Comunidad posganancial entre la viuda y las herederas y ejercicio de los derechos de socio (art. 126 LSC)

foto: Pedro Fraile

Sentencia de 16 de septiembre de 2026 (SAP Madrid, Sección 28.ª, núm. 287/2026).

(con IA)

La Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por dos socias de una sociedad familiar contra la sentencia que había rechazado su impugnación de una junta general extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2023 y del acuerdo de ampliación de capital por compensación de créditos aprobado en esa junta. Confirma íntegramente la resolución de primera instancia e impone las costas a las apelantes. 

El litigio surge en el contexto de la muerte del padre de las demandantes en 2013. Las participaciones sociales pertenecían en parte a la sociedad de gananciales formada por el causante y su viuda. Aunque ni la sociedad de gananciales ni la herencia habían sido liquidadas y repartidas, durante años la sociedad había funcionado atribuyendo derechos políticos a la viuda y a la comunidad hereditaria. Las demandantes consideraban que esa práctica era incorrecta porque las participaciones integradas en la comunidad postganancial no estaban divididas en cuotas individuales. A su juicio, la lista de asistentes de la junta debía haber reflejado la presencia de una única comunidad postganancial titular del 42,5 % del capital y no una distribución separada entre la viuda y la comunidad hereditaria. Sostenían además que la ampliación de capital constituía un acto de disposición que exigía unanimidad dentro de esa comunidad.

La tesis principal de la Audiencia consiste en distinguir entre la titularidad material de las participaciones y el régimen societario de ejercicio de los derechos correspondientes a participaciones en cotitularidad. La Sala parte de la doctrina jurisprudencial sobre la comunidad postganancial, que define como una comunidad sobre un patrimonio global en la que «los partícipes no tienen una cuota sobre cada uno de los bienes sino sobre la totalidad del patrimonio». Cita expresamente la STS 350/2026 y recuerda que esta comunidad carece de regulación legal específica y es una construcción jurisprudencial.

Habría que pensar que esta comunidad posganancial se parece bastante a la herencia yacente. V., con lista de otras entradas referidas al mismo tema: Un caso práctico excelente: validez del contrato, adquisición de la propiedad ex art. 34 LH, Derecho Mercantil, 2018

El tribunal acepta parcialmente una premisa de las apelantes: desde un punto de vista técnico, lo más correcto habría sido que la representación se hubiera atribuido directamente a la comunidad postganancial y no sólo a la comunidad hereditaria. Sin embargo, considera irrelevante esa observación para la validez de la junta. Lo decisivo es que existía un representante designado y que la situación reproducía la seguida en juntas anteriores celebradas en octubre y diciembre de 2022 sin impugnación alguna por parte de las recurrentes. La Sala afirma que estas no pueden desconocer ahora su propia conducta anterior. 

La parte jurídicamente más importante de la sentencia se refiere al artículo 126 LSC. La Audiencia explica que, cuando existen participaciones en cotitularidad, la ley impone el nombramiento de un representante. Para designar a ese representante sí se aplican las reglas de la comunidad de bienes, en particular el régimen de mayorías del artículo 398 CC, porque se trata de un acto de administración. Pero, una vez designado, es el representante quien ejerce unitariamente los derechos sociales. Por ello, los desacuerdos internos entre los comuneros son inoponibles a la sociedad. La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo según la cual el fundamento del artículo 126 LSC responde a exigencias de «simplicidad y claridad en el ejercicio de los derechos» y pretende evitar que los conflictos internos de la comunidad entorpezcan el funcionamiento societario.

De esta premisa se deriva la desestimación del segundo motivo del recurso. Según la Audiencia, aunque la ampliación de capital pudiera calificarse internamente como un acto de disposición, ello no implica que la emisión del voto por el representante exija unanimidad entre todos los comuneros. Las cuestiones relativas a la adopción de decisiones dentro de la comunidad pertenecen al ámbito interno de ésta y no afectan a la eficacia externa del voto emitido por quien ostenta la representación prevista en el artículo 126 LSC. En el caso, parece que la comunidad postganancial representaba el 42,5 % del capital social, lo que significa que había intereses de los demás socios en la aplicación estricta del artículo 126 LSC

La segunda gran cuestión debatida era la validez de la ampliación de capital por compensación de créditos. Las demandantes sostenían que los créditos utilizados para compensar el aumento no pertenecían exclusivamente a la viuda. Alegaban que correspondían en parte a la sociedad postganancial e incluso a la propia sociedad, porque procedían de rentas derivadas de varios inmuebles cuya titularidad no era exclusivamente de la viuda. Según su argumento, ésta sólo podía aportar una pequeña parte del crédito capitalizado.

La Audiencia rechaza también esta pretensión. Destaca que desde el fallecimiento del causante en 2013 la sociedad había venido abonando a la viuda las rentas correspondientes a los inmuebles y que una de las demandantes había sido administradora de la sociedad hasta 2014. La prueba contable mostraba una práctica constante mantenida durante años durante los cuales nadie cuestionó que tales rentas correspondieran a la viuda. El tribunal atribuye especial importancia al extracto del libro mayor, que arranca en 2010, es decir, antes incluso del fallecimiento del causante, y del que deduce una voluntad común de que fuera la viuda quien percibiera esas rentas. La Sala afirma expresamente que las apelantes no ofrecen ninguna razón objetiva para negar valor probatorio a esa documentación. Esa constatación destruye también el último argumento de las apelantes, según el cual tal atribución equivaldría a una donación que habría requerido la unanimidad de los comuneros. Para la Sala, la conducta mantenida durante años acredita precisamente la existencia de una voluntad común en ese sentido.