La cartilla de ahorros que Di Salvo abrió para Furnari

Carlo Crivelli, La anunciación

Introducción

Una iniciativa extraordinariamente útil de Rocco Favale y Angelo di Sapio se llama La Biblioteca Giuridica que cuelga en libre acceso a través de academia.edu trabajos y materiales jurídicos en italiano. Italia era el número uno en Derecho en Europa en la primera mitad del siglo XX, junto con Alemania, de manera que podrían mejorar nuestras publicaciones y nuestras sentencias si en vez de leer al último compilador de la información mas banal repasáramos lo que pensaban y decían los juristas del siglo pasado. Especialmente útil es volver a estos textos en materias – casi todas – de Derecho Privado patrimonial. Las construcciones dogmáticas estaban “terminadas” en 1960 de modo que cualquier reconstrucción que se intente hoy, o cualquier construcción de una institución más reciente (piénsese en el cash pooling, en los derivados, en las criptomonedas, en los smart contracts, en los deberes de los administradores en el preconcurso, en las cláusulas abusivas, en los fondos de inversión… ) puede emprenderse con los materiales constructivos elaborados entre 1850 1950. Lamentablemente, la tendencia mayoritaria es la contraria: creer que todo es sui generis y que han de inventarse categorías para cada nuevo asunto incluido por el legislador en una norma. No es así como funciona el Derecho.

El caso

Se trata, en esta ocasión, de una sentencia del Tribunale de Catania de 5 de marzo de 1958 con nota de Giuseppe Bisconti publicada en Banca e borsa, 1959 II, p 100. El resumen de la sentencia es el siguiente:

“La libreta de ahorros, a falta de los requisitos específicos de los títulos de crédito, no puede ser considerada como uno de ellos sino como un documento de legitimación. El banco que ha emitido una libreta de ahorros tiene la obligación de restituir la suma reflejada en la libreta a aquel a cuyo nombre se ha emitido sin investigar, en ningún caso, si el titular de la libreta coincide o no con el efectivo propietario de la suma de dinero”

Dice el Tribunal que, como los títulos de legitimación, la función de la libreta de ahorros es la de “identificar quién tiene derecho a recibir la prestación” que figura en el documento, lo que puede dar lugar a una divergencia entre el que ha efectuado el depósito y el que está legitimado para exigir al banco que se le entregue la suma de dinero. “En el caso, el propietario de la suma es Furnari, que resulta ser el titular de la libreta mientras que su representante, que celebró el contrato con el banco y entregó a este materialmente la suma, es Di Salvo”. Al parecer Furnari era menor y aceptó que di Salvo celebrar el contrato y depositar la suma permitiéndole también que retirara fondos. Dice el Tribunal que, con independencia de las relaciones entre las partes – en las cuales, el dinero corresponderá a quien sea su propietario –, en relación con el banco, “la titularidad de la libreta se configura como indiscutible” título para reclamar de éste la entrega de la suma depositada. Y este efecto simplificador del cumplimiento de las obligaciones que tienen los títulos de legitimación pueden beneficiar tanto al acreedor (que puede probar fácilmente su derecho) como al deudor (al que se simplifica el cumplimiento liberatorio de su obligación). En el caso, que “el banco conociera que existía un pleito entre Furnari y los herederos de Di Salvo en relación con el patrimonio relicto de este no autorizaba al banco a negar la restitución de la suma al titular de la libreta”…

“el titular es Furnari, el depositante Di Salvo y la denominada <<condición>> no sirve para refutar la legítima presunción de titularidad a favor de que Furnari sea también el propietario de la suma depositada, y, por tanto, debe restituírsele”

En fin, un caso de escuela del valor de los títulos de legitimación.

El comentario de Bisconti: el trust

El comentario es desproporcionado. Empieza Bisconti explicando el funcionamiento de la propiedad inmobiliaria feudal en la Inglaterra medieval (muy diferente del modelo romano de propiedad que se construyó en Europa continental) y cómo el tenant podía ver que sus derechos sobre una finca estate pasaban a su señor si el tenant no tenía hijos o tenía hijos menores de edad. En tal caso, el tenant podía recurrir al trust. Transmitía a alguien de su confianza sus derechos y el trustee se obligaba a reintegrarlos a favor del heredero del settlor o a gestionarlos en interés del heredero-beneficiario. De este modo, el settlor se libraba “de las gravosas cargas feudales que pesaban sobre él” y el señor feudal se quedaba sin sus derechos de “relief”, “wardship” y “marriage”. Este es el origen del trust.

A continuación, entra en el caso. y explica que Di Salvo había depositado en 1956 una enorme cantidad de dinero para la época en la caja de ahorros de Catania, se había hecho emitir por esta una libreta de ahorros nominativa a nombre de Furnari y había incluido la siguiente “condición”: “Depósito voluntario realizado por Di Salvo Giuseppe, el cual se reserva la facultad de retirarlo, en vida, confiriendo la facultad al titular de la libreta de retirar solidariamente los fondos sólo tras la muerte de Di Salvo”. Di Salvo murió a los pocos meses de realizar el depósito y la madre de Furnari reclama a la caja de ahorros que le entregue la suma depositada. Bisconti examina el caso considerando que Di Salvo había realizado un acto de disposición mortis causa. Continúa citando a Maitland y cuenta lo siguiente:

¿Es el derecho del beneficiario un derecho real o un derecho obligatorio dirigido principalmente al trustee y sancionado por una protección patrimonial especial? ¿Hay un desdoblamiento de la propiedad en el trust? Históricamente, parece que la protección al beneficiario se limita a la que otorgaban los tribunales de equity, no los del common law. Para éstos, el trust era irrelevante. El derecho de propiedad del trustee era un derecho de propiedad sin restriciones de manera que no había acción del beneficiario por incumplimiento del trustee de poseer la finca en beneficio de un tercero.

Pero la protección otorgada al beneficiario por parte de los tribunales de equity (recuérdese que no será hasta 1878 cuando se unifiquen las dos juridicciones) no significaba que éstos dejaran de considerar propietario al trustee. Simplemente, reconocían las limitaciones impuestas a éste por el settlor en beneficio de otro. Y, lo que ocurre es que el alcance de tal protección se va extendiendo progresivamente y el beneficiario puede exigir el cumplimiento no solo al trustee sino a sus herederos, acreedores y a los que hubieran adquirido la propiedad del trustee conociendo la existencia del trust, conocimiento que podía “construirse” mediante la publicación del carácter fideicomisario de la propiedad.

Respecto del caso,

Bisconti dice que Di Salvo quiso hacer lo que en el common law se denomina un “savings bank trust” que permite “al constituyente, a través de sus poderes de revocación, mantener la absoluta disponibilidad de la suma depositada durante su vida y disponer mortis causa sin tener que respetar las formas del testamento… en ambos casos se trata de una disposición del patrimonio post mortem del disponente… un acto de liberalidad mortis causa. (véase el caso Mazacruz y se comprenderá que también el Marqués de Paul había donado y establecido el privilegio sobre las participaciones que recibiría su hijo Carlos, en todo caso, para después de su muerte y, por lo tanto, tratándose de una disposición mortis causa de sus bienes, era sencillamente revocable como efectivamente se revocó) y que lo que hizo Di Salvo se parece al “totten trust”). Se trata de “un contrato a favor de tercero – acto inter vivos – diseñado en e lcaso concreto para conseguir un fin atípico, esto es, llevar a cabo un acto de liberalidad mortis causa” lo que obliga a examinar si se han cumplido las normas relativas al negocio jurídico celebrado – contrato a favor de tercero – y acto de disposición mortis causa.

Critica así la sentencia del Tribunale de Catania que, como se ha explicado, consideró que Di Salvo estaba actuando por cuenta de Furnari. No, dice Bisconti. La “causa” del negocio jurídico con el banco era la de donación mortis causa. Y es el régimen de las donaciones mortis causa el que ha de aplicarse. Así se deduce del tenor literal de la “condición” que refleja claramente que Di Salvo estaba actuando por cuenta propia, no en representación de Furnari. Pero, para la solución del caso, no es importante porque el Tribunale se limita a la relación entre la Caja de Ahorros y Furnari.

¿Es nulo el negocio por no tener la forma testamentaria? No en Derecho español (art. 620 CC). Y, como resulta del art. 620 CC – y para Bisconti de su carácter de negocio a favor de tercero -, la consecuencia más relevante es que Di Salvo podía revocarlo (art. 1412 Codice civile). Esto se deduce de que Di Salvo se había reservado el derecho a retirar los fondos depositados libremente. Esta calificación es discutible a la vista de la conducta de Di Salvo. Las partes del contrato de depósito irregular o de servicio de caja son el banco y Di Salvo. Y de la condición se deduce, más bien, que Di Salvo quería donar a Furnari los fondos que hubiera en el depósito tras su muerte, no que quisiera celebrar un contrato de depósito como representante – esto es, por cuenta – o en beneficio de Furnari. La calificación como donación mortis causa parece por eso más correcta.