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martes, 25 de julio de 2017

Tweet largo: cómo reducir el gasto público y aumentar su eficiencia

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PHOTO: ACHARD/WWD/REX/SHUTTERSTOCK.

Dice EL PAIS hoy que Cifuentes ha resuelto el “problema” de Elena González Moñux. La ha hecho gerente de Funercom, una Fundación de la Comunidad de Madrid que se dedica al ahorro energético. No he encontrado en la web los presupuestos de esa fundación y qué parte de sus ingresos proceden del presupuesto, pero si Elena González Moñux es la candidata idónea para dirigirla tras un proceso competitivo y transparente de selección, entonces podemos estar bastante seguros de que hay que suprimir Funercom y ahorrar al presupuesto público los gastos correspondientes.

Esta anécdota es, como tantas otras veces, muy significativa de la mentalidad del PP. Si el PP fuera de fiar, habría acabado hace tiempo con todos sus problemas penales haciendo una auditoría exhaustiva y profunda y autodenunciándose por todos los casos de corrupción que han infestado sus organizaciones regionales y la nacional. Así podría empezar de cero y no tendría que aguantar que le salgan, continuamente, con sus casos de corrupción. Daría un ejemplo al PSOE que sigue sin hacer limpieza en Andalucía especialmente.


Cuando Trump tuvo la ocurrencia de firmar una orden ejecutiva según la cual no podía ponerse en vigor una regulación sin suprimir dos, la medida fue criticada porque no garantizaba una reducción del “red tape”. La relación entre el “red tape” y la corrupción está probada: cada regulación es una ocasión para extorsionar a los particulares por parte de funcionarios o políticos: para no ponerla en vigor, para que no se me aplique estrictamente o para que incluya una excepción que me convenga. Quizá este tipo de medidas liberalizadoras y anticorrupción podría mejorarse si, en lugar de obligar a suprimir regulaciones por cada una que se ponga en vigor, se obligara a suprimir organismos públicos por cada nuevo que se creara y se obligara a establecer, con cada regulación, un organismo público que garantizara su aplicación efectiva. El sector público se vería así obligado a revisar su organigrama cada vez que ponga en marcha una nueva regulación y se evitaría la penosa situación italiana en la que cada nueva regulación crea un organismo público para su aplicación pero se mantienen los antiguos organismos que languidecen pero siguen pagando buenos sueldos a los cercanos al poder político.

Por ejemplo, me acabo de enterar que hay un Observatorio de Imagen de las Mujeres ¡desde 1994! Como su objetivo es perseguir la presentación sexista de la imagen de la mujer en los medios, se solapa con decenas de normas y de organismos (en las Comunidades Autónomas hay cosas semejantes) que tienen como objetivo luchar contra la publicidad ilícita. Estos organismos han dado lugar a sentencias ridículas y muy poco respetuosas con la libertad y no han impedido campañas de publicidad que no se hubieran impedido igualmente aunque esos organismos no existieran. Y es que tenemos centenares de organizaciones dedicadas a luchar contra la publicidad sexista, desde las asociaciones de consumidores a los institutos de la mujer de cada comunidad autónoma pasando por centenares de concejalías e incluso Autocontrol. El problema no es solo el presupuesto y las energías públicas que toda esta maraña de organismos públicos consume, el coste social es mucho mayor: el gasto de energías privadas que la actividad de esos organismos genera.

Otro ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid podría suprimir la gestión de las fianzas de los alquileres. Es una norma absurda de la Ley de Arrendamientos Urbanos la que permite a las Comunidades Autónomas obligar a los arrendadores y arrendatarios a depositar la fianza que entrega el inquilino en una cuenta de la administración pública. Esta norma genera costes para los particulares y sus beneficios son nulos. No hay estudios que indiquen que los arrendadores se quedan sistemáticamente con las fianzas o que los inquilinos no puedan defenderse frente a tales abusos. La Comunidad de Madrid se apropia de los intereses que tales depósitos generan y dispone de una liquidez injustificada. Y lo que es peor, hay un negociado en la Comunidad de Madrid dedicado a esa gestión. Los costes privados son aún mayores (gastos de ingreso de la fianza en una cuenta bancaria y entrega del recibo en la Comunidad de Madrid). Si la Comunidad de Madrid suprimiera la norma correspondiente y el negociado correspondiente habríamos ahorrado y podríamos dedicar a esos funcionarios a actividades más productivas socialmente.

En fin, los objetivos deben perseguirse oblicuamente. Entre las 200 medidas de lucha contra la violencia doméstica, nuestros parlamentarios se han “tragado” la propuesta de los canónigos de la cosa de meter clases en los colegios para concienciar a los niños de que no sean machistas. Es una estupidez. Ni siquiera la publicidad afecta al consumo de alcohol, de forma que es impensable que unas cuantas charlas de un graduado en antropología social o en ciencias políticas vaya a cambiar nada. Sin embargo, – lo digo en serio – poner clases de costura en los colegios podría ser más eficaz. Nuestros niños no aprenden a hacer en los colegios (solo acumulan información y, en el mejor de los casos, conocimientos). La costura está relacionada con uno de los sectores económicos más importantes de España. Recuérdese, por ejemplo, que los bolsos de Prada se fabrican en Huelva por la tradición que hay allí de trabajo del cuero. Facilitaría la generación de emprendedores (nuestros jóvenes no emprenden más porque salen del colegio o de la universidad sin saber hacer prácticamente nada), permitiría a muchas mujeres ancianas hacer algo productivo tras la jubilación y los niños sentirían más aprecio por un trabajo que ha sido históricamente cosa de mujeres.

Nuestros parlamentarios deberían dedicar más atención a suprimir organismos y regulaciones y a no poner en vigor regulaciones sin los medios económicos y los organismos públicos encargados de aplicarlas. Menos iniciativas parlamentarias para crear normas y organismos y más para sustituir lo ineficaz por lo que pueda ser productivo socialmente.

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