El peor escenario para los responsables políticos es que las disparidades estén impulsadas por la discriminación 2 (animus). En este caso, las sanciones legales por no contratar a personas debido a sus antecedentes penales pueden ser eficaces, pero sólo si pueden aplicarse lo suficientemente bien como para no dar lugar a consecuencias no deseadas (por ejemplo, aumentar la discriminación estadística contra los hombres negros). No está claro que esto sea posible en la práctica.
Subvencionar los salarios de las personas con antecedentes penales para superar los costes percibidos por los empleadores al contratarlas también puede ser eficaz, pero la base de pruebas existente (aunque escasa) sugiere que tales subvenciones deben ser mayores que los incentivos fiscales que existen actualmente (
… Si los empleadores incurren originalmente en la discriminación 1a (discernimiento preciso de las diferencias individuales) o 1b (discriminación estadística), entonces tenemos más opciones. Las intervenciones que abordan directamente las preocupaciones de los empleadores probablemente reducirán las disparidades existentes y evitarán las consecuencias imprevistas que tienen las políticas como la BTB.
Una posible fuente de discriminación 1b es la preocupación de que un empleado pueda cometer un delito en el trabajo; en ese caso, los antecedentes penales podrían parecer una bandera roja que el empleador debería haber notado, poniéndolo en riesgo de una demanda por contratación negligente
(culpa in eligendo) en la que se pida al empleador que indemnice el daño sufrido por la víctima del delito cometido por el trabajador con antecedentes penales. En tal caso, la política sensata podría ser la de eximir legalmente al empleador del riesgo de incurrir en responsabilidad civil frente a los terceros dañados por la conducta delictiva del trabajador, trasladando tal responsabilidad al Estado o permitiendo a los dañados recurrir a un fondo para las víctimas de delitos en general, especialmente, si esta transferencia de la responsabilidad se aplica a los casos en los que el empleador ha pedido al trabajador la presentación de un certificado de rehabilitación por parte de los tribunales.
Pero a los empleadores, lo que puede preocuparles más es que los antecedentes penales sean un indicio de otras características individuales del trabajador que no son fáciles de percibir pero que afectan a la productividad del mismo:
(por ejemplo, la fiabilidad y las habilidades interpersonales). En tal caso, podríamos imaginar políticas que proporcionen más información sobre esas características, permitiendo así a los empresarios distinguir entre los solicitantes con antecedentes que son idóneos para el trabajo y los que no lo están.
Según el tipo de empleo, un elemento “informativo” como los antecedentes penales puede ser más o menos indicativo de la futura productividad del trabajador, de manera que el problema puede abordarse como uno de “matching” o de emparejamiento entre el trabajador y el empleador. En este ámbito, cursos de formación de cierta intensidad y duración permitirían obtener la información que “confirme” o refute el “indicio” que representan los antecedentes penales.
En particular, las políticas de “desegregación”
La autora refuta el pesimismo de Sowell respecto de las políticas de “desegregación”. Por ejemplo, obligar a los niños a ir al colegio en el autobús escolar evita que éste sea utilizado solo por los niños negros mientras que los blancos van en el coche paterno o materno. Según Doleac, estas políticas han mejorado los rendimientos a largo plazo de los escolares negros y no parecen haber dañado a los demás. Sería interesante aplicar estas políticas en las escuelas españolas en las que parece haber una elevada segregación económica y étnica. Así, en Madrid, la primera y en el País Vasco la segunda, propiciada por los distintos modelos lingüísticos que ha llevado a los hijos de inmigrantes a concentrarse en escuelas que imparten el modelo A – castellano como lengua vehicular – y a los “nacionales” en el modelo que tiene el vascuence como lengua vehicular. Mientras que la “desegregación” económica exige, o bien reducir la libertad de los padres para elegir el colegio, o bien incentivar poderosamente que los hijos de los más cultivados y más pudientes vayan a escuelas de zonas residenciales más pobres, la desegregación provocada por el vascuence debería combatirse haciendo vehiculares las dos lenguas y renunciando a la inmersión de modo que los hijos de inmigrantes pudieran asistir a las mismas clases que los hijos de nacionales sin verse perjudicados por el hecho de estudiar en una lengua que no es la suya materna.
Doleac explica que en los EEUU
El hecho de que muchos padres blancos trasladaran a sus hijos a otros distritos o a escuelas privadas cuando se “desegregaron” sus escuelas públicas locales es importante, pero el efecto neto es una cuestión empírica. Es posible, a priori, que esas respuestas de comportamiento de las familias blancas anulen cualquier esfuerzo de la Administración Pública o que la desegregación perjudique a los estudiantes blancos de forma que "anule" los beneficios para los estudiantes negros desde la perspectiva de un planificador social. Esta es una buena razón para evaluar los impactos netos de estas políticas, pero es alentador encontrar que los estudios existentes no apoyan estas preocupaciones. Aunque controvertidas, las políticas de desegregación parecen haber sido extremadamente eficaces, y su retroceso parece haber tenido consecuencias perjudiciales.
Y que los incentivos para cambiar de barrio – ofreciendo cheques a los padres para adquirir una vivienda en un barrio mejor – funcionan en lo que se refiere a mejorar las expectativas de los hijos menores. También lo hacen las políticas de “acción positiva” en la contratación laboral con personas negras. Dice Doleac que, incluso después de suprimidos los incentivos o las cuotas, los empleadores contratan más personas negras que antes de ejecutarse la política correspondiente.
La inversión inicial de la empresa en la contratación de candidatos pertenecientes a minorías -impulsada por la acción positiva- puede entenderse como una inversión en una mejor tecnología de selección del personal
porque elimina los efectos ineficientes de la discriminación estadística y permite a la empresa entrar en una espiral “virtuosa” en la que la mayor presencia de individuos pertenecientes a la minoría discriminada en toda clase de puestos de trabajo en la empresa reduce la “desegregación” y facilita la entrada y la promoción de sus miembros a la vez que eleva la “autoestima” y la inversión en su propia formación por parte de dichos miembros de minorías hasta entonces discriminadas. Al respecto, Doleac resume los estudios disponibles sobre los efectos de la “acción positiva” diciendo que no se ha demostrado que perjudiquen la productividad de las empresas o que obliguen a éstas a elegir a peores candidatos y rechazar a los mejores. Y la razón es que
las cuotas pueden aumentar el número y la calidad de los solicitantes de los grupos minoritarios (mujeres, negros) que se presentan, anulando así cualquier efecto negativo sobre la productividad. En algunos casos hay importantes ganancias de productividad: Miller y Segal (2019) descubrieron que el aumento de la proporción de mujeres policías incrementaba la denuncia de incidentes de violencia doméstica y reducía la escalada de la violencia doméstica (reduciendo las tasas de homicidio de la pareja). No hubo pruebas de pérdidas de productividad en cuanto a las investigaciones o la incidencia de otros tipos de delitos. McCrary (2007) también encontró pruebas sugestivas de efectos beneficiosos: el aumento de la proporción de agentes de policía negros en un departamento redujo las detenciones de residentes negros (un grupo que a menudo está sobrevigilado), sin efecto perjudicial en los índices de delincuencia
Y con las cuotas de mujeres en puestos de elección política ocurre algo parecido: no desplazan a mujeres más competentes, desplazan a hombres más mediocres y obligan a los varones a “repensar” sus prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para gobernar al grupo.
La conclusión
… muchas intervenciones bien intencionadas fracasan. Pero los economistas estamos en una posición única para avanzar en este ámbito… Somos expertos en las fuerzas del mercado, incluyendo los fallos del mercado… entendemos cómo los incentivos afectan al comportamiento…. Cuando oímos hablar de alguna nueva política o mandato que impone un coste o cambia la información disponible, nuestra inclinación natural es preguntar: "¿y entonces qué pasa?". ¿Cómo responden los actores, dadas sus preferencias e incentivos preexistentes? Este enfoque en las elecciones e incentivos de los individuos proporciona una lente teórica única que aporta importantes conocimientos a las discusión pública sobre cómo reducir la discriminación y las disparidades…
Los economistas también somos conocidos por nuestro conjunto de herramientas empíricas y (en relación con ello) nuestra obsesión por identificar los efectos causales…
En conjunto, estas habilidades significan que los economistas están en una posición única para (i) diseñar intervenciones políticas que puedan reducir las disparidades, y (ii) probar si esas intervenciones funcionan.
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