Foto: EL MUNDO
La tesis básica de grupos como Podemos es que la mayoría decide sobre cualquier asunto colectivo. Pero la regla mayoritaria está en tensión permanente con la libertad y con el Estado de Derecho y mucho más cuando, a los costes intrínsecos de la regla (que la decisión se tome a costa de la minoría) añadimos que la mayoría no actúa por sí misma, sino que son sus agentes – los políticos – los que toman las decisiones por ellos. Senserrich lo ha explicado con el caso catalán como ejemplo. Y este estudiante lo cuenta al explicar la ruina de un transbordador en Nueva Escocia. Pero los casos de los tranvías de Parla o el de Jaén son todavía peores para el bienestar general. Cuando los políticos – elegidos por la mayoría – deciden sobre cómo se gasta el dinero aportado por todos los miembros de una Sociedad (o, peor, el dinero que aportarán los futuros miembros de esa Sociedad porque la decisión se financia con deuda), aquellos de cuyos votos dependa en mayor medida la reelección (los grupos de votantes mejor organizados, con un interés vital más concreto) se llevarán el gato al agua o, en el mejor de los casos, los que soportan en menor medida el coste de las medidas que, en un sistema fiscal progresivo, suelen ser la mayoría.
En la Comunidad de Propietarios en la que vivo se discutió si reemplazar el portero automático por un “videoportero”. De las tres escaleras que compartimos portal, dos votaron a favor (rectius, los cuatro o cinco vecinos que asistieron a la reunión correspondiente votaron a favor). En la reunión de mi escalera votamos en contra porque les hice ver que la diferencia entre el “audioportero” y el “videoportero” era de 4000 euros, o sea, 100 euros por vecino y que las ventajas del videoportero no “valían” 100 euros. Cuando se instaló el videoportero para las dos escaleras que así lo habían aprobado y el audioportero para la nuestra, varios de mis convecinos protestaron. Ellos querían también videoportero como los de las otras escaleras. Su enfado, sin embargo, desapareció cuando les repuse que no había ningún problema. Si querían videoportero sólo tenían que decírselo al instalador para que les colocase una cámara en su vivienda. El precio que debían pagar era el de 100 euros. Pero, les explique, no íbamos a pagar la cámara a todos los vecinos con el dinero que recaudamos mensualmente como cuotas de los copropietarios. Ninguno de mis convecinos insistió en tener cámara de video en su casa. Enfrentados al pago individual, revisaron su análisis coste/beneficio y comprendieron que verle la jeta a alguien que llama a la puerta del portal un par de veces al año no valía 100 euros. Si se hubiera hecho pagar a los vecinos de Parla o de Jaén el coste per capita del tranvía, y aún en el caso de que se hubiera hecho pagar a todos los vecinos lo mismo, es decir, al que no lo usaría nunca y al que lo usaría a diario, seguro que no se habría construido. Disparar con pólvora del rey, es la actividad preferida de los políticos y, especialmente, de los más tontos.
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