La falta de tradiciones constitucionales y la excesiva confianza en el BOE ha perjudicado al sistema democrático porque ha incrementado su rigidez y reducido su capacidad de experimentación. Sería deseable que los dos partidos que pueden gobernar ensayaran soluciones a los problemas que la Constitución no prefigura completamente.
Por ejemplo en el tema de la elección de los miembros del Consejo general del poder judicial o del Tribunal Constitucional, los dos partidos mayoritarios que han de ponerse de acuerdo para elegirlos porque se requiere una mayoría de 3/5, podrían, en lugar de repartirse los puestos en proporción a su representación parlamentaria, iniciar una tradición experimental.
Imaginemos que el PP propone al PSOE que ambos voten para el CGPJ a los candidatos que resulten de una selección por sorteo de los 20 que han de elegirse entre todos los magistrados que tengan al menos 15 años de antigüedad. Pueden probar este sistema durante una o dos elecciones de vocales del Consejo y ver cómo funciona. Si funciona bien pueden convertirlo en una tradición constitucional y eventualmente reformar la ley orgánica para introducirlo en ella, y si funciona mal pueden intentar otro sistema.
Con el tribunal constitucional por ejemplo podrían simplemente acordar nombrar aquellos vocales que vengan refrendados por una comisión de notables seleccionados para que propongan una terna para cada puesto que haya de ser cubierto. Esta comisión de notables podría estar formada por alguno de los ex-abogados generales del TJUE nombrados por España.
Si la idea de que sea una comisión de notables la que proponga nombres para el Tribunal Constitucional funciona bien, podría utilizarse también para los nombramientos de los presidentes y vocales de las agencias independientes (CNMC, CNMV, DGS, BdE)
Y, para seleccionar a los representantes de la administración en empresas participadas por el Estado, también cabría iniciar una tradición experimentando: el gobierno podría renunciar a nombrar al presidente o al consejero delegado en las empresas públicas o participadas por el Estado. Podría comportarse respecto de todas ellas como un inversor institucional esto es un inversor pasivo que no determina la política de la empresa. Podría aprobarse durante una década y si funciona bien elaborar una norma legal que obligará a los gobiernos sucesivos atenerse a esta práctica.
Estoy seguro de que podrían iniciarse tradiciones constitucionales en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en las relaciones entre el Estado y las CCAA. Podría plantearse un protocolo de actuación cuando una Comunidad Autónoma ponga en vigor una ley respecto de la cual pueda haber dudas sobre su encaje competencial. Podría establecerse la tradición de que esa norma fuera enviada, cuando se encuentre en fase de proyecto al Gobierno central acompañada de un memorando justificativo de la competencia de la Comunidad y que el Gobierno central pudiera utilizar, por ejemplo, al Consejo de Estado para evaluar su constitucionalidad etc.
Eventualmente, y para sujetar a los futuros gobiernos habría que introducir las tradiciones exitosas en la Constitución
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