La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como creación de efectos cuasi-reales. A propósito de un capítulo de Max Weber, Economía y Sociedad

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Raiser sobre Weber

El trabajo de Thomas Raiser, Handelsgesellschaften und politische Verbände in der Rechtssoziologie Max Webers es una reconstrucción de la sociología jurídica de Max Weber a partir de una comparación entre dos formas de organización que Weber consideraba fundamentales para entender la modernidad: las corporaciones mercantiles y las corporaciones políticas. La tesis central de Raiser es que Weber veía en ambas manifestaciones de un mismo fenómeno histórico más amplio: la racionalización de la acción colectiva. El desarrollo del capitalismo moderno y el desarrollo del Estado moderno responden, según Weber, a la misma lógica de organización racional.

Raiser comienza mostrando que, para Weber, la corporación mercantil (la SA) no debe entenderse simplemente como una institución económica. Su interés reside en que constituye un mecanismo jurídico que permite organizar de forma estable la cooperación entre individuos para la persecución de fines comunes. La corporación societaria crea una estructura de poder, atribuye competencias, distribuye riesgos y establece procedimientos de toma de decisiones. Por ello Weber la considera una institución, una corporación de base personal (Verband) y no simplemente un contrato. 

Una corporación es una organización social dotada de reglas internas y de órganos capaces de aplicarlas. 

Desde esta perspectiva, una corporación mercantil y una corporación política pertenecen a la misma categoría general. Lo que las diferencia no es su estructura básica sino los fines que persiguen y, sobre todo, el tipo de dominación que ejercen.

Weber describe las diferencias entre las sociedades mercantiles o compañías de comercio y las corporaciones mercantiles que surgen en la Edad Moderna (la sociedad anónima básicamente). Weber observa que las formas antiguas y medievales estaban fuertemente vinculadas a las personas de los socios. Los derechos y obligaciones dependían de relaciones personales de confianza, parentesco o pertenencia a grupos concretos. El capitalismo moderno, sin embargo, exige organizaciones que puedan subsistir con independencia de las personas concretas que participan en ellas. El desarrollo de las sociedades anónimas representa para Weber el ejemplo más acabado de este proceso. 

Raiser subraya que la gran aportación de Weber consiste en relacionar esa evolución con transformaciones paralelas del Estado. Del mismo modo que las corporaciones mercantiles se independizan de las personas concretas de los socios, las organizaciones políticas modernas se independizan de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos. Surge así una administración estable, regida por reglas impersonales y competencias definidas. El funcionario moderno desempeña respecto del Estado un papel análogo al del administrador profesional respecto de la gran sociedad mercantil. 

El concepto que permite comprender este paralelismo es el de dominación legal-racional (legale Herrschaft). Tanto la corporación mercantil como el Estado moderno descansan sobre formas de autoridad basadas en normas abstractas y competencias formalmente definidas. La obediencia ya no se debe a una persona concreta, ni a una tradición, ni a un vínculo carismático, sino a un orden normativo (reglas). Weber considera que ésta es una característica definitoria de la modernidad occidental. 

O sea, Weber pone en el centro de la explicación de las interacciones políticas e interacciones económicas impersonales a la corporación. Cuando se necesita escalar y racionalizar esas interacciones, el recurso a la corporación se vuelve mucho más eficaz que las relaciones de dominación premodernas. Hoy, se puede decir con tranquilidad, que esta visión de Weber de la corporación y su capacidad para organizar históricamente toda la acción colectiva (económica y política) en Europa Occidental es 'doctrina dominante'.

La personalidad jurídica (corporativa) en Weber

Aunque podría parecer lo contrario, Weber tiene una concepción de la personalidad jurídica más cercana a las doctrinas patrimonialistas que a las orgánicas - à la Gierke - o incluso a las analíticas - à la Kelsen -. Para las doctrinas patrimonialistas, una persona jurídica es un patrimonio separado y organizado, esto es, dotado de reglas sobre cómo se toman decisiones respecto del patrimonio, y dotado de capacidad jurídica y de obrar, esto es, se le pueden imputar derechos y obligaciones y puede adquirir bienes y contraer deudas). Dice Raiser:

Para una organización que no posee patrimonio propio, la personalidad jurídica propia resulta completamente superflua. También resulta inadecuada, para aquellas sociedades que por su propia naturaleza comprenden un número reducido de partícipes y tienen una duración limitada en el tiempo, la separación absoluta entre la esfera jurídica del individuo y la de la colectividad que va asociada a la figura de la persona jurídica. Dado que la solvencia específica de tales sociedades descansa ciertamente también en la existencia de un patrimonio separado, pero sobre todo en la responsabilidad de todos los partícipes por las deudas de la colectividad, la atribución de personalidad jurídica les perjudicaría desde el punto de vista crediticio. También suele ser inconveniente crear para ellas órganos especiales de representación. En lugar de ello, para tales sociedades resulta adecuado el principio de la Gesamthand (patrimonio en mano común), principio que, según Weber, «al menos en el pasado era conocido de algún modo por la mayoría de los ordenamientos jurídicos».

Característico de este sistema es que la legitimación para actuar mediante negocios jurídicos corresponde bien a todos los miembros conjuntamente, bien a la facultad de representación individual, ya sea de todos ellos o de determinados miembros; asimismo, todos responden con su persona y con su patrimonio. En términos modernos, esto significa autorganización mediante órganos propios (Selbstorganschaft) y responsabilidad personal solidaria de todos los miembros. Originalmente, el concepto de personalidad jurídica está unido a la idea de una autonomía jurídica también frente al Estado. Sólo cuando esa autonomía jurídica propia es absorbida en favor del monopolio estatal de creación del Derecho surge la pretensión del Estado de conceder a las organizaciones la capacidad jurídica y, con ella, derechos subjetivos.

Pero, para Weber, el núcleo del concepto de corporación se encuentra en la estructura orgánica, en la organización de las competencias. Lo decisivo es quién puede decidir, en nombre de quién actúa y cómo se atribuyen jurídicamente esas actuaciones. O sea, las reglas para tomar decisiones sobre el patrimonio separado.

La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como creación de efectos cuasi-reales

En la parte correspondiente de Economía y Sociedad, (p 532 ss. especialmente, 548 ss), Weber se ocupa específicamente de la innovación jurídica a través de la autonomía privada. Utiliza para exponer su tesis el principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC).

Weber distingue entre dos formas en las que los negocios jurídicos pueden afectar a terceros. La primera consiste en los llamados «efectos reflejos». Casi cualquier contrato produce consecuencias indirectas sobre personas que no son parte en él. Si alguien contrae una deuda, los acreedores anteriores ven empeorada su posición porque ahora han de concurrir sobre los bienes de su deudor con el nuevo acreedor; si se vende un inmueble, los vecinos pueden verse afectados por el uso que el nuevo propietario haga de la finca (más ruidoso, más intenso). Sin embargo, en estos casos las reglas jurídicas aplicables siguen siendo las mismas: simplemente cambia la situación económica creada por la actuación de las partes.

La segunda forma de afectación se produce cuando la libertad contractual permite crear situaciones jurídicas que modifican el régimen jurídico aplicable no sólo a las partes, sino también a terceros. Cuando alguien se convierte en esclavo, cuando una mujer entra bajo la autoridad marital, cuando se constituye un fideicomiso o cuando varias personas forman una sociedad anónima ciertas personas o ciertos bienes pasan a quedar sometidos a un conjunto especial de reglas distintas de las que antes les resultaban aplicables que altera las expectativas y la posición jurídica de quienes se relacionan con ellos.

Weber utiliza el caso de la sociedad anónima y sus normas de protección del capital social. Según Weber el significado de estas reglas es que una parte del patrimonio social debe considerarse jurídicamente reservada en beneficio de los acreedores y de los futuros accionistas. La cifra de capital actúa como cifra de retención (art. 273 LSC) y se aplica la regla "aumenta el capital o liquida".La referencia a los futuros accionistas es discutible como se verá inmediatamente.

Pero lo que interesa a Weber es utilizar la SA como ejemplo de 

• cómo la autonomía privada puede crear personas jurídicas, y cómo esto supone que 
• mediante la autonomía privada se generan reglas que tienen efectos frente a personas que nunca participaron en el acuerdo originario.

En realidad, parece que Weber está simplemente reconociendo que la capacidad de los particulares de crear personas jurídicas corporativas supone un salto cualitativo en la expansión de la autonomía privada. 

Obsérvese que, en relación con la sociedad anónima, dice que su constitución afecta a terceros porque 

• los acreedores deben aceptar la limitación de responsabilidad de los accionistas;
• los futuros adquirentes de acciones quedan sometidos a las reglas societarias; 
• los administradores ejercen poderes reconocidos frente a terceros. 

Como he explicado en muchas ocasiones, ni los acreedores "aceptan" la responsabilidad limitada de los accionistas (no tenían pretensiones contra ellos en primer lugar), ni los efectos sobre los futuros adquirentes de acciones son tales. El nuevo accionista se adhiere al contrato de sociedad de sus coaccionistas y caveat emptor. En cuanto al poder de los administradores, Weber parece aceptar la "teoría orgánica" de la representación de los administradores (ilimitada e ilimitable, a diferencia de su concepción como un mandato colectivo de los socios).

Pues bien, una vez rebajados los efectos exorbitantes, lo que nos queda de los efectos sobre terceros de la constitución de una corporación societaria como la sociedad anónima es - en esto tiene razón Weber - la separación patrimonial, la personificación del patrimonio separado y la organización corporativa del mismo. Los terceros han de pasar por la creación de un sujeto de derecho con patrimonio propio y distinto del de los miembros de la corporación que está administrado por el órgano de administración de la corporación y por nadie más y que la voluntad de ese sujeto de derecho se expresa por sus órganos. Se sigue la aplicación a la SA de las reglas sobre responsabilidad y sucesión patrimonial que se aplican a los patrimonios de los individuos.

Weber se dio cuenta, pues, de que incluir en la autonomía privada la capacidad para constituir corporaciones, esto es, sujetos de derecho dotados de órganos ocupados por individuos producía efectos que podríamos llamar "cuasi-reales". 

O dicho de otra forma: se estaba flexibilizando el principio de eficacia relativa de los contratos o, en sentido inverso, flexibilizando la prohibición a los particulares de crear derechos reales con eficacia erga omnes. Los particulares no pueden crear derechos reales pero pueden crear sujetos de derecho con vida eterna (sucesión perpetua), capacidad y responsabilidad patrimoniales. Y esos nuevos sujetos de derecho "cambian el mundo" para todos los que participan en el tráfico jurídico e interactúan con ellos.

¿Cómo surgen las innovaciones jurídicas?

La otra idea interesante de Weber en este apartado es cómo se produce la innovación jurídica. Él no lo expresa así. Lo analiza desde el punto de vista de los límites a la autonomía privada (los ordenamientos jurídicos antiguos y modernos deciden cuáles de esas construcciones jurídicas admiten y cuáles rechazan) como si todas las instituciones jurídicas tales como las sociedades de capital, los títulos a la orden o al portador, la libre cesión de créditos o determinadas formas de gravamen perpetuo sobre bienes estuvieran "ahí" para ser reconocidas o no por el Derecho. O sea, que el Derecho Romano no reconoció la letra de cambio, no porque no se hubiera inventado, sino porque no le pareció necesario o conveniente.

Lo que creo que quería decir Weber es que las innovaciones jurídicas constituyen auténticas innovaciones (no tecnológicas, pero innovaciones) y que, para que el Derecho las incorpore, se tienen que inventar por los particulares en primer lugar. No basta con que haya una necesidad de la letra de cambio, por ejemplo, para que se invente (recuérdese que Montesquieu dijo que era el invento más importante de la Historia la letra de cambio. En L'Esprit des lois sostiene que el comercio adquirió una libertad desconocida cuando los comerciantes pudieron transferir riqueza mediante papel en lugar de mover oro o plata). Las circunstancias económicas crean demanda de instituciones jurídicas, pero no producen por sí mismas las herramientas jurídicas necesarias para satisfacerla.

Y aquí es donde brilla el genio de Weber: ¿qué entornos hacen más probable que surjan instituciones jurídicas innovadoras que aceleren el crecimiento económico y promuevan el comercio? Weber compara la Edad Antigua - Roma - con la Edad Media. Y dice que muchas instituciones especialmente adaptadas al capitalismo moderno proceden no del Derecho romano, sino del Derecho medieval. Aunque el Derecho romano poseía una racionalidad lógica superior, el Derecho medieval proporcionó ciertos esquemas técnicos extraordinariamente útiles para la vida mercantil. Entre ellos menciona la concepción del documento como portador del derecho (la 'incorporación' de los derechos a los títulos-valor), la responsabilidad solidaria de numerosos grupos sociales y la frecuente constitución de patrimonios separados o patrimonios de afectación, esto es, la 'invención de la corporación', de las personas jurídicas y su aplicación - ya en la Edad Moderna - a las compañías mercantiles.

Weber dice que esta aparente paradoja (un derecho más racional y técnico como el romano no innovó tanto como el derecho canónico y los diversos y fragmentados derechos que proliferaron en la Edad Media en Europa Occidental como ha explicado inmejorablemente Harold Berman en Law and Revolution) tiene una explicación convincente. Una mayor racionalización jurídica no siempre aumenta la riqueza de soluciones disponibles. El racionalismo jurídico puede incluso empobrecer el repertorio de formas jurídicas cuando somete toda innovación al requisito de ser construible dentro de un sistema conceptual muy elaborado. 

El Derecho medieval, menos racionalizado desde el punto de vista lógico, disfrutaba a veces de una mayor capacidad de experimentación institucional gracias a su fragmentación. Lo que no dice Weber - lo dirá Berman sesenta años después - es que en el Derecho Medieval, la fragmentación no implicó incomunicación entre los distintos 'derechos' gracias, por un lado a la Iglesia y el invento del Derecho Canónico y, por otro, a la recuperación del Digesto y el renacimiento del Derecho Romano que sirvió de base intelectual para las discusiones, por los juristas medievales, de los problemas jurídicos de su época. En la Edad Moderna el proceso culminó gracias a los juristas-teólogos y a la 2ª Escolástica con la 'fusión' entre el derecho de los mercaderes y sus innovaciones contractuales y la construcción institucional basada en una teoría de la justicia impregnada del Cristianismo y el Derecho privado romano.

Weber dice mucho más y útil para construir una teoría de por qué el Derecho tiende a la justicia. Por ejemplo, el concepto de obligación no surge en el ámbito de los contratos - de los intercambios - porque el contrato obligatorio tardó muchísimo en ocupar una posición relevante en los derechos occidentales. Los intercambios lo eran de la posesión de cosas o de dinero. Todas las "obligaciones", sin excepción, eran originariamente "obligaciones provenientes del delito" (de haber causado un daño injusto). Weber nos habla de que "todavía durante la Edad Media, en Inglaterra (las) obligaciones contractuales eran enlazadas a delitos ficticios" y ni siquiera se podían explicar las obligaciones - responsabilidad - del heredero respecto de las deudas del causante hasta que no se "inventó" que podía sucederse en la condición de deudor: 

"La responsabilidad del heredero por deudas de origen contractual de su causante sólo pudo construirse gracias a la admisión de la responsabilidad solidaria de los miembros del mismo clan, primeramente: luego de los miembros de la comunidad doméstica, y de los súbditos o los dueños del poder. 

La protección del adquirente de buena fe frente al verus dominus (hand-wahre-hand, 464 CC) "derivó directamente de la regla fundamental según la cual sólo se tenía una acción ex delicto contra el ladrón o el encubridor". O sea, que se remitía al verdadero dueño a que reclamara al ladrón que le había robado, negándole acción frente al poseedor de la cosa que la había adquirido - la posesión - de buena fe.

La sociedad unipersonal en formación

foto: Pedro Fraile

El follón alemán con la personalidad jurídica y la comunidad en mano común alcanza el paroxismo cuando un autor se pregunta por la naturaleza jurídica de la sociedad unipersonal en formación. Que no estamos ante un contrato de sociedad debería ser evidente porque no hay pluralidad de partes. El negocio jurídico, pues, por el que un individuo constituye una sociedad unipersonal no puede calificarse como contrato. Es una suerte de negocio jurídico fundacional semejante a la dotación fundacional que constituye una una fundación. Y semejante también al negocio jurídico a través del cual se constituye una asociación. Cuando el socio único aumenta capital, por ejemplo, y las nuevas participaciones las suscriben terceros, la sociedad unipersonal se "transforma" en un contrato de sociedad. Hay sociedad desde el aumento de capital. Con la sociedad unipersonal, Europa continental aproximó mucho su sistema de creación de personas jurídicas (incorporation) al sistema americano.

En cuanto al régimen jurídico concreto de la sociedad unipersonal en formación es, en principio, el general de la sociedad en formación. Hay que designar administrador, el propio socio único puede autodesignarse etc.

Lo que se preguntan los autores es si una SLU en formación - antes de la inscripción - tiene personalidad jurídica o no. Nadie duda ni en Alemania ni en España que una sociedad en formación tiene personalidad jurídica. ¿Pero la tiene también la unipersonal? Karsten Schmidt dice que sí. y Merkt nos cuenta que hay otra opinión - quizá mayoritaria - que sostiene que no. Que la SLU en formación no es persona jurídica sino "un patrimonio separado", o sea, un Sondervermogen. En derecho alemán hay tres patrimonios separados que no se consideran, sin embargo, personas jurídicas: la herencia yacente, el patrimonio conyugal y el patrimonio de la sociedad en formación. 

De manera que para la doctrina mayoritaria, que se trate de una sociedad unipersonal o pluripersonales irrelevante. En ninguno de los dos casos hay personalidad jurídica. Esto significa que los bienes aportados por el socio único quedan separados del patrimonio privado del fundador, pero siguen jurídicamente atribuidos a éste. Los defensores de esta teoría consideran que sólo el legislador puede crear nuevos sujetos de Derecho y que la simple existencia de una masa patrimonial separada no basta para generar personalidad jurídica. Sin embargo, el propio lenguaje utilizado por esta doctrina revela ciertas tensiones, porque con frecuencia habla de «sociedad en formación» y de «patrimonio social» pese a negar la existencia de un sujeto autónomo. 

En los derechos latinos, con una concepción más simple de la personalidad jurídica (que no la confunde con la corporación) la tesis de Karsten Schmidt parece perfectamente aceptable: la SLU en formación tiene personalidad jurídica. Se aplica, claro, la doctrina de la irregularidad (porque se trata de una sociedad no inscrita. Dice Merkt que la tesis de Schmidt explica mejor que la del patrimonio separado qué ocurre con las aportaciones. Según la teoría de la personalidad parcial, la aportación se efectúa mediante una auténtica transmisión patrimonial a la sociedad en formación. Según la teoría del patrimonio separado, en cambio, no existe una transmisión propiamente dicha, sino una afectación o segregación de los bienes dentro del patrimonio del fundador. Merkt considera que sólo la primera explicación proporciona una fundamentación plenamente satisfactoria desde el punto de vista dogmático, aunque advierte que ambas teorías exigen en la práctica actos externos inequívocos que hagan visible la separación patrimonial.

Donde Merkt encuentra una pega a la tesis de K Schmidt es en el caso de que, finalmente, la inscripción fracase, si entendemos que la SLU en formación tiene personalidad jurídica, habría que liquidarla (hablar de disolver la SLU es un poco ridículo porque se disuelven los vínculos y se liquidan los patrimonios, y en la SLU no hay ningún vínculo que 'desatar') mientras que si solo decimos que es un 'patrimonio separado' dentro del patrimonio general del socio único, simplemente lo que ocurre es que el patrimonio separado se extingue una vez que la inscripción fracasa, esto es, se produce el supuesto de hecho - entre nosotros - del artículo 39 LSC. La tesis del patrimonio separado tiene una ventaja: desaparece simplemente la afectación patrimonial y los bienes vuelven al patrimonio ordinario del fundador. La teoría de la capacidad jurídica parcial, en cambio, debería exigir lógicamente una liquidación de la entidad. Sin embargo, sus defensores suelen llegar también a la solución práctica de la extinción automática y el retorno de los bienes al fundador, lo que Merkt considera difícil de conciliar con la afirmación previa de una verdadera personalidad jurídica autónoma.

Pero la objeción no es muy fuerte. La liquidación solo se exige cuando se extingue una persona jurídica sin sucesión. Porque no puede haber patrimonios sin titular. Ocurre en la herencia: el causante desaparece, pero su patrimonio pasa al heredero. Ocurre en la fusión por absorción: la sociedad absorbida desaparece, pero su patrimonio pasa a la absorbente sin liquidación. Ocurría tradicionalmente en la sociedad colectiva cuando todos los derechos sociales se concentraban en un único socio y éste sucedía universalmente a la sociedad. Por tanto, hay que entender que si la inscripción fracasa, el socio único debería poder optar por la liquidación pero, dado el tenor del artículo 39 LSC, habría que concluir que la sucesión de la SLU en formación por el socio único se produce ope legis. 

Hanno Merkt, Die Einpersonen-Vor-GmbH im Spiegel der rechtswissenschaftlichen Diskussion, en Festschrift Karsten Schmidt, 2009

Liberbank renuncia al resto del principal y los intereses que puedan adeudarse en la actualidad, liberando al deudor principal y a los fiadores solidarios de toda responsabilidad por la deuda indicada»

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Con IA

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 1537/2026, de 1 de octubre de 2026 (STS 4014/2026).

La cuestión litigiosa consiste en determinar si un avalista quedó liberado de una deuda porque el banco acreedor había aceptado una operación de dación en pago dentro de un contexto concursal, o si, por el contrario, esa operación nunca llegó a perfeccionarse y el banco conservaba íntegramente sus acciones frente al fiador. 

Los hechos parten de unos préstamos concedidos por Liberbank (posteriormente integrada en Unicaja Banco) a varias sociedades. El demandado, identificado en la sentencia como Eloy, había afianzado personalmente esas obligaciones. Las sociedades deudoras entraron en concurso y, en ese contexto, se negoció una solución consistente en que el banco aceptara determinados inmuebles y derechos en pago de la deuda.

El elemento central del litigio es una oferta vinculante firmada por las partes. En ella se establecía que la deuda quedaría satisfecha mediante la adquisición por el banco de determinados bienes tasados, y se añadía una cláusula particularmente relevante: «Liberbank renuncia al resto del principal y los intereses que puedan adeudarse en la actualidad, liberando al deudor principal y a los fiadores solidarios de toda responsabilidad por la deuda indicada». La oferta también contenía una condición según la cual las sociedades concursadas debían obtener la correspondiente autorización judicial para la venta de los activos en el procedimiento concursal.

El avalista ejercitó una acción declarativa sosteniendo que la deuda había quedado extinguida y que, por tanto, había sido liberado de su fianza. Tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Cáceres le dieron la razón. Ambos órganos entendieron sustancialmente que, con la firma del acuerdo, el crédito había quedado satisfecho mediante la dación en pago prevista y que la cláusula liberatoria producía efectos respecto del fiador.

La Audiencia sostuvo expresamente que «con la firma de dicho documento, el crédito derivado del préstamo, avalado por el demandado, quedó saldado» y que el avalista había quedado «extinguido y liberado de toda responsabilidad». Asimismo rechazó la tesis del banco según la cual era necesaria una autorización judicial previa a la junta de acreedores. Razona que esa exigencia temporal no figuraba en la oferta vinculante y que la referencia a la autorización judicial «en el marco de los procedimientos concursales» comprendía las distintas fases del concurso.

Unicaja Banco recurrió en casación. La tesis del banco era que la eficacia del acuerdo estaba sometida a una condición que nunca llegó a cumplirse en los términos exigidos. Según esta posición, la transmisión de los bienes no llegó a perfeccionarse adecuadamente y, por ello, tampoco podía considerarse extinguida la deuda ni liberado el fiador.

El Tribunal Supremo centra su análisis en la interpretación de la oferta vinculante y en el verdadero significado de la cláusula condicional. La Sala considera que la Audiencia Provincial interpretó correctamente el documento contractual. Entiende que la exigencia de autorización judicial no constituía una condición en el sentido defendido por el banco, esto es, una exigencia de autorización previa a la junta de acreedores cuya falta impidiera el nacimiento de los efectos pactados. La referencia contractual era más amplia y estaba vinculada al desarrollo de los procedimientos concursales en los que se insertaba la operación. La sentencia concede gran importancia a la literalidad del propio acuerdo. La oferta no sólo identificaba los activos que se entregaban para cancelar la deuda, sino que contenía una declaración expresa de renuncia al resto del crédito y de liberación de los deudores y fiadores. Para la Sala, esa redacción revela de manera inequívoca la voluntad negocial alcanzada por las partes.

Otro aspecto importante del razonamiento es que el Tribunal rechaza la reconstrucción posterior del contrato efectuada por el banco. La interpretación que éste pretendía introducir en casación, basada en una supuesta condición temporal previa a la junta de acreedores, no encontraba apoyo suficiente ni en el texto de la oferta vinculante ni en la forma en que el litigio se había planteado inicialmente.

La Sala desestima los tres motivos de casación. Considera que no se produjo la infracción de las normas sobre obligaciones condicionales, que la interpretación contractual realizada por la Audiencia es jurídicamente correcta y que tampoco puede prosperar el argumento relativo a la consumación del contrato y a la teoría del título y el modo.

La conclusión de la sentencia es que el acuerdo alcanzado tuvo eficacia liberatoria. El crédito quedó satisfecho en los términos pactados mediante la operación de dación en pago prevista en la oferta vinculante, y el fiador quedó liberado de responsabilidad. Por ello, el Tribunal Supremo confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial y desestima el recurso de casación interpuesto por Unicaja Banco.

Pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión.

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Resolución de la DGSJFP de 16 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026)

La resolución aborda si pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión. El registrador había rechazado la inscripción porque entendía que, para ejercitar los derechos de socio, era necesario acreditar previamente quiénes eran los herederos mediante el correspondiente título sucesorio y justificar adecuadamente la transmisión de las participaciones. 

La DGSJFP estima el recurso y revoca esa calificación.

Los hechos son sencillos. El socio único y administrador único de Mármoles Orfemar, S.L.U. falleció siendo titular ganancial de todas las participaciones. Pocos días después comparecieron la viuda y los dos hijos conocidos del causante y documentaron acuerdos por los que se tomaba razón del fallecimiento del administrador, se modificaba el sistema de administración y se nombraban dos administradores solidarios. Además, afirmaban que las participaciones habían quedado integradas en la comunidad postganancial surgida tras la muerte del socio y que dicha comunidad había designado a la viuda para el ejercicio de los derechos de socio conforme al artículo 126 LSC.

La recurrente construye una argumentación extensa basada en la distinción entre la comunidad hereditaria y la comunidad postganancial. Sostiene que no se había producido aún una transmisión individualizada de las participaciones a herederos concretos, porque ni se había liquidado la sociedad de gananciales ni se había partido la herencia. Por tanto, no tenía sentido exigir la acreditación completa de la sucesión para permitir el funcionamiento de la sociedad. Lo relevante era que existía una masa patrimonial común titular del paquete de participaciones y que, conforme al artículo 126 LSC, había designado una persona para el ejercicio unitario de los derechos sociales. La recurrente invoca especialmente la idea de que dicho precepto pretende evitar que los conflictos internos de una comunidad de titulares paralicen la vida social.

La DGSJFP no basa su decisión en toda esa construcción dogmática sobre la comunidad postganancial. Su razonamiento es más directo y se apoya en su doctrina previa sobre la constitución de las juntas generales y el alcance de la calificación registral. Recuerda que la legitimación para asistir y votar corresponde a quien ostenta la titularidad de las participaciones y que corresponde al presidente de la junta apreciar quién está legitimado para participar en ella. También recuerda que el registrador no está absolutamente vinculado por las declaraciones del presidente, pero sólo puede desconocerlas cuando exista una situación objetiva de conflicto o contradicción patente que impida tener por válidamente constituida la junta. Cita como ejemplos juntas contradictorias, libros registro incompatibles, listas de asistentes discrepantes o privaciones arbitrarias del derecho de voto.

En las sociedades anónimas se está a sus propias normas reguladoras en el supuesto de acciones nominativas (artículo 116), o representadas por anotaciones en cuenta (artículo 118.3).Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes a la junta general (artículos 191, 192 y 193), para lo que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros y que pueden ser tanto estimatorias como desestimatorias (como ocurre a la hora de apreciar la existencia de representación de socios u otras circunstancias similares). El Centro Directivo tiene declarado en una dilatadísima doctrina (vid., por todas, la Resolución de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la junta, lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio –o de representante del mismo, como ocurre en caso del presente recurso–, declaración frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil). Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar (artículo 102.1.4.ª del citado reglamento). 

No obstante, también es doctrina reiterada del citado Centro Directivo que, aun cuando en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 de enero de 1991, 13 de febrero de 1998, 31 de marzo de 2003 y 5 de agosto de 2013). 

De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradictoria con la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse. Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (Resolución de 20 de diciembre de 2012), o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) o dos libros registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho de voto (Resolución de 24 de octubre de 2016); y también cuando se prescinde de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido mientras no se haya consumado el ejercicio por los socios sobrevivientes del derecho de adquisición preferente establecido en su favor por los estatutos (Resolución de 23 de julio de 2019), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta.

La junta quedó constituida con la asistencia de las personas que agotaban la totalidad de los intereses correspondientes a las participaciones sociales. Añade que incluso designaron un representante a los efectos del artículo 126 LSC, aunque ello ni siquiera era imprescindible para resolver el caso. A partir de ahí afirma de forma categórica: «No existe motivo alguno para entender que la junta general no se haya debidamente constituida». 

La razón decisiva es que las participaciones sociales no son objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Por ello, la regularidad de su transmisión no forma parte, con carácter general, del ámbito de calificación del registrador. La resolución afirma expresamente: «No siendo objeto de inscripción en el Registro Mercantil las participaciones sociales (artículo 22.2 del Código de Comercio), la regularidad de su transmisión no es objeto de calificación por el registrador». En consecuencia, el registrador no podía denegar la inscripción de los acuerdos sociales exigiendo la acreditación de la correcta transmisión de las participaciones o de los derechos derivados de ellas.

Los poderes del presidente de la junta es una materia que merecería un trabajo monográfico (v., El presidente de la Junta, Almacén de Derecho, 2018; Op Ed: La facultad de proclamar adoptado un acuerdo y la carga de impugnarlo, Almacén de Derecho, 2021; La paradoja de Condorcet y los poderes del presidente de la junta, Derecho Mercantil, 2023; Los poderes del presidente de la junta para comprobar la regularidad de las representaciones para asistir, Derecho Mercantil, 2021; Representación para asistir a la Junta: abusa de su posición el presidente de la Junta que niega la legitimación a sabiendas de que es el representante legal del socio, Derecho Mercantil, 2013; Las facultades del presidente de la Junta de socios y los efectos sobre la impugnación de los acuerdos; Potestades del presidente de la Junta y potestades del registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2017; La comunidad hereditaria como socio y el control de la asistencia a la Junta por el registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2015; Javier Megías, El presidente del consejo de administración, Fernando Marín de la Bárcena, Formación y eficacia de los acuerdos sociales; 2008; Mónica Fuentes Naharro, Análisis jurídico de la figura del presidente de la junta general de las sociedades de capital, Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 960, 2020, págs. 12-12

El Tribunal Supremo avala negar las costas cuando el consumidor fragmenta artificialmente sus acciones para multiplicar las condenas en costas.

Foto: Pedro Fraile

STS 1599/2026, de 9 de octubre de 2026 (Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo).

(resumen con IA)

La sentencia decide si constituye un uso abusivo del proceso que un consumidor divida en varias demandas las acciones de nulidad relativas a distintas cláusulas de un mismo contrato cuando todas ellas podían haberse acumulado en un único procedimiento. El litigio no versa ya sobre la nulidad de la cláusula de intereses de demora, que fue declarada abusiva en la primera instancia, sino exclusivamente sobre las costas procesales.

Los hechos son relativamente simples. La demandante interpuso el mismo día dos demandas referidas al mismo préstamo hipotecario suscrito en 2005. En una solicitó la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura y cesión del crédito; en otra, la nulidad de la cláusula de intereses moratorios. Esta segunda cláusula nunca había sido aplicada porque la prestataria nunca había incurrido en mora. En el procedimiento objeto de la sentencia, el juzgado declaró abusiva la cláusula de intereses de demora, pero no impuso las costas al banco porque apreció un uso abusivo del procedimiento. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión, entendiendo que la división del litigio en dos procedimientos era artificial y estaba dirigida a obtener una doble condena en costas.

La Audiencia utilizó expresiones particularmente severas. Consideró que existía una «división innecesaria y artificiosa e injustificada del contrato de préstamo en compartimentos por cláusulas» y que la finalidad perseguida era «lograr una imposición de costas». Llegó incluso a afirmar que la acción se había ejercitado «con el único y exclusivo fin de generar un crédito, las costas».

En casación, la demandante alegó la infracción de las normas procesales sobre costas y de la jurisprudencia europea relativa a la protección de los consumidores, sosteniendo implícitamente que, una vez declarada abusiva una cláusula contractual, la entidad predisponente debía soportar las costas del procedimiento.

Antes de entrar en el fondo, el Tribunal rechaza plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Razona que ya existe una jurisprudencia abundante y consolidada acerca del abuso de derecho y del fraude procesal, incluso en litigios de consumo, por lo que no resulta necesaria una nueva consulta. Además, entiende que la controversia no plantea una duda interpretativa general sobre el Derecho de la Unión, sino la valoración concreta de una conducta procesal específica.

La tesis central de la sentencia es que la fragmentación artificial de acciones acumulables con el único objetivo de multiplicar las condenas en costas puede constituir abuso de derecho y abuso del proceso. El Tribunal describe un fenómeno asociado a la litigación masiva: la presentación de una demanda por cada cláusula potencialmente abusiva de un mismo contrato para obtener varias condenas en costas donde bastaría un único procedimiento. A su juicio, cuando no existe una justificación objetiva para esa separación, el proceso deja de servir primariamente a la tutela judicial y pasa a utilizarse como instrumento para generar rendimientos económicos derivados de las costas.

La sentencia insiste en que la conducta debe valorarse atendiendo a las circunstancias concretas del caso. No proclama una regla general según la cual toda falta de acumulación de acciones sea abusiva. Expresamente afirma que «el solo hecho de no acumular determinadas acciones no constituye per se una actuación abusiva o de mala fe». Lo decisivo es la ausencia de una razón objetiva que justifique la separación y la existencia de indicios de que la finalidad perseguida es exclusivamente la obtención de varias condenas en costas. 

Para llegar a esa conclusión, el Tribunal destaca varios elementos. En primer lugar, ambas demandas fueron presentadas simultáneamente. En segundo lugar, todas las pretensiones eran perfectamente acumulables. En tercer lugar, la jurisprudencia existente ya garantizaba que una eventual estimación parcial de la demanda acumulada no impediría una condena en costas al banco. En cuarto lugar, la cláusula de intereses moratorios nunca se había aplicado. Finalmente, se fijó en esta demanda una cuantía de 48.688 euros, correspondiente al máximo garantizado hipotecariamente por intereses de demora, cifra que el Tribunal considera exagerada y desconectada del interés económico real del litigio. 

Una parte importante del razonamiento está dedicada a explicar la función de las costas. El Tribunal recuerda que no constituyen una sanción, sino un mecanismo de compensación destinado a restituir a la parte vencedora los gastos necesarios para litigar. En materia de consumo cumplen además una función disuasoria frente al uso de cláusulas abusivas. Sin embargo, la sentencia subraya que esa finalidad no justifica convertir las costas en una fuente autónoma de beneficio económico mediante la multiplicación innecesaria de procedimientos.

El Tribunal examina extensamente la jurisprudencia del TJUE sobre abuso de derecho. Recuerda la doctrina según la cual los particulares no pueden prevalerse «de manera fraudulenta o abusiva de las normas jurídicas del Derecho de la Unión» y que los tribunales nacionales pueden negar los beneficios derivados de dichas normas cuando, atendiendo a elementos objetivos, se constate un comportamiento abusivo incompatible con los fines perseguidos por la regulación europea. 

A partir de esa doctrina, la Sala sostiene que los principios de efectividad y protección del consumidor quedaron suficientemente satisfechos porque todas las cláusulas podían haberse impugnado en un único procedimiento con derecho a costas en caso de estimación. En consecuencia, la negativa a conceder una segunda condena en costas no menoscaba la protección reconocida por la Directiva 93/13. Al contrario, evita una utilización desviada de esa protección para finalidades distintas de la eliminación de cláusulas abusivas.

Otro aspecto relevante es la construcción del concepto de «abuso del servicio público de Justicia». Aunque reconoce que la Ley Orgánica 1/2025 no era aplicable temporalmente al caso, la sentencia considera que esa ley refleja una idea ya presente en la jurisprudencia: la utilización de los recursos jurisdiccionales de manera innecesaria y sistemática puede perjudicar el funcionamiento de la Administración de Justicia y retrasar la resolución de los asuntos de otros ciudadanos. El interés protegido deja de ser únicamente el de la contraparte procesal y pasa a incluir la utilización racional de recursos públicos limitados. La Sala enlaza esta idea con varias resoluciones recientes propias relativas al abuso del proceso y a la litigación masiva. Particularmente significativa es la afirmación de que no debe promoverse «la multiplicación innecesaria de procedimientos, con el único fin de lucrar de modo indebido al propio demandante y/o a determinados profesionales que actúan en el ámbito de la litigación en masa».

Infracción de cláusula estatutaria limitativa de la transmisibilidad de las acciones y escisión total de la sociedad titular

foto: Pedro Fraile

Crisos, S.L. era propietaria de las acciones n.º 21 a 28 de El Olivillo 87, S.A. Cuando en 2001 se produjo la escisión total de Crisos, el proyecto de escisión atribuía esas acciones a una sociedad beneficiaria de nueva creación llamada Gavifia, S.L. En principio, por efecto de la escisión total, todo el patrimonio de Crisos debía transmitirse en bloque y por sucesión universal a las sociedades beneficiarias.

Sin embargo, esas acciones estaban sujetas a una restricción estatutaria. El artículo 8 de los estatutos de El Olivillo establecía un derecho de adquisición preferente en favor de los demás accionistas. Para transmitir las acciones había que respetar ese procedimiento. 

El problema es que, al ejecutar la escisión, nadie observó esa cláusula estatutaria. Por eso Gavifia demandó en 2006 para que se reconociera que había adquirido las acciones, pero los tribunales rechazaron su pretensión. La sentencia firme de 2006, confirmada en 2008, declaró que la transmisión no era oponible frente a El Olivillo porque se había omitido la comunicación previa exigida por los estatutos. Al mismo tiempo, rechazó que los demás accionistas pudieran quedarse las acciones mediante un retracto posterior porque los estatutos no preveían tal retracto.La consecuencia es la clave del caso. La escisión fue válida, pero la transmisión concreta de esas acciones fue ineficaz. El Supremo lo explica expresamente: la sucesión universal derivada de la escisión no permite ignorar las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones. Si esas restricciones no se respetan, la beneficiaria no adquiere eficazmente las acciones y la sociedad emisora no está obligada a reconocerla como accionista.

De la Newsletter de Cuatrecasas: 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2026, núm. 1495/2017 (ECLI:ES:TS:2026:4003) concluye que una sociedad limitada, escindida totalmente, que no trasmitió unas acciones de su patrimonio por no respetar las restricciones a la transmisión que afectaban a estas, tiene una personalidad jurídica latente o residual que permite que se conserven los derechos inherentes a su condición de accionista.

...  las restricciones estatutarias a la transmisión de las acciones o las participaciones (por ejemplo, un derecho de adquisición preferente) se aplican a las acciones y participaciones que forman parte del patrimonio de la sociedad absorbida/escindida propietaria que son transmitidas a la absorbente/beneficiaria en la fusión/escisión. 

La LSC no establece claramente la consecuencia jurídica de no respetar dichas restricciones. Existen tres corrientes de opinión doctrinal, que resume muy bien la SAP Madrid (Sección 28ª) de 6 de febrero de 2012, núm. 43/2012 (ECLI:ES:APM:2012:2734):La doctrina que puede considerarse corriente mayoritaria aboga por la validez y eficacia del negocio traslativo inter partes, pero entiende que es ineficaz frente a la sociedad. Otra corriente doctrinal defiende que la ineficacia no se produce solo frente a la sociedad, sino también entre las partes, de manera que no da lugar a la transmisión entre transmitente y adquirente. Una tercera línea sostiene que si bien la transmisión es ineficaz y no llega a verificarse (por falta de “capacidad de disposición del transmitente” pues sin ella, “la transmisión no existirá, ni frente a la sociedad ni frente a nadie”), el contrato causal es válido y obligatorio, generándose en el transmitente la responsabilidad por incumplimiento contractual.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque esté liquidada y cancelada su hoja registral, la sociedad tiene capacidad para ser parte demandada (véase STS de 24 de mayo de 2017, nº 324/2017 —ECLI:ES:TS:2017:1991—) o demandante (SSTS de 8 de noviembre de 2023, núm. 1536/2023, —ECLI:ES:TS:2023:4623— y 27 de mayo de 2025 , núm. 823/2025—ECLI:ES:TS:2025:2382—) al pervivir latente su personalidad jurídica, aunque solo sea para atender a las relaciones jurídicas pendientes.

La escisión total no es un caso de liquidación. En su día, el art. 260.1.6º LSA consideraba a la escisión total una causa de disolución, y el Supremo indicó (entre otras, en la STS de 5 de julio de 2006, núm. 748/2006, —ECLI:ES:TS:2006:4286—) que “constituye un fenómeno de extinción”, que provoca “una disolución sin liquidación”. Tanto el anterior art. 69 Ley 3/2009 como el vigente art. 59 RDLey 5/2023 se refieren a ella como un caso de “extinción”, sin aludir para nada a la liquidación.

En su día la SAP de Madrid (Sección 28ª), de 14 de febrero de 2008, nº 51/2008 (ECLI:ES:APM:2008:2194) examinó un supuesto en el que una sociedad limitada, como consecuencia de su escisión total, transmitió acciones de una sociedad anónima, con una restricción estatutaria que no se respetó. Por ello, la “transmisión operada” resultó “inoponible” frente a la anónima. Según eso, seguía siendo el socio transmitente el que debía ejercer “los derechos inherentes a la titularidad de las acciones”. Pero en este caso “el primitivo transmitente era una persona jurídica cuya personalidad se habría extinguido como consecuencia de una operación societaria de escisión”, con lo que se constató la falta de “una solución idónea para la anómala situación creada”.

La cuestión llega ante el Supremo porque la sociedad limitada, desde 2018, litiga con el fin de que la sociedad anónima le reconozca “los derechos sociales y económicos inherentes a su condición de accionista”, “incluyendo los dividendos acordados y pendientes de pago”. Pero la anónima se niega invocando “la falta de legitimación activa” de la limitada “por ser una sociedad extinguida y cancelada en virtud de la escisión total”.

El Supremo se niega a aceptar que, al haberse extinguido la limitada, sus acciones “queden desterradas a un limbo jurídico o pasen a ser res nullius, pues este resultado es absurdo”, y resuelve el problema razonando de esta manera: La escisión total “supone el traspaso en bloque por sucesión universal de las relaciones reales y obligatorias” a las sociedades beneficiarias “mediante un único modo (la inscripción de la escisión en el registro mercantil)”, pero, en todo caso, “han de respetarse las reglas sobre la transmisibilidad de estas relaciones jurídicas”.

Como “la restricción estatutaria a la que se sujeta la transmisión de las acciones... no ha sido observada... la transmisión es ineficaz por la falta de capacidad de disponer (o falta del poder de disposición) del transmitente, que impide la transmisión, tanto frente a la sociedad, como frente al resto de afectados”. Con todo, “el negocio causal (en el presente caso, integrado en la escisión societaria) es válido” y “obligatoriamente eficaz”, ya que “el negocio causal no se ve afectado”.

La jurisprudencia del Supremo ha admitido casos “en los que la personalidad de la sociedad permanezca latente”, a pesar de que “en principio, la inscripción registral de la extinción (con la consiguiente cancelación de asientos) comporte la pérdida de la personalidad jurídica”, entendiendo que “la inscripción de cancelación en el registro mercantil no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo”.

Por todo lo anterior, aunque la sociedad limitada “se haya escindido totalmente”, no se han agotado “de manera completa” sus relaciones jurídicas ya que las acciones no se transmitieron a la beneficiaria, sino que “permanecen en la situación anterior a esta ineficaz transmisión: esto es, bajo la titularidad de la sociedad totalmente escindida”. Y se reconoce “a estos efectos” que la personalidad jurídica de la sociedad limitada escindida “se mantiene de forma «latente», «prorrogada» o «residual»”, al igual que en los “otros casos excepcionales de sociedades extinguidas, cuyos asientos registrales han sido cancelados”.

Un caso israelí de terminación de un contrato de franquicia

@archeostories

(con Copilot)

El artículo analiza cómo debe regularse la terminación de un contrato de franquicia de duración indefinida. La autora sostiene que las reglas sobre terminación condicionan toda la relación contractual porque determinan los incentivos de franquiciador y franquiciado a invertir, cooperar y asumir riesgos. Su tesis es que el Derecho debería reconocer como regla general que ninguna de las partes puede poner fin unilateralmente a la franquicia sin una “justificación razonable” aunque esa regla sea dispositiva y pueda ser modificada expresamente por contrato. 

El punto de partida es que la franquicia es un contrato de larga duración en el que ambas partes realizan inversiones específicas (cuyo valor se pierde si termina la relación porque no pueden 'desplegarse' en otra relación contractual diferente. Piénsese en la decoración del local restaurante). Si se permite al franquiciador terminar libremente el contrato, puede apropiarse de las inversiones realizadas por el franquiciatario sin permitirle obtener plenamente el rendimiento de su esfuerzo. Pero si se dificulta excesivamente la salida, el franquiciatario puede ver reducidos sus incentivos para comportarse diligentemente y tentado de aprovecharse de la reputación común de la red. Por tanto, la regulación de la terminación estructura el equilibrio de poder durante toda la relación contractual. 

El caso Blum v. Anglo-Saxon

El litigio enfrentó a Elie Blum y la red inmobiliaria Anglo-Saxon. Blum explotaba una franquicia exclusiva en Herzliya desde hacía más de veinticinco años. Cuando Blum intentó vender el negocio a un tercero, (como luego se verá, no era una franquicia exclusiva, es decir, Blum comercializaba inmuebles de otras redes inmobiliarias) Anglo-Saxon exigió que el nuevo contrato de franquicia incorporara condiciones distintas, especialmente una limitación temporal de la duración de la franquicia. Blum entendió que ello reducía sustancialmente el valor económico de su posición.

El conflicto se agravó. Anglo-Saxon acusó a Blum de descuidar la franquicia. Tras varios intentos de negociación, le comunicó la rescisión del contrato. Blum impugnó judicialmente la decisión. El tribunal de primera instancia aplicó la doctrina tradicional israelí sobre contratos de duración indefinida (la misma que en derecho español y en cualquier derecho civilizado v., art. 25 LCA, por eso no se entiende que el contrato de trabajo no pueda ser terminado ad nutum con un plazo de preaviso. De hecho, esa es la regulación alemana del 'despido': reconocer al trabajador una indemnización sustitutiva del plazo de preaviso, lo que reduce notablemente los incentivos de ambas partes, empleador y trabajador para comportarse deslealmente), según la cual, nadie puede quedar vinculado perpetuamente a un contrato. Por ello, cuando un contrato no fija una duración determinada, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante un preaviso razonable. El tribunal concluyó que Anglo-Saxon había actuado correctamente al comunicar la terminación con una antelación suficiente. Añadió, además, que la actuación de Blum podría justificar la rescisión incluso por incumplimiento. 

El Tribunal Supremo casó la sentencia del tribunal de instancia. El juez Yoram Danziger revocó la decisión y sostuvo que la regla de la terminación unilateral ad nutum no es una norma jurídica sustantiva sino únicamente una presunción interpretativa destinada a descubrir la intención contractual cuando ésta no puede extraerse del contrato. (véase, Paz-Ares, La denuncia ad nutum de los contratos de duración indeterminada entre el derecho dispositivo y el derecho imperativo. Reflexiones a propósito de joint ventures y pactos parasociales» C Paz-Ares en el Liber Amicorum de Juan Luis Iglesias (2014). comentado en JA, La duración de los pactos parasociales de relación, Almacén de Derecho, 2018). Es decir, según el Tribunal Supremo israelí, se presume que si las partes de un contrato lo han pactado con duración indefinida, es porque quieren reservarse la posibilidad de darlo por terminado unilateralmente cumpliendo, naturalmente, con las exigencias de la buena fe que incluye el anuncio de su intención a la otra parte - el 'preaviso' - para permitirle adoptar las medidas que minimicen los daños que la terminación pueda causarle. 

El contrato contenía cláusulas específicas sobre los casos en que Anglo-Saxon podía terminar el contrato y el Supremo entendió que esa enumeración era exhaustiva. La cláusula permitía la terminación por determinadas causas: insolvencia, condena penal, cierre del negocio, impago, utilización indebida de las marcas, incumplimiento contractual y otros supuestos similares. Como la situación de Blum no encajaba en ninguno de esos casos, Anglo-Saxon carecía de derecho contractual a terminar. Lo decisivo para el ponente Danziger era que el contrato hubiera sido redactado por la propia Anglo-Saxon. Si hubiera querido reservarse una facultad general de terminación discrecional, podría haberlo dicho expresamente. No lo hizo. Por ello debía cargarse con las consecuencias de su propia redacción.

Danziger adujo un argumento económico de interés: si el franquiciador conserva una facultad ilimitada para terminar el contrato, el franquiciatario carece de incentivos para hacer inversiones específicas a su relación con el franquiciador (“otorgar al franquiciador una facultad general de terminación reduce significativamente los incentivos del franquiciado para desarrollar la franquicia”) por lo que el que invierte durante años en el desarrollo del negocio debe estar razonablemente protegido frente a una terminación arbitraria. 

La cuestión de los remedios

El franquiciatario no podía pedir el cumplimiento específico porque, en el interim, el franquiciador había concedido la franquicia a un tercero tras haber declarado terminado el contrato con Blum. El tribunal de instancia concedió inicialmente el cumplimiento específico del contrato, aunque diferido hasta la finalización de la franquicia del nuevo franquiciado. También reconoció daños y perjuicios.

Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó rechazando el cumplimiento específico. El juez Amit consideró que la franquicia es una relación intensa de cooperación continuada y confianza mutua. Además, habían transcurrido muchos años y la red había evolucionado significativamente. Por ello resultaba injustificado forzar la reanudación de la relación. 

La solución final consistió en indemnizar a Blum por el valor económico de los beneficios futuros que perdió a consecuencia de la terminación, estimando que la marca Anglo-Saxon aportaba aproximadamente un 25 % del valor del negocio desarrollado por Blum.

El resto del trabajo se ocupa de la teoría económica de la franquicia que se ha elaborado por los economistas utilizando las categorías conceptuales de Oliver Williamson. 

Su argumento es que la franquicia debe entenderse como un mecanismo diseñado para gestionar tres problemas: inversiones específicas; racionalidad limitada; riesgo de oportunismo. Las inversiones específicas son especialmente importantes. El franquiciado suele realizar gastos, esfuerzos comerciales y acumulación de clientela que tienen valor principalmente dentro de la red. Cuanto más específica sea la inversión, mayor será la dependencia respecto al franquiciador. En esas circunstancias, el franquiciador puede comportarse oportunistamente y expulsar al franquiciado una vez que éste ha realizado inversiones valiosas. Y el franquiciado puede aprovecharse de la reputación común de la red reduciendo sus propios esfuerzos y trasladando parte de los costes a los demás miembros (“free rider problem”. 

En este contexto, la autora critica al Supremo israelí al que considera demasiado optimista respecto a la posibilidad de que el contrato, aún elaborado cuidadosamente y por anticipado por el franquiciador, sea completo y refleje un equilibrio económicamente eficiente. Más bien hay que temer que contenga una regulación de la terminación que perjudique ineficientemente a los franquiciatarios. Pero, precisamente, lo que hizo el Supremo es 'leer' el contrato en el sentido de que el franquiciador estaba renunciando a la posibilidad de terminar ad nutum el contrato, una lectura que, probablemente, sorprendió al franquiciador. El Supremo israelí está exigiendo a los franquiciadores que regulen la terminación de un contrato de duración indefinida estableciendo dos regímenes, al modo que lo hacen los artículos 25 y 26 LCA: una regulación de la terminación ad nutum que incluya el plazo de preaviso aplicable (denuncia ordinaria) y otra que regule el derecho de cada una de las partes a terminarlo por justo motivo (denuncia extraordinaria) en cuyo caso, la parte que denuncia no ha de conceder plazo de preaviso alguno.

La autora propone que la ley permita la terminación de un contrato de duración indefinida sólo si existe justo motivo, ('justificación razonable') pero esta regla sería dispositiva. Creo que la regulación de los artículos 25 y 26 de la Ley de Contrato de Agencia son preferibles.

Soroker, Iris, רגולציה של סיום הזיכיון, Regulating the Termination of a Franchise (August 7, 2019) 

¿Me preguntas por qué no tenemos jueces?

 

foto: Pedro Fraile

Cuenta Boehm que en los grupos humanos primitivos de cazadores-recolectores no existen instituciones que resuelvan los conflictos internos. Christopher Boehm, Retaliatory Violence in Human Prehistory, The British Journal of Criminology, Volume 51, Issue 3, May 2011, Pages 518–534, resumido en JA, La venganza, Derecho Mercantil, 2021). No hay un miembro del grupo al que se le asignen funciones de juez. El enjuiciamiento del comportamiento de los individuos lo realiza el grupo en su conjunto y la “ejecución de las penas” las llevan a cabo los propios miembros del grupo descentralizadamente. (v., JA, ¿Cuándo es eficiente centralizar las sanciones?, Derecho Mercantil, 2010). Es más, el que se mete a resolver una pelea puede acabar muerto. Parecería, sin embargo, que encargar a alguien la resolución de las disputas sería el primer candidato a la creación de un “órgano” en el seno de un grupo. La razón de su tardía aparición se debe a sus costes y a sus beneficios. Los costes son muy elevados en términos de preservación de la igualdad entre los miembros del grupo. (v., Los humanos son aversos a la desigualdad, no sólo a la injusticia, Derecho Mercantil, 2017 donde se resume y critica Christina Starmans Mark Sheskin & Paul Bloom Why people prefer unequal societies Nature Human Behaviour 1 (2017). Una vez que alguien decide quién tiene razón, será muy difícil evitar que se convierta en el jefe del grupo a los demás efectos y generará incentivos en los demás para sobornarlo. Y los beneficios son escasos si la formación de una “mayoría moral”, esto es, si llegar a un acuerdo sobre la “sentencia” que merece un determinado miembro del grupo es fácil. En un grupo de humanos que se pasan el día y la noche hablando entre sí sobre los demás miembros del grupo, la comunicación tan intensa facilita la formación de la opinión pública. La ejecución de la pena se asigna a aquél para el que el coste de hacerlo es menor (en términos de facilidad para ejecutarla y de evitación de represalias por parte de los familiares del “condenado”) lo que conduce, generalmente, a encargar la ejecución a un familiar del “delincuente”. Y los discrepantes siempre pueden abandonar el grupo y formar uno propio. Lo de la “salida vs voz vs lealtad” de Hirschmann es aplicable.

En una escritura de constitución de hipoteca, puede pactarse que el tipo de subasta es el 75% del valor de tasación, si no se incluye, entre los mecanismos de ejecución, el de venta extrajudicial

foto: JJBOSE

Por Esther González

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1449/2026, de 17 de septiembre de 2026)

Se discute en este procedimiento si es inscribible una hipoteca (con el pacto de ejecución directa) que prevé, conforme al art. 682.2.1º LEC, que el tipo de subasta del inmueble hipotecado es igual al 75% de su valor de tasación. El Registrador denegó la inscripción amparándose en la interpretación de dicho artículo llevada a cabo por la DGSJFP en su resolución de 23 de diciembre de 2020. Según dicha resolución, la nueva redacción del art. 129.2 a) LH (que fue modificado por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario y exige que el tipo de subasta fijado en la escritura de hipoteca “no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa ni podrá en ningún caso ser inferior al valor señalado en la tasación”) modificó el criterio del art. 682 LEC, en el sentido de ser siempre exigible, para el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, que el tipo de subasta que se indique en la escritura de constitución de la hipoteca no sea en ningún caso inferior al 100% del valor de tasación. La DGSJFP concluyó, además, que esto aplicaba tanto si se incluía como si no se incluía, en la escritura de constitución de hipoteca, el procedimiento de venta extrajudicial entre los posibles mecanismos de ejecución hipotecaria.

El TS confirma en esta sentencia la interpretación de la DGSJFP pero con un importante matiz (que hace que se estime el recurso frente al criterio del Registrador):Si las partes que otorgan la escritura de hipoteca optan solo por incluir como mecanismo de ejecución la ejecución judicial (y no la venta extrajudicial), que era lo que había sucedido en el presente caso, se aplica el art. 682.2.1º LEC y, por tanto, puede pactarse un tipo de subasta inferior al valor de tasación, siempre que no sea inferior al 75% de dicho valor de tasación.

Si las partes que otorgan la escritura de hipoteca incluyen también, como mecanismo de ejecución, la venta extrajudicial, 

“el valor fijado como tipo de la subasta no puede ser inferior al valor de tasación de la finca, y por la propia previsión del art. 129.2.a) LH esta exigencia se extiende a la ejecución judicial, ya que expresamente se prevé que el tipo fijado para la subasta extrajudicial no puede ser distinto al fijado para la subasta judicial”.

Se rechaza el depósito de CCAA porque el informe de auditoría es de fecha posterior a la convocatoria de la junta (art. 272 LSC)

Foto: JJBOSE

Por Marta Soto-Yárritu

(Resolución de la DGSJFP de 26 de mayo de 2026)

La junta general fue convocada el 14 de noviembre de 2025 y se celebró el 17 de diciembre de 2025 en primera convocatoria, con asistencia del 75% del capital social, aprobándose las cuentas del ejercicio 2024 con el voto favorable de socios que representaban el 66,67% del capital presente. La registradora denegó el depósito porque, según la fecha de elaboración del informe de auditoría, este no estuvo a disposición de los socios en la fecha exigida por el art. 272 LSC, calificando el defecto como insubsanable.

El recurrente alegó que la convocatoria se realizó el 14 de noviembre de 2025, que el informe de auditoría es de fecha 17 de noviembre de 2025, que los socios solicitaron las cuentas y el informe el 24 de noviembre de 2025 (remitiéndose ese mismo día) y que en la junta del 17 de diciembre de 2025, con el 75% del capital presente, todos los socios disponían ya de dichos documentos sin que nadie alegara vulneración de su derecho de información. El recurrente invocó la doctrina de la propia DGSJFP según la cual el rigor de la nulidad debe mitigarse cuando los defectos son meramente formales y no comprometen los derechos individuales del socio, así como el art. 204.3 LSC, que impide impugnar acuerdos sociales por infracción de requisitos meramente procedimentales de convocatoria.

La DGSJFP recuerda que, conforme a su doctrina, la ausencia de expresión en la convocatoria de la junta del derecho reconocido en el art. 272 LSC, supone la nulidad de la convocatoria y de los acuerdos adoptados. Este derecho de información se ha configurado por la jurisprudencia como un derecho esencial, instrumental al de voto, imperativo e irrenunciable, que permite al socio actuar en defensa de sus intereses y emitir un voto consciente.

Aunque la propia DGSJFP admite que esta doctrina rigurosa debe mitigarse ante defectos meramente formales siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del socio, matiza que esa flexibilización solo opera cuando, de un análisis pormenorizado, resulte indiscutible que los derechos individuales de los socios no han sido violentados. Esta doctrina encontró respaldo legal en el art. 204.3 LSC introducido por la Ley 31/2014.

Sin embargo, en este caso, la DGSJFP concluye que la falta de puesta a disposición de los socios del informe de auditoría (aunque sea por razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de convocatoria de la junta) e incluso de ausencia de información en el texto de la convocatoria, constituye una contravención frontal del art. 272 LSC. Y añade: “un administrador prudente debe abstenerse de convocar junta ordinaria ante la incertidumbre de si el informe de verificación estará emitido al tiempo de la convocatoria, habida cuenta de las graves consecuencias que de ello pueden derivarse.” En consecuencia, desestima el recurso confirmando la calificación registral.

Respecto a los argumentos del recurrente sobre que el informe de auditoría se remitió con posterioridad a los socios, que las cuentas anuales se aprobaron con una mayoría de votos cualificada, que no existió manifestación alguna por parte de los socios de que sus derechos se habían visto vulnerados o la afirmación genérica de que no ha existido lesión alguna a los derechos de los socios, la DGSJFP señala que estas cuestiones exceden el ámbito del recurso registral (limitado a valorar si la calificación se ajusta a derecho) y corresponden, en su caso, a los tribunales de justicia.