Rubén Amón ha explicado en esta columna que el Gobierno ha actuado chapuceramente pero que el Vaticano ha sobreactuado en la “rectificación” que le ha arreado a Carmen Calvo y que debería haber limitado el “castigo” al Gobierno socialista por sus pecados pasados, limitación que debería haber llevado al Papa Francisco a prohibir la instalación en la Almudena del cadáver de Franco.
El problema es que el Gobierno y toda la izquierda social y mediática aplaudieron con las orejas la iniciativa de exhumar a Franco y hacerlo por Decreto-Ley dada la extraordinaria y urgente necesidad de que el antiguo dictador no estuviera enterrado en un lugar preferente de un monumento a la Guerra Civil – a la Cruzada, en palabras de Santos Juliá –. Cuando la derecha y el centro dijeron a los socialistas que ni la cosa era urgente ni era bueno hacerlo con prisas y sin un estudio completo de las medidas a tomar, incluyendo el destino definitivo de Franco y del monumento del Valle de los Caídos; cuando pidieron un proyecto de ley que tuviera en cuenta el análisis realizado por la Comisión de Expertos etc, la izquierda los acusó de flirtear con la ultraderecha y ofender la memoria de las víctimas de Franco.
El Vaticano hace bien en decirle al Gobierno que haga lo que le parezca. Que la Iglesia tiene un contrato con la familia de Franco y que, en principio, debe cumplirlo. Que la Iglesia va a cumplir, naturalmente, la Ley española. Y que si Carmen Calvo quiere que por la tumba de Franco no pueda acercarse nadie, tendrá que hacer algo mucho más incisivo que convencer al Vaticano para que no lo entierren en la Almudena y que modificar la Ley de Memoria Histórica –como hizo en el Decreto Ley – para decir que en el Valle de los Caídos no puede estar. Tendrán que decir en una ley “singular” para los restos de Franco que el cadáver de Franco tiene que estar escondido en un lugar al que no tenga acceso el público, lo que excluye no solo a la Almudena sino cualquier cementerio público. De otro modo no se podrá evitar que se convierta en lugar de peregrinación de franquistas y de curiosos en general. Una decisión semejante requiere de una revisión mucho más profunda de todo lo relacionado con el franquismo que la que supuso la Ley de Memoria Histórica. Franco murió en su cama. Si hubiera muerto ejecutado, el Gobierno podría haber hecho con los restos lo que hubiera querido. Cuarenta años después, resulta muy difícil actuar como si Franco hubiera sido ejecutado.
Y la lección más general es que todas las medidas adoptadas – en realidad, propuestas – por este gobierno adolecen de defectos parecidos: falta de preparación técnica y sectarismo. Todo antes de suscitar el acuerdo por parte de los partidos a la derecha del PSOE.
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