Google, filial de Alphabet, gestiona desde 2003 una plataforma digital de intermediación publicitaria en línea denominada AdSense. En este contexto, Google ha desarrollado diversos servicios, entre los que destaca un servicio de intermediación de publicidad en motores de búsqueda en línea denominado AdSense for Search («AFS»).
AFS permite a los editores de páginas web con motores de búsqueda integrados incluir publicidad relacionada con las búsquedas en línea a través de Google Search cuando los usuarios realizan búsquedas en dichas páginas web. De ese modo, el editor del sitio web podía obtener una parte de los ingresos generados por la visualización de la publicidad. Para utilizar AFS, dichos editores podían negociar con Google un «Acuerdo de Servicios Google» (Google Services Agreement; «ASG») para una o más de sus páginas web. Sin embargo, los modelos de ASG utilizados por Google desde marzo de 2009 contenían cláusulas que restringían o prohibían que se mostrara publicidad de servicios competidores de AFS.
A raíz de varias denuncias, la Comisión Europea incoó en julio de 2016 un procedimiento en relación con tres cláusulas incluidas en los ASG («cláusula de exclusividad», 1 «cláusula de ubicación» 2 y «cláusula de autorización previa») 3 y comunicó a Google que dichas cláusulas podían constituir un abuso de posición dominante. En septiembre de 2016, Google dejó de aplicar dichas cláusulas o las modificó.
Mediante Decisión de marzo de 2019, la Comisión determinó que, durante el período comprendido entre 2006 y 2016, debido a la aplicación de dichas cláusulas, Google había cometido tres infracciones distintas de la normativa de competencia de la Unión, 4 las cuales constituían, en su conjunto, una infracción única y continua. Por ello, impuso a Google —en parte de forma solidaria con Alphabet— el pago de una multa por importe de casi 1 500 millones de euros.
Google y Alphabet interpusieron un recurso de anulación contra dicha Decisión ante el Tribunal General. Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2024, el Tribunal General declaró la nulidad 6 de dicha Decisión por haber examinado de forma insuficiente las circunstancias pertinentes del caso concreto, en particular la duración del vínculo contractual, y, por lo tanto, por falta de prueba de las infracciones.
La Comisión solicitó al Tribunal de Justicia a raíz de ello que anulara dicha sentencia y desestimara el recurso de primera instancia en la medida en que Google y Alphabet negaban que las cláusulas controvertidas fueran susceptibles de haber restringido la competencia entre el 31 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2015.
En sus conclusiones, la Abogada General Juliane Kokott propone que se anule la sentencia recurrida y se devuelva el asunto al Tribunal General.
Según la Abogada General, el Tribunal de Justicia ha reconocido varios criterios para examinar y acreditar la existencia de efectos de exclusión del mercado en perjuicio de los competidores cuando se derivan de vínculos contractuales que una empresa en posición dominante impone a sus clientes («criterios Intel»). Entre ellos está también la duración del vínculo contractual.
La Abogada General considera que, si bien es cierto que la obligación de la Comisión de examinar y demostrar una conducta abusiva de tipo excluyente abarca todas las circunstancias pertinentes del caso concreto, el Tribunal General dedujo erróneamente de ello que dicha obligación de examen no solo alcanzaba a la valoración global de los distintos criterios de Intel como tales, incluida la duración del vínculo contractual, sino que, en relación con cada uno de dichos criterios, era necesario un análisis especialmente detallado de todas las circunstancias pertinentes, cuya no realización podía dar lugar, por sí sola, a la anulación de la Decisión controvertida. La Abogada General entiende que, de ese modo, el Tribunal General impuso requisitos excesivos en cuanto al alcance del análisis del criterio de la duración y no puso suficientemente en relación el resultado de dicho análisis con la valoración de los demás criterios de Intel o no lo ponderó en su contexto global.
En efecto, en lo que respecta al resto de los criterios de Intel, el Tribunal General había concluido que las cláusulas controvertidas eran, en principio, idóneas para producir los efectos de exclusión constatados en la Decisión impugnada, y que la Comisión había cumplido su obligación de prueba a este respecto. No obstante, según la Abogada General, el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando cuestionó ese resultado al considerar que la Comisión no había tenido en cuenta ni examinado suficientemente la duración de la vigencia de los ASG o la existencia de un derecho de rescisión unilateral.
La Abogada General estima que es erróneo exigir a la Comisión un examen y una valoración detallados de cada uno de los contratos subyacentes y de su aplicación a la hora de determinar si contribuyeron a dichos efectos de exclusión del mercado y en qué medida lo hicieron. En principio, basta con tener en cuenta de forma acumulativa la totalidad de los contratos que son significativos para el funcionamiento de la competencia en el mercado pertinente y su duración respectiva, y con determinar que, habida cuenta de su contenido y de su aplicación por las partes contratantes durante el período en cuestión, dieron lugar o podrían haber dado lugar conjuntamente a los efectos correspondientes, o bien eran susceptibles de haberlos producido. La Comisión se adecuó a dichas exigencias, en particular, en relación con la duración de los distintos ASG y de los vínculos contractuales, pues los observó globalmente y, en parte, utilizó valores medios para evaluar la contribución de las cláusulas controvertidas a los efectos de expulsión del mercado que había constatado.
De modo que la AG pide al TJUE que ordene al Tribunal General revisar su sentencia y examinar las alegaciones de Google que no tuvo en cuenta dado el sentido de su fallo. Seguramente, 1500 millones son una pasada de multa por esas prácticas
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