Los siguientes párrafos extraídos del artículo que se cita al final de la entrada nos han parecido muy iluminadores para interpretar el art. 10 de la Constitución Española.
“Como la libertad y la igualdad de todos y cada uno no pueden ser maximizadas simultáneamente, hace falta un principio regulador para optimizar la relación entre las dos primeras. La dignidad es idonea para jugar ese papel.La dignidad humana no es un recurso escaso. Al revés, está distribuido universal y equitativamente. Nadie posee más dignidad que nadie y, en consecuencia, no hay un <<mercado>> de la dignidad humana ni hace falta celebrar concursos para su distribución… ¿Quién estará motivado y en qué circunstancias para actuar en defensa de la dignidad de otro? Como es universal, la responsabilidad para la defensa de la dignidad humana puede estar igualmente difundida. Irónica y terriblemente, sólo en el caso de la dignidad basada en el privilegio podría darse que nadie, más que aquellos con los que tenemos una relación personal, se apreste a defendernos cuando nuestra dignidad se vea amenazada. La democracia es perfectamente compatible con la idea de una dignidad intrínseca a toda la humanidad, pero la dignidad humana no requiere de la democracia. Es más, sus premisas de universalidad y consustancialidad al ser humano significan que no es necesaria una relación particulr entre la dignidad humana y cualquier forma de autoridad política que sea decente y legítima.
La dignidad cívica (añade a la idea de dignidad humana que) está a disposición y se protege por ciudadanos libres que son iguales ante la ley y que tienen oportunidad idéntica de participar en la sociedad civil, en el debate y en la toma de decisiones. La dignidad cívica no es un recurso escaso distribuido en juegos de suma cero ni la poseen todas las personas como una propiedad intrínseca derivada del mero hecho de ser un ser humano. La dignidad cívica coexiste con la dignidad humana y… facilita el reconocimiento de la dignidad humana. Pero, en la medida en que la dignidad cívica implica relaciones políticas y sociales recíprocas y extendidas, no puede reducirse a la dignidad humana.
En el caso de la dignidad cívica, la responsabilidad de un grupo de ciudadanos iguales de mantener la dignidad de todos y de cada uno se especifica en el Derecho y en la cultura política. La responsabilidad mutua es algo que constituye conocimiento común de los ciudadanos. Esto es, yo lo sé y todos vosotros lo sabéis y yo sé que todos vosotros sabéis que yo lo sé etc. Porque la responsabilidad mutua es conocimiento común, cuando yo decido actuar en defensa de otro, puedo asumir que mi decisión y mi acción estará coordinada con la de mis conciudadanos. No estoy, por tanto, poniéndome en la posición de ser explotado por los demás. Y, de nuevo, nuestra dignidad está garantizada por el compromiso racoinal de cada individuo con un sistema que garantiza su propio bienestar.
La responsabilidad del ciudadano que emerge en un régimen de dignidad cívica incluye el respeto y el reconocimiento de los demás. El respeto y el reconocimiento de los demás exigen autocontrol, restringir nuestra conducta. Debemos controlarnos y evitar las acciones que puedan comprometer o dañar la dignidad de los demás, incluso aunque actuar arrogantemente hacia ellos nos produzca satisfacción. Nos contenemos racionalmente y evitamos las conductas arrogantes por tres razones que se solapan entre sí: Primero, porque esperamos un castigo si lo hacemos. Segundo porque nos hemos convencido de que es en nuestro propio interés en el largo plazo prescindir de la gratificación inmediata a costa de otros y, tercero, porque una vez que hemos internalizado el valor de la dignidad y nos hemos acostumbrado, actuar arrogantemente deja de ser una fuente de placer.
La clave de la dignidad cívica en una democracia es, pues, el reconocimiento mutuo de los intereses comunes y la responsabilidad mutua para mantener tal equilibrio benéfico…
La democracia promueve la dignidad cívica por una razón adicional, que tiene que ver con la asunción de riesgos.
Los individuos se diferencian entre sí, entre otros aspectos, porque algunos aceptan asumir un mayor nivel de riesgo que otros. Para llevar una vida digna de personas libres, debemos poder decidir hacer o no hacer algo, en parte, sobre la base de cuánto riesgo queremos asumir. Todos sabemos que el beneficio o el daño potencial derivado de adoptar una decisión determinada depende, en parte, de lo arriesgado de la decisión. Si el juego no está trucado, si el sistema es justo, si la información pública que utilizamos en nuestros cálculos es exacta, estaremos dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo porque cuanto mayor sea el riesgo, mayor la ganancia potencial… Nuestra dignidad está garantizada recíprocamente – evitamos la humillación de aparecer como unos pringados – cuando todos tenemos acceso a la información necesaria y relevante para realizar un cálculo razonable de los costes y beneficios potenciales de actuar de una u otra manera. El acceso a la información relevante, información que ha sido proporcionada por todos y para todos es, por tanto, esencial para preservar nuestra dignidad cívica…
De manera que nuestra dignidad se ve amenazada cuando el Estado nos engaña y nos conduce a asumir riesgos que no habríamos asumido si hubiéramos dispuesto de la información adecuada. En segundo lugar, la dignidad cívica se pone en peligro por el paternalismo del Estado dirigido a eliminar todos los efectos de la suerte y el riesgo de nuestras vidas. La dignidad cívica exige que no nos veamos sobreexpuestos a riesgos no elegidos y que nos veamos así por acciones de las autoridades públicas.
(Pero) vivir una vida digna incluye la oportunidad de calcular riesgos sobre la base de la información disponible, tomar decisiones y actuar de acuerdo con nuestras propias decisiones. Un Estado que nos prive de la oportunidad de asumir riesgos calculados, por tanto, asalta nuestra dignidad. Un gobierno paternalista que interviene en nuestras vidas para evitar que asumamos riesgos, efectivamente, nos trata como si fuéramos menores. La defensa de la dignida no elimina la autoridad legítima de la democracia para limitar los riesgos que un individuo asume. Por ejemplo, nuestra dignidad no se ve afectada porque nos obliguen a ponernos el cinturón de seguridad porque se trata de una imposición muy leve con beneficios muy obvios. Pero la dignidad cívica limita el ámbito de la autoridad democrática. En la medida en que una regulación dirigida a limitar los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos se desliza al paternalismo, se puede considerar con razón como un asedio ilegítimo a nuestra dignidad cívica.
La dignidad cívica está basada en la igualdad, pero limita lo que unos gobernantes paternalistas movidos por el igualitarismo pueden hacer… la dignidad cívica requiere de un gobierno democrático proporcionar a todos los ciudadanos con recursos que les permitan asumir riesgos y participar, como ciudadanos, en la vida común.
Las políticas redistributivas que garantizan a todos… comida adecuada, seguridad física, educación, asistencia sanitaria, promueven la dignidad al incrementar las posibilidades de todos y cada uno de los ciudadanos de adoptar decisiones, de asumir riesgos calculados y de participar en la vida política. Es más, al expandir las oportunidades para asumir riesgos calculados, la provisión pública de los bienes necesarios para llevar una vida digna, respeta e impulsa la diversidad humana y, con ello, incrementa nuestro acervo de bienes públicos… lo que es un argumento en contra de las formas más exageradas de libertarianismo de mercado. Desde esta perspectiva, la dignidad cívica limita la libertad individual en favor de la redistribución dirigida a asegurar la igualdad necesaria para que los ciudadanos puedan decidir libremente y participar plenamente en los asuntos comunes”J. Ober, Democracy and Dignity
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