La independencia de Cataluña y los españoles que generan sentimientos separatistas en los catalanes

Ser independentista es un sentimiento. Uno se siente esloveno y no yugoslavo, bretón y no francés, napolitano y no italiano o catalán o vasco y no español. Y, como todo sentimiento, es muy difícil de racionalizar. El independentista encontrará siempre argumentos para justificar que es independentista con independencia, valga la redundancia, de lo “cariñoso” que sea el Estado con la región que quiere declararse independiente por no hablar de lo míticos que sean los fundamentos lingüísticos, culturales o históricos de tal sentimiento.

Es verdad que, cuanto más “cariñoso” sea el Estado y los habitantes de las demás regiones que componen el Estado con los de la región independentista, menor extensión tendrá el sentimiento independentista porque los seres humanos solemos actuar con reciprocidad y querer a los que nos quieren.

Pero la libertad de expresión, la Justicia y la solidaridad deben prevalecer sobre esa consideración. No sería agradable vivir en una sociedad en la que la gente autolimita su libertad de expresión para no “crear nuevos separatistas” ni sería aceptable que el Estado privilegiara a una región para evitar el riesgo de extensión del sentimiento independentista. Lo que sucede con la expresión de críticas o burlas a cualquier aspecto de la religión islámica debería ser suficiente para convencernos de que no es una estrategia aceptable la de “apaciguar” al que piensa lo contrario que uno por la vía de restringir los derechos de los individuos obligados a “apaciguar” al otro.

Esa ha sido la estrategia constitucional con el País Vasco y así nos ha ido. Una vez que se ha acabado el terrorismo, ni siquiera existe excusa “política” que justifique la vigencia del Concierto vasco y el Convenio con Navarra, instrumentos de privilegio inaceptable para los residentes en las cuatro provincias del norte de España. No es que haya que dar a Cataluña un estatuto fiscal semejante al vasco. Es que hay que suprimir el privilegio vasco-navarro.

Además, debe desdramatizarse la “cosa”. Dada la apertura de la economía española y la pertenencia a la Unión Europea, la independencia de Cataluña no significa lo mismo que la del Reino de Aragón. Lo que hay que hacer es reformar la Constitución, suprimir la Disposición adicional primera y regular la posibilidad de secesión exigiendo mayorías claras (75 % de votos favorables a la independencia en un referendum en el que haya participado, al menos, el 75 % del censo garantiza que la mayoría de la población de la región se ha pronunciado a favor de la independencia).

Y, una vez aceptada la posibilidad de secesión, la negociación permanente del estatuto de la región debe acabar. La Constitución debe establecer con claridad las competencias de la región y su financiación adecuada generando los incentivos en los políticos regionales para no gastar más de lo que pueden financiar. Y el Estado no debe quedar sometido al chantaje permanente cada vez que surge un conflicto con la región que consiste en apelar al riesgo de incrementar el sentimiento separatista.

Y la no-negociación debe extenderse al status de la región. El símil de la comunidad de vecinos es apropiado. El vecino descontento no puede pretender quedar sometido a algunas reglas de la comunidad y a otras, no. O acepta todas las reglas, o se va de la casa. Por tanto, las alternativas de un catalán independentista son solo dos: o acepta el status que resulta de la Constitución o pide la independencia de acuerdo con las normas sobre secesión. Pero no puede elegir cómo quiere vivir en el edificio común. Ni confederación, ni federalismo asimétrico, ni autonomía en los aspectos que interesan pero no en los que no interesan. El status de las regiones aceptado por todos los españoles es el que deriva de la Constitución. O eso, o la independencia. Para cualquier alternativa diferente, debemos ser consultados todos los españoles y no solo los habitantes de la región afectada. Y no basta la intervención de las Cortes Generales. Porque lo que se discute es si un vecino de la casa va a quedar sometido a distintas reglas de los demás vecinos de la casa y, eso, no lo puede decidir, por sí solo el presidente de la comunidad en negociaciones con el vecino díscolo.

Este “todo o nada” racionalizaría la discusión y obligaría a los independentistas a poner de manifiesto los inconvenientes de la independencia y a los restantes españoles discutir sobre las ventajas de la secesión de una región para el resto. Entre otros, los elevadísimos costes de cualquier separación cuando una de las partes – España – tiene la sartén por el mango. Solo esa perspectiva obligará a los independentistas a ser “cariñosos” en el proceso de secesión. Por el contrario, mientras la discusión se base en que los políticos catalanes pueden mejorar su posición relativa sin dar nada a cambio (simplemente apelando a que, de ese modo, se reduce el sentimiento independentista) esto será el cuento de nunca acabar.