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sábado, 13 de septiembre de 2014

Microentrada: estamos socializando los riesgos, no las pérdidas


Lean este brillante artículo de The Guardian titulado It's socialism for the rich and capitalism for the rest of us in Britain

pero si no quieren leerlo, lean esta cita 

By capitalism, I mean where those who take the risks and put up the money get the fruits of their labor. And, importantly, where those who take the risks and put up the money actually do take the risks, bearing the full costs of failure as well as success. As things stand now, we have a finance industry that is capitalist when things are going well and socialist when things are going poorly -- right-tail capitalist/left-tail socialist.


y piensen, a continuación, en el asunto Castor o el de las autopistas en quiebra o en la remuneración de los productores de electricidad o la de los dueños de los gasoductos o de las redes de distribución o en las deudas de los equipos de fútbol o en el salvamento de las Cajas de Ahorro o, con un poco más de imaginación, en los costes de mantenimiento de los centenares de polideportivos, centros de usos múltiples y cualesquiera infraestructuras – los AVE – que se han construido en las últimas dos décadas.
Lo mínimo que el Estado puede y debe proporcionar a los ciudadanos es seguridad física (que nuestra vida, nuestra integridad física y nuestra propiedad están razonablemente al abrigo de ataques por parte del propio Estado y de terceros); seguridad jurídica (los contratos entre particulares se cumplen y el Estado se encarga de garantizárnoslo, las obligaciones impuestas por las normas son previsibles) y un seguro frente a los riesgos catastróficos: que enfermemos de cáncer o que nos ocurra cualquier otra desgracia que nos impida procurarnos los medios para llevar una vida digna o que nos genere enormes gastos imprevistos para los que no podemos ahorrar.

Todos los asuntos que he listado en el primer párrafo tienen algo en común: el Estado ha asumido el riesgo empresarial. Las empresas públicas y privadas que desarrollan las actividades correspondientes tienen asegurado, de facto o de iure, que las pérdidas que la actividad genere serán asumidas por el Estado. En el caso Castor, porque fue el Estado el que dijo que había que poner un almacén de gas en esa zona que luego se ha revelado de alta sismicidad. En el caso de las autopistas porque fue el Estado el que “diseñó” las autopistas y dijo que se construyeran, precisamente con ese trazado; en el caso de los productores de electricidad porque fue el Estado el que obligó a los titulares de las instalaciones a tenerlas disponibles para producir electricidad cuando fuera necesario y porque, en el caso de las renovables, fue el Estado el que indujo a la gente a construir los parques eólicos o las huertas fotovoltaicas; en el caso de los gasoductos o las redes de distribución porque son un monopolio natural y es el Estado el que determina cuál es la remuneración razonable por los activos pero, a la vez, garantiza una rentabilidad mínima, o sea, elimina el riesgo de pérdidas. Los clubes de fútbol porque, una y otra vez, las cajas de ahorro y los gobiernos estatal (Hacienda) regionales o municipales les proporcionan el dinero para seguir a flote y, cuando la quiebra asoma, renuncian a cobrar sus créditos transfiriendo la marca a otro que vuelve a empezar; en el caso de las Cajas de Ahorro porque en la historia reciente, nunca se ha dejado quebrar a un banco y sus acreedores senior cuentan, en consecuencia, con la garantía de facto del Estado. Los acreedores alemanes y franceses de las cajas españolas pidieron a sus gobiernos que se aseguraran que el gobierno español se comportaría como si los contribuyentes españoles hubiéramos extendido un aval a las Cajas en su beneficio.

Y la cuestión es que los gobiernos correspondientes tenían poca información y menos tino cuando adoptaron las decisiones que llevaban aparejada la extensión de una garantía de muchos ceros a favor del particular. O no tenían la menor capacidad de resistencia frente a la reclamación de la indemnización cuando ni siquiera existía una obligación legal de garantía porque las Cajas eran, al fin y al cabo, bancos públicos.

El que diseñó las radiales de Madrid en el Ministerio de Fomento lo hizo con la “alegría” que da no soltar ni un duro y como el papel lo aguanta todo, también aguantó volúmenes de tráfico que eran más propios de la lechera del cuento. Igual que la pobre madre anciana que avala el precio del piso que su hija acaba de comprarse endeudándose hasta las cejas. El que, en el Ministerio de Industria, decidió crear una almacén de gas en Tarragona no tuvo que soltar un duro para asegurar el riesgo catastrófico que se ha verificado. El consejero de Economía de la Comunidad Autónoma estaba encantado de avalar las deudas del club de fútbol más popular de su región o de que la Caja que controlaban sus correligionarios creciera y proporcionara dinero para los proyectos más disparatados. El Gobierno – todos los gobiernos – encargaba a AENA que construyera más y más aeropuertos y que los pagase con deuda y lo hacía con la satisfacción contenida de inaugurarlos sin haber sacrificado nada. Incluso cuando se construía una línea de AVE y se compraban los trenes, el Ministro de turno no tenía que perder un minuto en pensar en los miles de millones que el mantenimiento de esas infraestructuras iba a costar, millones que no podían allegarse con el precio de los billetes de los usuarios.

Es decir, todas estas conductas iban incrementando la bolsa de riesgos asumidos por el Estado.

Cuando los riesgos se han convertido en siniestros, los “asegurados” se han dirigido a la aseguradora, el Estado, pidiendo la indemnización. Y el Estado ha tenido que recurrir a Europa porque no podía “pagar” las indemnizaciones en una especie – la peseta – de la que históricamente disponía casi sin límite. Porque, además de todas estas nuevas indemnizaciones, tenía que pagar todas las indemnizaciones que había prometido a los ciudadanos en general: el seguro de pensiones, el seguro de educación, el seguro sanitario, el seguro de desempleo, el seguro de accidentes, el seguro de robo, el seguro de responsabilidad civil…

Las compañías de seguro realizan estudios actuariales para determinar la prima que han de exigir a cambio de asegurar un riesgo. Los Gobiernos se han lanzado a asegurar toda clase de riesgos sin realizar cálculo alguno del coste de las indemnizaciones cuando se producen los siniestros. No hemos socializado las pérdidas. Hemos hecho algo peor. Hemos socializado los riesgos y hemos de asumir las pérdidas cuando el siniestro se produce. Y lo hemos hecho de la forma menos “profesional” posible. Porque, al fin y al cabo, el Estado siempre puede cobrarnos las primas que haga falta en forma de impuestos.

La falta de profesionalidad radica en que el Estado está interviniendo en la Economía y redistribuyendo rentas en cuantías colosales, no a través de la creación de empresas públicas o de la nacionalización o prestación pública de bienes o servicios, sino a través de la asunción de riesgos que deberían recaer en el empresario privado que lleva a cabo la actividad. El Estado no produce la luz, pero libera al productor del riesgo de que el precio de la electricidad sea insuficiente para cubrir sus costes. El Estado no construye la autopista, pero libera a los inversores del riesgo de que el tráfico sea inferior al soñado o previsto por el inversor. El Estado no presta dinero a sus ciudadanos para que se compren casas, pero libera al prestamista del riesgo de que el precio de las casas caiga estrepitosamente y así sucesivamente. A menudo, lo hace de la peor manera posible: permitiendo al inversor retener el upside (que el tráfico de la autopista sea superior al esperado) y protegiéndole frente al riesgo catastrófico (un tráfico ridículo). Y no hay ninguna buena razón para pensar que, al igual que en la selección de los sectores o de las empresas que pueden triunfar, el Estado sea capaz de calcular adecuadamente los riesgos que asume y que cargará sobre los contribuyentes del futuro. Ni siquiera sabemos el grado de redistribución a favor de los más ricos que este tipo de seguro genera.

¿Qué tal si obligamos a hacer los presupuestos públicos incluyendo en cada regulación la prima que habría que pagar a una aseguradora para que asumiese el riesgo de que todo vaya mal?

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