DECISIONES JUDICIALES

La Audiencia Provincial de Madrid considera que mandar el laudo a través de una carta certificada con acuse de recibo al domicilio que figuraba en el procedimiento arbitral no es suficiente para afirmar que los árbitros hicieron lo posible por notificar el laudo y, por tanto, que no procede su ejecución.

Los pleitos que versen exclusivamente sobre la validez de pactos parasociales no son competencia de los Juzgados de lo Mercantil

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2010 concreta la aplicación del principio de proporcionalidad (párrafo 105) "Como observa la República Francesa, procede recordar, asimismo, que el mero hecho de que un Estado miembro imponga disposiciones menos rigurosas que las aplicables en otro Estado miembro no significa por sí mismo que estas últimas sean incompatibles con los artículos 28 CE y 30 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C‑514/03, Rec. p. I‑963, apartado 49). No obstante, el hecho de que en ninguno o en casi ninguno de los Estados miembros exista un régimen de autorización previa para la utilización de los Aditivos Tecnológicos en la preparación de productos alimenticios puede ser pertinente a efectos de la apreciación de la justificación objetiva alegada en relación con la normativa francesa y, en particular, en relación con la apreciación de su proporcionalidad." Concluye que un régimen de autorización previa para usar AT es una restricción desproporcionada de la libre circulación de mercancías. Que se lo vayan apuntando las Comunidades Autónomas en aplicación de la Ley de incorporación de la Directiva sobre libre prestación de servicios.

Conclusiones del Abogado General Bot de 26 de enero de 2010: Asunto C‑409/06 72. En otros términos, el control de constitucionalidad y el de la conformidad con el Derecho comunitario deben poder producir sus efectos sin colisionar el uno con el otro. Así, al igual que la misión del juez nacional con arreglo a la jurisprudencia Simmenthal, antes citada, se limita a situaciones de conflicto entre una norma comunitaria y una disposición de Derecho interno, una resolución del Tribunal Constitucional que prorroga en el tiempo las consecuencias que deben extraerse de la disconformidad de la Ley nacional con la Constitución no puede interferir con el deber del juez nacional de garantizar la primacía del Derecho comunitario cada vez que se enfrenta a tal conflicto.