El IRPF negativo

El IRPF negativo (el contribuyente recibe un pago del Estado en una cantidad superior a la que hubiera pagado en virtud del impuesto) ha sido propuesto por Ciudadanos como una forma de redistribuir renta hacia los sectores más pobres de la población sin reducir los incentivos para trabajar por un sueldo bajo (el que se paga, en general, a las personas sin formación, de acuerdo con los datos empíricos disponibles). En este repaso sobre los avances de la Psicología Económica, Chetty examina el caso del EITC norteamericano, esto es, el programa de “impuesto negativo” que lleva en vigor en Estados Unidos varias décadas. El Ministerio de Hacienda norteamericano transfirió, en 2012 más de 63.000 millones de dólares a casi 28 millones de contribuyentes. Chetty se remite a un trabajo de Allcott de 2014 del que resulta que los contribuyentes “obtienen la máxima cantidad del programa cuando sus ingresos declarados alcanzan el primer tramo del programa que es $8,970 para los solicitantes con un hijo y $12,590 para los solicitantes con 2 o más hijos”.

Y añade que uno de los objetivos primordiales del programa es incrementar la oferta de trabajo de personas con salarios bajos y lograrlo aumentando el salario efectivo que reciben. Los estudios empíricos del programa parecen demostrar que es efectivo, es decir, que la participación en la fuerza laboral de los que obtienen salarios más bajos aumenta, pero los resultados no son definitivos en lo que se refiere a los efectos del programa respecto al “número de horas trabajadas y las ganancias condicionadas al hecho de tener un trabajo”. 

Un estudio posterior con más datos – incluye a 78 millones de contribuyentes – y que aprovecha que algunos Estados han complementado el programa federal añadiendo una cantidad con fondos estatales a la transferida por el Gobierno Federal. El resultado es que, en Tejas, donde el Estado no tiene su “complemento autonómico”, los que solicitan la devolución se concentran en los ingresos que maximizan la cantidad transferida, es decir, que hay un sesgo que lleva a los contribuyentes a declarar exactamente los ingresos que maximizan el importe del impuesto negativo. ¿Quienes pueden manipular los ingresos que declaran? Efectivamente, los autónomos. Los que reciben un salario no pueden hacerlo. Cuando estos individuos cambian de Estado, no cambian su conducta, es decir, siguen manipulando la cifra de ingresos que declaran. La conclusión: es mejor herramienta para analizar los efectos de una política pública tener en cuenta que los destinatarios de la misma no tienen todos la misma información (o incentivos para procurársela) y, por tanto, que sus decisiones “racionales” varían. Y, en términos de evaluación de la política pública, si lo que se pretende es incentivar a los que ganan poco a que, no obstante, trabajen y no a que los autónomos declaren menos de lo que ganan, lo que habría que examinar es qué sucede con los trabajadores por cuenta ajena, que no tienen la posibilidad de falsear sus ingresos – no tantas como los autónomos – y, por tanto, excluir a los autónomos del estudio. 

Al disponer de datos distribuidos por regiones de Estados Unidos, los autores pueden dibujar el contrafáctico, esto es, qué hacen los trabajadores de poca formación y salarios bajos en presencia o en ausencia del programa federal. Para distinguir unos y otros Estados, los autores utilizan el proxy de la información sobre el programa (¿saben los trabajadores que pueden pedir esa subvención?). Sus conclusiones son que el probrama induce a los trabajadores pobres a ganar más, es decir, aumentan los trabajadores que se aproximan al mínimo necesario para obtener la ayuda pública y no se reducen tanto los que pasan a ganar demasiado para poder acogerse al programa por lo que puede decirse que el programa es eficaz, muy eficaz, en elevar la oferta de trabajo, que es el objetivo del mismo. Que la gente conozca el programa y que no pueda manipular la información que facilita para acogerse a él son dos aspectos relevantes en su éxito. Pero, además, parece que añadir información específica para permitir a los interesados aprovechar más el subsidio, no altera los incentivos de los individuos para trabajar más (si, trabajando más horas puede obtener un subsidio mayor). Por lo que los autores proponen que el subsidio se entregue de forma automática a los trabajadores que cobran, por ejemplo, el salario mínimo. Ahora bien, ¿qué efectos tendría esa entrega automática sobre los incentivos de los empresarios para pagar un salario más bajo del que pagarían en otro caso? Si, pero no respecto de todos, porque la cuantía del subsidio aumenta conforme el trabajador gana más, de manera que el empleador tendría que declarar un salario mayor para que el trabajador se beneficiase del mayor subsidio. En todo caso, parece también demostrado que parte de los beneficios del programa se los llevan los empleadores en forma de salarios más bajos.

Otro hecho relevante es que el 25 % de los que podrían participar en el programa de subsidios, no lo hacen porque no presentan la declaración correspondiente. Un estudio sobre estas personas demostró que aumentaban las solicitudes sustancialmente si se enviaba a esas personas información simple sobre el programa de subsidios. ¿Por qué? Puede ser que, en muchos casos, lo que les faltaba era información, no sobre la existencia del programa, sino sobre su carácter de “elegibles” para el subsidio correspondiente. La publicidad institucional, pues, debería sustituirse por información individualizada a los posibles beneficiarios del programa.

Parece que el programa requiere de numerosas mejoras (según dice Warren Buffet) porque hay mucho fraude - supongo que, entre los autónomos - porque se paga anualmente - lo que induce a los más pobres a pedir préstamos a elevados tipos de interés - porque no es suficientemente grande el subsidio y porque sigue habiendo muchos elegibles que no piden el subsidio.

Chetty, Raj. 2015. "Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective." American Economic Review, 105(5): 1-33.