Cártel de la leche

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 1635/2026, de 21 de octubre de 2026.

La sentencia resuelve los recursos de casación planteados en el denominado cártel de la leche. Un amplio grupo de ganaderos reclamó daños y perjuicios a DANONE S.A., Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) e Industrias Lácteas de Granada S.L.U. (ILG) por las conductas anticompetitivas declaradas por la CNMC en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. La Audiencia Provincial de Barcelona había revocado la sentencia de primera instancia, rechazado la prescripción de la acción y reconocido el derecho a indemnización, fijando judicialmente el daño en el 2 % del valor de las ventas de leche afectadas. El Tribunal Supremo confirma íntegramente esa decisión y desestima todos los recursos.

La cuestión principal de la sentencia no es tanto la existencia del cártel como las consecuencias procesales y probatorias derivadas de las acciones de daños. El Tribunal parte de que la resolución de la CNMC de 2019 declaró acreditado el intercambio de información sensible entre empresas compradoras de leche, incluyendo información sobre precios, estrategias comerciales, ganaderos y gestión de excedentes. Según describe la propia sentencia, tales conductas «constituyen una restricción por objeto» apta para falsear la competencia. 

La primera gran cuestión abordada es la prescripción. Las demandadas sostenían que el plazo había comenzado a correr ya con la primera resolución sancionadora de 2015 y que, por tanto, cuando los ganaderos demandaron en 2022 la acción estaba prescrita. El Tribunal Supremo rechaza de forma expresa esa tesis. Su idea central es que el perjudicado no dispone realmente de todos los elementos necesarios para ejercitar la acción mientras la resolución sancionadora no haya adquirido firmeza respecto de los elementos esenciales de la infracción. Reitera su doctrina anterior y la conecta con la jurisprudencia del TJUE. La sentencia afirma que 

«la fecha de la firmeza de la resolución es el instante en que puede ya afirmarse con rotundidad que todos los elementos necesarios para el ejercicio de la acción han quedado fijados formalmente, como verdad judicial». 

El Tribunal dedica un análisis extenso a justificar por qué no resulta aplicable al caso la doctrina derivada de algunos asuntos europeos en los que el conocimiento suficiente podía derivarse de una publicación oficial anterior a la firmeza. Destaca que en España las resoluciones de la CNMC no fueron publicadas en un diario oficial equivalente al utilizado en aquellos precedentes y, además, que la resolución de 2019 no fue una mera reproducción de la de 2015, ya que modificó aspectos temporales relevantes y redujo los períodos infractores atribuidos a varias empresas. Por ello concluye que la firmeza de la segunda resolución fue decisiva para que pudiera comenzar el plazo de prescripción. 

La segunda cuestión relevante es el valor de una resolución administrativa no firme en un pleito civil de daños. Las empresas recurrentes sostenían que, mientras la resolución administrativa estuviera recurrida, los demandantes debían probar autónomamente la infracción sin poder apoyarse en ella. El Tribunal rechaza también esta posición. Distingue cuidadosamente entre dos ideas. Por una parte, la resolución firme tiene valor de «prueba irrefutable» conforme al artículo 75 LDC. Por otra, la ausencia de firmeza no convierte la resolución en irrelevante. Puede ser utilizada como elemento probatorio y como base para construir inferencias judiciales. La sentencia recuerda que nada en el Derecho de la Unión ni en el Derecho español impide el ejercicio de una acción follow-on antes de que exista firmeza definitiva. 

La tercera cuestión, probablemente la más importante desde el punto de vista probatorio, es la presunción judicial de daño. La Audiencia Provincial había entendido que las características del cártel permitían presumir racionalmente que los productores sufrieron un perjuicio. El Supremo confirma esa conclusión. Subraya que los hechos probados no consistían en episodios aislados sino en intercambios sistemáticos de información comercial, coordinación de precios, reparto de proveedores y gestión de excedentes. A partir de esos hechos, considera plenamente razonable inferir la existencia de un infraprecio soportado por los ganaderos. El Tribunal señala expresamente que

«la conclusión sobre la existencia de un acuerdo colusorio destinado a controlar el mercado de obtención mayorista de leche cruda mediante la gestión compartida de informaciones y precios constituye el resultado racional de un juicio presuntivo».

Frente a la alegación de que esa presunción había sido tratada como irrebatible, el Supremo responde que las demandadas tuvieron plena oportunidad de destruirla, pero simplemente no lograron convencer al tribunal. La sentencia insiste en que una presunción iuris tantum no se convierte en irrebatible porque la prueba contraria haya resultado insuficiente. 

La sentencia dedica una parte extensa al examen de los informes periciales. Los demandantes aportaron el conocido informe de Oxera, mientras que las demandadas presentaron informes de Frontier Economics, RBB Economics y Kroll. El Tribunal considera correcta la valoración realizada por la Audiencia Provincial. Reconoce que los informes de las demandadas eran técnicamente sofisticados, pero entiende que se centraban principalmente en criticar la metodología de Oxera y no conseguían demostrar de manera convincente la inexistencia de daño. Afirma que podían poner de manifiesto limitaciones del informe de los demandantes, pero no destruían la inferencia de que el cártel había generado un perjuicio económico. 

Respecto del informe Oxera, el Tribunal tampoco acepta plenamente sus conclusiones. Considera legítimo que la Audiencia Provincial rechazara aspectos clave de su metodología. En particular, comparte las críticas sobre la utilización del método diacrónico antes-después, la representatividad de la muestra y la dificultad para atribuir causalmente determinadas diferencias de precios exclusivamente al cártel. La sentencia insiste en que la Audiencia Provincial no ignoró la pericia de Oxera, sino que la examinó detalladamente y explicó extensamente por qué no la consideraba suficiente para fijar el daño con precisión.

Un aspecto especialmente interesante es el tratamiento del llamado efecto paraguas. Los ganaderos pretendían que también se indemnizaran perjuicios sufridos en operaciones realizadas con empresas no integrantes del cártel, porque el comportamiento de estas últimas se habría visto influido por la distorsión general del mercado. El Tribunal acepta la posibilidad jurídica de tales daños y se remite a la jurisprudencia europea del asunto Kone. Sin embargo, rechaza que exista una presunción de efecto paraguas. 

«el efecto paraguas es jurídicamente posible, pero no presumible». Por ello corresponde al demandante demostrar, caso por caso, que la conducta colusoria influyó efectivamente en los precios fijados por terceros no cartelizados. 

Otro de los puntos doctrinalmente más relevantes es la reflexión sobre la estimación judicial del daño. El Tribunal reafirma una línea ya presente en los litigios del cártel de los camiones: cuando resulta extraordinariamente difícil reconstruir con precisión el escenario contrafáctico, el juez puede estimar el daño. La sentencia vincula esta facultad con el principio europeo de efectividad y con el derecho al pleno resarcimiento. Destaca que si la dificultad probatoria impidiera siempre obtener indemnización, el sistema de acciones privadas de competencia quedaría en gran medida vacío de contenido.

El Tribunal desarrolla ampliamente la idea de un posible «daño mínimo indemnizable» en acciones derivadas de cárteles. Observa que algunos tribunales europeos están convergiendo hacia porcentajes mínimos presuntivos cuando existe certeza sobre la existencia del daño pero dificultades extremas para cuantificarlo exactamente. Explica que no se trataría de daños punitivos ni de cantidades arbitrarias, sino de una estimación judicial basada en la propia naturaleza del cártel. 

Sin embargo, pese a formular esa doctrina potencial, la sentencia no la aplica para aumentar la indemnización. Considera que la Audiencia Provincial justificó suficientemente la cifra del 2 %. El Tribunal destaca que no se trataba de un cártel clásico de fijación explícita de precios, que la cuota de mercado conjunta rondaba el 50 %, que había dispersión real de precios, que los contactos eran predominantemente informativos y que las reducciones de precio concretamente documentadas se movían aproximadamente entre el 2 % y el 6 %. Partiendo de esos datos, considera razonable elegir el extremo inferior de la horquilla (v., sin embargo, la STS 22-X-2026)