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lunes, 27 de abril de 2015

El artículo 76 LCS obliga a las aseguradoras de responsabilidad civil a indemnizar daños causados por conductas dolosas de los asegurados

Se trataba de un seguro de responsabilidad civil de un arquitecto que excluía de la cobertura la indemnización de los daños causados por el arquitecto concurriendo infracción voluntaria por su parte de las normas aplicables a su actividad. Las aseguradoras han intentado evitar la aplicación del art. 76 LCS, que inmuniza a las víctimas de los asegurados frente a las excepciones que la aseguradora pueda oponer al asegurado, alegando que su obligación de indemnizar lo es, según dispone el artículo 73 LCS, a responder en la medida de la cobertura pactada. 

Así, deviene esencial para decidir si la compañía puede oponer a la víctima que un determinado daño no estaba cubierto por la póliza el hecho de que se trate de una delimitación del riesgo cubierto (en cuyo caso, la compañía podrá oponer la excepción a la víctima) o una cláusula limitativa de los derechos del asegurado en cuyo caso, la cláusula no será oponible a la víctima. A lo que se añade el juego del art. 19 LCS que prohíbe, con carácter general, asegurar el dolo. La norma del art. 76 LCS tendría perfecto sentido en relación con el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Cuando el legislador obliga al que conduce un coche o al que desarrolla cualquier actividad que puede causar daños a terceros a que contrate un seguro de responsabilidad civil, una norma semejante garantiza que las víctimas serán indemnizadas con independencia de las relaciones entre asegurado y asegurador. De esta forma, se reducen los costes de transacción entre los asegurados y los terceros y se facilita la internalización de los costes de las actividades peligrosas.


Pero cuando la regla se extiende a los seguros voluntarios, la norma distorsiona los incentivos de los participantes y dificulta el cálculo de la prima por parte de las aseguradoras. Aunque limiten su responsabilidad en la póliza, la aplicación del art. 76 LSCA obligará a las aseguradoras a pagar a las víctimas de los asegurados y tendrá que evaluar, la aseguradora, no sólo la habilidad y pericia técnica del asegurado, sino también su solvencia porque tendrá que dirigirse contra él en vía de regreso para recuperar lo pagado a la víctima del daño.

Así, el asunto más debatido en la jurisprudencia española de los últimos años en torno a la responsabilidad civil derivada de delito es el de si deben o no quedar cubiertos por el seguro los daños causados dolosamente por el asegurado. El problema se plantea porque hay una aparente contradicción entre el artículo 19 LCS que declara que el dolo no es asegurable y el artículo 76 LCS que permite al dañado dirigirse directamente contra el asegurador del dañante – “sin pasar por el dañante – para reclamar la indemnización del daño sufrido. La contradicción aparece cuando el dañante – asegurado – ha causado los daños de forma dolosa. En principio, el Tribunal Supremo afirma la obligación de la compañía aseguradora de pagar la indemnización al tercero en estos casos, sobre todo si el seguro es obligatorio, pero admitiendo la validez de la cláusula de condiciones generales de seguros que excluya la cobertura por dolo en el seguro voluntario (STS 2ª 23-II-2000). En la Ley 14/2000 de 29-XII se modifica el art. 1.4 LRCSCV M y el art. 3.3 de su reglamento y dejan de considerarse como “hechos de la circulación” y, por tanto, quedan excluidos de la cobertura del seguro los delitos dolosos contra personas y bienes.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha obligado a las compañías de seguros a indemnizar a las víctimas de conductas dolosas incluso en el seguro voluntario. Así por ejemplo, en la STS 2ª 26-XI-2001, en relación con la apropiación de fondos del cliente por un abogado; en la STS 2ª 11-III-2002, abusos sexuales a menores por un monitor en una colonia de verano; STS 2ª 22-IV-2002, agresión a clientes ebrios por parte del portero de una discoteca... Como señala la doctrina, estos casos han de analizarse teniendo en cuenta los efectos que una solución (obligar a indemnizar) u otra (declarar no indemnizables) tienen sobre los sujetos que han de decidir si se aseguran o no el riesgo de la responsabilidad civil. A estos efectos, cuando el seguro es obligatorio, la decisión de contratar o no contratar el seguro de responsabilidad civil y la cuantía mínima de ésta no la toma el propio asegurado (el que desarrolla la actividad potencialmente peligrosa para terceros), sino que le viene impuesta por la ley. Por tanto, que se indemnice a las víctimas los daños causados dolosamente por el asegurado o no, no afecta a la decisión de contratar el seguro. Por el contrario, cuando el seguro es voluntario, el asegurado puede decidir libremente si asegura el riesgo de causar daños a terceros con su actividad o no. Si la jurisprudencia dice que la compañía de seguros habrá de pagar –velis nolis- a las víctimas de daños causados dolosamente por el asegurado, el precio de la prima será ceteris paribus mayor y el volumen de personas aseguradas (más precio) será, necesariamente, menor. Por tanto, en contra de lo que parecen las cosas, la doctrina jurisprudencial que impone a las compañías la obligación de indemnizar a los terceros los daños causados dolosamente por el asegurado, a pesar de haber excluido dicho riesgo de la póliza (porque las exclusiones de responsabilidad no son oponibles frente al ejercicio de la acción directa de la víctima art. 76 LCS) tienen como efecto no querido el de perjudicar al conjunto de las víctimas potenciales porque, ceteris paribus, se incrementa la posibilidad de que el dañante no esté asegurado (por el mayor coste del seguro derivado de la necesidad de cubrir los daños dolosos). El criterio de la “delimitación del riesgo cubierto” puede servir también para permitir a las compañías de seguro oponer, frente a la acción directa de la víctima, la excepción de dolo y, por tanto, rechazar el siniestro cuando los daños al tercero han sido causados dolosamente por el asegurado. Puede afirmarse, en efecto sin hacer violencia a las palabras, que el artículo 19 LCS al prohibir el aseguramiento del dolo está “delimitando el riesgo cubierto” por la póliza de responsabilidad civil de manera que no quedan cubiertos los daños causados dolosamente

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2015, se mantiene la misma doctrina y se obliga a indemnizar a la compañía aseguradora a pesar de que la conducta del asegurado no estaba cubierta por la póliza por tratarse de una “infracción voluntaria” de las normas o reglas de la lex artis del arquitecto. Dice el Tribunal Supremo:
Y es que, al establecer el artículo 76 de la LCS que la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado, se ha configurado una acción especial, que deriva no solo del contrato sino de la ley, que si bien permite a la aseguradora oponer al perjudicado que el daño sufrido es realización de un riesgo excluido en el contrato, no le autoriza oponer aquellas cláusulas de exclusión de riesgos que tengan su fundamento en la especial gravedad de la conducta dañosa del asegurado, como es la causación dolosa del daño, "sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado"; derecho de repetición que sólo tiene sentido si se admite que el asegurador no puede oponer al perjudicado que el daño tuvo su origen en una conducta dolosa precisamente porque es obligación de la aseguradora indemnizar al tercero el daño que deriva del comportamiento doloso del asegurado. 
No se trata con ello de sostener la asegurabilidad del dolo - STS Sala 2ª 20 de marzo 2013 -, sino de indagar si el legislador de 1980, junto a ese principio general que se respeta en su esencialidad, ha establecido una regla en el sentido de hacer recaer en el asegurador la obligación de indemnizar a la víctima de la conducta dolosa del asegurado. El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica el contrato de seguro. Lo que hace la Ley es introducir una norma socializadora y tuitiva (con mayor o menor acierto) que disciplina las relaciones de aseguradora con víctima del asegurado. La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley ( art. 76 LCS ) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa... Y es que cabalmente el art. 76 LCS rectamente entendido solo admite una interpretación a tenor de la cual la aseguradora, si no puede oponer el carácter doloso de los resultados (y según la norma no puede oponerlo en ningún momento: tampoco si eso está acreditado) es que está obligada a efectuar ese pago a la víctima, sin perjuicio de su derecho de repetir. Lo que significa en definitiva, y eso es lo que quiso, atinadamente o no, el legislador, es que sea la aseguradora la que soporte el riesgo de insolvencia del autor y nunca la víctima. El asegurado que actúa dolosamente nunca se verá favorecido; pero la víctima tampoco se verá perjudicada.

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