal sesgo”.
Interesante es que Zingales sugiere que una explicación puede encontrarse en que no hay escasez de espacio en las revistas jurídicas, de modo que el autor no tiene que hacer ningún esfuerzo (ni forzado por algún tercero ni porque se haya dejado llevar por un sesgo determinado) para publicar en una revista jurídica, mientras que es posible que en revistas peer reviewed, el editor que quiera presentar su revista como business friendly puede influir en tales resultados sin demasiado esfuerzo dado su papel en la selección de los artículos que se publican y la posibilidad de influir en las conclusiones de los trabajos. Concluye Zingales diciendo que
En conjunto, estos resultados indican que la estrategia óptima para un joven profesor que trabaja en el tema de la retribución de los administradores y directivos de empresas y que quiera maximizar sus posibilidades de que le den una cátedra, es concluir en sus trabajos que la cuantía de dicha retribución es adecuada y que la sensibilidad de la misma a los resultados de la empresa debería incrementarse”
Otro indicador de los sesgos de los académicos en esta materia es si se trata de profesores que están en una Escuela de Negocios (Business School) porque es razonable suponer que la financiación privada que éstas reciben es superior a la que recibe una Law School (las facultades de Derecho en los EE.UU se financian, sobre todo, con las matrículas que pagan los estudiantes) o un Departamento de Economía. De manera que los donantes – los ejecutivos de las grandes empresas – podrían influir en la investigación en mayor medida en las primeras que en las segundas. Dice Zingales que “cuando ninguno de los autores de un artículo (sobre retribución de administradores) trabaja en una escuela de negocios, es menos probable que el artículo valore positivamente la cuantía de la retribución de los ejecutivos y mucho más probable que extraiga una conclusión negativa”.
Lo de la investigación en las escuelas de negocio es especialmente preocupante y no solo en el ámbito de la retribución de los ejecutivos. Por ejemplo, merecería un estudio semejante al que hace Zingales lo que publican sus profesores sobre las empresas familiares.
Zingales añade que un economista académico al que el dinero no le importe (mucho), y se mueva más por la reputación y la capacidad de influir, no tendrá mucho éxito en las políticas públicas si el proceso de toma de decisiones está muy controlado por los grupos de interés. Sentado en el sillón del regulador, este economista optará por la idea de lo hacedero, se autoconvencerá de que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y respetará los intereses de los grupos suficientemente fuertes como para poner en peligro su carrera o influir en cualquiera de los que intervienen en los procesos correspondientes. Pone el ejemplo de su propuesta – simple – de capitalizar los bancos convirtiendo en capital toda la deuda bancaria. En la regulación europea, se protege a los contribuyentes exigiendo el sacrificio de los acreedores bancarios – con el límite en los depositantes asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos – antes que los Estados puedan poner dinero público para sanear el banco. En España, – pionera – no se llegó tan lejos. Se sacrificó a los accionistas y a los acreedores subordinados
“Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas para repartir la carga entre los titulares de capital híbrido y los de deuda subordinada de los bancos que reciban ayuda pública, mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligatorios de responsabilidad subordinada”.
Y, a medias, porque las Cajas fueron tan desalmadas que convirtieron a sus depositantes en acreedores subordinados, de modo que, a través de mecanismos indirectos como arbitrajes y demandas judiciales individuales, éstos han recuperado sus inversiones. ¿Por qué no se sacrificó a los que tenían deuda senior de las cajas? ¿por qué la troika no impuso al Gobierno español en el Memorandum of Understanding la obligación de sacrificar a los acreedores antes de meter dinero público – europeo en última instancia – en las Cajas? Cuando Zingales hizo esa propuesta, le contestaron que eso era no conocer el proceso legislativo (pp 49-50). Y, en el caso europeo, el hecho de que los acreedores principales de las cajas fueran bancos alemanes y franceses debió de influir en la decisión. Para no tener mala conciencia, probablemente, también se creyó que tal sacrificio no sería, a la postre, necesario.
Un sesgo que puede ser también relevante entre los académicos es el de querer formar parte de la “doctrina mayoritaria” o, en general, actuar de conformidad con los estándares que proporcionan la identidad al grupo y, por ende, a los individuos que lo forman. Zingales se refiere a la admiración irrefrenable e irracional que, a menudo, los profesores sienten hacia los “capitanes de la industria” y, en general, hacia los que han triunfado en el mundo de los negocios (no se extrañen de lo de Gowex). “Como los estrategas militares que nunca han participado en una batalla pero que admiran a los generales que lo han hecho y han ganado varias”, los profesores se dejan capturar fácilmente por los grandes industrialistas.
Zingales propone tres tipos de medidas para reducir la captura de los economistas: una prensa más “experta” en descubrir los sesgos de los expertos y cuándo pueden deberse a que han sido capturados por una empresa o un grupo de presión.
Más sorprendente: reforzar la aplicación del Derecho de la Competencia para disponer de una estructura de mercado menos concentrada . Si las empresas muy grandes son las que tienen más capacidad para capturar al regulador y a los expertos – y a los periodistas –, menos empresas muy grandes y menos concertación entre empresas rivales debería reducir la captura.
Y, en relación con los expertos, avergonzarlos públicamente. Internet y las redes sociales han contribuido mucho a “abaratar” el escarnio público de los expertos-mercenarios. En la medida en que los académicos valoren su reputación, este control público debería ser efectivo. Zingales cree que, en relación con los economistas, sería necesaria una ONG con ese objeto social y que 

deberían publicarse los dictámenes o informes realizados por los expertos en el marco de un litigio.
Idealmente, este muro de la vergüenza también penalizaría a los economistas que han comprometido sus principios por dinero o han cometido errores groseros. Por ejemplo, en los últimos años muchos economistas famosos escribieron trabajos encargados por Fannie Mae y Freddie Mac. En algunos de estos informes, que llegaban a decir que "Este análisis muestra que, a partir de datos históricos, la probabilidad de un shock tan severo que ponga en peligro el capital ajustado al riesgo es sustancialmente inferior a 1/500.000 y puede ser inferior a 1 por cada 3.000.000 de dólares”. Los autores de este informe no sufrieron ninguna consecuencia negativa por haber hecho estas afirmaciones tan erróneas. De hecho, alguno fue nombrado… Vicepresidente de Citigroup”
Esta denuncia pública debería reservarse, naturalmente, a los informes pagados. El derecho a equivocarse de buena fe es sacrosanto e imprescindible para el avance del conocimiento. Igual que la business judgment rule (y aquí). También propone medidas en relación con el acceso a las bases de datos y en relación con el proceso de publicación de artículos en revistas académicas – permitir el envío simultáneo de un paper a varias de ellas, dedicación exclusiva por parte de los directores, internacionalización de la academia – pero me interesan menos
Zingales, Luigi, Preventing Economists' Capture (November 12, 2013). Chicago Booth Research Paper No. 13-81

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