‘El país, inagotable en su clemencia ha concedido a los revoltosos, indulto tras indulto, amnistía tras amnistía; hora es ya de que los revoltosos concedan su indulto, su amnistía, al país’

 Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero fueron condenados e internados en el penal de Cartagena, la foto es de Campúa 1918

Los vocales de la UGT se negaron a reintegrarse en el Instituto de Reformas Sociales porque su presidente, Azcárate, había propuesto a Eza, el exministro conservador de Fomento, para sustituirle. Los concejales del PSOE adoptaron una actitud similar: no asistirían a los plenos municipales sin una amnistía y sin que Cierva, sobre el que mantenían un veto similar al de Maura y Dato se marchara del ministerio de la Guerra. Los socialistas no se conformaban con un indulto, que implicaba aceptar la culpabilidad de los condenados y les impedía, al subsistir la inhabilitación, ser elegidos para ocupar cargos públicos. Para los socialistas, nadie más que los ministros del Gobierno conservador (el gobierno de Eduardo Dato que estaba al cargo durante la huelga de agosto de 1917) eran los responsables de la huelga revolucionaria. Como adujeron Iglesias, Álvarez y Lerroux en un comunicado conjunto el 29 de noviembre, el indulto era una ‘solución equívoca y vergonzante’ y ‘constituiría un verdadero agravio a la opinión liberal, la que, lejos de quedar agradecida, se mostraría indignada’. Solo cabía la amnistía como ‘obra de reparación y justicia’. 

El Gobierno, favorable al indulto, estaba dividido ante la amnistía. Coincidían en que las penas debían conmutarse, porque consideraban un agravio condenar a los insurrectos de agosto mientras se dejaba impunes a los junteros (se refiere a las juntas de defensa del arma de infantería que se habían plantado ante el gobierno y el rey exigiendo cambios en el primero y el final del “turno” entre el partido conservador y el liberal que había sido la base del sistema político de la Restauración y cuya conducta equivalía a una rebelión ‘pacífica’ de los militares respecto del poder político) sublevados el 1 de junio. Cierto que esta rebelión había sido incruenta, pero había abierto la puerta los trastornos revolucionarios del verano (porque los promotores de la huelga revolucionaria – socialistas y anarquistas – creyeron que los nacionalistas catalanes y los militares sobre todo, se pondrían del lado de los huelguistas y no de la fuerza pública cuando se tratase de sofocar la huelga)... García Prieto (presidente del consejo de ministros), secundado por el ministro de Justicia, Fernández Prida, se negaba (a la amnistía) porque las amnistías debían ser votadas por el Parlamento. Al presidente le preocupaba, además, la actitud levantisca de los socialistas, que se negaban a renunciar a la vía revolucionaria. ‘El país, inagotable en su clemencia – aducía La Vanguardia –, ha concedido a los revolucionarios indulto tras indulto, amnistía tras amnistía; hora es ya de que los revoltosos concedan su indulto, su amnistía, al país’.

Roberto Villa García, 1917. El Estado catalán y el Soviet español, Madrid 2021, pp 505-506