El otro blog para cosas más serias

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domingo, 26 de mayo de 2019

Capacidad jurídica y personalidad jurídica


La vida y la muerte, Gustav Klimt

Para cualquiera que haya superado el primer año de Derecho, las expresiones capacidad jurídica y personalidad jurídica son sinónimos: ser titular de derechos y obligaciones o sujeto de relaciones jurídicas o punto de imputación final de relaciones jurídicas; tener capacidad para adquirir derechos y para contraer obligaciones.

Parece que no así en el Derecho alemán.

Lehmann comienza por señalar que la atribución de personalidad jurídica – incluso a los humanos – es una prerrogativa de los sistemas jurídicos, no una característica real o física. Esta afirmación parece muy discutible respecto de los seres humanos cuando existe acuerdo respecto de que la dignidad humana requiere de los Estados el reconocimiento de la personalidad jurídica. No sabía yo, en este sentido, que la Declaración universal de los derechos humanos considera un derecho de cualquier ser humano (art. 6) el derecho a que lo reconozcan como una “persona jurídica”. Pero no es sorprendente si leemos el art. 38 CC y nos percatamos de que los individuos no podrían desarrollar su personalidad si no se les reconociera el derecho a adquirir y enajenar bienes, a ceder y adquirir derechos y a contraer obligaciones u otorgar créditos. Lo que no está tan claro es que el Estado esté igualmente obligado a reconocer personalidad jurídica a “cosas” o “agrupaciones” de individuos distintos de los seres humanos individualmente considerados.  

La Cour de Cassation (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1954, 54-07.081) francesa dijo en 1954 que “la personalidad civil no es una creación de la ley; que corresponde, en principio, a cualquier agrupación provista de una posibilidad de expresión colectiva para la defensa de intereses lícitos, dignos y, por consiguiente, que puedan ser reconocidos y protegidos jurídicamente; que si el legislador tiene la potestad, con una finalidad de policía superior, de privar de la personalidad civil a una categoría determinada de agrupaciones, es porque está reconociendo, a contrario, pero necesariamente, la existencia de los organismos creados por la propia ley con la misión de gestionar intereses colectivos determinados que presentan, igualmente, el carácter de derechos susceptibles de ser defendidos ante los tribunales”. No voy a analizar esta tremebunda afirmación que es altamente discutible aunque el comienzo de la misma puede compartirse: el Estado ha de reconocer personalidad jurídica a los individuos, esto es, ha de organizar el Ordenamiento para que los particulares, individual y colectivamente, puedan separar patrimonios respecto de su patrimonio individual, aunque eso no signifique, ni que exista responsabilidad limitada ni que no se pueda imponer el cumplimiento de determinados requisitos formales tales como la inscripción en un registro.

Pero el trabajo de Lehmann se centra en la cuestión de si, en Derecho alemán, los conceptos de capacidad jurídica y personalidad jurídica pueden diferenciarse. La idea sería que hay sujetos con capacidad jurídica que no son personas jurídicas. ¿Que son? Comunidades en mano común (Gesamthand), parece. En lo que sigue, expondré que no hace falta una categoría jurídica adicional a la de la personalidad jurídica para dar cuenta de la estructura patrimonial de los “fondos” además de la copropiedad y la personalidad jurídica.

Comienza Lehmann con la idea capacidad jurídica parcial. Dice que la capacidad jurídica es una creación inmaterial, no una descripción de algo real y por tanto, no puede decirse que haya seres humanos con capacidad jurídica parcial.
“Si se define la capacidad jurídica como la de ser titular de derechos y obligaciones, no puede haber nada intermedio. O alguien la tiene o no la tiene”
Esto es así porque es una “capacidad” (alude a una potencialidad)
“si alguien puede tener derechos, tiene personalidad jurídica, sin que sea relevante de qué derechos específicos se trate"… No diríamos que alguien tiene capacidad jurídica limitada porque no pueda asegurar o desarrollar el negocio de un banco”
de manera que la capacidad jurídica no se mide por el mayor o menor volumen de derechos y obligaciones que puede adquirir o contraer, sino porque esté dotado de las características que le permiten adquirirlos y contraerlas.
“Desde un punto de vista dogmático, sigue siendo una decisión fundamental de la ley si considera que una entidad es un sujeto adecuado para la atribución de derechos y obligaciones. Esto es particularmente evidente con respecto a los grupos de personas
Aquí se acaba mi acuerdo con Lehmann. Necesitamos un concepto muy abstracto de personalidad jurídica para que encajen en él los seres humanos y toda la variedad de personas jurídicas que un ordenamiento occidental conoce. Y él se apunta al concepto kelseniano de personalidad jurídica. Dice que una de las funciones más importantes de la personalidad jurídica es la de “equiparar a personas y asociaciones de personas” .”no está justificado diferenciar a personas físicas y jurídicas en lo que se refiere a la capacidad jurídica” .
Que una persona jurídica no pueda casarse o testar no es porque carezca de capacidad jurídica. Es porque no cumple con el supuesto de hecho de la norma que regula el matrimonio o el testamento, que se refiere a seres humanos”.
Y, añade, esto impide aceptar la doctrina ultra vires que no es más que otra forma de limitar la capacidad jurídica de las entidades sobre la base de reconocer que sólo pueden adquirir derechos y contraer obligaciones que se correspondan con el fin para el que fueron creadas y reconocidas por el Derecho. Tras la desaparición del sistema concesional, pasó a cumplir la más modesta función de limitar el poder de representación del órgano de administración.

Parece que en la discusión alemana, “persona jurídica” se entiende como un concepto distinto del de “capacidad jurídica”. La personalidad jurídica haría referencia a la diferenciación o separación entre la entidad y sus miembros, (entre la sociedad y los socios) de modo que pueda decirse que es la entidad la que tiene derechos y obligaciones propios. En las sociedades de personas, a las que se reconoce capacidad jurídica pero a las que no se denomina “personas jurídicas” no se reconoce esta separación. Sin embargo, cuando se trata de concretar tal distinción, lo que se nos dice es tan abstruso que resulta poco convincente. Así, se recurre a la idea de la “comunidad en mano común” que, como he explicado en otras ocasiones, resulta virtualmente imposible de diferenciar de la personalidad jurídica. Dice Lehmann
La distinción se justificó por el hecho de que el punto de referencia para los derechos y deberes en la comunidad en mano común no es la comunidad misma, una entidad legal separada de los miembros, sino los propios miembros que tienen derechos y están obligados en comunidad solidaria o en mano común
Y, a continuación, el propio autor reconoce que, una vez reconocida por la jurisprudencia alemana la capacidad jurídica de la sociedad civil, no hay forma de distinguir entre “sociedades de personas y personas jurídicas en lo que se refiere a la capacidad jurídica”. Y, añade, que en el tenor de las normas alemanas, desgraciadamente, “personalidad jurídica y capacidad jurídica no son conceptos idénticos” reconociendo que no es así en otros Derechos.

La conclusión es que si se pretende mantener esa distinción – conservando la idea de “comunidad en mano común” como un tipo de personificación distinta de la atribución de personalidad jurídica, hay que buscar dónde está la diferencia. Por ejemplo, tanto las sociedades de personas – que son comunidades en mano común – como las personas jurídicas pueden ser declaradas en concurso. De modo que podría decirse que Lehmann se refiere a la distinción que se corresponde con la que, entre nosotros, se hace entre sociedades de personas y corporaciones: las corporaciones tienen órganos, los miembros de una corporación no responden de las deudas de ésta con su patrimonio personal; las participaciones en una corporación comercial son transmisibles etc. Sin embargo Lehmann dice que “denominar a las sociedades de personas personas jurídicas es ir demasiado lejos” pero, en realidad, está diciendo que, en Derecho alemán, la expresión “personas jurídicas” no designa a todas las entidades con capacidad jurídica, esto es, todos los sujetos de derechos, sino sólo a los sujetos con estructura corporativa.

El siguiente párrafo condensa todas las confusiones a las que conduce la concepción de la personalidad jurídica como algo que pertenece al Derecho de la Persona o, incluso, al Derecho de los Contratos en lugar de exclusivamente al Derecho de Cosas
En general, puede decirse que en el caso de una persona jurídica, los accionistas tienen una posición secundaria con respecto a la sociedad. La sociedad se inserta como una "máscara" -este es el origen del término persona- entre los socios, tanto en las relaciones externas como en las internas. Por otra parte, una sociedad sin personalidad jurídica sólo aparece como una unidad en las relaciones externas; en las relaciones internas, en cambio, cae la máscara y sólo existen relaciones jurídicas entre los socios. Por esta razón, por ejemplo, una actio pro socio debe dirigirse contra los otros miembros de la sociedad y no contra la propia sociedad. Además, es inconcebible una sociedad sin personalidad jurídica de un solo socio.
Y tiene que reconocer, inmediatamente que la distinción no va mucho más allá de la distinción entre sociedades de personas y sociedades de capital. Pero si es así – que no es así exactamente como el autor también reconoce cuando se refiere a las cooperativas que serían corporaciones pero no sociedades de capital – la distinción entre sociedades personalistas y corporaciones es preferible. Porque pone la distinción donde procede: no en la estructura patrimonial (en ambos casos hay un patrimonio separado del de los miembros de la sociedad o corporación) sino en la organización, esto es, en el gobierno o la forma en la que se toman decisiones respecto de ese patrimonio y, por tanto, se establecen las relaciones jurídicas con terceros que hacen que el patrimonio adquiera bienes o derechos, enajene bienes o ceda derechos, contraiga obligaciones y deudas y genere u otorgue créditos a otros sujetos de derecho.

Por otro lado, no es cierto que la distinción entre sociedades personalistas y corporaciones tenga relevancia sólo a efectos de la actio pro socio y la sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal es persona jurídica pero no es sociedad. Es una fundación de interés particular. Y la actio pro socio no debe descartarse en las corporaciones. La personalidad jurídica no es un obstáculo porque, una vez más, la actio pro socio se refiere a la organización – forma parte del Derecho de contratos – mientras que la personalidad jurídica se refiere al patrimonio separado.

Que sociedades personalistas y corporaciones puedan ser declaradas en concurso refuerza, precisamente, el carácter exclusivamente patrimonial de la personalidad jurídica: un procedimiento concursal es uno para restructurar o liquidar un patrimonio separado. La estructura de gobierno – el tipo de organización – de ese patrimonio es relevante sólo marginalmente dado que, precisamente, un procedimiento concursal significa sustituir las reglas de gobierno de ese patrimonio por otras en la que los intereses de los acreedores prevalecen sobre los de los miembros/socios/titulares de la sociedad/corporación/patrimonio separado, precisamente porque el patrimonio ha devenido insuficiente o insuficientemente líquido como para atender al pago de sus obligaciones.
Y más notable aún es que se reconozca como hace Lehmann que personas jurídicas y sociedades personalistas con capacidad pero sin personalidad jurídica “tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas jurídicas en las relaciones con terceros”. “Relaciones con terceros” debe entenderse, precisamente, como poner en relación un patrimonio con otros patrimonios. Es decir, se trata, precisamente, de los actos y negocios jurídicos que permiten adquirir y enajenar bienes y derechos, contraer obligaciones y otorgar crédito (art. 38 CC). Lo que confirma lo que acabo de explicar: la diferencia entre sociedades de personas y corporaciones no se encuentra en la estructura patrimonial (en la personalidad jurídica) sino en la estructura organizativa (reglas de gobierno del patrimonio). La confusión se prolonga cuando se examina el carácter constitutivo o declarativo de la inscripción en un registro y se constatan las dificultades para inscribir bienes en el registro de la propiedad a nombre de sociedades de personas que, a su vez, no están inscritas en ningún registro público.

Finalmente, aborda Lehmann la relación entre personalidad jurídica y patrimonio. Y lo hace desde una perspectiva formal:
Para responder a esta pregunta primero hay que aclarar el significado de la expresión "patrimonio. Según su significado original, denota la capacidad jurídica de una persona, algo de lo que es "capaz".
Esto es muy interesante. En alemán, patrimonio se dice Vermögen y el verbo “vermögen”, del cual la tercera persona del singular del presente es “vermag” se traduce por ser capaz, por “poder”. El patrimonio, pues, diríamos, nos hace capaces. Nos permite hacer. Alguien sin patrimonio deviene “incapaz” porque, como decía más arriba, el patrimonio es lo que permite a los seres humanos desarrollarse como tales.

Continúa Lehmann diciendo que
Husserl definió el patrimonio como el "resumen de todas las relaciones socialmente valiosas de un individuo". Así, el patrimonio es un atributo del sujeto jurídico. Por lo tanto, este debe existir antes de que pueda tener un patrimonio, y no al revés. Un patrimonio debe pertenecer a alguien; no puede estar flotando en el aire. La capacidad de disponer de un patrimonio propio es, por tanto, una consecuencia y no un requisito previo de la capacidad jurídica. La confusión sobre la relación entre la capacidad jurídica y el patrimonio ha surgido del hecho de que a veces se reconocen entidades jurídicas sin sustrato personal. Un buen ejemplo es la fundación que adquiere capacidad jurídica a través de un reconocimiento normativo especial. 
La fundación no tiene miembros; es un producto artificial puramente jurídico. Y demuestra que el legislador puede inventar libremente entes jurídicos que carecen de cualquier correspondencia fuera del Derecho. No obstante, la fundación no es sólo un patrimonio especial reconocido como tal. Más bien, tiene su propio patrimonio porque es una entidad jurídica independiente. En consecuencia, la doctrina mayoritaria asigna el patrimonio de la fundación dependiente, es decir, aquella que no tiene capacidad jurídica, al fiduciario. Por lo tanto, la fundación con capacidad jurídica no es un patrimonio del que se declara su capacidad jurídica, sino un titular jurídico con patrimonio.
La afirmación de que, como el patrimonio es un atributo del sujeto de derecho, el sujeto debe existir antes de tener un patrimonio es puramente formal y fáctica y, por tanto, refutable en términos jurídicos. Para los conceptos e instituciones jurídicas no rige el principio de causalidad natural que lleva a Lehmann a decir que si el patrimonio es un atributo de un sujeto, éste debe preceder en el espacio-tiempo a aquél. El Derecho puede establecer la conexión entre sujeto y patrimonio como simultánea. Es decir, el Derecho puede conectar la constitución de un patrimonio separado de los preexistentes a la atribución de personalidad, a la “creación” de un sujeto jurídico si se quiere.

Precisamente eso es lo que ocurre con la sociedad anónima o limitada y la fundación – si no con cualquier persona jurídica –. El sujeto de derecho – la SA, la SL o la Fundación – nace con la constitución del patrimonio separado. De forma que sin la formación, a través de las reglas sobre transmisión de derechos reales, del patrimonio, no surge el sujeto de derecho. Así, una sociedad anónima o limitada no puede constituirse válidamente si no se suscriben sus acciones y participaciones en su totalidad (lo que genera la constitución del patrimonio separado que será, cuando menos, titular de los créditos correspondientes al desembolso frente a los suscriptores) y, en el caso de la sociedad anónima, sin que se haya desembolsado al menos el 25 % de las aportaciones y la totalidad de éstas en el caso de la sociedad limitada lo que significa, sencillamente que los bienes o derechos que constituyen las aportaciones de los socios se han transmitido a la sociedad que, en ese mismo acto, adquiere personalidad jurídica. Es decir, que “nacimiento” de un sujeto de derecho y constitución de un patrimonio separado coinciden temporal y lógicamente, esto es, jurídicamente. Y lo propio respecto de la fundación. Sin la constitución y aportación del fondo dotacional, la fundación no “nace”. Naturalmente, si el ordenamiento exige el cumplimiento de ciertas formalidades para la constitución de patrimonios separados fundacionales, es muy sencillo explicar por qué ha de considerarse al que dispone de ese patrimonio como titular cuando dichas formalidades no se han respetado.

El mismo formalismo que le lleva a decir que
Hacer que la subjetividad jurídica dependa de la existencia de un patrimonio propio significa poner las cosas al revés. De la existencia de un patrimonio -que, por ser un concepto jurídico, no puede determinarse empíricamente- no se puede concluir nada sobre su condición jurídica previa, el sujeto de derecho.
Muy al contrario, lo que no puede determinarse empíricamente es si algo o algunos son un sujeto de derecho, salvo que el legislador lo diga expresamente. Pero si se ha generado un patrimonio separado de otros patrimonios puede determinarse empíricamente examinando las conductas de los individuos dirigidas a ese objetivo que adoptan formas típicas (constitución de una sociedad, incluso mediante facta concludentia, constitución de una fundación y realización de la aportación) o hechos jurídicos como la muerte del individuo que genera la formación de un patrimonio separado – la herencia yacente – del patrimonio de los herederos con los que acabará confundido. Respecto de esta, es valiosa la explicación de Lehman sobre lo erróneo de la doctrina de la capacidad jurídica “parcial”.
Lehmann no sale del análisis formal y acaba volviendo a la “Gesamthand” para explicar la estructura patrimonial de las sociedades de personas: el patrimonio de la sociedad personalista no pertenece a ninguna persona jurídica sino a los socios “en mano común” lo que sólo puede aceptarse si, como cada vez menos autores, aceptamos que la titularidad “en mano común” es una estructura patrimonial distinta de la copropiedad o comunidad de bienes por un lado y de la personalidad jurídica por otro, lo que, como digo, se acepta cada vez menos.

Matthias Lehmann, Der Begriff der Rechtsfahigkeit, AcP 2007

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