En una entrada anterior, habíamos dicho que el camino para que pudiera tener lugar un referendum en Cataluña sobre su independencia pasaba por la reforma previa de la Constitución para reconocer el derecho de secesión fijando las condiciones de su ejercicio junto a un “cierre” del reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas de manera que se evitara el juego de los nacionalistas que les ha permitido, hasta ahora, aumentar la transferencia de competencias a su favor sin renunciar a una posible independencia.
Patxo Unzueta publica hoy en EL PAIS un acertado análisis de esta cuestión:
En los sistemas descentralizados, federales o autonómicos, la reclamación del derecho a separarse es incompatible con la lógica de esos sistemas. Y cuando se trata de un modelo abierto, como el constitucional español, puede favorecer dinámicas perversas. Por ejemplo, cuando, tras décadas de reclamar y obtener más competencias, se utiliza el poder alcanzado con ellas para reclamar la secesión. Dinámica perversa porque rompe los equilibrios en que se fundamenta el modelo autonómico. Da argumentos para congelar de hecho el despliegue autonómico y somete al Estado a tensiones desestabilizadoras.
Quienes reclaman la autodeterminación juegan con ventaja: si ganan el referéndum, habrán colmado sus aspiraciones; y si no, nada pierden: vuelven a la situación anterior de autogobierno, reforzado por el precedente creado. Para que fuera un procedimiento equilibrado entre las opciones planteadas tendría que implicar el riesgo de perder el nivel de autonomía alcanzado en caso de no prosperar la propuesta. Algo obviamente imposible en la práctica, por lo que la única alternativa es que exista un compromiso de lealtad que implique la renuncia (expresa o tácita) a plantear la autodeterminación. De ahí la incoherencia de fórmulas como la de un “federalismo con derecho a decidir”, que significa estar a la vez a favor y en contra de la autonomía.
Es la propia dinámica de un sistema abierto como el del título VIII de la Constitución de 1978 la que “crea separatistas”. Un sistema en el que las competencias autonómicas solo pueden aumentar y aceptarlas no implica ningún riesgo para la región autónoma solo puede conducir a la independencia y no tiene más efecto que aumentar el sentimiento independentista entre la población. Porque, desde luego, lo que no crea son “unionistas”. La mejor prueba es que ni siquiera los de Bildu y, desde luego no el PNV, han puesto en el centro de la campaña electoral pasada la cuestión de la independencia. Por primera vez, desde la transición, los nacionalistas vascos se han dado cuenta de que “apretar” al Estado en relación con la independencia podría tener un efecto boomerang y poner en peligro el Concierto terminando con la privilegiada financiación de Navarra y el País Vasco. Por primera vez, los nacionalistas tienen algo que perder.
Hay que cerrar el título VIII y fijar, para 20 años las competencias del Estado y las de las CC.AA., teniendo en cuenta el “hecho diferencial” de Cataluña y el País Vasco. Hacerlo según criterios de eficiencia en la prestación de los servicios públicos y eliminando cualquier privilegio pero también cualquier discriminación.
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