Un juez pregunta al TJUE si la notificación previa al deudor de una cesión de créditos es requisito procesal obligatorio para poder iniciar la acción judicial de reclamación, de conformidad con la Directiva de NPLs (no transpuesta todavía en España y con plazo de transposición vencido)

 foto: Pedro Fraile

Una entidad dedicada a la adquisición y gestión de créditos interpone procedimiento monitorio en reclamación de cantidad por impago de un crédito que le había sido cedido por Caixabank. El Tribunal de Instancia le requiere para que aporte la escritura de cesión del crédito y de la notificación a la parte demandada, conforme establece la Directiva de NPLs.

La Directiva (UE) 2021/2167 impone expresamente la obligación de comunicar al deudor la cesión del crédito cuando el crédito dudoso se transmite a un comprador y este no es una entidad de crédito. La obligación se establece en el artículo 10, que regula la relación con el prestatario. La directiva exige que, tras la cesión, el prestatario sea informado sin demora indebida de la transmisión y, en todo caso, antes de que el nuevo acreedor o el administrador de créditos inicien cualquier contacto o actuación frente al deudor. La comunicación debe identificar, como mínimo, al comprador del crédito, a la persona o entidad encargada de la gestión (credit servicer, si lo hay), los datos de contacto pertinentes y la información necesaria para que el deudor sepa a quién debe dirigirse y cómo cumplir sus obligaciones. Además, la directiva subraya que la cesión no puede empeorar la posición jurídica del prestatario. En concreto, el deudor conserva íntegramente los derechos que le asistían frente al acreedor originario, incluidas las normas de protección del consumidor, los mecanismos de reclamación y las garantías contractuales o legales aplicables. La comunicación de la cesión es precisamente uno de los instrumentos destinados a hacer efectivo ese principio de protección. En fin, la directiva no pretende sustituir ni alterar las reglas civiles nacionales sobre la eficacia de la cesión frente al deudor, sino superponer una obligación regulatoria mínima de información. Por ello, la exigencia de comunicación opera con independencia de que, conforme al Derecho civil interno, la cesión produzca efectos frente al deudor desde un determinado momento o bajo determinados requisitos formales.

Al no aportar el documento, se dicta auto de inadmisión. La entidad interpone recurso de apelación, por entender que la notificación de la cesión no es requisito indispensable para su validez ex art. 1.527 CC. La AP estima el recurso de apelación y concluye que la cesión de créditos no requiere consentimiento ni notificación al deudor, sin perjuicio de que la cesión no le sea oponible hasta que le sea comunicada.

El litigio vuelve al Tribunal de Instancia, que eleva al TJUE las siguientes peticiones de decisión prejudicial:

1. ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva de NPLs en el sentido de que la notificación al deudor de la cesión del crédito constituye un requisito previo obligatoria para que el comprador del crédito pueda iniciar un procedimiento judicial de reclamación frente al deudor? 

2. En caso de respuesta afirmativa, ¿debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que, a falta de acreditación de dicha notificación previa, el órgano jurisdiccional nacional debe declarar la inadmisión de la demanda por incumplimiento de un requisito de procedibilidad conforme a su normativa procesal interna? 

3. ¿Se opone el artículo 10 de la Directiva NPLs, en relación con el principio de efectividad del Derecho de la Unión, a una normativa o práctica judicial nacional que permita al comprador del crédito ejercitar acciones judiciales de reclamación sin haber notificado previamente al deudor la cesión del crédito?

 Le he planteado la primera pregunta a Copilot (y luego a Gemini) y me han dado la siguiente respuesta (levemente corregida para suprimir lo que no me parece relevante)

En una interpretación sistemática y teleológica del artículo 10 de la Directiva (UE) 2021/2167, la respuesta debe ser negativa: la notificación al deudor de la cesión del crédito no constituye, en el Derecho de la Unión, un requisito previo obligatorio para que el comprador del crédito pueda iniciar un procedimiento judicial de reclamación.

La razón de fondo es que el artículo 10 no disciplina la eficacia civil o procesal de la cesión, ni las condiciones para la legitimación activa en un litigio, sino que establece una obligación regulatoria de información y de conducta en el marco de la protección del prestatario y de la supervisión del mercado de NPLs.

En primer lugar, el artículo 10 no conecta la comunicación con la validez de la cesión ni con la posibilidad de ejercitar acciones judiciales. La Directiva guarda silencio absoluto sobre consecuencias procesales tales como la inadmisión de una demanda o la falta de legitimación activa en caso de incumplimiento del deber de notificación. 

En tercer lugar, desde una interpretación funcional, el incumplimiento del artículo 10 genera consecuencias regulatorias y supervisoras, no civiles ni procesales automáticas. La propia Directiva encauza el control del cumplimiento a través de la supervisión administrativa, los poderes sancionadores de las autoridades competentes y los mecanismos de reclamación del prestatario, previstos en los títulos IV y V lo que indica que el legislador de la Unión ha optado por un modelo de enforcement administrativo, no por condicionar la legitimación judicial del comprador del crédito. 

La Directiva no prejuzga las normas nacionales sobre la oponibilidad de la cesión al deudor ni sobre la necesidad de notificación como requisito de eficacia frente a terceros. Si, conforme al Derecho civil de un Estado miembro, la notificación al deudor es necesaria para que la cesión produzca efectos frente a él —por ejemplo, a efectos de pago liberatorio o de legitimación procesal—, esa exigencia deriva del Derecho nacional, no del artículo 10 de la Directiva. A la inversa, en los ordenamientos en los que la cesión produce efectos inter partes y frente al deudor sin notificación, como es el caso del derecho español, la Directiva no introduce subrepticiamente una condición adicional para demandar. El propio resumen oficial de la Directiva insiste en que su finalidad es armonizar el régimen de los credit servicers y compradores, no el Derecho sustantivo de créditos. 

En consecuencia, la interpretación correcta es la siguiente: el artículo 10 impone una obligación imperativa de información al deudor, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas, medidas correctoras o responsabilidades regulatorias, pero no convierte la notificación en un presupuesto procesal europeo para el ejercicio de acciones judiciales por el comprador del crédito. Cualquier exigencia de notificación como requisito previo para demandar solo puede fundarse en el Derecho nacional aplicable, no en la Directiva de NPLs. Dicho de otro modo, el artículo 10 protege al deudor; no condiciona la acción del acreedor en los tribunales.