Foto: JM Martín Olalla
Si los de Juntspelsi y las CUP creyeran de verdad que hay alguna posibilidad razonable de convertir a Cataluña en un Estado independiente algún día, deberían darse cuenta que tienen que convencer, no a los españoles, sino a sus convecinos de Cataluña de la bondad de tal proyecto. España no reconocerá en su Constitución un derecho de autodeterminación a favor de sus regiones porque eso sería tanto como afirmar que España no es una nación y que la soberanía no reside en el pueblo español.
Es simplemente absurdo que la Constitución española comience diciendo que el pueblo español no existe; que la soberanía reside en sus ¿Comunidades autónomas? y que los que tengan vecindad administrativa en cada una de ellas forman un “pueblo” que puede decidir, cuando le parezca, si sigue o no dentro del conjunto.
La Constitución española, coherentemente, afirma en su art. 1.2 y en su art. 2 que la soberanía reside en el pueblo español y que España es una nación. De donde se sigue, sin ninguna duda, la inconstitucionalidad de cualquier referendum de autodeterminación como el que plantea Podemos. Los referendos de autodeterminación son inconstitucionales en cualquier Estado cuya constitución defina al conjunto de los ciudadanos como nación y como titular de la soberanía. La soberanía no es divisible. Permitir un referendum de autodeterminación es tanto como afirmar que la soberanía queda dividida en tantos cuerpos – demos – electorales como grupos a los que se atribuya el derecho a realizar un referéndum.
Si, naturalmente, lo que se pretende es afirmar que no se trata de un referéndum de autodeterminación, sino de una simple consulta para ver “cómo está el ambiente” en Cataluña o “qué piensan los catalanes” de su “encaje” en España, dejemos de engañarnos.
Para eso no se hace un referendum de autodeterminación. Para eso se realizan encuestas y se celebran elecciones a las que se presentan partidos independentistas. No necesitamos hacer un referendum para saber que el sentimiento independentista está extendido entre los catalanes. Lo sabemos ya. Si hacemos un referéndum es porque reconocemos que la soberanía reside en el pueblo catalán. Y eso es incompatible con cualquier constitución española que afirme que la soberanía reside en el pueblo español.
Por tanto, el problema de Cataluña – como el anteriormente planteado por los nacionalistas vascos – no puede resolverse por vía constitucional. La reforma de la constitución no puede incluir una cláusula de secesión. Por eso ninguna constitución del mundo la incluye.
Los casos de Canadá con Quebec y de Escocia con el Reino Unido no son comparables. Ni Canadá ni el Reino Unido son naciones soberanas. Canadá ha reconocido (en alguna medida, no completamente) que Quebec es soberano y está dispuesto a darle la independencia si una mayoría “clara” de los quebequeses así lo quiere. Por eso tendremos referendos en Canadá cada vez que el partido quebecois crea que puede ganarlo. El caso del Reino Unido es aún más claro: el Reino Unido no es una nación. Existe la nación inglesa y la nación escocesa (dudosamente la nación galesa). Inglaterra puede autodeterminarse y separarse de Escocia. Y Escocia puede hacer lo propio respecto de Inglaterra. Por tanto, debería dejar de citarse el caso escocés en la discusión española. España no puede separarse de Cataluña.
De manera que, como los independentistas catalanes no pueden pretender que España no se califique a sí misma como nación; como no pueden pretender que el “pueblo español” no existe, deberían abandonar inmediatamente el demencial proceso de independencia que no se realizará. Esto debería ser obvio para cualquiera: la independencia unilateral de un territorio requiere una revolución violenta o pacífica, pero una revolución. No una reforma constitucional. Requiere una sustitución de la Constitución por dos constituciones para los dos nuevos “pueblos” soberanos.
¿Eso quiere decir que los independentistas catalanes han de renunciar por siempre jamás a sus deseos de constituirse en un Estado independiente? No. Quiere decir dos cosas
La primera es que, mientras sean parte de España han de comportarse con lealtad, lo que excluye todo lo que vienen haciendo los separatistas en Cataluña desde 2012 fuera de la organización de Diadas y demás juegos florales expresivos de ese deseo. Es decir, la sociedad catalana puede expresar libremente su deseo de independencia pero los poderes públicos regionales han de comportarse con absoluta lealtad a la Constitución y los poderes públicos nacionales han de exigir estrictamente el cumplimiento de este deber de lealtad y sancionar a cualquier político que se exceda lo más mínimo en sus competencias y facultades. Ni media broma al respecto.
La segunda es que, como la gente más sensata que se ha ocupado del tema ha dicho (me refiero, por ejemplo, a Moreso o a Cercas), si una amplísima mayoría (no una mayoría clara, no una mayoría absoluta, una amplísima mayoría) de los vecinos de Cataluña manifiestan de forma continuada en el tiempo (décadas) su deseo de independencia, el resto de los españoles tendremos que constatar la evidencia y dejarlos marchar, es decir, sustituir la Constitución por una constitución española donde el pueblo español se defina como comprensivo de los habitantes de la actual España excluyendo a Cataluña.
Esto es inevitable porque somos un país pacífico y no vamos a declarar una guera civil para evitar la secesión. Si todos estamos de acuerdo en que una guerra civil sería peor que la secesión de Cataluña, podríamos avanzar en las características de ese escenario futuro de separación pacífica y de cómo deberíamos comportanos todos entretanto.
Que se requiere una amplísima mayoría es obvio por las razones que ha dado Ignatieff: el daño que sufren el resto de los españoles y los que albergan sentimientos de unión en Cataluña tiene que quedar ampliamente compensado por los beneficios que esperan obtener los independentistas y, dado que se trata de decisiones irreversibles (o muy difícilmente reversibles), hay que asegurarse que se adoptan con una amplísima mayoría de la población a su favor tras un lentísimo proceso que permita asegurarnos de que todos tenemos claro qué es lo que queremos.
Que no hace falta ni es posible convocar un referendum para averiguar qué piensan los catalanes al respecto me parece obvio por las razones que he explicado más arriba. El referendum de autodeterminación debe concebirse como una forma de constatar que existe esa amplísima mayoría, como una ratificación por parte del pueblo catalán de su voluntad de salir de España.
Que, entretanto, los separatistas deben dedicarse a convencer a sus convecinos sin utilizar para ello las instituciones públicas me parece igualmente obvio como concreción del deber de lealtad. Ni la educación, ni los servicios públicos, ni los medios de comunicación públicos pueden utilizarse para fabricar independentistas. Los poderes públicos deben ser neutrales y tan intolerable como “fabricar españoles” a través del sistema educativo es “fabricar catalanes”. Una institución pública catalana no puede falsificar la Historia. Si lo hace, deberían existir recursos judiciales para someter a esa autoridad al Derecho y a la Constitución.
Si los clérigos e intelectuales que están dirigiendo el procès entendieran lo que se ha expuesto hasta aquí, podrían dedicar sus energías a convertir a sus convecinos al independentismo desde la sociedad civil. No desde las instituciones públicas. Y permitir que todas las energías de los que sirven en las instituciones públicas se dirijan a mejorar la vida de los catalanes con lealtad a la Constitución y al resto de los ciudadanos españoles.
Si, entretanto, los partidos políticos catalanes quieren modificar el reparto de competencias o la financiación, darüber darf man streiten, de eso sí que puede hablarse en una eventual reforma constitucional, reforma que ha de hacerse con tranquilidad y mucha expertise. Pero en esa reforma, lo que no cambiará nunca es el art. 1.2: la soberanía reside en el pueblo español.
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