Escribe Antonio M. Morales:
El artículo 1169 CC francés [situado en el tít. III del libro III, («Las fuentes de las obligaciones»)] dispone: «Un contrato a título oneroso es nulo cuando, en el momento de su formación, la contraprestación convenida en provecho del que se vincula es ilusoria o ridícula».
Este artículo es considerado como una reminiscencia de la exigencia de causa del contrato del artículo 1108 CC fr. 1804, una vez suprimida. El contrato es nulo porque, al no cumplir la exigencia de la causa onerosa, carece de causa.
Sobre este artículo dicen Chantepie/Latina: «El Derecho francés permanece fiel a una concepción del contenido del contrato que no lo liga exclusivamente al acuerdo de voluntades. El contrato a título oneroso es el soporte jurídico de un intercambio económico. Verificando que la contrapartida convenida no sea ni ilusoria ni irrisoria , el juez garantizará la utilidad económica del contrato, perpetuando así la función antiguamente asignada a la causa».
El Código Civil francés reconoce a las partes libertad para establecer la relación de equivalencia entre la prestación y la contraprestación en un contrato sinalagmático. No impone que el precio sea justo. Sin embargo, esta regla tiene límites. Uno de ellos es el del artículo 1169 CC fr., que ahora estudio, considerado como un reflejo de la causa. La nulidad p1169 CC fr., aunque se refiera a la causa, es una nulidad relativa porque el interés protegido por la regla violada es un interés particular Aunque, antes de la reforma de 2016, se ha defendido que la función de intercambio económico del contrato es de interés general, justificando así la nulidad absoluta. El carácter relativo de la nulidad determina las siguientes consecuencias: (i) Solo está legitimado para invocarla el contratante protegido (en el art. 1169 CC fr.: el que se vincula a cambio de casi nada). (ii) Como la nulidad protege el interés de este contratante, él puede confirmar el contrato (art. 1181 II CC fr.). (iii) El ejercicio del derecho a anular el contrato debe producirse por vía judicial y tiene un límite temporal, si se realiza de por vía de acción (art. 2224 CC fr.).
No hay límite temporal si la nulidad se opone como excepción. La causa de nulidad (relativa) del contrato prevista en el artículo 1169 CC fr. concurre en derecho francés con otra causa de desvinculación por falta la equivalencia, la rescisión por lesión. Pero el artículo 1169 CC fr. no se funda en la lesión, sino en la doctrina de la causa. Por eso solo se aplica en los casos en los que el precio es irrisorio, lo que determina que no exista causa, no en los casos en los que el precio pagado sea excesivo.
En el Código civil español no existe un artículo semejante al 1169 CC fr., que otorgue directamente al contratante obligado en un contrato oneroso el derecho a anularlo, fundado en ser ilusoria o ridícula la contraprestación recibida. Es cierto que el Código civil español exige que el contrato tenga causa (art. 1260,3 CC), caracteriza la causa de los contratos onerosos (art. 1274 CC) 38 y declara de nulidad de los contratos sin causa (art. 1275 CC). Pero este conjunto de preceptos no atribuye, de modo directo, al sujeto legitimado (contratante perjudicado) un derecho a anular el contrato semejante al del artículo 1169 CC fr. cuando la contraprestación convenida a cambio es ridícula o irrisoria.
Para situar este tipo de casos en el derecho español y analizar su tratamiento hemos de empezar preguntándonos cuál es la razón que puede dar lugar a la existencia de estos contratos. Y hay dos posibles razones. Una, porque existe un vicio del consentimiento en uno de los contratantes. Otra, porque los contratantes han querido configurar así ese contrato. Comienzo por referirme a la segunda de estas razones.
(i) El precio irrisorio en una compraventa aparece considerado por nuestro Tribunal Supremo en el marco de la simulación. Es un supuesto de falta de causa por simulación, pero no un supuesto de falta de causa (per se), autónomo y distinto.
En la simulación, el TS ha afirmado que la presunción de causa se aplica incluso a los contratos con precio bajo (STS 05.02.1993,núm. 137/1993). La presunción de causa no se destruye por el mero hecho de que el precio sea irrisorio, si existen razones que lo justifican. La jurisprudencia tiene en cuenta todo el acuerdo de las partes, el verdadero contrato (lo que sería el contrato disimulado). Si el contrato (con precio ridículo o irrisorio) es el querido por los contratantes, es normal que lo oculten simulando otro, por ejemplo, simulando un precio superior al acordado, que no llega a pagarse, y disimulando el verdadero contrato. Tratándose de un contrato disimulado, para determinar su eficacia es preciso tomar en cuenta el conjunto de contratos quizá diferentes ocultados por las partes (disimulados) que tienen una unidad de propósito y conexión entre sí. Ese conjunto puede explicar que en alguno de ellos la contraprestación sea demasiado baja o inexistente. Si el contrato disimulado no estuviera conectado a otros siendo un único contrato hemos de calificarlo conforme a su verdadera naturaleza jurídica, al margen de la calificación que le hubieran dado las partes. Es, en buena medida, un contrato gratuito al que deben aplicarse las normas imperativas propias de esa modalidad de contratos. Si se trata de una donación, será nula por falta de forma, conforme a la jurisprudencia del TS. Y está legitimado para invocar la nulidad cualquier interesado. (ii) El precio vil o irrisorio puede ser debido también a un vicio del consentimiento. La anulación del contrato se funda en este caso en la existencia del vicio, no en el hecho de que sea vil el precio. La escasa cuantía del precio puede ser un indicio para presumir el vicio del consentimiento.
Y en las conclusiones
Aunque la doctrina de la causa ha servido históricamente para la construcción del moderno derecho de contratos, el desarrollo de este no la hace hoy imprescindible. E incluso impide el tratamiento diversificado de los problemas jurídicos que fueron resueltos a partir de ella... Pese a lo que pueda parecer, la causa no debe ser considerada hoy, al menos en el derecho español, una cláusula general o regla de principio de la que se puedan extraer soluciones concretas. Porque es la ley la que, junto con los principios básicos del ordenamiento, regula el sistema de la contratación y el de transmisión de los bienes. La causa, al menos hoy, no tiene fuerza normativa propia y directa, como si fuera un concepto jurídico de contenido normativo indeterminado. La causa es un concepto técnico utilizable en la aplicación del derecho que, en su aparente unidad, tiene diferentes significados, según la finalidad para la que se utiliza. Esto lo vuelve oscuro y mantiene abierta una discusión teórica innecesaria sobre el mismo. El que un Código civil, en el siglo xxi, prescinda de la mención de la causa (como ha hecho el Código civil francés o propone la Propuesta de modernización del Código civil español de 2023) no altera el sistema de la contratación, ni impide aplicar las normas que lo ordenan. Tampoco excluye, en aquellos sistemas que tradicionalmente han utilizado la causa, que esta pueda seguir siendo manejada como herramienta explicativa, en la técnica de aplicación del derecho.








