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miércoles, 12 de noviembre de 2014

Dudas de los alumnos sobre Derecho de Sociedades (i)

A continuación, reproduzco las dudas planteadas por mis alumnos respecto del contenido de la asignatura Derecho de Sociedades. El objetivo es permitir una discusión acerca de temas que no me parecen claramente resueltos en la ley o en la doctrina. Las mejores respuestas a las dudas planteadas por los alumnos, las publicaré como entrada con mi agradecimiento por la ayuda prestada para mejorar el “Manual”.

Los vicios del contrato de sociedad. La doctrina de la sociedad de hecho

La doctrina de la sociedad de hecho es un mecanismo adoptado por el legislador para proteger el tráfico jurídico y que consiste en convertir las causas de nulidad de la sociedad en causas de disolución de la misma (tal y como establece el art. 57 LSC al determinar que la sentencia que declare la nulidad de la sociedad abre su liquidación, que se seguirá por el procedimiento previsto en la presente ley para los casos de disolución).

No obstante, la explicación de esta doctrina en el manual resulta algo confusa. El fragmento copiado bajo estas líneas parece indicar que existen casos excepcionales (los mencionados en el art. 56 LSC) en los cuales la causa de nulidad no se convierte en causa de liquidación que dé paso a la liquidación sin efectos retroactivos. Pero esto no parece coherente con lo establecido en el art. 57 LSC, que establece el procedimiento de los casos de disolución para las sociedades que hayan sido declaradas nulas en una sentencia. De este modo, cabe plantear la siguiente cuestión: ¿existen casos excepcionales en que la causa de nulidad no se transforme en causa de disolución?

“Consecuentemente, salvo casos excepcionales, las causas de nulidad o anulabilidad de una sociedad se convierten en causas de disolución que dan paso a la liquidación sin efectos retroactivos. Estos casos excepcionales en los que a la sociedad viciada se le aplican las normas generales sobre la nulidad de los contratos (eficacia retroactiva o ex tunc, quod nullum est, nullum effectum producit) están listados de manera exhaustiva en el art. 56 LSC que debe interpretarse, de acuerdo con la STJUE de 13-XI-1990, Marleasing, en sentido estricto.”

Además, en el manual se explica que el tercer presupuesto para que exista un contrato de sociedad viciado es

que no existan intereses de rango superior a los que pretenden satisfacerse mediante la sociedad de hecho que merezcan protección a través de las normas generales sobre vicios; el caso más notable es el de los vicios de incapacidad, ya que la protección de los menores e incapacitados tiene en nuestro ordenamiento un valor superior a la protección del tráfico, pero el más frecuente es el de que en la constitución de la sociedad se haya cometido un delito.”

Ello parece indicar que en los casos en que exista un interés de rango superior a los que pretenden satisfacerse mediante la sociedad de hecho, la causa de nulidad tendrá eficacia retroactiva, esto es, no se convertirá en causa de disolución de la sociedad. ¿Es esto correcto?

Por último, en el caso acerca de Gil y Gil (Gil no era sutil), se dice que

La nulidad da lugar, de acuerdo con el art. 56 LSC a la apertura de la liquidación, salvo que pueda eliminarse la causa de nulidad (art. 9 LAIE), es decir, obligando a la sociedad a reducir capital y a amortizar las acciones y no a dar por inexistente el aumento ni las acciones”.

¿Quiere decir esto que es posible eliminar la causa de nulidad en cualquier sociedad y no solo con respecto a las Agrupaciones de Interés Económico?

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Es clara la decidida opción legal -comunitaria y nacional- por desvincular la nulidad de las sociedades de capital de la nulidad contractual (como dice la STS de 10 de octubre de 2002), restringiendo primero las causas de nulidad a un exiguo numerus clausus de supuestos y alterando después sus efectos naturales (arts. 56 y 57 LSC). pensemos en el caso más extremo: la sociedad constituida para delinquir.

pues bien, la posibilidad de declarar nula una sociedad de capital por tener una causa ilícita -que no una motivación ilícita (SAP Madrid 14-II-2000)- resultan enormemente complejas desde el caso Marleasing (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala sexta) de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89, “Caso Marleasing”) donde claramente la tacha de ilicitud o falsedad de la causa de sociedades mercantiles se limita y reconduce a la expresión formal en los estatutos de un objeto ilícito (art. 56.1 e LSC). Dicho de otro modo, una causa falsa o ilícita en el negocio de constitución de una sociedad de capital sólo es relevante si se refleja en su objeto estatutario. Si ese objeto estatutario es formalmente lícito, el derecho privado de las sociedades de capital no tiene nada que decir respecto a otros objetos o finalidades ilícitas, ocultas o no manifestadas que se persigan con la constitución de una sociedad mercantil.
De ello se desprendería que la pura simulación, que algunos quieren residenciar en la expresión “por no haber concurrido la voluntad efectiva” del socio fundador del art. 56.1 a LSC, no tendría cabida en el caso de sociedades de capital (contra, Sánchez Pachón, Las causas de nulidad, 2007, pp. 619 y ss. especialmente, p. 627). Es decir, se podría llegar a concluir que una sociedad limitada constituida para delinquir –una sociedad mafiosa o destinada al blanqueo de capitales- es una sociedad con causa ilícita o torpe, y en ese sentido, si la ley de capital lo permitiese –que no lo permite (art. 56 LSC)- sería una sociedad nula (art. 1275 y 1276 CC). Se diría que si se quiere una sociedad para defraudar acreedores, para preparar atentados o blanquear dinero o perseguir la dominación mundial de la raza blanca es evidente que se quiere constituir una sociedad para conseguir esos fines, más allá de lo atendible o no del fin para la que la voy a usar. Y así, una sociedad anónima con una real finalidad xenófoba podría ser disuelta por una sentencia penal que la declarase asociación ilícita (art. 31 bis, y art 520 CP), pero la Ley de Sociedades de Capital en su art. 56 no parece permitir que un juez de lo mercantil la declarase nula y decretase su disolución. Así pues, no parece posible simular una sociedad de capital si se ha constituido válidamente. Lo que la práctica penal califica de cascaras vacias, pantallas, truchas, etc. es muy posible que sólo en un sentido vulgar se pueda decir que no son verdaderas sociedades, aunque se usen para defraudar.
SSTS de 25 de mayo de 1995 (Ar. 4263, “Caso Puig de Caragioli S.A.”), 13 de abril de 1988 (Rj 1988/3146 (“caso Diana”), 13 de junio de 1983 (Ar. 3524) (Caso SU S.A.”), 18 de junio de 1989 (Ar. 5715) (“Caso Charff S.A.”) 17 de enero de 2012 (“Caso carrocerías Ibiza”) 10 de octubre de 2002 (Ar. 9977) (Caso Bracola SA) 4 de junio de 1992 (RJ 1992/4999) y 26 de marzo de 2009 (“Caso Lunder SA”) (Ar. 2388) En doctrina, F. Carbajo Carrión, “¿Simulación en la anónima? Constitución de una sociedad anónima en fraude de acreedores”, RDP 1999, pp. 179 y ss., F. León Sanz, “El caso Marleasing S.A.”, RDM 1990, pp. 801 y ss., y J.A. García-Cruces, “La eficacia jurídica del derecho Comunitario de sociedades no desarrollado en la legislación interna”, ADC 1992, pp. 343 y ss., así como en los tratamientos a propósito de la nulidad: L.A. Sáncez Pachón, Las causas de nulidad de las sociedades de capital, Madrid 2007; E.J. Lázaro Sánchez, la nulidad de la sociedad anónima, Barcelona 1994, etc.

JESÚS ALFARO AGUILA-REAL dijo...

Gracias, Anónimo!

Anónimo dijo...

Gracias a ti, maestro, por estos buenos ratos que nos das...

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