Desescalar en términos prácticos

foto: @elkazer

Los hechos

La necesidad de que la policía y la guardia civil tuviera que actuar el 1 de octubre para evitar la celebración de una votación organizada por un gobierno autonómico y prohibida por los jueces ha conducido a disturbios en Cataluña. Los sediciosos animaron a la población a participar a sabiendas de que estaban poniendo en riesgo a sus ciudadanos. Les dijeron que no pasaría nada cuando el Gobierno había enviado policía de refuerzo y garantizado, a su vez, que las votaciones no tendrían lugar. La mayor parte de la población no participó y ve entre preocupada y asustada cómo la deriva de los sediciosos puede conducir a un conflicto violento en Cataluña. El Estado se ha limitado a adoptar medidas jurídicas y a sustituir a la policía autonómica en el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Se anuncia para el viernes una declaración de independencia por parte de los órganos constitucionales catalanes, su Gobierno y su Parlamento.

Los partidos políticos y el Gobierno mantienen posiciones discrepantes respecto a cómo encarrilar la situación. Ciudadanos quiere que el Gobierno aplique el art. 155 de la Constitución y sustituya al Gobierno catalán en la decisión de convocar elecciones autonómicas. El PP no se ha pronunciado. El PSOE pide diálogo pero no ha expuesto cómo debería producirse ese diálogo. Podemos, junto con los independentistas quieren hablar de cómo se celebra un referéndum de independencia que, para distinguirlo de los dos que han tenido lugar hasta la fecha lo llaman “referéndum pactado”.

Para que pueda desescalarse el conflicto son relevantes tres variables

1. La primera es el respeto a la Constitución, detrás de la cual está la inmensa mayoría de los españoles (incluidos, sobre todo, los millones de catalanes a los que la hegemonía del nacionalismo en Cataluña ha mantenido callados y sometidos bajo el motto “tengamos la fiesta en paz”. España quedaría destrozada institucionalmente si los españoles no pueden confiar en que la Constitución prevalecerá.

2. La segunda es la composición de la mesa de negociación. Ciudadanos ha dicho que con los golpistas no se puede negociar. El PSOE quiere que participen en la negociación los golpistas y Podemos. El Gobierno y el PP no se han pronunciado. Podemos, al igual que los independentistas rechazan a Rajoy como interlocutor.

3. Lo que puede ser negociado en esa mesa. Hablar de diálogo “sin líneas rojas” es hacer legítima la traición a la Constitución. Nuestros representantes políticos carecen de “poder de representación” de los ciudadanos para saltarse la Constitución. Pero, dentro de la Constitución (tal como ha sido interpretada por el tribunal constitucional, no tal como la ha interpretado Pérez Royo) hay un espacio, esto es, hay temas sobre los que se puede llegar a un acuerdo que permita “desescalar” el conflicto y evitar el mal mayor: que, como hemos denunciado en otro lugar, los líderes independentistas se salgan con la suya que no es, naturalmente, lograr que Cataluña se convierta en un Estado soberano sino generar odio entre catalanes entre sí y entre catalanes y el resto de los españoles. El acoso a los guardias civiles y policías de los últimos días y el irrelevante pero simbólico “tratamiento” que se ha dado a Piqué son pequeñas muestras de un futuro ominoso: que los demás españoles acaben por comportarse como los líderes independentistas catalanes y empiecen a tomarse la justicia por su mano: las turbas como protagonistas de la vida política es el plan de la CUP y de Esquerra junto con los miembros del PdCat que están en el Gobierno de Cataluña.

Sobre estas bases,

¿en qué puede ceder el Gobierno y Ciudadanos a cambio de qué cesiones por parte del Gobierno catalán?

No digo nada del PSOE porque no sé cuál es su plan para esa negociación (cuáles son sus líneas rojas y en qué está dispuesto a que el Estado ceda pero supongo – Sánchez dixit – que quiere garantizar el cumplimiento de la Constitución y la conservación de la integridad territorial del Estado) ni digo nada de Podemos porque, como veremos inmediatamente, su propuesta no encaja en el respeto de la Constitución.

El Gobierno

• cedería, en primer lugar, a hablar con los sediciosos, esto es, con el Gobierno catalán. Ciudadanos tendría que aceptar que se hable con Puigdemont y Junqueras a pesar de que acabarán procesados y, probablemente, condenados por los numerosos delitos que han cometido en el ejercicio de sus cargos.
• debería ofrecer la terminación de la operación de refuerzo de la policía en Cataluña a partir del lunes de la semana que viene, de forma que los policías y guardias trasladados a Cataluña vuelvan a sus lugares de origen.
• debería comprometerse a no invocar el art. 155 CE.
• debería comprometerse, además, a convocar elecciones generales en un plazo no muy largo para que todos los españoles pudieran “dar instrucciones” a sus representantes respecto del futuro constitucional de España.
• debería autorizar la formación de una comisión formada por expertos para que se proceda a una revisión completa de lo acaecido el día 1 de octubre que culmine en un informe sobre los errores y eventuales delitos que se hubieran cometido, comisión, naturalmente, que debe incluir el examen del comportamiento de la policía autonómica, de la consejería de sanidad catalana, de la televisión pública catalana y de la televisión española además del examen de la conducta de la policía y de la guardia civil. Esta comisión trabajaría en paralelo con las investigaciones judiciales y de los fiscales en curso pero su función no sería la de calificar sino la de determinar los hechos. 
• pondría fin a la intervención financiera de la Generalitat.

El Gobierno catalán debería comprometerse

• a paralizar cualquier iniciativa que ahonde en la sedición y
• a convocar elecciones autonómicas de forma inmediata para que los catalanes puedan contar con representantes que no hayan participado en la comisión de los delitos que han cometido los representantes actuales. Eso incluye, naturalmente, paralizar la Declaración Unilateral de Independencia y
• cualquier otra iniciativa parlamentaria – en el parlamento catalán – que infrinja la Constitución y el Estatuto.
• El Parlament derogaría las dos leyes que han sido suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional.

El referéndum pactado

Como verán, no he incluido en la discusión nada relativo al status de Cataluña en España ni a un referéndum de independencia. Por una buena razón: nuestros representantes políticos carecen de las facultades para negociar nada al respecto. La Constitución prohíbe los referéndum de independencia, autodeterminación o como quiera que se llamen. Su carácter consultivo no cambia el fondo del asunto: sólo los españoles, todos los españoles, podrían ser consultados sobre un cambio constitucional que supone, en la práctica modificar el poder constituyente. Si se reconoce el derecho de una región a ser consultado sobre su independencia, se está negando al pueblo español la condición de soberano. Por tanto, no es que no pueda haber un referéndum pactado, es que no hay, en nuestra Constitución, posibilidad alguna de que los representantes – las Cortes como representantes de la soberanía nacional – permitan a una parte del pueblo soberano tomar una decisión que corresponde exclusivamente a todo el pueblo soberano que, hoy por hoy, es el pueblo español.

Un referéndum pactado en el que votaran solo los catalanes no sería vinculante para el resto de los españoles que podrían/deberían no reconocerlo y el Tribunal Constitucional debería considerarlo inconstitucional. De manera que un referéndum pactado es, en realidad un oxímoron porque los que pueden pactarlo no están en la mesa de negociación. Su celebración, lejos de resolver nada, prolongaría y elevaría la tensión nacionalista. Si pierde la independencia, porque habrían sentado un precedente que les permitiría reclamar otro en cinco o diez años amén de que otras regiones podrían pedirlo igualmente y, en esos otros casos, podría ocurrir que ganara la independencia. Si ganan, porque en tal caso, el Gobierno tendría que acceder a la independencia ¡sin haber consultado a los españoles! Supongo que nadie tendrá la humorada de considerar que, si gana la independencia en un referéndum en Cataluña el gobierno español debería, a continuación, consultar a los demás españoles para ver qué opinan.

En estos términos, puede empezarse a hablar de una reforma de la Constitución

1. Los sediciosos paran

2. El Gobierno no adopta ninguna medida extraordinaria más hasta que se celebren las elecciones

3. Los representantes que salgan de esas elecciones, si así lo desean, pueden iniciar un proceso de reforma constitucional – en realidad, un proceso constituyente – para incorporar a la Constitución española (sería única en el mundo) un derecho de secesión de sus regiones, proceso constituyente que ha de empezar, naturalmente, por un referéndum en toda España sobre si el pueblo español desea embarcarse en ese proceso.

5. Repito: el Tribunal Constitucional (menos mal que atribuimos legitimación al Defensor del Pueblo para interponer el recurso de inconstitucionalidad) no puede considerar constitucional la celebración de un referéndum en Cataluña en el que se pregunte a los catalanes si desean ser independientes. Tal referéndum pactado sería ultra vires y los españoles, los pacíficos españoles, tendrían derecho a la desobediencia civil porque los políticos les habrían traicionado y habrían traicionado la Constitución.

6. Frente al argumento de que se trataría sólo de un referéndum consultivo, ya hemos explicado en otro lugar por qué es inviable. Si se trata simplemente de “conocer la opinión” de los catalanes, el que se celebró, por particulares, el 9 de noviembre de 2014 proporciona suficiente información. Las elecciones de septiembre de 2015 indican cómo están las opiniones.

La propuesta obliga a Ciudadanos y al Gobierno

• a renunciar a la aplicación del art. 155 CE y a negociar con Puigdemont y Junqueras;
• además, al Gobierno, a no adoptar en un plazo determinado ninguna medida extraordinaria.
• Obliga al gobierno catalán a no adoptar ninguna medida extraordinaria más.
• Obliga al PSOE a dejar la reforma de la Constitución para después de las elecciones.
• Obliga a Podemos y a los partidos independentistas a renunciar al referéndum que no sea el que se celebre, eventualmente, si se reforma la Constitución en el sentido de admitir la secesión de una región española.

Si los independentistas y Podemos no aceptan estos términos,

el Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias, adecuadas y proporcionadas para acabar con este estado de cosas lo que implica, seguramente, aplicar el art. 155 CE y convocar elecciones en Cataluña y avanzar rápidamente en los procedimientos judiciales para procesar y condenar a todos los líderes sediciosos. Puede que no haya que descartar la suspensión de la autonomía.