El otro blog para cosas más serias

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jueves, 6 de diciembre de 2018

La izquierda es la que tiene más que perder si se reforma la Constitución

Proletarios de Stalin Alexander Deyneka.

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    “Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por aquellas que permanecen desatendidas”.
Teresa de Ávila

Rafa Latorre ha publicado una columna titulada “Constitucionalismo a la gallega” en la que explica que la Constitución fue posible porque sus padres se comportaron como el gallego del chiste: jugaron la carta de la ambigüedad para ocultar los disensos. Mantener esos disensos ocultos bajo las cláusulas ambiguas permitió alcanzar acuerdos en otras materias forzando a cada uno a ceder o vitoreando los puntos en los que había acuerdo universal. Como dijo Pérez-Llorca: en la Constitución hay consensos floridos, consensos forzados y consensos epicenos. Cualquiera que haya participado en la negociación de un contrato complejo conoce la utilidad de las redacciones ambiguas y sabe que, a menudo, se redacta ambiguamente a propósito. Las ganancias son enormes: se evita que todo el acuerdo salte por los aires; se da tiempo a las partes para reflexionar sobre si vale la pena ceder en un punto para eliminar la ambigüedad en otro... Pero, sobre todo, la ambigüedad puede ser una comida gratis si no se presenta en el futuro ningún caso importante en el que la ambigua redacción cause problemas serios al intérprete al aplicar el precepto o la cláusula correspondiente. Dice Latorre que
Cuando a los ponentes se les preguntaba cuál fue el asunto que provocó una discusión más encendida, todos, sin excepción, señalaron «las autonomías», y si se les pedía mayor precisión, el término «nacionalidades».
Ahora quiero referirme a la reforma de la Constitución que se está planteando, sobre todo, desde la izquierda, especialmente, desde la izquierda que llamaré posmoderna y que se extiende a los nacionalistas que no están ya en la secesión pero que incluye, fundamentalmente, a la extrema izquierda representada por Podemos y al PSOE “aparente” (al PSOE-desde-Zapatero). No me ocuparé de cuestiones menores como la de si hay que feminizar el lenguaje de la Constitución o, lo que no es tan menor, si la Constitución es machista o no suficientemente feminista (cómo se podría mejorar la redacción del art. 14 CE se me escapa). A mi juicio se trata de una discusión que sólo se sostiene por el dominio del discurso publicado por parte de las actitudes posmodernas y políticamente correctas. A los que participan en ese discurso les encantan las discusiones sobre cuestiones puramente simbólicas (es lo que tiene carecer de los conocimientos técnicos para poder hablar de lo sustancial).

Si se lee la columna de Latorre se aprecia cómo las derechas conservadora, liberal y democristiana representadas por Alianza Popular, UCD y, probablemente, Convergencia y el PNV, cedieron ampliamente para que las izquierdas (ninguna posmoderna) representadas por PSOE y PCE además del PSUC aceptaran cuestiones de su desagrado como era la mención de la Iglesia Católica, la Monarquía, la educación – derecho de los padres a la no interferencia del Estado – la Economía de Mercado y las libertades asociadas etc. La derecha aceptó el sistema autonómico – sin cerrar, lo que daba todo el juego del mundo a los nacionalistas para aplicar la doctrina de la alcachofa –, el término “nacionalidades” y las menciones a que toda la riqueza nacional está sometida al interés general o los derechos sociales (incluyendo en la Constitución derechos con un nivel de desarrollo propio de las Constituciones socialistas – como el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva –) y la exclusión de los derechos y libertades fundamentales de derechos tan tradicionales como el de propiedad y el de herencia (que no están entre los que tienen protección vía recurso de amparo). Ninguna Constitución liberal y ningún tratado internacional excluye el derecho de propiedad del núcleo duro de los derechos fundamentales.

En estos días, parece que la izquierda posmoderna y la extrema izquierda quieren reformar la Constitución, no para adaptarla a los nuevos tiempos, sino para sustituir el consenso de 1978 por la imposición de la misma agenda que los Solé Turá, Peces-Barba o Arzallus llevaron a la mesa de negociación en 1978. Sustituir la monarquía por la república, eliminar el carácter de nación de España, equiparar los derechos que llaman “sociales” a los derechos individuales de tradición liberal y reconocimiento universal… Es decir, quieren reabrir la discusión sobre todos esos temas sin que haya ocurrido nada – una guerra como en Italia – que justifique realizar modificaciones sustanciales ni de la parte “principial” de la Constitución ni de la organización de los poderes públicos que establece – a salvo, quizá del CGPJ –.

Pues bien, la izquierda posmoderna y la extrema izquierda deberían reflexionar a partir de los resultados andaluces. Si quieren abrir el melón y discutir, de nuevo, sobre los principios básicos y los consensos “floridos, forzados y epicenos” que están detrás del texto constitucional, que tengan cuidado, no vaya a ser que la derecha liberal, democristiana y conservadora decida que también quieren discutirlos y, por ejemplo, sustituir la organización territorial del Estado autonómica por una organización centralizada. 

La izquierda posmoderna y la extrema izquierda no han entendido que necesitan de la derecha liberal, democristiana y conservadora para tocar una coma en la Constitución. Y que esa derecha tiene hoy muchos menos complejos de los que tenía en 1978. Porque los padres de la Constitución que la representaban en 1978 tenían – unos más que otros – mucho que hacerse perdonar dado que casi todos ellos habían vivido razonablemente bajo el franquismo. Los representantes de la izquierda fueron generosos pero sacaron tajada (el PSOE ganó en 1982 y gobernó España para siempre jamás con algunas suspensiones temporales). Todos salimos ganando. La izquierda posmoderna y la extrema izquierda deberían tener miedo a la reforma constitucional. La derecha liberal, democristiana y conservadora no tiene nada que hacerse perdonar en 2018 y, si se envalentona, puede tratar de introducir ahora en la Constitución lo que no pudo introducir en 1978: la expulsión de éste de los nacionalistas que sólo se presenten a las elecciones en una región; la supresión de los privilegios forales; el blindaje del castellano en la escuela; el reforzamiento de los mecanismos de control del Estado sobre el ejercicio de sus competencias por las Comunidades Autónomas… Cosas, todas ellas que harían imposible que el PSOE volviera a ganar unas elecciones en España porque no podría recurrir a los nacionalistas para completar sus escaños y alcanzar la mayoría. No descarto, sin embargo, que el PSOE se vuelva a equivocar.

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