foto: Pedro Fraile
La resolución aborda si pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión. El registrador había rechazado la inscripción porque entendía que, para ejercitar los derechos de socio, era necesario acreditar previamente quiénes eran los herederos mediante el correspondiente título sucesorio y justificar adecuadamente la transmisión de las participaciones.
La DGSJFP estima el recurso y revoca esa calificación.
Los hechos son sencillos. El socio único y administrador único de Mármoles Orfemar, S.L.U. falleció siendo titular ganancial de todas las participaciones. Pocos días después comparecieron la viuda y los dos hijos conocidos del causante y documentaron acuerdos por los que se tomaba razón del fallecimiento del administrador, se modificaba el sistema de administración y se nombraban dos administradores solidarios. Además, afirmaban que las participaciones habían quedado integradas en la comunidad postganancial surgida tras la muerte del socio y que dicha comunidad había designado a la viuda para el ejercicio de los derechos de socio conforme al artículo 126 LSC.
La recurrente construye una argumentación extensa basada en la distinción entre la comunidad hereditaria y la comunidad postganancial. Sostiene que no se había producido aún una transmisión individualizada de las participaciones a herederos concretos, porque ni se había liquidado la sociedad de gananciales ni se había partido la herencia. Por tanto, no tenía sentido exigir la acreditación completa de la sucesión para permitir el funcionamiento de la sociedad. Lo relevante era que existía una masa patrimonial común titular del paquete de participaciones y que, conforme al artículo 126 LSC, había designado una persona para el ejercicio unitario de los derechos sociales. La recurrente invoca especialmente la idea de que dicho precepto pretende evitar que los conflictos internos de una comunidad de titulares paralicen la vida social.
La DGSJFP no basa su decisión en toda esa construcción dogmática sobre la comunidad postganancial. Su razonamiento es más directo y se apoya en su doctrina previa sobre la constitución de las juntas generales y el alcance de la calificación registral. Recuerda que la legitimación para asistir y votar corresponde a quien ostenta la titularidad de las participaciones y que corresponde al presidente de la junta apreciar quién está legitimado para participar en ella. También recuerda que el registrador no está absolutamente vinculado por las declaraciones del presidente, pero sólo puede desconocerlas cuando exista una situación objetiva de conflicto o contradicción patente que impida tener por válidamente constituida la junta. Cita como ejemplos juntas contradictorias, libros registro incompatibles, listas de asistentes discrepantes o privaciones arbitrarias del derecho de voto.
En las sociedades anónimas se está a sus propias normas reguladoras en el supuesto de acciones nominativas (artículo 116), o representadas por anotaciones en cuenta (artículo 118.3).Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes a la junta general (artículos 191, 192 y 193), para lo que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros y que pueden ser tanto estimatorias como desestimatorias (como ocurre a la hora de apreciar la existencia de representación de socios u otras circunstancias similares). El Centro Directivo tiene declarado en una dilatadísima doctrina (vid., por todas, la Resolución de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la junta, lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio –o de representante del mismo, como ocurre en caso del presente recurso–, declaración frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil). Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar (artículo 102.1.4.ª del citado reglamento).
No obstante, también es doctrina reiterada del citado Centro Directivo que, aun cuando en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 de enero de 1991, 13 de febrero de 1998, 31 de marzo de 2003 y 5 de agosto de 2013).
De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradictoria con la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse. Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (Resolución de 20 de diciembre de 2012), o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) o dos libros registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho de voto (Resolución de 24 de octubre de 2016); y también cuando se prescinde de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido mientras no se haya consumado el ejercicio por los socios sobrevivientes del derecho de adquisición preferente establecido en su favor por los estatutos (Resolución de 23 de julio de 2019), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta.
La junta quedó constituida con la asistencia de las personas que agotaban la totalidad de los intereses correspondientes a las participaciones sociales. Añade que incluso designaron un representante a los efectos del artículo 126 LSC, aunque ello ni siquiera era imprescindible para resolver el caso. A partir de ahí afirma de forma categórica: «No existe motivo alguno para entender que la junta general no se haya debidamente constituida».
La razón decisiva es que las participaciones sociales no son objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Por ello, la regularidad de su transmisión no forma parte, con carácter general, del ámbito de calificación del registrador. La resolución afirma expresamente: «No siendo objeto de inscripción en el Registro Mercantil las participaciones sociales (artículo 22.2 del Código de Comercio), la regularidad de su transmisión no es objeto de calificación por el registrador». En consecuencia, el registrador no podía denegar la inscripción de los acuerdos sociales exigiendo la acreditación de la correcta transmisión de las participaciones o de los derechos derivados de ellas.
Los poderes del presidente de la junta es una materia que merecería un trabajo monográfico (v., El presidente de la Junta, Almacén de Derecho, 2018; Op Ed: La facultad de proclamar adoptado un acuerdo y la carga de impugnarlo, Almacén de Derecho, 2021; La paradoja de Condorcet y los poderes del presidente de la junta, Derecho Mercantil, 2023; Los poderes del presidente de la junta para comprobar la regularidad de las representaciones para asistir, Derecho Mercantil, 2021; Representación para asistir a la Junta: abusa de su posición el presidente de la Junta que niega la legitimación a sabiendas de que es el representante legal del socio, Derecho Mercantil, 2013; Las facultades del presidente de la Junta de socios y los efectos sobre la impugnación de los acuerdos; Potestades del presidente de la Junta y potestades del registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2017; La comunidad hereditaria como socio y el control de la asistencia a la Junta por el registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2015; Javier Megías, El presidente del consejo de administración, Fernando Marín de la Bárcena, Formación y eficacia de los acuerdos sociales; 2008; Mónica Fuentes Naharro, Análisis jurídico de la figura del presidente de la junta general de las sociedades de capital, Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 960, 2020, págs. 12-12
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