El otro blog para cosas más serias

El otro blog para cosas más serias
El otro blog para cosas más serias

viernes, 20 de julio de 2018

Enlaces del viernes

DiRolWUUEAAgqKv



“Por cada aumento de un dólar en sus ingresos del 40 % más pobre, el 10 % más rico ganó 34 dólares, de los cuales, 22 fueron a parar al 1 % más rico”.

El gráfico es de Branko Milanovic y la frase de @ThomasPogge




El capitalismo es inevitable en sociedades de cierto tamaño: ubi magna societas, ibi capitalismo


I am not saying “capitalism is natural”! I did not make any ‘Smithian’ argument! Indeed some kind of “primitive communism” (or gift exchange economy) may be ‘natural’ in small-scale societies. But the issue is scalability!

Pseudoerasmus




Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer

"Gongsun Hei es guapo, sin duda, pero You Chu es varonil. El hombre ha de ser varonil y la mujer, femenina, así es como debe ser. De modo que la joven eligió a You Chu como marido”

Having watched from her bedchamber, the girl said, “Gongsun Hei is handsome, to be sure, but You Chu is manly. For the man to be manly and the wife wifely: that is what is fitting.

“Gongsun Hei was sincere and fine, but You Chu was a man. For a man to be a man and a woman a woman is what we call true order.”

El problema viene con la frase "para que un hombre sea varonil y una mujer femenina/para que un hombre sea un hombre y una mujer sea una mujer ". En el chino clásico, esta frase completa tiene solo cuatro palabras: 夫 夫婦 婦 (en mandarín moderno: fū fū fù fù). Si se traduces literalmente, todo lo que lady Wu dice es: "hombre hombre, mujer mujer".

¿Cómo darle sentido a esto? La clave es que en chino clásico, el número de clases de palabras a las que puede pertenecer una palabra  concreta suele ser mucho mayor que en el inglés moderno. La palabra "hombre" puede usarse no solo como sustantivo, sino también como adjetivo, adverbio o verbo. En esta oración, el segundo "hombre" y "mujer" son verbos…

Quizá la explicación sea que los chinos antiguos tenían concepciones muy claras del significado – rol social – de ser hijo, hija, hombre o mujer, de modo que idearon palabras para describir a las personas que desempeñaban cada uno de esos roles.

Sin embargo, sospecho (y al no haber estudiado el estado actual de la investigación inspirada por Sapir-Whorf, es solo una sospecha) que la causalidad funciona al revés. El chino clásico te obliga a pensar en términos de hacer, no en términos de ser. Sospecho que los chinos antiguos tenían una concepción tan firme de lo que significaba ser un hijo, una hija, un hombre o una mujer porque no preguntaban "¿qué significa ser un hombre?", Sino ¿cómo se comporta un hombre? ¿qué conductas definen la hombría?

Manning Up in Ancient China

Being vs. Doing in Ancient Chinese Thought--A Note




La relación causal entre la educación y la personalidad de los niños en la vida adulta va también en la otra dirección:

los caracteres genéticos de los niños influyen en la educación que reciben de sus padres. Esto ocurre porque los padres adaptan la educación que dan a sus hijos a los rasgos de personalidad de éstos que perciben

Genetic and Environmental Associations Between Child Personality and Parenting, Mona Ayoub y otros




A los humanos no les gusta morir y por qué Cortes venció fácilmente a los aztecas

Es un hecho empíricamente demostrado que, cuando se alcanzan niveles determinados de complejidad social, surge la práctica de sacrificar a humanos y que, conforme los niveles de complejidad social siguen aumentando, esa práctica decae y termina aboliéndose.

La razón por la que tiende a decaer y a abolirse es probablemente la misma por la que a los españoles les resultó fácil obtener aliados nativos contra el Imperio Azteca: los sacrificios humanos son una forma costosa y brutal de fomentar la cohesión social. En todas las sociedades, ha habido una tendencia general a abandonar la práctica y crear sustitutos psicológicamente satisfactorios que no tienen los inconvenientes sangrientos de los sacrificios humanos.

El condicionamiento cultural no es el de un individuo occidental que vive en una sociedad de consumo al final de un camino de dos siglos de crecimiento, dominación y maduración. Más bien, el condicionamiento cultural es el de toda una clase de intelectuales que conciben todas las relaciones sociales e históricas como si fueran meros espejos de la sociedad occidental de los siglos XIX y XX. Y, sobre esta base, los que estudian los sacrificios humanos en el imperio azteca tienden a considerar éste como un caso muy particular. Ni siquiera tienen respeto para los huesos que han encontrado. Siguen viéndolos desde una perspectiva profundamente eurocéntrica


Most People Have Always Thought Human Sacrifice Was Bad,

Razib Khan



Vía Steve Stewart-Williams

@SteveStuWill



En general, esa transición que Pontón lleva a cabo entre la economía y el pensamiento no es otra cosa que poner en el mismo cesto huevos y castañas. Al final el lector se inclina a hacerse la pregunta cui bono: por qué demonios se han galardonado esos exabruptos sin matizaciones contra todos los ilustrados y contra el siglo de la razón y del Derecho Natural. Desde luego podría parecer que estamos ante una renovación nostálgica de la crítica marxista, pero ni se aclara el origen del capitalismo, ni se explica cómo surgió el proletariado en tanto que consecuencia de la revolución industrial. Lo que queda es esto: la historia vista desde la perspectiva de un antisistema.

La historia vista desde la perspectiva de un antisistema 

Francisco Sánchez-Blanco



Por qué hay que preocuparse y mucho por lo que pasa en China. Dos textos de despedida de dos profesores occidentales que dejan China tras pasar bastantes años allí

Entre cuatrocientos mil y un millón de personas en campos de concentración. Si estas estimaciones son ciertas, esto quiere decir que al menos uno (quizá más) de cada diez miembros de la minoría uyghur vive en un campo de reeducación ahora mismo… He abordado muchos de los episodios más desagradables de la Historia contemporánea con mis estudiantes: la esclavitud, la guerra chino-japonesa, el holocausto. Mi enfoque de estas atrocidades es simple: no es suficiente con empatizar con las víctimas. Esa es la parte fácil y, por lo demás, bastante inútil. Lo difícil es intentar sentir las emociones, comprender los temores y tomarse en serio las ideas que llevaron a los perpetradores a cometer los crímenes que cometieron. No solo debemos empatizar con los tiranizados. Hay que tratar de empatizar con el tirano

Moral Hazards and China,

The Scholar's Stage


Sobre la ausencia de Estado de Derecho en China

En China se desprecian las leyes y las normas existentes de forma tácita. Mi explicación es que los chinos no tienen ningún respeto por la forma en que se elaboran y promulgan las leyes pero, en lugar de enfrentarse al sistema o a la jerarquía o en lugar de intentar cambiar las cosas, los chinos optan por un tipo de subversión tácita que consiste, simplemente, en ignorar la ley. Esta subversión se extiende rápidamente a todas las formas de conducta social. Antes de vivir aquí, creía que China era rígida – y en cierto modo, lo es – pero en realidad se describe mejor como una sociedad brutalmente caótica porque no hay reglas. Es la ley de la selva con un poder ilimitado que impone su voluntad y en la que todos ignoran las normas cuando les conviene sin ningún sentido de la moralidad o de respeto por el Derecho.

Un abogado me contó que la represión de la corrupción en China se explica en estos términos. La gente califica a los detenidos y condenados por corrupción como alguien que tuvo mala suerte. Dado que no hay un concepto de justicia comúnmente compartido, si alguien era condenado era porque había tenido mala suerte aunque se hubiera probado que había robado del erario público. Las penas impuestas no eran merecidas, a la vista de su comportamiento, sino que esos pobres desgraciados eran, simplemente, carne de cañón en algún juego manejado por una autoridad superior.

La ley no es ley si el gobierno puede elegir si hacerla cumplir. La ley se ha convertido en el capricho de los soberanos propensos a la fantasía política...

Cuando alguien es atropellado por un automóvil, los peatones simplemente pasan por encima del cuerpo hasta que un miembro de la familia lo encuentra. Como ahora todo se graba en video y se cuelga en internet, el video se vuelve viral, provoca una semana de lamentaciones. A continuación, interviene la censura que dirige la conversación pública hacia Confucio y el crecimiento económico. La vida humana no se considera inherentemente valiosa…

La posibilidad de que alguien nacido en el extranjero alcance una posición relevante en la Universidad o pueda crear una empresa que crezca rápidamente es prácticamente nula en China…

No tengo ni idea de lo que piensa la gente en China, pero sé que si algún día vemos la caída del Partido Comunista, habrá más de mil millones de chinos que dirán que ellos eran demócratas ocultos.

Uno de mis mayores temores en China ha sido siempre ser detenido. Aunque felizmente señalé lo absurdo del autoritarismo que se estaba extendiendo rápidamente, algo de lo que no parecen darse cuenta los académicos que no viven en China, siempre traté de saber cuál era la línea roja para no traspasarla. Ahora, con una gran sensación de alivio al abandonar el país, no dejo de pensar en los muchos chinos y extranjeros que lo han tenido mucho más difícil que yo. Tengo suerte de poder contarlo…

…China es una potencia en ascenso pero, lo que es más importante, es un estado policial profundamente autoritario, expansionista y antiliberal opuesto a los derechos humanos, la democracia, el libre comercio y el estado de derecho… China ha sido profundamente autoritaria durante muchos años pero se está volviendo cada vez más antiliberal y está acelerando el ritmo del cambio hacia un mayor control… Hace unos meses, alguien que conozco me envió un correo electrónico solicitando un pequeño favor. Lo hice, devolví el correo electrónico y me olvidé. Por la tarde me llamaron y cogí el teléfono esperando que me preguntaran sobre el correo electrónico. Empezaron por darme las gracias y luego me dijeron que solo querían verificar qué tal estaba dada mi situación. Incluso para mí que trato de no ponerme nervioso o vivir en China vigilando mi espalda, la preocupación está siempre presente.




Si para aprender hace falta previamente "aprender a aprender", ¿para "aprender a aprender» no hará falta "aprender a aprender a aprender?"

Se repite con frecuencia que hemos tenido demasiadas leyes educativas. Pero es una media verdad. Aunque hemos variado de leyes, desde 1985 hasta el presente ha habido un único modelo pedagógicamente dominante.

La LODE (1.985), la Logse (1990) y la LOE (2.006) han sido leyes educativas dictadas por Gobiernos socialistas con el apoyo de los grupos nacionalistas. Las votadas por el PP han sido la LOCE (2002) y la Lomce (2013). A lo largo de la tramitación parlamentaria de la LOCE, los portavoces del PP insistían en que recogía un clamor social. Pero el del clamor social fue el argumento esgrimido por Rodríguez Zapatero nada más llegar al Gobierno para acabar con ella antes de que pudiera aplicarse. Respecto a la triste Lomce, si sólo entró parcialmente en vigor, se debió a las incertidumbres educativas del PP.

Si analizamos los resultados educativos de las comunidades autónomas observamos que algunas están a la altura de la mejor Finlandia (que no es la actual), mientras que otras se encuentran muy por debajo de la media de la OCDE. Sin embargo, todas ellas han tenido las mismas leyes educativas. Incluso podemos preguntarnos si España posee realmente un sistema educativo, dado que hay 55 puntos de diferencia entre las comunidades con mejores y peores resultados, lo cual equivale, en términos de conocimientos adquiridos, a una diferencia de un año de escolarización.

En el 2010, el ministro socialista, Ángel Gabilondo, declaró en el Parlamento Europeo que estaba dispuesto a crear itinerarios para evitar la exclusión social, favorecer la igualdad de oportunidades y reforzar la dimensión social de la educación. Cuando Wert dijo lo mismo poco después, cayó sobre él la avalancha de críticas que se ahorró Gabilondo. La actual ministra acaba de anunciar que eliminará los "itinerarios segregadores".

El retorno de la ortodoxia pedagógica,

Gregorio Luri



Desde muy pequeños, los humanos consideramos y hacemos cumplir la expectativa normativa según la cual los individuos que pertenecen al grupo están obligados a contribuir al bien común

El desarrollo humano depende de que las personas se esfuercen en contribuir al bien común, pero se pone en riesgo si existen gorrones en el grupo, esto es, personas que se benefician de las aportaciones de los demás sin contribuir ellos mismos. Los sistemas de vigilancia y castigo a los gorrones permiten que las relaciones entre los miembros del grupo sean establemente cooperativas. Pero no se conoce bien el origen de estas tendencias humanas. En este estudio, se presentan pruebas de que, desde los cuatro años de edad, los niños juzgan negativamente y castigan a los miembros del grupo que se comportan como gorrones. En los seis estudios realizados aparece que estas tendencias son robustas, de gran magnitud, que los castigos se aplican a los comportamientos asociales intencionados y no a los meros despistes y que se castiga tanto al gorrón como al que no castiga al gorrón y que estas conductas no pueden explicarse recurriendo a otros factores que aparecen frecuentemente junto con conductas de aprovecharse del común…

In Defense of the Commons: Young Children Negatively Evaluate and Sanction Free Riders,

Fan Yang y otros




El problema de los mercados es que son tan eficientes produciendo pan como produciendo veneno: la comida orgánica: ¿un fallo de mercado?

En este punto, podría suavizar el significado de (a) aún más: "Los mercados funcionan = "Los mercados le brindan a los consumidores lo que éstos quieren (en el caso, quieren comida orgánica) teniendo en cuenta sus creencias (los consumidores creen que la comida orgánica es más saludable) ". Esto parece aceptable pero ¿no significa que los mercados no funcionan si las creencias de los consumidores son erróneas? En un mundo de imbéciles (los que creen que la comida orgánica es más saludable), los mercados producen una gran cantidad de basura. Suena muy parecido a mi crítica de la democracia ¿no?

Sin embargo, sigue habiendo una gran diferencia entre los mercados y la democracia. En democracia, si el votante mediano es tonto, todos tienen que vivir bajo políticas tontas. La gran característica redentora de los mercados es que cualquiera que se da cuenta de que, por ejemplo, pagar más por un alimento porque es “orgánico” es tirar el dinero, puede dejar de desperdiciar su dinero inmediatamente . No es un sistema perfecto. Pero la democracia, a diferencia de los mercados, no solo te insulta sino que, además, te produce daño. En el mercado, el consumidor racional tiene que soportar a los imbéciles. En democracia, el votante racional no solo tiene que aguantarlos, tiene que obedecerlos.

Market Failure: The Case of Organic Food

Bryan Caplan



Sexo mentiras y encuestas

Cuando las esposas ganan más que sus maridos, puede suceder algo desconcertante: los maridos dicen que ganan más de lo que ganan realmente y las mujeres declaran menos ingresos.



Canción del viernes y nuevas entradas en el Almacén de Derecho: Pensiero stupendo, Patty Bravo





“No pienses en una extradición”

Por Jesús Alfaro Águila-Real Introducción "Si el Gobierno español hubiera consultado a la red judicial de expertos en Derecho europeo, tal vez no habría pedido la detención de Puigdemont en Alemania" dijo alguien en una sobremesa. Tal afirmación explica el título de...
leer más
La actio pro socio
Jul 13, 2018 | Derecho CivilDerecho MercantilJesús AlfaroLeccionesPor Jesús Alfaro Águila-Real Introducción. La actio pro socio en la Wikipedia alemana “Actio pro socio (v., más ampliamente, Reinhard Bork y Klaus Oepen, ZGR 2001, 515 - 553) es un concepto de derecho de sociedades y se refiere al ejercicio de acciones o derechos que...leer más

Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el artículo 128 del Código de consumo catalán desde la perspectiva de la libertad individual

michael eastman4

Michael Eastman, Havana

En el blog nos hemos ocupado de la cuestión de las multas lingüísticas en alguna ocasión y de la imposición de obligaciones de utilizar determinadas lenguas en el tráfico comercial desde la perspectiva del Derecho Europeo. Cuando escribimos esta entrada nos preguntábamos qué había pasado con la impugnación del art. 128 del Código de Consumo catalán. El Tribunal Constitucional resolvió el recurso del Defensor del Pueblo por medio de la sentencia de 4 de julio de 2017 ECLI:ES:TC:2017:88  y, a través de la sentencia de la que nos ocupamos ahora, de 25 de enero de 2018, ECLI:ES:TC:2018:7, ha resuelto el del Partido Popular. El Tribunal Constitucional ha tardado siete años en resolver estos recursos. ¿Todavía hay alguien que se extrañe de que nuestros jueces sean los que más recurren a la cuestión prejudicial ante el TJUE?

Concluiremos que, en la interpretación del Tribunal Constitucional, imponer a los comerciantes la obligación de etiquetar y tener la documentación publicitaria, precontractual y contractual en la lengua cooficial no infringe la libertad de empresa ni limita indebidamente la libre circulación de mercancías. Básicamente porque el Estado ha decidido imponer esa obligación respecto del castellano de manera que las comunidades autónomas que tienen lengua co-oficial, en su deber de promover el uso de la lengua propia están legitimados para imponer una obligación semejante a la que impone el Estado con el castellano. Y los comerciantes y empresarios deben asumir los costes adicionales que tal regulación suponga como asumen cualquier otra carga o regulación de su actividad por parte de los poderes públicos.

Así pues, desde la perspectiva de la libertad de empresa y como siempre ocurre con el Tribunal Constitucional español, cualquier objetivo legítimo justifica – casi – cualquier limitación de la libertad de empresa siempre que no equivalga a impedir el ejercicio de la actividad económica de que se trate. La constitucionalidad de las limitaciones públicas a la libertad de empresa no se miden por su necesidad (si había a disposición del poder público una limitación menos restrictiva para conseguir el objetivo perseguido) ni por su proporcionalidad en sentido estricto (¿la ganancia para la extensión del uso del catalán que se logra con la imposición del deber “vale” o “compensa” la limitación a la libertad de los comerciantes que genera?)

Sin embargo, la imposición a los particulares de la obligación de usar una lengua  por parte de los poderes públicos es inconstitucional. A fortiori, son inconstitucionales las sanciones por infringir tal obligación. Sin embargo, el TC ha dejado para otra ocasión la concreción de los supuestos en que sería legítimo constitucionalmente imponer dicha obligación de uso del catalán a determinados particulares y en entornos y circunstancias determinadas y no da pistas en estas sentencias acerca de cuáles serían las valoraciones que justificarían la legitimidad de tales imposiciones.

No obstante, barrunto que el Tribunal podría admitir la constitucionalidad de la obligación de disponer de una versión en catalán de la documentación contractual pero rechazaría la imposición de una obligación de rotular en catalán y de redactar los anuncios publicitarios en catalán. Esta conclusión la deduzco del hecho de que lo que parece considerar inconstitucional el TC es la imposición de una obligación de usar el catalán, es decir, de forzar a los particulares a expresarse en una lengua. Constituye una injerencia mucho más intensa en la esfera del particular obligarle a rotular en catalán u obligarle a poner sus anuncios en catalán u obligarle a dirigirse a la clientela en catalán que obligarle a disponer de una versión en catalán de los escritos que documentan una relación contractual. Por esa razón, creo, a la vista de las dos sentencias objetivo de esta entrada, que las “multas lingüísticas” y la obligación de rotular y de anunciarse en catalán son inconstitucionales.

A continuación procedo a resumir el contenido de las dos sentencias para finalizar con algunas observaciones adicionales en las que desarrollaré el argumento, según el cual, la obligación de rotular y anunciarse en catalán sería declarado inconstitucional por el Tribunal a la vista de la argumentación contenida en las dos sentencias que paso a resumir.


El artículo 128 del Código de consumo catalán dice

Derechos lingüísticos de las personas consumidoras.

1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan.

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán: a) Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos. b) Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad. c) Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentación que se refiera a ellos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos.

3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es lengua propia.

El Tribunal Constitucional aborda la cuestión

desde la perspectiva de la libertad de empresa

y repite la cantinela según la cual ésta no es omnímoda, que los poderes públicos pueden imponer límites etc y, lo que es peor, reitera el canon de la razonabilidad como criterio de enjuiciamiento de las limitaciones públicas a la libertad de empresa lo que consagra la degradación de este derecho fundamental que no parece, en la consideración del Tribunal Constitucional, un derecho como los demás. Dice el TC que el “test” para determinar la constitucionalidad de las limitaciones a la libertad de empresa es el siguiente:

Lo primero que habrá que dilucidar, por tanto, es la legitimidad del objetivo promovido por la medida adoptada, para, en un segundo momento, comprobar si tal objetivo se promueve de manera adecuada y, examinar, por último, si las medidas impuestas no conllevan una limitación tan intensa del derecho que hagan inviable su ejercicio.

Obsérvese que este no es el test de proporcionalidad utilizado en general para medir la constitucionalidad de las injerencias de los poderes públicos en los derechos fundamentales. No aparece ni la necesidad ni la proporcionalidad en sentido estricto. Sólo aparece la legitimidad del objetivo perseguido, la adecuación de la medida para lograr tal objetivo y no hay que comprobar si hay una medida menos restrictiva pero igualmente eficaz disponible ni hay que comprobar que el sacrificio que se impone al derecho es excesivo en relación con la “ganancia” para el objetivo de interés general perseguido con la restricción. Sólo sería inconstitucional la limitación si hiciera inviable el ejercicio de la actividad económica por el particular. Con semejante patrón de enjuiciamiento puede predecirse que el Tribunal Constitucional no declarará prácticamente nunca una restricción administrativa o legal de la libertad de empresa por muy tenuemente justificada que esté sobre la base de promover un objetivo – cualquiera – que pueda ser perseguido lícitamente por los poderes públicos. Dudo, en este sentido, que este Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la obligación de legalizar anualmente los libros de actas de las sociedades. Una razón más para que los jueces españoles planteen cuestiones prejudiciales sobre la base de que las regulaciones españolas infringen las libertades de circulación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Tribunal, en efecto, dice que el objetivo es legítimo – promoción del uso del catalán – y que el medio – imponer la obligación de disponer de los documentos publicitarios y contractuales en catalán – es adecuado y, como eso no impide a los empresarios desarrollar su actividad comercial, simplemente, eleva los costes de aquellos que, por desarrollar su actividad comercial en toda España tienen ya todos sus documentos en español y deben traducirlos e imprimirlos en catalán y de aquellos que por conveniencia hayan optado por el español para dirigirse a su clientela.

De la argumentación del Tribunal Constitucional sólo tiene interés la referencia a sus sentencias anteriores sobre la obligación de etiquetado en catalán. De ella se deduce que la perspectiva adoptada por el Tribunal es profundamente “política”. Le preocupa asegurarse que la legislación autonómica no excluye al castellano. Es decir, es la perspectiva que utilizó en la sentencia del Estatut sobre el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Así, justifica la imposición de la obligación en el deber de la Generalitat de promover el uso del catalán y añade que el cumplimiento de tal deber

«en absoluto excluye la utilización del castellano –pues se especifica que lo pretendido es que los datos que figuren en los productos «consten también en catalán»– y que se enmarca en un precepto cuyo objeto es el «fomento y difusión del catalán», esto es, una materia ajena al ámbito de la definición del estatuto jurídico de la cooficialidad de una lengua autonómica y que se traduce en lo que hemos llamado «un compromiso de promoción de la normalización lingüística» (STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 3), verificable con ocasión del ejercicio de las competencias propias (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 23).

Y de ahí, pasa directamente a concluir que como esa obligación no supone “una limitación tan intensa del derecho a la libertad de empresa que materialmente conlleve una privación del mismo… el apartado segundo del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña” no es inconstitucional por infracción del art. 38 CE. Tampoco desde la perspectiva de la unidad de mercado y del “derecho” de los empresarios a desarrollar su actividad en todo el territorio nacional. No hay un derecho a que “las concretas condiciones de ejercicio de la actividad económica tengan que ser las mismas en todo el territorio nacional» (STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 15)” porque somos un Estado con varios legisladores cuyas competencias se delimitan territorialmente.

Y tampoco se limita indebidamente la libre circulación de las mercancías porque estas limitaciones son solo indebidas cuando la regulación autonómica

“persiga de forma intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida adoptada» (STC 66/1991, de 22 de marzo, FJ 2, que cita la STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2)» [STC 111/2017, de 5 de octubre, FJ 4 a)]. La imposición a aquellos operadores económicos que actúan en Cataluña de la obligación de proporcionar determinados documentos e informaciones escritas en lengua catalana cuando así lo solicite el consumidor no tiene el resultado específico adicional de tener un efecto restrictivo más oneroso, de hecho o de derecho, sobre el ejercicio de la actividad económica de los operadores económicos provenientes de fuera de la Comunidad Autónoma que sobre el ejercicio de la actividad económica de los operadores económicos tradicionalmente residentes en aquella.

El apartado segundo supone la imposición de un coste suplementario a todos aquellos operadores que actúan en Cataluña, independientemente de su procedencia, pues el precepto les impone el deber de tener a disposición de los consumidores toda una serie de documentos e informaciones escritas también en lengua catalana. Al no tener la regulación efectos diferenciados más onerosos sobre los operadores foráneos que sobre los operadores locales no se da el presupuesto para someter el apartado segundo del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña al control de su justificación bajo el parámetro del artículo 139.2 CE, por lo que el recurso debe ser igualmente desestimado en este punto.


La libertad de los particulares para expresarse y utilizar la lengua de su elección

En la sentencia de 4 de julio de 2017, el Tribunal abordó la constitucionalidad del art. 128.1 del Código de Consumo desde la perspectiva de la imposición de la utilización de una lengua determinada – distinta del castellano – a los particulares. Recordando la sentencia del Estatut, el TC dice:

este Tribunal, al examinar precisamente el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha rechazado que se pueda extender indiscriminadamente al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de opción lingüística que asiste a los ciudadanos frente al poder público cuando ha afirmado que «el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos...

… la extensión del derecho de opción lingüística al ámbito de las relaciones privadas no puede ser realizada de manera indiscriminada y habrá en cada caso que analizar la concreta normativa para determinar si la misma se encuentra suficientemente justificada.

La Generalitat adujo que el art. 128.1 no imponía obligación alguna a los particulares. Que se limitaba a declarar el derecho de los consumidores pero sin ligarlo a ninguna obligación, obligaciones que quedaban remitidas, eventualmente, a la “legislación aplicable en materia lingüística”. El TC “compra” el argumento pero advierte que, en ningún caso, la legislación en materia lingüística puede asegurar la efectividad de este derecho imponiendo la obligación de usar el catalán a los particulares y, mucho menos, imponiendo sanciones al que no lo haga. Dice el TC

“Procede por tanto afirmar que el apartado 1 del artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña no establece un verdadero derecho de los consumidores, ni tampoco, por tanto, un deber de disponibilidad lingüística para los operadores económicos prestadores de bienes y servicios, pues los términos del reconocimiento de tal derecho se perfeccionarán, en su caso, en la normativa aplicable en materia lingüística. De modo que habrá de ser con ocasión del juicio de constitucionalidad que eventualmente haya de merecer la legislación por la que, en el marco de la oportuna competencia, se establezcan los términos de ese derecho y, eventualmente, los términos de un correlativo deber de disponibilidad lingüística, cuando quepa esperar de nosotros –como igualmente constatamos en relación con el artículo 34 EAC en la STC 31/2010, FJ 22– un pronunciamiento jurisdiccional sobre su adecuación constitucional. Así, la proclamación in abstracto del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial que escoja, en los términos en los que se lleva a cabo por el precepto recurrido, no atenta por sí misma contra los derechos constitucionales invocados.

No obstante, debemos señalar –como ya hicimos en la STC 31/2010, FJ 22, en donde se planteaba la constitucionalidad del artículo 34 EAC que recogía en términos parecidos un deber de disponibilidad lingüística– que ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público «puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.

… Cabe añadir ahora que puesto que en el ámbito de las relaciones entre privados no cabe imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, menos aún cabrá establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales. Interpretado en los términos referidos, el artículo 128.1.1 de la Ley 22/2010 no es contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.

Este fundamento de Derecho es reproducido tal cual en la sentencia de 25 de enero de 2018 (fundamento jurídico 4º).

Dejemos a la gente en paz

Yo no sé si el letrado de la Generalitat mintió al Tribunal Constitucional porque su escrito debió de ser redactado en 2010. En mayo de 2016, cuando visité la página web, la Generalitat hablaba de obligación de utilizar el catalán. Dicha página web ya no está activa cuando escribo estas líneas. En segundo lugar, y como dije también entonces, si las competencias de protección de los consumidores – administrativas – corresponden en exclusiva a la comunidad autónoma, la Generalitat debería exigir, en protección de los consumidores que no usan ni entienden el catalán, que los rótulos, documentación publicitaria, precontractual y contractual estén disponibles también en castellano y no sólo en catalán. En otro caso, la comunidad autónoma estaría discriminando a los castellanohablantes. El Tribunal Constitucional, al abordar la cuestión sólo desde la perspectiva del fomento y promoción del uso del catalán y, luego, desde el punto de vista de la libertad de empresa y de circulación de mercancías, no analiza este problema, pero a mi juicio, es relevante. Si la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de protección administrativa de los consumidores y se considera un “derecho” de los consumidores el de utilizar el castellano – y, en el caso de Cataluña, el catalán tal como reconoce el TC –, la Generalitat no puede limitar la actuación pública dirigida a garantizar esos derechos al uso del catalán, de donde se derivaría una obligación, para todos los comerciantes sitos en Cataluña de rotular, anunciarse y disponer de la documentación contractual en las dos lenguas co-oficiales.

¿A que va sonando más absurdo sobre todo en relación con el catalán dada su intensa semejanza con el castellano (con el euskera, es bastante improbable que haya comerciantes que rotulen, se anuncien y redacten sus contratos sólo en euskera)? Si va sonando más absurdo es porque es muy absurdo.

El razonamiento “político” (defensa del castellano) del Tribunal Constitucional – creo – oculta el verdadero fondo de la cuestión.

La Constitución impone a los españoles el deber de conocer el castellano. Pero no les impone el deber de usarlo

Es un error, a mi juicio, imponer a los particulares el deber de utilizar una lengua. Ni en sus relaciones personales ni en las relaciones comerciales. El mercado y la competencia garantizan que los consumidores serán atendidos en la lengua que deseen. Porque los consumidores que no sean atendidos en dicha lengua, simplemente, cambiarán de proveedor. El TJUE, en materia de etiquetado, ha insistido en la idea de que basta con que se utilice una lengua que los consumidores a los que se dirige el empresario puedan entender.

Pero no solo es un error, es que es inconstitucional. En el trabajo con Paz-Ares sobre la libertad de empresa, dedicamos la primera parte a explicar que  la libertad de empresa (como mandato de optimización) es, en realidad, el derecho a ganarse la vida de la forma menos reglamentada posible y que

los ciudadanos no dejan de serlo cuando desarrollan actividades económicas.

Por tanto, cuando un empresario hace publicidad, está ejercitando su libertad de expresión. Cuando un empresario “habla” con sus clientes, está expresándose. Cuando un empresario coopera con otros empresarios, ejerce su libertad de asociación; cuando un comerciante se desplaza para atender a sus clientes o visitar a sus proveedores ejerce su libertad de circulación, cuando un empresario se instala en una localidad y no en otra, ejerce su libertad de residencia. Esas libertades y derechos no merecen menor protección frente a las injerencias públicas por el hecho de que sean comerciantes o empresarios los que las ejercen. Cuando el Tribunal Constitucional – y todos los tribunales constitucionales del mundo – legitima esas injerencias lo hace porque las considera “ajustadas” para proteger derechos o intereses de los consumidores o cualquier otro interés público (medioambiental, protección de la infancia, de la familia, de la libertad de competir de los demás, de la salud, de los trabajadores…). Pero si no hay un interés público o un derecho de los consumidores de suficiente entidad que exija la restricción de la libertad de un comerciante para dirigirse a los consumidores y expresarse en el tráfico en la lengua de su elección, no puede ser constitucional que se le imponga tal obligación por los poderes públicos. Y si hemos visto que nadie tiene obligación de usar una lengua determinada – ni siquiera el castellano – y que el mercado y la competencia garantizan que las preferencias lingüísticas de los consumidores serán atendidas, no hay necesidad alguna de imponer obligaciones de uso de una lengua por parte de los poderes públicos. La obligación de la Generalitat de Cataluña de promover el uso del catalán no autoriza a imponer su uso a ningún particular. Pero, a mi juicio, la Constitución tampoco autoriza a las comunidades autónomas que carecen de lengua co-oficial ni al propio Estado a imponer la obligación de usar una lengua determinada a los particulares. El Tribunal Constitucional debería declarar inconstitucionales ex art. 10 CE en relación con la libertad de expresión y las demás libertades y derechos a los que he aludido más arriba todas las regulaciones que impongan a los particulares el uso de una determinada lengua en sus relaciones con otros particulares.

Naturalmente, no son inconstitucionales, de acuerdo con lo que se ha explicado, las regulaciones que imponen a la Administración el uso del castellano y de la lengua cooficial en su ámbito territorial (como acaba de recordarnos la sentencia del juzgado de lo contencioso que ha anulado una sanción de tráfico por encontrarse la señal de prohibición redactada sólo en catalán) y tampoco las que resultan necesarias para proteger un bien jurídico en riesgo si no se utiliza una lengua determinada. Me refiero, claro, a las advertencias relativas a la seguridad de los productos y servicios y a las reglas que imponen especiales obligaciones de transparencia y deberes de información al comerciante respecto de los consumidores que pueden justificar la exigencia de que el empresario compruebe que el consumidor ha entendido las características del producto o servicio. Se comprende fácilmente que una obligación de rotular los establecimientos comerciales en catalán o de que los anuncios que se expongan en los escaparates o en el interior de las tiendas estén redactados en catalán no pasa el “test” que acabamos de formular. Mucho menos, la imposición de la obligación de dirigirse a los clientes o de responder en una lengua determinada.

jueves, 19 de julio de 2018

Ley aplicable a los servicios mínimos y ley aplicable a la huelga

-AND DO WE NOT LIVE IN DREAMS- copy(1)

Miriam Escofet, And we do not live in Dreams

En esta columna, el profesor Cruz Villalón se ocupa de la huelga de Ryanair y concluye que

el mandato constitucional relativo al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad durante la huelga va dirigido al legislador español y, por tanto, las medidas de fijación de los servicios mínimos corresponden al Gobierno español cuando se trate de garantizar tales servicios en el territorio y espacio aéreo nacional. Por ello, el Gobierno no sólo está plenamente legitimado para adoptar las medidas correspondientes de fijación de los servicios mínimos, sino que se encuentra obligado a hacerlo, pues es su responsabilidad garantizar la compatibilidad entre el pleno ejercicio del derecho de huelga y el derecho de circulación por el territorio español.

Del mismo modo, las garantías constitucionales del derecho de huelga deben aplicarse a estos paros: debe respetarse el criterio del Tribunal Constitucional respecto a la libertad del trabajador de adherirse en cualquier momento a la huelga, sin que la empresa tenga la facultad de indagar sobre la voluntad del trabajador, ni éste se encuentre obligado a comunicar su decisión de adherirse o no a la huelga, de la imposibilidad de sustitución de los trabajadores huelguistas no asignados a los servicios mínimos o de mantenimiento, etc.

En todo caso, no estaría de más que todo lo anterior fuese clarificado por la normativa europea, especialmente a través de su contemplación expresa en el Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conocido como Reglamento Roma I.

Lo primero es de una fuerza de convicción abrumadora. La protección del bien jurídico que está detrás de la normativa sobre servicios mínimos – la libertad de circulación de los ciudadanos españoles – está encomendada al gobierno español. La garantía del respeto al derecho de huelga, supongo, está encomendada al Derecho aplicable a la relación laboral en cuyo marco el trabajador hace la huelga, o sea, en este caso, al derecho irlandés. ¿O vamos a proteger los derechos fundamentales de los españoles que viven en el extranjero frente a las violaciones de los mismos que cometan sus empleadores o las autoridades públicas de los países donde viven? Otra cosa es que el empleador pretenda hacer cumplir el contrato laboral ante los tribunales españoles y estos deban desestimar la pretensión por contradecir el orden público nacional.

Technical University of Munich Professor in Corporate Law

heilbronn3_980x444

foto: @thefromthetree


The Technical University of Munich (TUM) is setting up its own teaching and research location at the Bildungscampus Heilbronn (Heilbronn Education Campus). A total of 13 professorships are to be established at the TUM Campus Heilbronn in the five Academic Departments of the TUM School of Management: - Innovation & Entrepreneurship - Marketing, Strategy & Leadership - Operations & Supply Chain Management - Finance & Accounting - Economics & Policy.

Up to two positions will be filled as Professor in "Corporate Law" to begin in winter semester 2018/19. The positions are a W2 fixed-term position (6 years) with tenure track option to a tenured W3 position (Associate Professor) or a tenured W3 (Associate or Full) position. The professorships are endowed by the Dieter Schwarz Foundation.

SCIENTIFIC ENVIRONMENT: The aim of the TUM School of Management is to make the TUM Campus Heilbronn a leading center for research and teaching on family-owned firms and the management of digital transformation. The school offers a dynamic scientific setting providing scholars with an exceptional environment to educate responsible talents and pursue relevant research at the intersection of management and engineering.


RESPONSIBILITIES: The responsibilities include research and teaching as well as the promotion of early-career scientists. We seek to appoint experts in the research area of corporate law with a focus on Internet Law, Technology Protection (Industry 4.0) and family businesses. The teaching load includes courses in the university's bachelor's and master's programs. The successful candidates will participate in establishing the Center for Family Business or the Center for Digital Transformation as well as new study programs at the new TUM Campus Heilbronn.


QUALIFICATIONS: We are looking for candidates with advanced scientific experience, proven by achievements in research and teaching at the highest international standards, according to the relevant career level. Further requirements are an excellent academic track record and an outstanding doctoral degree or equivalent scientific qualification, as well as pedagogical aptitude, including the ability to teach in English. Substantial research experience abroad is expected. We also expect full commitment to undertaking interdisciplinary research in the area of digitization. Experience in bringing in third-party funding is desirable. The ability to develop a strategic vision for a Center for Family Business and a Center for Digital Transformation is mandatory.


OUR OFFER: Based on best international standards and transparent performance criteria, TUM offers a merit-based academic career option for tenure track faculty from Assistant Professor through a permanent position as Associate Professor, and on to Full Professor. The regulations of TUM Faculty Recruitment and Career System apply. TUM provides excellent working conditions in a lively scientific community, embedded in the vibrant research environment of the Greater Munich Area as well as of the Bildungscampus Heilbronn; close interaction with family-owned firms in the region is possible. The TUM Munich Dual Career Office (MDCO) provides tailored career consulting to the partners of newly appointed professors. MDCO also provides assistance with relocation and integration of new professors, their partners and accompanying family members.


APPLICATION PROCEDURE: TUM is an equal opportunity employer. As such, we explicitly encourage applications from women. Applications from disabled persons with essentially the same qualifications will be given preference.

Application documents should be presented in accordance with TUM's application guidelines for professors. These guidelines and detailed information about the TUM Appointment and Career System are available on http://www.tum.de/faculty-recruiting

Please send your application no later than August 19, 2018 to the Dean of the TUM School of Management, Prof. Gunther Friedl, Email: dekanat@wi.tum.de

Cómo piensan algunos juristas: el factor de revalorización de las pensiones

John Gutmann

John Gutmann

Esta entrada de Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo recientemente nombrado director general en el Ministerio del ramo, se ocupa del factor de revalorización de las pensiones. Al leerla, uno no puede evitar pensar ¡qué raro piensan algunos! Lean el siguiente párrafo

Así pues, la revalorización supone un volumen enorme de recursos, algo que en un contexto de crisis convierte esta partida en víctima potencial para la aplicación de medidas de ahorro presupuestario. Dicho de otro modo, la apuesta por la reducción del gasto público (social) dentro de un proceso de consolidación fiscal que responde a una estrategia típicamente ‘austericida’de austeridad a ultranza— encuentra un ámbito propicio para el recorte en la mastodóntica partida destinada a pensiones y en un aspecto aparentemente secundario de éstas como la revalorización. Así, gobiernos como el español acogotados ante una coyuntura muy adversa han recurrido a una medida que, de forma ‘sencilla’, sirve para ahorrar al Estado una cantidad significativa de recursos sin que nominalmente —otra cosa son los efectos reales— se reduzcan las pensiones, lo que en apariencia, al menos, pone a salvo su legitimidad.

Luego explica que si las pensiones no se revalorizan durante períodos prolongados de tiempo y la inflación es positiva y significativa en esos períodos de tiempo, se corre el riesgo de que unas pensiones más o menos suficientes para subvenir a los gastos de los ancianos devengan insuficientes y conduzcan a la pobreza. Y cita alguna sentencia del TJUE en esa línea.

Todo bastante obvio. Lo que no es obvio ni mucho menos aceptable es convertir esas obviedades en exigencias jurídicas consagradas en la legislación española y, mucho menos, en la Constitución. Los laboralistas – y la ministra Valerio – explican, cuando desde Europa les exigen control del aumento del gasto público y vigilancia del déficit público, que el artículo 50 de la Constitución exige que las pensiones suban según sube la inflación. Y aunque Suárez no dice tal cosa, está implícito en la alegación de tal precepto constitucional. El artículo 50 no recoge un derecho subjetivo de nadie ni impone un mandato concreto a los poderes públicos. Simplemente orienta la actividad de éstos en relación con las pensiones al decir que

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Nunca, nadie, en ninguna ocasión ha extraído de los artículos 39 ss de la Constitución que recogen los “principios rectores de la política social y económica” una indicación imperativa al legislador para que regule algún extremo del régimen jurídico de las pensiones en un sentido determinado.

Y, en este sentido, las afirmaciones de Suárez respecto del mecanismo de revalorización de las pensiones establecido en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social son criticables.

En primer lugar, porque parece sugerir que el mecanismo de revalorización supone que el legislador ha optado por el “austericidio” o la “austeridad a ultranza”, lo que es una crítica impropia de un académico porque es de brocha gorda. Pero, sobre todo, por lo que insinúa respecto de su conformidad con nuestro sistema constitucional. Es aquí donde importa subrayar que los laboralistas no sólo han abandonado el Derecho privado sino que parecen haber abandonado también el respeto a la Ley.

En efecto, Suárez califica la sustitución de un sistema de revalorización automática por un sistema de revalorización que trata de evitar la quiebra del sistema como un simple mecanismo de ahorro presupuestario. Al margen de injusta - el mecanismo permite que, en épocas de bonanza, las pensiones suban más que la inflación - una afirmación semejante es deshonesta e incorrecta jurídicamente. Si de lo que hablamos es de limitar el crecimiento del gasto público en pensiones, no puede decirse que se trata de una medida de “reducción del gasto público social”. No. Es una medida que limita el crecimiento del gasto, no una medida que reduce el gasto. 

En segundo lugar, Suárez no razona como un buen jurista. Un jurista aplica la lógica – silogismo – y el análisis lingüístico para interpretar las normas y, en el caso de normas que no tienen el supuesto de hecho determinado y su aplicación exige tener en cuenta principios o valores contrapuestos, la ponderación. Pues bien, parecería que, en materia de pensiones y de su revalorización, no hay más principios que ponderar que el de asegurar que los pensionistas mantienen intacto y año a año (no en períodos más largos) su poder adquisitivo. Es un razonamiento, si se me permite la expresión, peronista. Con ese objetivo en la cabeza, el gobierno debería, no solo aumentar las pensiones cada año automáticamente en la cuantía de la inflación sino, para asegurar “la suficiencia económica” de los ancianos, elevar la pensión mínima al salario mínimo y la pensión media al salario medio y la pensión máxima al salario máximo. Una política así es la que siguen gobernantes como Maduro o Perón. El resultado es, a los pocos años, la quiebra del sistema, una inflación galopante y unas pensiones que pierden la totalidad de su poder adquisitivo porque se pagan en papel moneda que no tiene ninguna capacidad de compra. Por tanto, decir como dice el art. 50 CE que el Gobierno debe asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es no decir nada. La pregunta es ¿a costa de qué? ¿a costa de infringir los compromisos europeos? ¿a costa del pago de la deuda pública? ¿a costa del gasto en farmacia o en I+D? Dado que el dinero público no es infinito, presupuestar implica optar.

Se me dirá que estoy exagerando. Pero no lo estoy. Estoy, simplemente, razonando como Suárez, esto es, teniendo en cuenta únicamente uno de los dos principios contrapuestos que deben introducirse en la valoración. Más importante que asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es garantizar que el Estado no se vea obligado a reducirlas nominalmente por insuficiencia de recursos para financiarlas o a imponer sacrificios extraordinarios a los demás ciudadanos para lograr aquel objetivo. Y para garantizar tal cosa, es imprescindible que la actualización de las pensiones se ajuste a las posibilidades de su financiación por una Economía como la española.

La Ley 23/2013, cuya aplicación se ha suspendido gracias al chantaje del PNV al PP recoge una ponderación de los principios que deben regir la regulación de la actualización de las pensiones mucho más equilibrada que la que sugiere Suárez y sugirió la Ministra Valerio. Subir los impuestos o las aportaciones de los trabajadores en activo para subir las pensiones a los jubilados es muy injusto. Hacer que los pensionistas vean mejoradas sus pensiones cuando al país le va bien y que se les congelen cuando al país le va mal es la mínima solidaridad que un país puede pedir a sus ancianos, un país cuyo gasto social es el más regresivo de la OCDE. Una vez más, estas izquierdas acaban redistribuyendo a favor de los que están mejor.


¡Cielo santo! El marido de Grandes es el nuevo director del Instituto Cervantes

robert graves

Foto: Robert Graves

En este blog hemos recogido algunos textos sobre los efectos moralizantes – o no – del capitalismo y las economías de mercado en general. Es una cuestión que ha ocupado históricamente a luminarias como Adam Smith (y todos los filósofos de la Ilustración antes que Adam Smith por no hablar de los teólogos-juristas de la Edad Moderna), contemporáneamente, a todos los grandes economistas – de Friedman a Sen – y, entre nuestros favoritos, a Hirschmann. Pues bien, el flamante director del Instituto Cervantes, reconocido poeta, crítico literario y comunista, tuvo la osadía de escribir sobre las consecuencias para la moralidad de los individuos del capitalismo en una columna muy inoportuna que publicó en InfoLibre. Digo inoportuna porque el asesinato de un niño pequeño a manos de la novia de su padre no es, precisamente, el acontecimiento más adecuado para suscitarlo. Quizá, si hubiera escrito una poesía, la reputación de García Montero no se habría visto afectada de igual forma. Les reproduzco algunos párrafos de la columna titulada “Todos somos Ana Julia Quezada” (la asesina confesa). La tesis de García Montero es rousseauniana. Ana Julia no es culpable. Es la sociedad capitalista la que la volvió una asesina atroz.

Porque resulta que la sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos. Y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato, al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros. Saca lo peor de nosotros mismos. Creer que existe una condición humana no gobernada del todo por el poder, es la única manera de sentir y pensar que la bondad, nuestra bondad, tiene todavía posibilidades en este mundo.

Yo me pregunto ¿cómo es que García Montero no ha matado a nadie todavía? Tiene tres hijos, creo, y los tres están bien y no han sido nunca golpeados por su padre.  ¿Acaso García Montero no vive en una sociedad capitalista? Si la “condición humana” de Ana Julia Quezada está tan gobernada “del todo” por el poder como la de García Montero ¿cómo es que salvo algunas Quezadas, todos los demás miembros de esta sociedad capitalista cuya conducta está igualmente controlada “del todo” por el poder no han matado una mosca en toda su vida?

¿Cómo puede ser director del Instituto Cervantes un individuo que dice una sandez de tal calibre? Pero es que García Montero tiene la sensibilidad – en el sentido del siglo XIX – enferma. Se refiere al brutal asesinato del niño diciendo que Un niño sufre una desgracia” y añadiendo que lo que le produce repugnancia es la – previsible – reacción de la gente pidiendo cadenas perpetuas para este tipo de asesinos. Luego, contradiciéndose brutalmente, pide convertir en espectáculos las desgracias diarias – las que no son causadas por la mano de un individuo que actúa con dolo de causar daño – o sea, el hambre en el mundo, las tragedias de los inmigrantes irregulares cuyas muertes atribuye a “nuestras leyes”. Es peor, este poeta desquiciado (suponemos que por el dolor que le provoca la muerte de tantos inocentes en el mundo) afirma

¿Por qué no se llenan las calles para gritar de forma desesperada contra la muerte masiva de niños que saltan por el aire en Siria o Palestina por culpa de las bombas salidas de nuestras fábricas?

¿Acaso los países no capitalistas no fabrican bombas? ¿No era socialista El Assad? ¿No son rusas (o peor, soviéticas) las bombas que ha dejado caer sobre su pueblo? ¿Tienen capacidad moral las bombas? ¿Las bombas son culpables? Obviamente son todo preguntas retóricas. Lo que no es una pregunta retórica es cómo es posible que un sujeto que dice estas cosas sea nombrado secretario de Estado del Gobierno de España. Como tal, se verá en el terrible dilema moral de tener que aplicar unas leyes que, según él, causan la muerte de miles de personas cada año. ¡Qué dilema moral para el poeta! No se preocupen. Ninguno que no hubiera podido cabalgar Rafael Alberti al que García Montero dedicó una parte importante de su obra.

Archivo del blog