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martes, 13 de septiembre de 2016

La necesidad de abrir las puertas del Parlamento a los ciudadanos


Por Isaac Ibáñez García


La situación, en España, del Derecho de petición, visto por el profesor Alfaro y desde la perspectiva de un ciudadano, puede verse aquí ¿Podemos hacer algo para que no nos sigan tomando por imbéciles?

A diferencia de otros parlamentos de los países de la Unión Europea, el español concede escasa o nula participación a los ciudadanos. El derecho de petición es un derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, reconocido en los artículos 29 y 77 de nuestra Constitución.Ejemplo moderno de apertura es el Parlamento Europeo, cuya Comisión de Peticiones tiene un sitio web (publica mensualmente todas las contestaciones a las peticiones (e, incluso, invita a los peticionarios para que acudan -si así lo desean- a defender públicamente su petición. Las peticiones pueden remitirse fácilmente, bien por correo electrónico o a través de un formulario electrónico sin más trámites. Anualmente publica un informe detallado de la actividad desarrollada en el período.

Casi todo lo relatado puede ponerse en práctica en España sin modificar el Reglamento del Congreso. Basta con simples decisiones de la Mesa de la Cámara o de su Presidenta.

Nuestro Parlamento tiene una Comisión de Peticiones inoperante e invisible. La comisión del Congreso se limita a recibir la petición, transmitirla a la institución que considera competente y, recibida la contestación –sin más trámite- la traslada al peticionario. La comisión del Senado, sin embargo, puede elevar al Pleno del Senado una moción que asuma el contenido de la petición.
Respecto al derecho de acceso a los documentos e información del Congreso de los Diputados, rige el mayor de los secretismos. Recientes resoluciones de la Mesa de la Cámara han denegado el acceso a datos referentes a los diputados sobre disposición de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar, así como facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios. Lo curioso del caso es que el Senado sí facilitó la información.

El Congreso, hasta ahora, tiene pocas ganas de ser transparente. A diferencia también del Senado, tiene aprobada una norma que limita el acceso a los documentos a las actividades sujetas a Derecho Administrativo; mientras que el Senado, como debe ser, se refiere a la información en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo. Es decir, toda la información. Si el Congreso quisiera ser transparente, la Mesa despacharía el asunto en unos minutos: copiando la norma del Senado.

Solución:

Que con urgencia se adopten las disposiciones oportunas para que los ciudadanos puedan presentar peticiones al Congreso de los Diputados vía electrónica; que la Comisión de Peticiones disponga de un sitio web propio; que las contestaciones a las peticiones se publiquen en referido sitio web; que se elabore un informe anual que se publique en el mismo sitio; así como cuantas medidas complementarias a las anteriores mejoren las relaciones de los ciudadanos con el Parlamento. Puede tomarse como ejemplo el Parlamento Europeo.

Que, también con urgencia, se adopten las medidas necesarias para que el derecho de acceso a los documentos e informaciones del Congreso de los Diputados abarque tanto la información en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como de su actividad sujeta a Derecho administrativo.

Si quieres apoyar esta petición, puedes hacerlo aquí:








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