El régimen de impugnación de los acuerdos sociales en la propuesta de reforma de la LSC

Nota de Jesús Alfaro: la entrada que sigue, como esta y esta, han sido redactadas por alumnos de la doble licenciatura de Derecho y CC.PP de la UAM

Por Sergio Riera Díaz

En mayo de 2013, se acordó en Consejo de Ministros la creación de una comisión de expertos en materia de gobierno corporativo, con el propósito de que se analizase la situación del gobierno en las sociedades españolas y de que se propusieran medidas para mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades y alcanzar así parámetros altos de buen gobierno. Una de las muchas medidas que ha planteado la Comisión es la modificación del actual régimen de impugnación de los acuerdos sociales (v., en general, aquí y aquí).

El actual régimen de impugnación, invariado desde 1951, adolece de graves fallos, siendo uno de ellos la distinción que realiza entre acuerdos nulos y anulables. El artículo 204 LSC distingue entre acuerdos nulos y anulables, siendo nulos los contrarios a la ley y anulables los contrarios a los estatutos o el interés social. Estos acuerdos pueden impugnarse, pero tal acción está sujeta a un plazo de caducidad muy corto en el caso de los acuerdos anulables (40 días) y de un año en los nulos (si vulneran el orden público, el derecho a impugnarlos no prescribe). Tal y como dice el profesor Paz-Ares, que un acuerdo sea nulo y tenga un plazo para impugnarse supone una contradicción en los términos.

La propuesta de la Comisión – recogida en el Anteproyecto de Ley - elimina acertadamente la distinción entre acuerdos nulos y anulables, sustituyéndola por acuerdos impugnables y no impugnables. Los acuerdos que vulneren el orden público serán nulos y el derecho a impugnarlos imprescriptible. El resto (los que vulneren la ley, los estatutos o el interés social) tendrán un plazo de un año para impugnarse si se trata de una sociedad cerrada y tres meses si se trata de una cotizada. La impugnabilidad se extenderá también a los casos de vulneración de los reglamentos internos de la sociedad.

El actual régimen de impugnación es también insuficientemente protector de los socios. Por un lado falla por defecto, ya que el socio minoritario no se ve eficazmente protegido. Por otro lado, falla por exceso, ya que permite impugnaciones no razonables que pueden situar a la mayoría social bajo la extorsión de la minoría. La forma de aumentar la protección del accionista minoritario que contempla la Comisión pasa por ampliar el alcance de la expresión “interés social”, para que los accionistas minoritarios encuentren más facilidades para alegar su vulneración e impugnar el acuerdo. Tradicionalmente, el “interés social” ha sido un concepto que venía interpretándose jurisprudencialmente de forma muy estricta, dejando fuera decisiones mayoritarias que, aunque no afectan negativamente al interés de la sociedad, perjudican los intereses de los accionistas minoritarios. Por ejemplo, una ampliación de capital en una sociedad cerrada que diluye a los accionistas minoritarios a favor del mayoritario no sería contraria al interés de la sociedad, a pesar de que los socios minoritarios se vieran perjudicados. Con la próxima reforma de la LSC, una medida de este tipo se considerará, en su caso, lesiva del interés social.

La nueva normativa también corregirá los fallos por exceso restringiendo la legitimación activa para impugnar. Con el régimen actual, tienen legitimación para impugnar los socios y los administradores, además de cualquier tercero con interés legítimo si el acuerdo es nulo. Además cualquier accionista, aun teniendo una sola acción, puede impugnar un acuerdo social basándose por ejemplo en cuestiones procedimentales. La propuesta de la Comisión pretende garantizar la “seriedad” de la impugnación. Para ello, en primer lugar, se reserva la legitimación para impugnar únicamente a los socios. En segundo lugar, se impone una barrera mínima de porcentaje de capital total que el socio ha de poseer para impugnar. En las sociedades no cotizadas hará falta poseer un 1% del capital, y en las cotizadas un 0,1%. Se trata de una cifra más que razonable, pues por lo menos en las sociedades no cotizadas, encontrar un socio que no llegue al 1% es muy inusual. De todos modos, el socio que no llegue a esa cifra podrá acudir a los tribunales para que la sociedad le compense por los daños que se le hayan podido ocasionar. Así se protegen sus intereses sin poner en tela de juicio innecesariamente los acuerdos sociales

También se restringen las causas de impugnación. No procederá la impugnación de un acuerdo sobre la base de motivos procedimentales; de la infracción del derecho de información (cuando no haya sido relevante para emitir el voto); de la participación de personas no legitimadas (salvo que su papel sea relevante, por ejemplo para formar quórum) o de error en el cómputo de los votos salvo que el error sea relevante para la formación de la mayoría.

Esta reforma se hace necesaria para ganar eficiencia decisional en las sociedades y para preservar la seguridad del tráfico jurídico, así como la validez de los acuerdos sociales y la seguridad jurídica. Todo ello sin menoscabo de la protección de los socios minoritarios, por lo que se perfila como una buena herramienta para avanzar por la senda del buen gobierno corporativo.