La crisis económica ha puesto de manifiesto que la lógica en la que están basados los Estados del bienestar conduce a su inviabilidad. Esta lógica es la del reconocimiento de derechos generales a la población con dos caracteres.
El primero es que el supuesto de hecho de los derechos es una situación objetiva: ser residente da derecho a la asistencia sanitaria; cumplir sesenta y cinco años da derecho a una pensión; perder el puesto de trabajo da derecho a una prestación por desempleo calculada en función del salario; necesitar el auxilio de una persona da derecho a ésta a recibir una prestación periódica (dependencia); cumplir seis años da derecho a un puesto escolar; aprobar el bachillerato da derecho a una plaza en la Universidad; tener menos de 32 años, ganando menos de 1200 euros al mes da derecho a una prestación para subvenir parcialmente el coste del alquiler; tener un hijo da derecho a solicitar reducción de jornada e impide el despido…
El segundo es que esos derechos se financian con cargo a impuestos. Es decir, no están basados en la lógica del intercambio o ahorro sino en la lógica de la redistribución. El seguro de desempleo no es un verdadero seguro porque no se financia en su integridad con las “primas” que pagan todos los trabajadores. Las pensiones no son la contraprestación que da el sistema al que ha ahorrado durante su vida laboral para cobrarla y así sucesivamente.
El reconocimiento de derechos con carácter general a la población fue el avance más importante de los Estados modernos y – como recuerdan North y otros – permitió acabar con los Estados “naturales” en los que el acceso a las rentas dependía de la conexión con los que se repartían el poder. Sólo las élites tenían acceso a esas rentas y las repartían hacia abajo entre su clientela. Un Estado “de libre acceso” es aquel en el que no hay rentas en sentido económico. Cada individuo puede acceder al mercado y recibir la remuneración normal que deriva de los mercados competitivos. Si los ciudadanos tienen derechos por su carácter de ciudadanos y no por su relación con determinadas instancias poderosas, la sociedad se desarrollará económicamente porque las energías de los ciudadanos no se invertirán en aproximarse a los que reparten rentas sino en producir riqueza.
Las últimas décadas en Europa especialmente han visto cómo los derechos reconocidos a la población en general han crecido exponencialmente y lo han hecho financiándose con impuestos. Una caída de la recaudación, coyuntural o estructural, obliga al Estado a endeudarse para hacer frente a esos compromisos. Y, a largo plazo, la única solución es una devaluación masiva de las prestaciones prometidas vía inflación y devaluación de la moneda.
Esta transformación del Estado tiene un segundo efecto a largo plazo verdaderamente indeseable: la distorsión de los incentivos de los ciudadanos. Las prestaciones se obtienen con independencia de que el ciudadano esté en una situación de necesidad y – por la incapacidad del sistema para controlar mas que las formas más groseras de fraude – proporcionan a todos los ciudadanos incentivos para no trabajar. Es decir, el coste de oportunidad de trabajar se eleva significativamente para toda la población. Solo si los ingresos que se espera obtener del trabajo superan muy notablemente los que se pueden obtener gracias a las prestaciones del Estado, un ciudadano racional elegirá trabajar. Esta perversión de los incentivos es de enorme calado por dos razones. La primera, porque afecta a toda la población, no a una parte de ésta. Y la segunda, porque afecta de modo especialmente intenso a los que están en la parte más baja de la cualificación laboral. Si estos sólo pueden aspirar a encontrar trabajos poco remunerados, sus incentivos, ya reducidos, para aceptar un trabajo se convierten en insignificantes cuando el beneficio de trabajar (un incremento poco importante de los ingresos) se compara con el coste de hacerlo. Y lo que es peor, si el tipo de contrato que tienen los menos cualificados laboralmente es temporal, el stress de estar saliendo y entrando del mercado laboral y la burocracia asociada a la obtención de las prestaciones de asistencia social puede desincentivar, aún más, la búsqueda de trabajo.
Al mismo tiempo, los más pobres son “peor atendidos” por el sistema. Porque las cantidades destinadas a su atención son manipulables por los políticos (que reducen las partidas dedicadas a asistencia social en época de crisis) mientras que las que se dedican a prestaciones reconocidas a la población en general como derechos no lo son.
Hay que cambiar el sistema. El Estado del bienestar solo es sostenible si se basa en la cobertura de necesidades concretas y hace depender la entrega de prestaciones a las personas de la prueba de la necesidad concreta. Las pensiones tienen que basarse fundamentalmente en el ahorro si se quiere incentivar éste. Y los que ahorran para su pensión tienen que advertir que están ahorrando por lo que el sistema español de que el ciudadano no “note” que paga impuestos (porque le retienen en la fuente de sus ingresos los impuestos); que el ciudadano no “note” que está contribuyendo a su pensión (porque la cotización a la Seguridad Social la paga, en la mayor parte, su empleador); que no note que está pagando la asistencia sanitaria o la educación porque no realiza ningún desembolso cuando recibe el servicio ha de cambiarse.
Y, naturalmente, mucho más importante es cambiar el supuesto de hecho de las normas que reconocen derechos de prestación a los ciudadanos. Ser pensionista no puede ser el único requisito para recibir gratuitamente los medicamentos. Perder el empleo no puede ser el único requisito para recibir la prestación por desempleo. Ser viudo no puede ser el único requisito para recibir una pensión. Todas esas prestaciones deben vincularse a situaciones de necesidad. ¿Alguien cree que es decente que los empleados de la CAM que se beneficiaron de un generosísimo expediente de regulación de empleo y que recibieron, en media, 300.000 euros merecen recibir durante dos años la prestación de desempleo con cargo a los impuestos?
Y, por último, las normas que reconocen derechos no pueden incentivar a la gente a no trabajar. Un ejemplo. Descontar a los trabajadores la parte proporcional del salario por cada día de baja (aunque ésta sea justificada) los tres primeros días de baja reduciría, probablemente, de forma significativa el absentismo laboral.
Estos cambios reforzarían notablemente la legitimidad de un Estado que reclama de sus ciudadanos la mitad de sus ingresos. Solo si los que pagan una parte tan notable de sus ingresos tienen la convicción de que no se lo están quitando a ellos para entregarlo a quienes no se lo merecen podremos conjugar el desarrollo económico con la Justicia social.
3 comentarios:
Prof Alfaro, a pesar del respeto q le tengo, su artículo parte de un presupuesto inexistente, una cierta igualdad material en la población en general. Esa condición previa determina a priori que el juego de "incentivos" sea eficaz en cada ciudadano como razonador práctico. Por desgracia, su artículo está en la línea económicista que elude tratar de un problema a de redistribución de la renta. Sobre todo a partir de una economía financiera que es profundamente especulativa y que debe pagar por ello, dado que aumenta las desigualdades. Por ello,, es ese brazo el que debe pagar el estado del bienestar.
¿No hay redistribución de la renta en España? Yo pago más del 50 % de mis ingresos en impuestos que, se supone, redistribuyen la renta. Si estás soñando con un momento 0 en el que la igualdad de patrimonio es total, la igualdad duraría cinco minutos. O sea, Quino, me tienes que dar más argumentos para justificar por qué hay que pagar a un minero asturiano de 48 años 3000 euros al mes de mis impuestos hasta que muera. Por qué hay que pagar 500 MM € al año en el recibo de la luz para que sigan abiertas unas minas ineficientes. Por qué hay que pagar dos años de salario a gente que tiene dinero para vivir (seguro de desempleo), por qué hay que subvencionar la construcción de monumentos al atún en la costa gaditana o por qué quedarte viudo debe darte derecho a una pensión aunque tengas suficiente dinero para vivir.
Un trabajador mileurista paga al mes (entre él y su empleador, osea él)800 euros al mes entre SS e IRPF. Sanitas tiene seguros médicos básicos muy interesantes por 30 euros al mes. En el país vasco, una plaza en la escuela pública cuesta 11 000 euros/años, esa misma plaza en la concertada cuesta 4 000 euros/año. El dinero recaudado en pensiones, no se invierte, no se le saca rentabilidad.
Mucho me temo que cuando el estado te roba el dinero todos los meses no es para dárselo al vecino ni para redisburir nada, es para quedarselo el propio estado.
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