Natalia Velilla en El Confidencial
Isabel Perelló, a quien le ha tocado una de las épocas más difíciles de la democracia para presidir el CGPJ, ha sabido estar en su sitio, firme y clara, no dejándose instrumentalizar políticamente y dando el discurso que todos necesitamos oír, el de alguien que sí se cree su posición institucional en la democracia. La presidenta reconfortó a la carrera defendiendo la independencia de los jueces, su profesionalidad y el sistema de recursos como medio idóneo para corregir los errores. También pidió, con Bolaños delante, respeto mutuo entre poderes y lealtad institucional.
Los liderazgos imprevistos son singularmente atractivos. Volodomir Zelenski es un héroe al que nadie esperaba e Isabel Perelló, salvando las distancias, también. Su discurso en la apertura del año judicial fue incontestable. Allí, delante de todos, se enfrentó al Gobierno de un modo poco común. Su medida intervención, sin despegar los ojos del papel, con la voz tan baja y entre sorbos de agua; su aparente timidez y la total imposibilidad de imaginarla en TikTok componen un bálsamo reconstituyente entre tanto griterío.
Perelló no hizo lo que debía. Si hubiera sido 'más' hombre, Perelló habría leído la cartilla a García Ortiz y no habría tolerado que el que está a punto de ser procesado por un incumplimiento gravísimo de sus deberes, se permita hacer un discurso diciendo que cree en la justicia y en la verdad, un discurso que resultó aplaudido por parte de los asistentes en una infracción clara del protocolo del acto.
Si Perelló hubiera sido 'más' hombre, habría dicho algo así:
El señor que ocupa la Fiscalía General del Estado, tiene derecho a la presunción de inocencia, y eso significa que no lo podemos meter en la cárcel hasta que un tribunal de justicia independiente le haya condenado con las pruebas correspondientes. Pero esa condena penal es algo distinto de la evaluación de si ha cumplido o no con sus funciones como fiscal general, que es el supuesto de hecho (el incumplimiento) de su deber de abandonar el cargo y del deber del gobierno de destituirlo.
A continuación, debería haber leído el artículo 31.1 d) del Estatuto del Ministerio Fiscal que reza:
El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos... d) por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones
Seguidamente, debería haber dicho lo siguiente:
Y hay pruebas fehacientes, incluida la confesión del propio García Ortiz, de que el ocupante de la fiscalía general del Estado ha incumplido gravemente las obligaciones de su cargo. No porque haya revelado un secreto que estaba obligado a guardar, eso lo decidirá un tribunal. Ha incumplido gravemente sus deberes porque ha gestionado asuntos oficiales de su cargo a través de una cuenta de correo privada, de un sistema de mensajería privado, y de un teléfono particular. Gestionar, dar instrucciones a los subordinados y remitir documentos que forman parte de un expediente administrativo o de un procedimiento penal a través de un sistema de mensajería privada es una infracción muy grave de sus deberes como Fiscal General del Estado.
Pero ese no ha sido el incumplimiento más grave de las obligaciones de su cargo. Lo ha sido que, como ha admitido públicamente, ha procedido a borrar sus cuentas de Gmail y de WhatsApp donde se hallaban copias de documentos que formaban parte del expediente administrativo, rastros de las instrucciones que dio a sus subordinados y las comunicaciones con éstos y con terceros en relación con un asunto oficial. No hay que entretenerse en calificar penalmente este borrado. No hay la menor duda de que supone un incumplimiento gravísimo de sus obligaciones como fiscal general.
Y podría haber terminado diciendo
Así las cosas, no es aceptable que haya venido hoy aquí a contarnos que él ama la justicia y la verdad y a pedirnos respeto para la carrera fiscal. Es sencillamente intolerable.
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