La diferencia entre una SA, una mutua y una cooperativa estriba en que éstas son corporaciones de ‘doble vínculo’. Los miembros son ‘miembros’ de la corporación mutua o cooperativa (son socios) y son tomadores-asegurados o trabajadores, o suministradores etc. Es decir, tiene un vínculo ‘corporativo-societario’ y otro vínculo ‘contractual’ que consiste en un contrato de seguro, de trabajo (en una cooperativa de trabajo asociado) de suministro (en una cooperativa agrícola en la que los agricultores venden sus cosechas a una cooperativa para que ésta las comercialice) o de compraventa (en una cooperativa de vivienda). Lo importante es que ambos vínculos van indisolublemente unidos. Si se termina el contrato de seguro o trabajo, se pierde, también, la condición de miembro de la corporación.
Los principios cooperativos ‘modernizados’ son claramente societarios y corporativos: “afiliación voluntaria y abierta a toda persona capaz de utilizar sus servicios; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios en la distribución de los excedentes de ejercicio en proporción a sus operaciones con la cooperativa e interés limitado y voluntariamente fijado para el capital social; autonomía e independencia; educación, formación e información, cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad” (Rosalía Alfonso Sánchez, , Los principios cooperativos como principios configuradores de la forma social cooperativa, CIRIEC Revista jurídica, 2015).
Las asociaciones no son sociedades porque no hay puesta en común. Las cooperativas son sociedades porque hay puesta en común (art. 1665 CC). Los cooperativistas ponen en común su industria - en el caso de las cooperativas de trabajo asociado - o su producción - en el caso de una cooperativa agrícola - o su consumo - en el caso, por ejemplo, de una cooperativa farmacéutica -. Cuando se comprometen a comprar o vender a la cooperativa, los cooperativistas están obligándose a poner en común.
En la mutua, esa aportación no es autónoma sino que se detrae de la prima. Una parte de la prima del seguro que paga el mutualista se destina a subvenir los gastos de gestión de la empresa mutualista y a conformar las reservas necesarias para garantizar el pago de las indemnizaciones.
La existencia del ‘doble vínculo’ en la mutua y en la cooperativa explica las diferencias fundamentales de estos dos tipos de corporación con la SA. Los accionistas de una SA realizan sus aportaciones con el ánimo de obtener ganancias explotando el patrimonio formado con ellas. En la mutua de seguros, los miembros de la corporación no quieren ganar dinero desarrollando la empresa de seguros. De hecho, la mutua sólo asegura a sus miembros, no a terceros. Los mutualistas quieren obtener su seguro al precio (la prima) más bajo posible, de forma que una mutua, idealmente, no tiene beneficios y el excedente que resulte de la diferencia entre las primas cobradas y las indemnizaciones pagadas debería dedicarse a reducir las primeras. Lo mismo con las demás cooperativas. El cooperativista – trabajador quiere procurarse un empleo con el mejor salario posible. Y el cooperativista de vivienda conseguir una al precio más bajo posible. El agricultor que se hace miembro de una cooperativa trata de vender su cosecha al mejor precio posible. La cooperativa, en principio, como la mutua, solo contrata con sus miembros.
En la cooperativa “la retribución a los socios se realiza en función de su participación en el proceso productivo de la cooperativa y no de su participación en el capital social”, Javier Iturrioz, Cristina Masa, Sonia Martín, La predicción del fracaso empresarial: análisis de las sociedades cooperativas frente a otras formas jurídicas, Anuario de Derecho Concursal, nº 65, Mayo de 2025. Aunque, en la legislación más reciente, se refuerza la condición de las cooperativas como sociedades de capital.
En las corporaciones de doble vínculo: el ‘otro vínculo’ (el que no es el societario resultante de realizar las aportaciones) es el principal. La condición de miembro de la corporación en virtud de la adhesión y la aportación al capital social y los eventuales derechos sobre el patrimonio de la corporación son consecuencias accesorias del vínculo principal. Por ejemplo, nuestro Derecho protege al comprador de viviendas frente al riesgo de que los pagos a cuenta del precio de ésta – pago adelantado – se pierdan porque el promotor caiga en concurso y obliga a éste a contratar un seguro o a depositar las cantidades adelantadas en una cuenta bloqueada a la que no podrán acceder los acreedores del promotor. Pues bien, la ley correspondiente (LOE que ha sustituido a la Ley 57/1968) se aplica igualmente a los cooperativistas de viviendas por las ‘aportaciones’ que realizan a la cooperativa como pago - adelantado - del precio de la vivienda si la cooperativa entra en concurso, es decir, les protege como compradores que son. Ese es el “otro vínculo” que les une a la cooperativa junto al vinculo societario-corporativo.
También la cooperativa de vivienda está obligada a contratar un seguro o su depósito en una cuenta bloqueada. Los hechos probados de la STS 18-XII-2023 son paradigmáticos. Hay centenares de sentencias semejantes. Lo interesante es que, cuando la cooperativa cae en concurso, los cooperativistas deberían ser acreedores subordinados. Y lo son, excepto en relación con las cantidades adelantadas porque, respecto de éstas, su condición no es la de miembro de la cooperativa, sino la de comprador.
Del mismo modo, la ley de contrato de seguro protege a todos los asegurados, incluidos los miembros de una mutua de seguros. Lo más curioso es el doble vínculo del cooperativista en una cooperativa de trabajo asociado.
Por ejemplo, si la Mutua Madrileña se retrasa en el pago de la indemnización debida, no hay duda de que el mutualista podrá reclamar la penalización extraordinaria prevista en el artículo 20 LCS.
En el caso del contrato de trabajo, sin embargo, ser miembro de la cooperativa modifica sustancialmente el régimen jurídico del "otro" vínculo del cooperativista, esto es, el contrato de trabajo. Al cooperativista se le permite regular su relación laboral en los estatutos de la cooperativa como tenga por conveniente sin que se le aplique el Estatuto de los Trabajadores. A su ‘despido’ se le aplican normas corporativas y se denomina ‘expulsión’ o ‘baja’ como miembro de la cooperativa, sin perjuicio, naturalmente, de que se aplique el Estatuto de los Trabajadores si la constitución de la cooperativa ha sido una maniobra fraudulenta para evitar la creación de un vínculo laboral entre los trabajadores y las empresas a las que proporciona mano de obra la cooperativa poniendo a disposición de aquéllas a los ‘socios trabajadores’ de ésta pero sin desarrollar la cooperativa la actividad económica por sí misma
v., STS 549/2018, 18 de Mayo de 2018). V., también, JA, Cuando organizas una cooperativa como sociedad de capital, te creas muchos líos evitables. Necesitas un buen abogado, Derecho Mercantil, 2021 que comenta la SJM San Sebastián 26-XI-2020, ECLI:ES:JMSS:2020:4094; JA, El doble vínculo del cooperativista de vivienda con la cooperativa y la distribución de los gastos de la cooperativa, Derecho Mercantil, 2025
La SAP Madrid 3-V-2025 tiene de interés que confirma la autonomía organizativa de las corporaciones para imponer multas a los miembros que incumplen las reglas internas. En el caso, los socios sancionados con una multa de 12.000 euros no habían adaptado los letreros de sus establecimientos a lo prescrito en el Reglamento de Uso de Marca, MULTIÓPTICAS La Audiencia desestima el recurso de apelación al considerar que se había respetado el derecho de información porque la cooperativa había informado a los socios a través de burofax de los elementos esenciales para su defensa; la recusación de miembros del Consejo Rector fue extemporánea y oportunista (los motivos eran previos y no se plantearon al inicio del expediente); el reglamento era válido y exigible desde su aprobación en 2019 (su publicación en la web de la cooperativa era suficiente, sin requerir actas notariales) y no era necesario establecer un plazo específico para adecuar los establecimientos, pues los socios tuvieron tiempo suficiente (2019-2021). El tribunal avaló la autonomía de las cooperativas para sancionar incumplimientos internos, siempre que se respeten las garantías procedimentales básicas (art. 18 LCoop), y condenó a los apelantes al pago de las costas.
Esta flexibilidad en la aplicación de "sanciones" es una exigencia del respeto a la autonomía de las corporaciones privadas. No puede exigirse a organizaciones privadas que imponen 'sanciones' - rectius, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones voluntariamente asumidas por el socio - el cumplimiento de los requisitos del Derecho Sancionador. Estas garantías se exigen a los poderes públicos. Es una barbaridad que atenta derechamente contra el artículo 10.1 CE exigirlas a los particulares. Y esto vale, también, para el Derecho Laboral.
V., Jesús Alfaro, La independencia del objetivo de la corporación respecto de las preferencias de sus miembros: efectos jurídicos, Almacén de Derecho, 2025
En la asociación y la fundación, las preferencias individuales de los miembros de la corporación (de los asociados o de los patronos) son irrelevantes. En la cooperativa son relevantes en lo que se refiere a los aspectos contractuales, no en los corporativos, donde sus deberes y derechos son semejantes a los de los accionistas de una SA. Asi, los patronos de una fundación tienen como deber utilizar el patrimonio para realizar en la mayor medida posible la voluntad del fundador (acabar con el analfabetismo o promover el estudio del latín) porque ese es el fin corporativo de una fundación. La junta directiva del Real Madrid tiene como deber maximizar los triunfos deportivos del equipo porque ese es el fin corporativo de una asociación deportiva, con independencia de lo que quieran los que sean socios del Real Madrid en 2012 o en 2040. Por el contrario, en una corporación societaria como la cooperativa o la SA, el fin común está a disposición de los socios (porque la corporación surge de un contrato de sociedad por el que los socios – partes regulan sus intereses y sus derechos). En una asociación, el fin común no está a disposición de los socios. De ahí que tampoco tengan los asociados derechos completos sobre el patrimonio de la asociación.
Sobre los derechos económicos del cooperativista v., SAP Madrid (Sección 28), Sentencia nº 287/2025 de 22 de septiembre de 2025; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de octubre de 2025 ECLI:ES:APB:2025:10287
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