miércoles, 18 de noviembre de 2026

La competencia de la junta de propietarios para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos en régimen de propiedad horizontal


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Dice el artículo 17.12 Ley de Propiedad Horizontal

12. El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.

Esta es la versión actual del artículo 17.12 LPH dice expresamente que el acuerdo puede "limitar, condicionar o prohibir" la actividad. Pero el acuerdo impugnado en esta litigación se adoptó el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia está aplicando la redacción introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, que entonces decía únicamente: "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad...

Como se verá, el TS llega a la misma conclusión que si la versión vigente hubiera estado en vigor en el momento en que se adoptó el acuerdo por las comunidades de propietarios. Un par de comentarios que me parecen de interés

1º Es un buen caso para argumentar el carácter corporativo de las comunidades de propietarios. (v., Corporaciones y patrimonios de administración: el caso de las comunidades de propietarios, Almacén de Derecho, 2026). El Supremo aduce que la inclusión de la cuestión de la posibilidad de explotar el inmueble en alquiler turístico entre los asuntos sobre los que puede adoptar acuerdos la junta de propietarios habla en contra de que se requiera el consentimiento de cada propietario para prohíbir la explotación turística del piso. Es, ciertamente, contradictorio porque, si se requiere el consentimiento, eso significa que la junta no puede pronunciarse sobre la cuestión. No entra dentro de las competencias de la junta. Demuestra la importancia de distinguir entre adopción de acuerdos por unanimidad y adopción de decisiones colectivas por consenso. Lo que los demandantes alegaban, en realidad, es que la junta no era competente para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos.

2º La modificación del art. 17.12 LPH se produjo en 2025, es decir, antes de que tuviera que decidir el Tribunal Supremo. Se plantea, como siempre, si el cambio legislativo debe utilizarse para interpretar la lex anterior en el mismo sentido que la reforma o en sentido contrario. En un caso como este, parece que el legislador se limitó a aclarar la voluntad de la ley de atribuir a la mayoría reforzada de los propietarios decidir si se permitía o no la explotación turística de los pisos. Es decir, de atribuir competencias a la junta de propietarios en esta materia.

3º Tiene razón el Supremo en que, en función de la actividad, la línea que separa "limitar" de "prohibir" es imposible de trazar. En el caso, si la junta hubiera acordado limitar el alquiler turístico (v., art. 5 e) LAU que lo define como "e) La cesión temporal de uso de la totalidad o parte, de acuerdo con la normativa de las administraciones competentes en materia turística, de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística. La duración máxima de este tipo de cesión, que será fijada por las administraciones competentes, no podrá en ningún caso superar los treinta y un días") a los alquileres por períodos no inferiores a 28 días, por ejemplo, ¿se trata de una limitación o de una prohibición? ¿y si se limita a los meses de enero y febrero de cada año? ¿Y si se limita el número de personas que pueden ocupar el piso? Por no hablar de que la actividad prohibida puede cambiar en función de que el legislador 'competente en materia turística' cambie la definición


La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por varias sociedades propietarias de ocho viviendas en una comunidad de propietarios de Orihuela Costa contra el acuerdo adoptado por la junta extraordinaria de 12 de noviembre de 2019 que modificó los estatutos comunitarios para prohibir el alquiler turístico o vacacional en el edificio.

Las demandantes sostenían que el acuerdo era nulo porque una prohibición absoluta de alquiler turístico exigía unanimidad conforme al artículo 17.6 LPH. A su juicio, el artículo 17.12 LPH, introducido por el Real Decreto-ley 7/2019, permite únicamente “limitar” o “condicionar” el alquiler turístico, pero no prohibirlo. 

Tanto el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Orihuela como la Audiencia Provincial de Alicante habían rechazado esta tesis. Entendieron que el artículo 17.12 LPH configura una excepción al principio de unanimidad y permite adoptar acuerdos relativos al alquiler turístico mediante la doble mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas de participación.

El Tribunal Supremo razona que en materia de propiedad horizontal es legítimo imponer prohibiciones o limitaciones destinadas a proteger intereses generales de la comunidad. La jurisprudencia anterior ha admitido reiteradamente restricciones relativas al destino o uso de los elementos privativos, siempre que aparezcan establecidas de forma expresa y, para oponerse a terceros, consten inscritas en el Registro de la Propiedad.

El Tribunal desarrolla una interpretación sistemática, histórica y teleológica del artículo 17.12 LPH. Considera especialmente relevante la exposición de motivos del Real Decreto-ley 7/2019, que justificó la reforma por las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler y por el impacto que el crecimiento de los alquileres turísticos estaba teniendo sobre el mercado residencial. Del preámbulo de la reforma el Tribunal deduce que la finalidad perseguida por el legislador era favorecer el alquiler residencial y facilitar a las comunidades de propietarios mecanismos para restringir la expansión de los alquileres turísticos. Considera notorio que el uso turístico de viviendas puede generar problemas de convivencia, molestias y perturbaciones para quienes utilizan los inmuebles con fines residenciales. La reforma pretendió permitir a las comunidades reaccionar preventivamente frente a esos riesgos mediante acuerdos adoptados por una mayoría reforzada, sin necesidad de esperar a que aparecieran conflictos concretos. 

El núcleo de la sentencia consiste en la interpretación de las palabras “limitar” y “condicionar”. El Supremo rechaza que deban entenderse como conceptos incompatibles con la prohibición. Afirma que una prohibición constituye simplemente el grado máximo de una limitación. Lo expresa en los siguientes términos: «no entendemos que limitar el uso turístico no permita su prohibición, que no deja de ser una limitación, en este caso máxima, en un concreto aspecto de las facultades dominicales».

La sentencia refuerza esta conclusión mediante un argumento lingüístico. Acude al Diccionario de la Real Academia Española y recuerda que “limitar” significa no sólo poner límites, sino también «fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien». Desde esta perspectiva, una reducción total de una facultad determinada constituye igualmente una limitación. 

Añade además que la interpretación defendida por los recurrentes privaría de buena parte de su utilidad práctica al artículo 17.12 LPH. Si una comunidad sólo pudiera imponer condiciones o restricciones parciales y no prohibir la actividad, bastaría la oposición del propietario interesado para impedir un acuerdo de exclusión completa y mantener la necesidad práctica de unanimidad. Según el Tribunal, la finalidad de la reforma consistió precisamente en crear una excepción a la regla de la unanimidad para hacer posible que las comunidades pudieran vetar el alquiler turístico mediante la mayoría reforzada de tres quintos. 

El Tribunal rechaza igualmente la idea de que las comunidades sólo puedan reaccionar ex post mediante la acción de cesación del artículo 7.2 LPH cuando las molestias ya se hayan producido. Considera compatible con el sistema de propiedad horizontal que los propietarios acuerden preventivamente excluir determinadas actividades mediante normas estatutarias. 

¿Aportar algo que no es tuyo en un aumento de capital hace éste contrario al orden público?

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 25 de septiembre de 2026, SAP Madrid 12155/2026, ECLI:ES:APM:2026:12155.

La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que había declarado la nulidad de dos acuerdos de ampliación de capital adoptados el 1 de diciembre de 2016.

El origen del litigio se encuentra en una reorganización societaria dentro de un grupo familiar de empresas dedicadas a la formación. Estanislao, socio de GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L., impugnó dos ampliaciones de capital aprobadas en una junta universal celebrada el 1 de diciembre de 2016. La primera ampliación, por importe de 55.338 euros, se realizó mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L.. La segunda ampliación, por importe de 140.187 euros, se realizó mediante compensación de créditos. Ambas operaciones fueron elevadas a escritura pública el 30 de diciembre de 2016.

La demanda sostenía que la primera ampliación era radicalmente nula porque las participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L. aportadas por los socios ya no les pertenecían en el momento de la operación. Según los hechos recogidos en la sentencia, esas participaciones habían sido aportadas años antes al capital de otra sociedad del grupo. Por tanto, cuando en 2016 se presentaron nuevamente como aportación no dineraria, los aportantes ya no eran sus titulares. La demanda afirmaba que no existió aportación real alguna y que el aumento de capital se había realizado sobre una apariencia ficticia de patrimonio social.

Respecto de la segunda ampliación, la impugnación tenía carácter derivado. No se alegaba que la compensación de créditos fuera por sí misma ilícita, sino que la operación descansaba sobre una cifra de capital resultante de la primera ampliación. Si esta última era nula, también debía serlo la segunda, al apoyarse sobre una situación societaria incorrecta.

La sociedad demandada opuso principalmente la caducidad de la acción. Argumentó que el acuerdo había sido adoptado en diciembre de 2016 y que la demanda se presentó en julio de 2020, cuando ya había transcurrido ampliamente el plazo de un año previsto por el artículo 205 LSC. Sostuvo además que el defecto obedecía a un simple error y no a una infracción del orden público societario. Añadió que el propio demandante había participado en los acuerdos como socio suscriptor y que, además, era miembro del consejo de administración, por lo que conocía perfectamente la operación desde su origen.

La Audiencia rechaza esta excepción de caducidad. El razonamiento se apoya expresamente en la STS 942/2022, de 20 de diciembre. La sentencia considera que la función de garantía del capital social constituye uno de los principios esenciales del régimen de las sociedades de capital. Cuando una ampliación de capital se formaliza mediante bienes que en realidad no pertenecen a quienes los aportan, desaparece la aportación efectiva que justifica el incremento de la cifra de capital y se altera la función de garantía patrimonial frente a acreedores y terceros. Por ello concluye que el acuerdo es contrario al orden público societario.

Un aspecto importante del razonamiento consiste en distinguir entre la intención de los socios y los efectos objetivos del acuerdo. La sociedad apelante insistía en que todo obedeció a un error material y no a una actuación fraudulenta. La Audiencia responde que la calificación de un acuerdo como contrario al orden público no depende de la intención subjetiva de quienes lo adoptaron. Lo decisivo es que el contenido del acuerdo afecte a principios estructurales del sistema societario. La sentencia afirma expresamente que «un acuerdo puede ser perfectamente contrario al orden público por error».

Una vez descartada la caducidad, la Audiencia analiza la incidencia de varios acuerdos posteriores mediante los cuales la sociedad intentó corregir la situación. La sentencia de primera instancia había considerado que esos intentos de subsanación no eran eficaces. Entre otras razones, la junta celebrada el 9 de noviembre de 2020 autorizó la corrección de la escritura sin identificar concretamente las participaciones que debían sustituir a las indebidamente aportadas ni fijar su valoración, incumpliendo así los requisitos del artículo 300 LSC.

Sin embargo, la Audiencia distingue cuidadosamente entre las dos ampliaciones de capital. Respecto de la primera, comparte la conclusión del juzgado. La aportación no dineraria se realizó mediante bienes que no pertenecían a los aportantes y los intentos posteriores de corrección no consiguieron reconstruir válidamente la operación originaria. La nulidad de esta ampliación debe, por tanto, mantenerse.

La cuestión decisiva del recurso es la situación de la segunda ampliación de capital, realizada mediante compensación de créditos. La Audiencia considera que esta operación tiene una causa propia y autónoma. No se trata simplemente de una ejecución mecánica de la primera ampliación, sino de un negocio jurídico diferente. La demanda había construido su nulidad exclusivamente por conexión con la primera operación.

A partir de ahí, la sentencia examina la doctrina de la nulidad derivada o en cadena. Recuerda que el artículo 208.2 LSC ordena cancelar los asientos posteriores que resulten contradictorios con la sentencia de nulidad. Pero subraya que la palabra «contradictorios» no equivale a «posteriores». La mera sucesión cronológica de acuerdos no implica que todos ellos queden automáticamente afectados por la nulidad del primero. La sentencia cita la STS 37/2012, de 23 de febrero, para destacar que la anulación sólo alcanza a los actos posteriores incompatibles con la declaración de nulidad.

En el caso concreto, la Audiencia entiende que los defectos de la segunda ampliación sí eran susceptibles de corrección. La sociedad había otorgado posteriormente una escritura de 28 de julio de 2021, rectificada el 10 de septiembre de 2021, mediante la que declaró la nulidad de la primera ampliación y renumeró las participaciones derivadas de la segunda sobre una cifra de capital corregida. La Audiencia considera que esas actuaciones sustituyeron válidamente el acuerdo impugnado en los términos del artículo 204.2 LSC.

La consecuencia es que la demanda sólo puede prosperar respecto de la primera ampliación de capital. La nulidad de esa operación se mantiene porque nunca existió una aportación patrimonial válida. La impugnación de la segunda ampliación debe ser desestimada porque el acuerdo originario ha sido sustituido válidamente por otro que corrige los defectos detectados sin alterar la sustancia de la operación de compensación de créditos.

Creo que si el suscriptor aporta algo que no es suyo, deben aplicarse las normas del incumplimiento, no las normas de la nulidad. El socio no podría entregar y transmitir la propiedad del objeto de su aportación a la sociedad y la sociedad podría reclamar al socio el cumplimiento específico o, si este es imposible, la sustitución de la aportación si es que la sustitución satisface el interés de la sociedad en el aumento. 

No creo, en todo caso, que estemos ante un acuerdo contrario al orden público.

Test de resistencia se aplica en cooperativas

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 29 de septiembre de 2026, SAP Madrid 12506/2026, ECLI:ES:APM:2026:12506

La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por diversos socios de MULTIOPTICAS SOC COOPERATIVAS contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid que había desestimado su demanda de impugnación de los acuerdos adoptados por la asamblea general ordinaria celebrada el 23 de junio de 2022.

La demanda se fundaba en dos grupos de alegaciones. La primera consistía en sostener que diecinueve sociedades que habían participado en la asamblea no tenían realmente la condición de socias o no debían haber sido admitidas como tales. La segunda afirmaba que varias sociedades unipersonales sometidas al control de una misma persona estaban siendo utilizadas para eludir el límite legal de votos aplicable en las cooperativas, produciendo un resultado contrario al principio de un socio un voto y al límite estatutario y legal del voto plural.

Antes de entrar en el fondo, los apelantes solicitaron la nulidad de actuaciones. Alegaban que, después de la aportación de determinada documentación por la demandada en la audiencia previa, el juzgado había anunciado un trámite de alegaciones para ambas partes que finalmente no llegó a concederse en los términos previstos. La Audiencia rechaza esta pretensión. Considera que los demandantes sí tuvieron oportunidad de formular alegaciones sobre la documentación aportada y no hicieron uso de ella. Añade que la documentación en cuestión no fue determinante para la decisión adoptada y que, además, su valoración podía ser discutida en la segunda instancia. Por ello concluye que no existió indefensión material y que no concurre ninguna causa de nulidad.

La cooperativa había planteado también la inadmisibilidad del recurso por incumplir las exigencias del artículo 458.2 LEC. La Audiencia rechaza esta objeción. Aunque el recurso reproduce en gran medida los argumentos ya empleados en la demanda, entiende que contiene una crítica suficientemente identificable de la fundamentación de la sentencia impugnada y, por tanto, satisface las exigencias procesales mínimas para su examen.

La cuestión principal gira en torno a la denominada prueba o test de resistencia. Los recurrentes insistían en que diecinueve sociedades habían intervenido indebidamente en la asamblea por no tener la condición de socias y sostenían que, tratándose de una cooperativa, no era aplicable la doctrina del test de resistencia elaborada para las sociedades de capital.

La Audiencia dedica una parte importante de la sentencia a esta cuestión. Recuerda que la Ley de Cooperativas mantiene un régimen propio de impugnación de acuerdos y que no puede trasladarse sin más el régimen previsto actualmente en el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Sin embargo, la Audiencia no considera que de ello se siga la inaplicabilidad del test de resistencia. Acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular a la sentencia de 15 de enero de 2014, y entiende que dicha prueba responde a un principio general implícito en el régimen de quórums y mayorías:

«La prueba de resistencia se traduce en que de la cifra originariamente considerada (para el quórum de constitución o para la mayoría) se restan el porcentaje en el capital (o los votos) atribuidos irregularmente a personas que no estaban legitimadas para asistir (o para votar)». 

Si el resultado de la votación no cambia tras eliminar esos votos, la irregularidad carece de relevancia invalidante. Aplicando esa doctrina al caso concreto, la Audiencia observa que los recurrentes no explican ni demuestran que sus votos fueran determinantes para la aprobación de los acuerdos impugnados. La sentencia considera acreditado que el resultado de las votaciones habría sido el mismo aunque se excluyeran los votos de esas sociedades. Por ello concluye que los acuerdos superan el test de resistencia y que esta alegación no puede prosperar.

El segundo eje del litigio era la alegación de fraude de ley. Los recurrentes sostenían que varias sociedades unipersonales estaban sometidas al control y dirección de una misma persona, compartían domicilio, habían sido constituidas en fechas próximas y actuaban coordinadamente. A su juicio, esa estructura permitía acumular votos y eludir el límite legal de cinco votos por socio previsto para las cooperativas.

La Audiencia rechaza esta tesis remitiéndose a su propia jurisprudencia anterior, en particular a la sentencia 402/2022 de la misma sección. Considera que el hecho de que distintas sociedades estén controladas por una misma persona no elimina su personalidad jurídica propia ni su condición individual de socias. Añade que esa estructura organizativa puede responder a razones empresariales legítimas y que su mera existencia no constituye abuso de derecho ni fraude de ley. Impedirles intervenir supondría vulnerar los derechos inherentes a esa condición. Tampoco acepta convertir en obligatoria la constitución de grupos de socios prevista estatutariamente como mera facultad. Según la sentencia, las sociedades vinculadas entre sí «no están obligadas a constituirse en grupo de socios, ni dejan por ello de ser socios».

Remedios por incumplimiento de un 'contrato de inversión' cuando el acreedor también incumplió el contrato


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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12507/2026, ECLI:ES:APM:2026:12507 (resumen con IA)

Addquity firmó un contrato con Ezzing por el que ésta se comprometía a dar entrada a Addquity en su capital - 33 % - con determinados derechos inclusivos de participación en el consejo de administración. Addquity pedía el cumplimiento in natura o forzoso del acuerdo, es decir, que se condenara a Ezzing a aumentar capital. Subsidiariamente solicitaban una indemnización equivalente al valor del 33 %, o al menos del 26 %, del capital social. Como pretensión subsidiaria de último grado reclamaban 29.261 euros por servicios prestados a las demandadas en concepto de enriquecimiento injusto. El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda y la Audiencia confirma esa decisión.

La Audiencia rechaza que se tratara de un mero proyecto o de un precontrato y acepta que era un verdadero contrato obligatorio pero recuerda que los socios de Ezzing no fueron parte en dicho contrato. De ello deriva una consecuencia decisiva: ni la ampliación de capital ni la modificación estatutaria podían imponerse directamente a los socios, porque la decisión de ampliar capital corresponde a la junta y el capital pertenece a los socios, no a la sociedad. El contrato obligaba a la sociedad contratante, pero no a terceros ajenos al contrato. La Audiencia fundamenta esta conclusión en el principio de relatividad contractual del artículo 1257 del Código Civil.

Ahora bien, si los socios no aprobaban el aumento de capital, provocarían el incumplimiento de Ezzing frente a Addquity y ésta tendría derecho a resolver y a exigir la indemnización de daños - interés positivo - correspondiente.

Pero Addquity pierde porque también había incumplido. El contrato exigía una inversión de 70.000 euros y un préstamo adicional de 15.000 euros. Sin embargo, sólo consta el ingreso de 55.000 euros, realizado entre enero y mayo de 2015, casi dos años después de la firma del acuerdo. Los demandantes pretendían considerar como parte de la inversión otros importes correspondientes a gastos y servicios prestados a la sociedad, como alquileres, suministros, contabilidad, administración y liquidación de impuestos. La Audiencia rechaza el argumento porque la finalidad económica del acuerdo era aportar liquidez y fondos propios a una empresa emergente mediante una inversión dineraria. Según la sentencia, nada en el contrato permitía concluir que los 70.000 euros pudieran sustituirse por la asunción de gastos corrientes o la prestación de servicios. 

Además, los servicios respondían a una relación distinta. Los servicios fueron facturados y se pretendía cobrar su importe. Si hubieran constituido ejecución de la inversión pactada, no habrían sido objeto de facturación separada. Además, el importe de los servicios acabó superando ampliamente los 15.000 euros que los demandantes afirmaban querer imputar a la inversión, lo que evidenciaba que se trataba de conceptos independientes. Los créditos derivados de aquellos pagos correspondían, según los propios documentos aportados, a una sociedad de Addquity distinta de la que había firmado el contrato de inversión con Ezzing. Por tanto, quien pretendía capitalizar el crédito no era su titular, y quien era titular del crédito no era parte en el contrato de inversión. La sentencia subraya que no existe una transmisión automática de créditos entre sociedades del mismo grupo y que no se acreditó ninguna cesión válida del crédito. Conforme al artículo 301 LSC, la titularidad del crédito compensable corresponde a quien pretende acudir a la ampliación de capital.

La Audiencia rechaza igualmente el argumento de que la inversión podía ejecutarse dos años después porque el contrato no fijaba un plazo concreto. Para el tribunal, la ausencia de fecha expresa no significa que la obligación pudiera cumplirse en cualquier momento. Atiende al contexto económico del acuerdo: una sociedad constituida apenas dos días antes de la firma, una inversión temprana en una startup tecnológica y una valoración inicial que atribuía un 33 % del capital a cambio de 70.000 euros. Permitir que el inversor esperara dos años para observar la evolución de la empresa y sólo entonces decidir si aportaba los fondos habría vaciado de contenido económico el acuerdo. La sentencia destaca que cuando los demandantes intentaron cumplir, ya podían comprobar el éxito de la empresa y aspiraban a obtener una participación que ellos mismos valoraban en aproximadamente 1,3 millones de euros a cambio de una aportación nunca completada de 70.000 euros. 

Además, la Audiencia considera que la finalidad del contrato exigía una inversión temprana, asumida con el riesgo característico de las empresas emergentes, y que no puede reputarse cumplimiento exacto una inversión parcial realizada dos años después. Invoca los artículos 1113 y 1128 del Código Civil para afirmar que la exigibilidad de la obligación no desaparece por la falta de fijación de una fecha concreta. Existe además un segundo incumplimiento: el préstamo adicional de 15.000 euros previsto en el contrato nunca fue concedido ni consta siquiera que se intentara su cumplimiento pero tampoco consta que se reclamara por Ezzing. La consecuencia de todo ello es que los demandantes incumplieron sus propias obligaciones. Por esa razón no pueden exigir ni el cumplimiento específico del contrato ni la indemnización sustitutoria por incumplimiento de la contraparte. La Audiencia afirma expresamente que «no hubo cumplimiento íntegro de la obligación, sino meramente parcial, que se equipara a incumplimiento». También destaca que la sociedad demandada devolvió posteriormente los 55.000 euros recibidos cuando comunicó la resolución extrajudicial del contrato.

La sentencia aborda finalmente la pretensión subsidiaria de reclamación de 29.261 euros por enriquecimiento injusto. Reconoce que el juzgado de primera instancia omitió pronunciarse sobre esta cuestión. Sin embargo, la Audiencia no entra a resolverla porque los demandantes no utilizaron el remedio procesal previsto para corregir esa omisión: la solicitud de complemento de sentencia del artículo 215 LEC. Recordando abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirma que quien denuncia una incongruencia omisiva debe pedir primero al propio juzgado que complete la sentencia. La falta de utilización de este mecanismo impide plantear directamente la cuestión en apelación. Por ello la pretensión queda fuera del objeto de la segunda instancia

Una posible crítica a la sentencia 

puede formularse en torno a dos ideas relacionadas: la falta de atención a la conducta de Ezzing durante la ejecución del contrato y la insuficiente consideración de la doctrina del cumplimiento sustancial.

La sentencia parte de que el incumplimiento de Addquity fue suficientemente grave para privarle de toda acción de cumplimiento. Sin embargo, el propio relato fáctico revela que la conducta de la contraparte no fue plenamente consistente con la interpretación del contrato que después sostuvo en el litigio. 
  • El acuerdo se firmó en agosto de 2013 y, según la propia Audiencia, 
  • la primera reclamación expresa del desembolso no tuvo lugar hasta diciembre de 2014, aproximadamente dieciséis meses después. La resolución no ofrece ninguna explicación de esa prolongada inactividad. Este dato resulta difícil de conciliar con la tesis central de la sentencia según la cual el valor económico del contrato residía precisamente en la aportación inmediata de fondos a una empresa emergente. Si la urgencia temporal era tan decisiva, cabría esperar una exigencia igualmente inmediata del cumplimiento.
  • Cuando EzzingSL finalmente reclamó la inversión, ADDQUITY GROWTH CAPITAL SA reaccionó de manera inmediata, comenzando a realizar pagos pocas semanas después. Entre enero y mayo de 2015 desembolsó 55.000 de los 70.000 euros comprometidos. La sentencia describe estos pagos como insuficientes, pero apenas examina el significado jurídico de que la demandada los aceptara y los mantuviera en su patrimonio durante un tiempo que la propia resolución no precisa.
La Audiencia deduce de la posterior resolución extrajudicial y devolución de los fondos que nunca existió una aceptación del cumplimiento. Sin embargo, esa inferencia no es la única posible. También cabría entender que la aceptación de una parte muy sustancial de la inversión, unida a la ausencia de protesta inmediata frente a cada desembolso y a la prolongada conservación de los fondos, permitía plantear si la demandada había tolerado una ejecución tardía del contrato o había generado en la contraparte una confianza razonable sobre la subsistencia de la relación contractual. La sentencia no entra en ese análisis. La sentencia considera decisivo que faltaran 15.000 euros de la inversión y el préstamo de 15.000 euros, pero no identifica actos concretos de Ezzing mostrando que, después de recibir los 55.000 euros, siguiera exigiendo activamente el resto de las prestaciones. 

La inversora aportó aproximadamente el 79 % de la inversión comprometida (55.000 de 70.000 euros) y lo hizo después de recibir el requerimiento de cumplimiento y alegando una suerte de compensación por el resto. Aunque permanecieran incumplidos los 15.000 euros restantes y el préstamo adicional previsto en el contrato, la sentencia no analiza si esa ejecución parcial podía calificarse como cumplimiento sustancial ni cuál era la relevancia económica efectiva de las prestaciones pendientes en relación con el conjunto del negocio.

Embalsado de beneficios en filiales y abuso en el acuerdo de aplicación del resultado de la matriz


Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12508/2026, ECLI:ES:APM:2026:12508 (resumen con IA)

La sentencia resuelve el litigio entre AUTOMNIBUS INTERURBANOS, S.A. (AISA), socio titular del 11,5 % del capital de Estación Sur de Autobuses de Madrid, S.A. (ESAMSA), y esta última sociedad. El objeto del proceso es la impugnación, por abuso de mayoría, del acuerdo adoptado en la junta de 28 de enero de 2019 por el que se aplicó el resultado del ejercicio 2017 destinando aproximadamente un tercio del beneficio a dividendos y dos tercios a reservas voluntarias. 

Los hechos relevantes son los siguientes. ESAMSA explota la concesión administrativa de la Estación Sur de Autobuses de Madrid hasta 2034. Su capital está repartido entre AISA y varias sociedades integradas en el Grupo Avanza. Además, ESAMSA es socio único de dos filiales, ECESA y RESA. En el ejercicio 2017 obtuvo un beneficio neto de 329.499 euros. La junta acordó distribuir 109.822 euros como dividendo y destinar 219.677 euros a reservas voluntarias. AISA impugnó el acuerdo alegando que la acumulación de reservas era injustificada y que, en realidad, la estructura societaria permitía que los beneficios generados por las filiales quedaran fuera de su alcance económico y terminaran financiando al Grupo Avanza mediante mecanismos de tesorería centralizada. 

La tesis principal de AISA era que para valorar si existía abuso debía atenderse no solo a las cuentas individuales de ESAMSA, sino también a los beneficios obtenidos por sus filiales. Según la apelante, una visión consolidada del grupo revelaba una situación económica extremadamente solvente, incompatible con la necesidad de seguir incrementando reservas. Invocaba además la doctrina desarrollada en torno al derecho de separación por falta de distribución de dividendos, sosteniendo que ignorar la realidad económica del grupo perjudicaba al socio minoritario que no estaba integrado en él. 

En cualquier caso, no era objeto del litigio el ejercicio del derecho de separación ex art. 348 bis LSC, sino la impugnación del acuerdo de aplicación del resultado. Y dice la Audiencia que ha de partirse del beneficio reflejado en las cuentas anuales aprobadas, cuya aprobación no fue impugnada. La sentencia afirma expresamente que «no puede constituirse, para examinar si hay o no abuso de mayoría en el acuerdo de aplicación del resultado, una especie de resultado virtual del ejercicio no recogido en las cuentas aprobadas». El tribunal añade que el acuerdo de aplicación del resultado es independiente del acuerdo de aprobación de cuentas y que la valoración del abuso debe hacerse sobre la magnitud real del beneficio contabilizado, no sobre una hipótesis que acumule los beneficios de las filiales y presuponga que éstas hubieran distribuido íntegramente dividendos a la matriz.

Yo creo que el tribunal se equivoca. Precisamente, a efectos del abuso, es fundamental comprobar si la mayoría ha actuado con lealtad al interés común. Si se ha producido un embalsado de los beneficios en las filiales simplemente para evitar que el socio minoritario pueda ejercer el derecho de separación o, en general, su derecho a participar en las ganancias, la conducta del mayoritario ha de calificarse de abusiva en el sentido del artículo 204.1 II LSC y no solo como realizadora del supuesto de hecho del artículo 348 bis LSC. Resulta que, en el ejercicio 2017, la filial Ecesa SA (Explotaciones Comerciales de la Estación Sur de Autobuses) obtuvo 1,38 millones de euros de beneficio y Resa SL (Restauración de Estación Sur de Autobuses): 0,527 millones de euros. Si esas filiales hubieran distribuido íntegramente esos beneficios a su matriz, en lugar de destinarlos a reservas, la situación financiera de ESAMSA habría sido todavía más sólida. Además, señala que las reservas acumuladas en las filiales ascendían aproximadamente a 4,7 millones de euros en Ecesa y 2,4 millones de euros en Resa. En comparación, el beneficio de ESAMSA en 2017 fue únicamente de 329.499 euros. Es decir, las filiales generaron conjuntamente unos 1,907 millones de euros, casi seis veces más que la matriz

La Audiencia analiza si existía una “necesidad razonable” que justificara la decisión de reforzar las reservas. Este es el núcleo de la sentencia. El tribunal considera acreditadas tres circunstancias relevantes. La primera es la reversión obligatoria de la concesión de la estación en 2034 y la consiguiente obligación de devolver las instalaciones en perfecto estado de conservación, lo que previsiblemente exigirá importantes desembolsos futuros. La segunda es la declaración de la estación como infraestructura crítica, circunstancia que puede generar gastos urgentes y significativos de adaptación, seguridad y conservación. La tercera es el deterioro progresivo de las perspectivas de negocio provocado por la competencia del ferrocarril de alta velocidad, acompañada de una reducción de precios que ha restado viajeros al transporte por carretera. La sentencia destaca además que las cuentas de ejercicios posteriores llegaron a arrojar pérdidas. 

Frente al informe pericial aportado por AISA, que mostraba elevados niveles de solvencia y liquidez, la Audiencia sostiene que los ratios financieros generales no son decisivos para apreciar la racionalidad de una decisión empresarial. Lo determinante son las concretas circunstancias de la sociedad afectada y los riesgos a los que se enfrenta. Por ello afirma que las referencias económicas generales constituyen únicamente «un punto de partida o base para el citado juicio, en ningún caso su final y conclusión».

La Audiencia recuerda que el control judicial debe respetar la libertad de autoorganización de la sociedad y la discrecionalidad empresarial. Según la sentencia, para apreciar abuso de mayoría deben concurrir cumulativamente tres requisitos: que el acuerdo no responda a una necesidad razonable de la sociedad; que haya sido adoptado para satisfacer el interés particular de la mayoría; y que cause un perjuicio injustificado a la minoría. La ausencia de cualquiera de ellos excluye la impugnación.

Aplicando ese criterio, la Audiencia entiende que el primer requisito falta claramente. Existía una necesidad razonable de reforzar la solvencia y la liquidez de ESAMSA ante riesgos ciertos futuros. Además, la junta no suprimió completamente el reparto de beneficios, sino que distribuyó aproximadamente un tercio del beneficio obtenido. La sentencia subraya que «no es una proporción meramente simbólica» y que la junta realizó una ponderación razonable entre los intereses de la sociedad y los de los socios. Una vez que la decisión entra dentro del ámbito de lo razonable, el tribunal no puede sustituir el juicio empresarial de la mayoría por su propia valoración.

Respecto del argumento relativo al sistema de caja común del Grupo Avanza y a la posible utilización futura de la liquidez acumulada en beneficio del grupo, la Audiencia considera que, aun suponiendo ciertas esas alegaciones, no alteran la conclusión. La eventual existencia de otros propósitos por parte de la mayoría no basta para invalidar un acuerdo que responde por sí mismo a una necesidad razonable de la sociedad. La sentencia afirma que el riesgo de que las reservas sean posteriormente utilizadas por la matriz «no otorga base, por sí mismo, para invalidar jurídicamente el señalado acuerdo». Si en el futuro ese riesgo llegara a materializarse podrían plantearse otras acciones o controversias, pero no la nulidad del acuerdo de aplicación del resultado impugnado en este proceso.

En consecuencia, la Audiencia desestima íntegramente el recurso de apelación, confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid e impone a AISA las costas de la segunda instancia. 

lunes, 16 de noviembre de 2026

Extractos y citas: cooperación, cooperación y cooperación

 


El objetivo era proporcionar la menor cantidad de explicaciones posible para abarcar una variedad de casos (Brian Albrecht sobre Richard Posner

Lo importante no es si se ofreció la mejor explicación en cada caso (el derecho privado persigue la eficiencia). Así es como aumentamos nuestra comprensión. Como en todo, hay ventajas y desventajas. No queremos que todo sea un clavo, aunque tengamos un martillo. A veces, lo mejor que podemos hacer es trabajar con múltiples teorías. Tenemos la teoría cuántica y la mecánica clásica, en lugar de una teoría unificada. Pero para comprender realmente el mundo, necesitamos explicar la relación entre diferentes fenómenos. Queremos que las órbitas y la caída de las manzanas tengan una explicación coherente.

Derecho canónico medieval y el trust

Mecanismos similares a los trusts eran populares en la Iglesia, ya que le permitían a esta institución acumular los medios necesarios para cumplir con sus funciones. Al mismo tiempo, estos mecanismos... neutralizaban las críticas de que la Iglesia no ponía en práctica sus propias enseñanzas sobre los peligros espirituales de la riqueza. La riqueza acumulada por la Iglesia no se consideraba una propiedad de la Iglesia. Según S. Herman, se decía que pertenecía a Dios Padre como Señor soberano, y que el Papa y sus lugartenientes clericales actuaban como Sus administradores. En la terminología de los fideicomisos: Dios actuaba como «fideicomitente» (settlor), mientras que el Papa y sus lugartenientes clericales actuaban como fideicomisarios o administradores (trustees). Cristo, los mansos, los pobres y la congregación solían ser designados como «beneficiarios». Dios, en su calidad de fideicomitente, figuraba también como el beneficiario último de la creación. De este modo, la riqueza de la Iglesia podía justificarse, puesto que esta se limitaba a actuar como depositaria de bienes creados para todos. Los funcionarios eclesiásticos tenían el encargo de administrar los bienes que se les confiaban en calidad de «trustees» y de emplearlos en beneficio de la comunidad. 
Una denominación en latín para una figura clerical que actuaba como «fideicomisario» era usuarius. El término usuarius o usuario se refería a una persona que disfrutaba del usus (el que controla una propiedad en beneficio de otro). A diferencia del ususfructus (usufructo), que permitía al usufructuario utilizar los frutos y los rendimientos en su propio provecho, el usus del derecho romano clásico prohibía la explotación del patrimonio en beneficio personal. Sin embargo, en un contexto eclesiástico, dicho usus era más flexible, en el sentido de que un usuarius podía utilizar los fondos bajo su custodia, siempre y cuando los destinara a la caridad. Según Herman, el usus clerical pudo haber inspirado a los ingleses la idea de la «cesión de bienes con fines determinados» (feoffment to uses), precursor del posterior fideicomiso (trust), debido a los deberes de lealtad y a la división entre el disfrute y la administración.
C.H. van Rhee, ‘Trusts, Trust-like Concepts and Ius Commune’, European Review of Private Law, 3/2000, p. 453-462.

El favoritismo hacia los miembros del propio grupo (por arbitrario que sea éste) puede explicarse porque el individuo anticipa una mayor cooperación (beneficiosa) con los demás individuos miembros de ese grupo. 

Esto es muy interesante porque explica la fabulosa capacidad de los humanos para la acción colectiva en la evolución cultural que nos ha hecho animales extremadamente cooperativos

Desde las primeras etapas del desarrollo, los humanos muestran una fuerte preferencia por los miembros de sus propios grupos, incluso en los llamados grupos mínimos (es decir, arbitrarios y desconocidos), lo que conlleva enormes consecuencias negativas como la discriminación y la denigración hacia otros grupos. Una mejor comprensión de los procesos subyacentes que impulsan la mentalidad grupal humana es un primer paso importante para combatir la discriminación y la desigualdad a mayor escala. Partiendo de la premisa de que la asignación a grupos mínimos genera la anticipación de la cooperación futura dentro del grupo, lo que a su vez genera preferencia por el endogrupo, investigamos si cambiar la anticipación de los participantes de la cooperación dentro del grupo a la cooperación entre grupos reduce su sesgo endogrupal. 

En el presente conjunto de cinco estudios ( N total = 465) ponemos a prueba esta afirmación en dos poblaciones diferentes (niños y adultos), en dos países diferentes (Estados Unidos y Alemania) y en dos tipos de grupos (mínimos y grupos sociales basados ​​en el género). Los resultados confirman que cambiar la anticipación de los participantes sobre con quién cooperarán, de miembros del endogrupo a miembros de otros grupos, reduce significativamente su sesgo endogrupal en grupos mínimos, aunque no para el género, un grupo no cooperativo. 

En resumen, estos experimentos aportan pruebas sólidas a favor de la hipótesis de que niños y adultos codifican la pertenencia mínima a un grupo como un indicador de colaboración futura. Demuestran que la manipulación experimental de esta expectativa puede eliminar su sesgo mínimo hacia el propio grupo. Este estudio arroja luz sobre los procesos cognitivos subyacentes en el comportamiento intergrupal a lo largo del desarrollo y abre nuevas vías de investigación para reducir el sesgo y la discriminación intragrupal.

Misch, A., Paulus, M., & Dunham, Y. (2021). La anticipación de la cooperación futura elimina el sesgo mínimo hacia el endogrupo en niños y adultos. Journal of Experimental Psychology: General , 150 (10), 2036–2056

El socialismo: buenas ideas para una especie equivocada 

La enfermedad, por ejemplo, es natural, pero dedicamos enormes esfuerzos a prevenirla y tratarla. La misma distinción se aplica a la vida social: reconocer que la competencia forma parte de nuestra herencia evolutiva no nos obliga a celebrar sus crueldades. Significa, sin embargo, que las instituciones políticas deben diseñarse para los organismos que realmente somos... 

Los seres humanos son capaces de un apego genuino y de sacrificio, pero estas capacidades surgieron dentro de un proceso evolutivo regido por la supervivencia y el éxito reproductivo. No somos incondicionalmente altruistas; somos condicionalmente y estratégicamente cooperativos. La libertad de salida —la capacidad de un trabajador cualificado para buscar un mejor empleador o de un cliente insatisfecho para buscar un mejor proveedor— es uno de los principales mecanismos mediante los cuales se impone la cooperación recíproca. Cuando el Estado controla ámbitos como el empleo, la vivienda, las finanzas o la producción, el ciudadano no puede elegir fácilmente otro socio. En lugar de poder abandonar una relación insatisfactoria, debe presentar una petición a la misma institución que la creó, generando así un círculo vicioso. 

 La lección relevante para los países occidentales es que una sociedad inmersa en una competencia internacional seria no puede permitirse subordinar la competencia demostrable al simbolismo ideológico. Debemos ser radicalmente inclusivos en la detección del talento y meritocráticos sin concesiones al asignar responsabilidades. La inclusión amplía la competencia. La equidad, entendida como la igualdad predeterminada de los resultados grupales, busca determinar el resultado antes de que se produzca la competencia...  

El capitalismo se compara con sus resultados reales: desigualdad, recesiones, vivienda inaccesible o incluso malas prácticas corporativas como la contaminación ambiental. Por el contrario, el socialismo se compara con sus aspiraciones: igualdad, dignidad, solidaridad, seguridad y provisión universal. Cuando las instituciones socialistas fracasan, sus defensores suelen atribuir el resultado a un socialismo insuficiente, un mal liderazgo, injerencia extranjera, condiciones históricas o la afirmación de que el sistema nunca fue verdaderamente socialista.

Marc Defant, An Evolutionary Perspective on Socialism, Skeptic, 2026

Unos pocos individuos móviles bastan para extender la cooperación más allá de las fronteras del grupo

El artículo parte de una cuestión clásica: la cooperación humana funciona muy bien dentro de los grupos, pero eso mismo suele dificultar la cooperación entre grupos. Los autores quieren saber si permitir que algunas personas crucen voluntariamente las fronteras entre grupos puede sostener la cooperación intergrupal.

La cooperación grupal es una piedra angular de la sociedad humana, pues permite logros que superan las capacidades individuales. Sin embargo, los grupos también determinan y restringen quién se beneficia de las acciones cooperativas y quién no, lo que plantea la cuestión de cómo fomentar la cooperación a través de las fronteras grupales. Este estudio investiga el impacto de la movilidad voluntaria entre grupos sobre la cooperación intergrupal. Los participantes, organizados en dos grupos, decidían si crear beneficios para sí mismos, para los miembros de su grupo o para todos. 

En cada ronda eran emparejados con otro participante y podían recompensar las acciones de ese otro durante una fase de «sanción o recompensa», lo que permitía la reciprocidad indirecta.De acuerdo con la hipótesis preregistrada de los autores, cuando los participantes interactuaban únicamente con miembros de su propio grupo, la reciprocidad indirecta reforzaba la cooperación dentro del grupo, mientras que la cooperación entre grupos disminuía. Por el contrario, aparecía una cooperación intergrupal más elevada cuando los participantes se veían obligados a interactuar exclusivamente con miembros del otro grupo. 

Lo más importante es que, en el tratamiento de movilidad libre, donde los participantes podían elegir si encontrarse con un miembro de su propio grupo o del otro grupo durante la fase de recompensa, la cooperación intergrupal fue significativamente mayor que cuando estaban obligados a interactuar sólo con miembros de su grupo, aunque la mayoría eligió espontáneamente interactuar con miembros de su propio grupo. Es decir, bastó un pequeño número de «individuos móviles» para imponer la cooperación intergrupal, seleccionando deliberadamente miembros del otro grupo y permitiendo que la reciprocidad indirecta trascendiera las fronteras grupales. Estos resultados subrayan la importancia de la movilidad libre entre grupos para superar las limitaciones de la cooperación grupal.

En cada ronda cada participante debía elegir entre varios tipos de contribución: una opción egoísta que les beneficiaba principalmente a ellos, una opción favorable a su propio grupo y una opción favorable a todos los participantes, incluidos los miembros del otro grupo. Después venía una segunda fase. Cada participante observaba la conducta de otra persona y podía recompensarla. Esa recompensa tenía un coste para quien la otorgaba, pero beneficiaba al receptor. Esto generaba un sistema de reputación: aunque yo no recompense directamente a quien me ayudó, puedo recompensar a alguien que haya cooperado con otros. Es lo que los economistas y biólogos llaman «reciprocidad indirecta».

Los autores compararon tres situaciones.

  • En la primera ("solo endogrupo"), cada individuo sólo podía relacionarse en la fase de recompensa con miembros de su propio grupo. Aquí apareció el resultado habitual de muchos experimentos anteriores: la reciprocidad indirecta reforzó la cooperación dentro de cada grupo, pero al mismo tiempo aumentó el sesgo grupal. Los participantes tendían a favorecer a los suyos y la cooperación dirigida al conjunto de la población fue disminuyendo.
  • En la segunda ("solo exogrupo"), cada individuo estaba obligado a interactuar únicamente con miembros del otro grupo. En este caso la reciprocidad indirecta empezó a recompensar conductas beneficiosas para ambos grupos y la cooperación intergrupal aumentó significativamente.
  • La tercera condición era la realmente novedosa. Los participantes podían elegir libremente si querían interactuar con alguien de su propio grupo o del otro grupo. La mayoría siguió prefiriendo a los miembros de su grupo, como cabría esperar. Sin embargo, una minoría eligió con frecuencia interactuar con miembros del otro grupo. Esa pequeña minoría actuó como puente entre ambos grupos. Al recompensar selectivamente a cooperadores del otro grupo y transmitir reputación a través de la frontera grupal, consiguió que la reciprocidad indirecta funcionara también entre grupos. El resultado más interesante es precisamente ése: no hace falta que la mayoría sea cosmopolita o especialmente abierta al otro grupo. Basta con que exista una pequeña fracción de individuos que crucen voluntariamente las fronteras grupales. Esos individuos conectan las redes de reputación de ambos grupos y permiten que la cooperación intergrupal sea recompensada y, por tanto, sostenida. 

Jörg Gross, Martin Götz, Katharina Reher & Filippo Toscano, Free mobility across group boundaries promotes intergroup cooperation, Nature, 2025

La necesidad de pertenecer

 


La hipótesis sostiene que los seres humanos tienen una inclinación generalizada a formar y mantener al menos una cantidad mínima de relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas. La satisfacción de esta necesidad exige dos condiciones. En primer lugar, existe una necesidad de interacciones frecuentes y afectivamente agradables con unas pocas personas. En segundo lugar, esas interacciones deben producirse en el contexto de un marco estable y duradero, caracterizado por la preocupación afectiva mutua por el bienestar de los demás... La falta de vínculos de pertenencia debería constituir una privación grave y provocar una amplia variedad de efectos perjudiciales. 
La hipótesis sostiene que la necesidad de pertenencia, es decir, la necesidad de formar y mantener al menos una cantidad mínima de relaciones interpersonales, está innatamente predispuesta en los seres humanos y, por ello, es prácticamente universal. Así, a diferencia de la concepción freudiana..., que consideraba la sexualidad y la agresión como las principales fuerzas impulsoras de la vida psicológica, y a diferencia de las versiones más ambiciosas del conductismo, que veían a cada recién nacido como una tabula rasa, esta tesis presenta al ser humano como naturalmente orientado a establecer y mantener vínculos sociales. 
Por consiguiente, la necesidad de pertenencia debería encontrarse, en alguna medida, en todos los seres humanos y en todas las culturas, aunque cabe esperar diferencias individuales en cuanto a su intensidad, así como variaciones culturales e individuales en la forma de expresarla y satisfacerla. Sin embargo, debería resultar difícil o incluso imposible que una cultura erradicara esa necesidad, salvo, quizá, en el caso excepcional de algún individuo gravemente perturbado. Esta cualidad innata tendría presumiblemente una base evolutiva. Parece evidente que el deseo de formar y mantener vínculos sociales habría proporcionado ventajas tanto para la supervivencia como para la reproducción.  
Los niños que deseaban permanecer junto a los adultos y se resistían a quedarse solos tenían más probabilidades de sobrevivir hasta la edad reproductiva que otros niños, porque era más probable que recibieran cuidados, alimento y protección. Las señales asociadas a posibles amenazas, como la enfermedad, el peligro, la llegada de la noche o las catástrofes parecen incrementar la necesidad de estar con otras personas, lo que pone una vez más de manifiesto el valor protector de la pertenencia a un grupo. Los adultos que establecían vínculos duraderos tenían más probabilidades de reproducirse que aquellos que no lo hacían, y las relaciones estables aumentaban las posibilidades de que sus hijos alcanzaran la madurez y, a su vez, pudieran reproducirse”
Lo menos discutible es la enorme desventaja competitiva del individuo aislado cuando se enfrenta a un grupo y ambos desean el mismo recurso. Cuando los demás actúan organizados en grupos, resulta vital pertenecer uno mismo a un grupo, especialmente a un grupo formado por personas conocidas y cooperativas que se preocupan por el bienestar de cada uno. Por tanto, la inclinación a formar y mantener vínculos sociales habría proporcionado importantes ventajas para la defensa propia y para la protección frente a amenazas externas. 
El resultado probable de esta selección evolutiva habría sido un conjunto de mecanismos internos que orientan a los seres humanos hacia la integración en grupos sociales y el establecimiento de relaciones duraderas. Tales mecanismos incluirían presumiblemente una tendencia a dirigir la atención hacia otras personas, una tendencia a experimentar malestar emocional cuando se carece de contacto o de relaciones sociales, y una tendencia a sentir placer o emociones positivas como consecuencia del contacto social y de la pertenencia a una red de relaciones. Estos mecanismos afectivos favorecerían el aprendizaje al hacer que el contacto social positivo resultara gratificante y que la privación social tuviera efectos aversivos. 
Que los vínculos sociales se formen en circunstancias adversas constituiría una prueba especialmente convincente de (la facilidad de los humanos para formar vínculos sociales con otros), porque permite descartar las explicaciones alternativas basadas en el condicionamiento clásico, es decir, la idea de que las asociaciones positivas generan atracción entre las personas.
La hipótesis predice que, en general, las personas deberían mostrarse al menos tan reacias a romper los vínculos sociales como a formarlos inicialmente. Diversos hechos respaldan la idea de que las personas intentan preservar sus relaciones y evitar ponerles fin. En muchos casos, incluso se muestran reacias a disolver relaciones malas o destructivas... Así... la aparente reticencia de muchas mujeres a abandonar a cónyuges o parejas violentas... ha dado lugar a varias generaciones de explicaciones especulativas, que van desde una supuesta inclinación masoquista o autodestructiva hacia el maltrato hasta cálculos de interés económico que, supuestamente, prevalecen sobre las consideraciones relativas a la seguridad física. La hipótesis de la necesidad de pertenencia ofrece una explicación adicional: la resistencia a abandonar una relación íntima abusiva constituye otra manifestación de la fuerza de la necesidad de pertenecer y de la consiguiente resistencia a romper los vínculos sociales. El hecho de que las personas se resistan a poner fin a una relación que les causa sufrimiento demuestra hasta qué punto la necesidad de pertenencia está profundamente arraigada y es poderosa. 
La información no se procesa ni se almacena necesariamente de forma inherente tomando a las personas como unidad básica. Sin embargo, de hecho se procesa y almacena de ese modo cuando se refiere a personas significativas. Ostrom, Carpenter, Sedikides y Li  aportaron pruebas de que la información sobre miembros de grupos externos tiende a almacenarse y organizarse sobre la base de categorías de atributos, como rasgos, preferencias y deberes, mientras que la información sobre los miembros del propio grupo se procesa sobre la base de categorías personales. Así, los vínculos sociales generan un patrón de procesamiento cognitivo que otorga prioridad a la organización de la información en función de las personas con las que se mantiene algún tipo de relación. 
La preocupación por la pertenencia parece ser un poderoso factor que configura el pensamiento humano. Las personas interpretan las situaciones y los acontecimientos en función de sus implicaciones para las relaciones sociales y reflexionan más detenidamente sobre las personas con las que mantienen relaciones o interacciones que sobre los demás. Además, los patrones utilizados para procesar la información sobre uno mismo se emplean a veces también para procesar la información relativa a quienes mantienen una relación estrecha con nosotros. Así, tanto los vínculos reales como los potenciales ejercen una influencia considerable sobre la manera en que las personas piensan. 
La principal implicación emocional de la hipótesis de la pertenencia es que los cambios reales, potenciales o imaginados en el grado de integración social de una persona provocarán respuestas emocionales: los aumentos en la pertenencia irán asociados a emociones positivas, mientras que las disminuciones irán asociadas a emociones negativas. Asimismo, unas condiciones estables o crónicas de elevada pertenencia deberían producir una abundancia general de emociones positivas, mientras que una privación crónica de vínculos de pertenencia debería generar una tendencia hacia una abundancia de emociones negativas. Las amenazas a los vínculos sociales, especialmente la disolución de las relaciones, constituyen una fuente primordial de emociones negativas. Las personas sienten ansiedad ante la posibilidad de perder relaciones importantes, se sienten deprimidas o afligidas cuando se rompen sus vínculos con determinadas personas y experimentan soledad cuando carecen de relaciones significativas.

 Roy E. Baumeister/Mark R. Leary, The Need to Belong : Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation, Psychological Bulletin, 117(1995), 3, p 497 ss

viernes, 13 de noviembre de 2026

¿Qué es una Sociedad? Peter Turchin

Foto de arty en Unsplash

En su Substack, Turchin ha escrito una entrada en la que discute el concepto de Sociedad de Moffett y expone el suyo. Mi interés se basa en que, según Turchin, una Sociedad es un grupo humano cuyos miembros cooperan intensamente entre sí y mucho más intensamente que con otros grupos humanos (en este punto, la definición de Sociedad de Moffett resulta convincente, en cuanto que pone el acento en la delimitación de quién pertenece a un grupo y quién no como elemento básico del concepto de Sociedad). 

Para que los miembros de un grupo humano cooperen intensamente entre sí es necesario que resuelvan el dilema básico de la acción colectiva, a saber, mantener a raya a los gorrones y a los cizañeros o, en términos positivos, lograr que todos los miembros realicen su contribución a la consecución de los objetivos del grupo. Como expondré en otra ocasión, estas ideas tan básicas acerca de las interacciones entre humanos tienen un gran interés para construir los conceptos y las instituciones jurídicas que sirven al sostenimiento y florecimiento de las Sociedades humanas de gran tamaño (Ubi magna societas, ibi ius), en particular, el de societas - sociedad - compañía - partnership y el de corporación que incluye las sociedades de capital, las cooperativas, las asociaciones y, en un sentido diferente, las fundaciones. 


 En el artículo de Mark Moffett *What is a society? Building an interdisciplinary perspective and why that’s important* (Moffett 2025), el autor propone una definición de «sociedad» que debería aplicarse no solo a los Estados humanos modernos, sino también «a diversos grupos tribales y de cazadores-recolectores... esta definición debería describir las sociedades en términos de una identificación grupal compartida y no de interacciones sociales. Esto va en contra del enfoque habitual en las ciencias sociales, que de hecho hace hincapié en la interacción... Moffett, en cambio, propone que los rasgos definitorios de una sociedad son que posea: (1) un mecanismo de identificación grupal mediante el cual los miembros distingan a quienes pertenecen a ella de quienes no; (2) la posibilidad de que esta pertenencia persista a lo largo de las generaciones; y (3) el control primordial sobre un espacio físico compartido.  

Turchin quiere preguntarse por el hecho de que ... durante el Holoceno (los últimos 10 000 años), las sociedades humanas se han transformado por completo, pasando de pequeños grupos de cazadores-recolectores nómadas a nuestro actual mundo interconectado de sociedades a gran escala organizadas en Estados. Las cifras de población, la productividad agrícola, el desarrollo tecnológico y la complejidad política y social han experimentado un crecimiento espectacular. Este cambio —la Gran Transformación del Holoceno— merece ser considerado una «Gran Transición Evolutiva», tan trascendental como la aparición de la vida multicelular o el surgimiento de la cognición compleja en los humanos durante el Paleolítico. ¿Por qué y cómo tuvo lugar esta transformación?...  

La dimensión clave de esta transformación (y, de hecho, de cualquier gran transición evolutiva) es el drástico aumento de la escala a la que cooperan los seres humanos: desde unos cientos o unos pocos miles hace 10 000 años hasta millones, o incluso más de mil millones, en la actualidad (Turchin 2016). 

Y esto me lleva a mi respuesta sobre cómo deberíamos definir «sociedad». Parto de la definición estándar que pone el acento en la interacción, pero paso de inmediato a concretar el contenido de dicha interacción: las relaciones entre los individuos y sus acciones que permiten y sostienen la cooperación en el ámbito del colectivo. 

La cooperación es un concepto controvertido debido a la tensión existente entre los beneficios a nivel de grupo, como la producción de bienes públicos (Olson), y los costes a nivel individual. Como consecuencia, la cooperación puede desmoronarse con facilidad ante la tentación de los individuos de aprovecharse de las contribuciones de los demás... 

Mi definición de sociedad es, por tanto, un colectivo de individuos que cooperan para alcanzar algún objetivo u objetivos comunes... El aglutinante fundamental que mantiene unida a una entidad política es la cooperación. Esto no significa que las entidades políticas no puedan ser opresivas y despóticas. Pero es necesario cierto grado de cooperación entre algunos segmentos de la población (sobre todo, las élites); cuando esta desaparece, la entidad política colapsa.

Es notable, en este sentido, que el valor atribuido a relaciones sociales claramente opresivas o, cuando menos, desiguales, tales como las relaciones vasallo-señor, patrón-cliente, siervo/esclavo-amo hayan sido alabadas por los pensadores clásicos griegos y romanos y, después, hasta la Ilustración por su capacidad para mantener la cohesión social, como si los pensadores consideraran que no había una forma más igualitaria de mantener al grupo unido y preservar la cooperación entre sus miembros. Digamos que lo urgente - evitar que la Sociedad colapse - no dejaba espacio para lo importante - asegurar el respeto por la igual dignidad de todos los miembros de la Sociedad -. 

Turchin reconoce que la única forma de detectar si un grupo cualifica como Sociedad porque la cooperación entre sus miembros es suficientemente intensa pasa por comparar cómo son las relaciones con miembros de otros grupos exógenos y, en este sentido, la definición de Moffett tiene valor

Otros rasgos de las entidades políticas, en los que se centran tanto la definición estándar de sociedad como la de Moffett... son importantes pero, en mi enfoque, secundarios respecto a la definición en sí. Se trata de características que suelen estar presentes porque refuerzan la capacidad de cooperación interna de la entidad política. Por ejemplo, la primera parte de la definición de Moffett citada anteriormente («un mecanismo de identificación grupal mediante el cual los miembros distingan a quienes pertenecen a ella de quienes no») es una característica clave de los grupos que fomenta la cooperación grupal...

Y concluye que la de Moffett pretende ser una definición aplicable a otras especies animales distintas del hombre y que la suya es "antropocéntrica".  

Entre los análogos en el mundo animal se encuentran las colonias de hormigas y las manadas de lobos. Estas, al igual que las entidades políticas humanas, se ajustan tanto a mi definición como a la de Moffett.

Pero más amplia que la aplicable a las sociedades 'políticas' 

Sin embargo, mi definición más general, la de grupo de interés, incluye muchos otros tipos de sociedades, como sociedades científicas, empresas, sectas religiosas, diásporas étnicas, compañías mercenarias y partidos políticos. Todos estos grupos carecen de un control primordial sobre un espacio físico compartido y muchos no persisten a lo largo de múltiples generaciones humanas. Aun así, presentan una evolución y unas dinámicas interesantes, y pueden formularse numerosas preguntas de investigación sobre los mecanismos que utilizan para mantener la cohesión interna y la cooperación (o sobre por qué pueden llegar a perderlas).

En este punto, la definición de Turchin es más interesante para el jurista que la de Moffett.  

De los grupos íntimos a las civilizaciones: cómo las señales de identidad permiten el surgimiento de sociedades a gran escala



La delimitación como criterio para afirmar la existencia de una Sociedad 

Los individuos de una especie pueden considerarse sociales siempre que cooperan más allá de la mera actividad sexual... Sin embargo, para que esos cooperadores formen parte de una sociedad, deben pertenecer a un grupo delimitado, es decir, uno en el que todos sus miembros puedan distinguirse claramente de los ajenos al grupo. 
En estas sociedades, cada integrante debe ser capaz de reconocer de forma individual a todos los demás... Las especies que dependen del reconocimiento individual forman sociedades de menos de 200 miembros. Los grupos que superan este tamaño no son sociedades, sino meras agregaciones —como bancos de peces, manadas, etc.— de las que los individuos entran y salen con relativa impunidad... El que las sociedades de una especie alcancen este límite poblacional o tengan un tope menor debido a factores ajenos a la memoria vendrá determinado por las reglas de reproducción de la sociedad. La dependencia total del reconocimiento individual obliga a estos vertebrados a interactuar con cada miembro de la sociedad de forma personalizada, lo que hace inviable la cooperación a gran escala. 
... Los miembros pueden distinguirse de los extraños mediante señales que permitían a cada individuo reconocer a otro individuo como un miembro de su grupo, las cuales permiten aceptar como parte del grupo a individuos que nunca hemos tratado ni de los que tenemos referencia previa... las primeras sociedades de nuestros ancestros en emplear tales señales debieron de ser lo bastante pequeñas como para que existiera un mínimo desconocimiento entre sus integrantes, pero lo suficientemente numerosas como para poner a prueba su memoria individual, y que estas señales acabaron sirviendo para eliminar esa fuente de estrés social. 
El uso de estas señales... nos otorga, ... «la capacidad de concebir a un extraño en un no-enemigo»... en los insectos sociales, estas señales de reconocimiento suelen ser olores... Al emplear eficazmente distintivos para nuestras respectivas sociedades, los humanos modernos y unas pocas especies de hormigas viven en grupos que pueden expandirse sin límite —al menos hasta donde lo permita el entorno— y, sin embargo, siguen manteniéndose separados de otras sociedades. 
En los humanos... distintivos sociales habituales son los tatuajes, los peinados, las canciones, los relatos, las preferencias alimentarias, los valores, los rituales, la fisonomía e incluso sutilezas como la forma en que inclinamos la cabeza al escucharnos unos a otros... También pueden ser lugares u otros objetos importantes para la sociedad, como un santuario, sitio sagrado o un tótem. Estas señales... resultan útiles siempre que cualquier desviación advierta al observador de que algo no encaja.... facilitan... reconocer a simple vista a los miembros de otros grupos... y  proporcionan la solidaridad sobre la que pueden erigirse sistemas complejos de altruismo, haciendo posibles sociedades humanas lo bastante grandes como para construir civilizaciones. 
... los distintivos que expresan el prototipo del grupo tienen un bajo coste cognitivo ... se conservan fácilmente en la memoria a largo plazo y pueden aplicarse a un número indefinido de individuos sin exigir...  mantener una relación personal... 
... escribió Darwin... que «el cerebro de una hormiga es uno de los átomos de materia más maravillosos del mundo, quizá más maravilloso que el cerebro del hombre». Sin embargo... carecen por completo del reconocimiento individual de sus miembros, por lo que tienden a encogerse a medida que las sociedades aumentan de tamaño, en lugar de crecer, como ocurre con los cerebros de los vertebrados sociales. 
... Nuestra detección instintiva de distintivos representó originalmente una respuesta ante miembros de exogrupos que, hasta la aparición de los grupos sociales segmentados en el Neolítico, habrían pertenecido casi invariablemente a sociedades diferentes y bien diferenciadas. 
Los distintivos sociales cumplen dos funciones... la exposición a ellos incrementa la armonía y la coordinación dentro de la sociedad, haciendo posible el trabajo en equipo fuera de las coaliciones habituales, incluso entre individuos que se caen mal... Es probable...  que tan esencial para la condición humana como el deseo de pertenecer a un endogrupo... sea la necesidad psicológica de contar con exogrupos, cuando no con un adversario o enemigo declarado... 
En el plano de las interacciones entre miembros individuales del grupo, los distintivos son herramientas que se emplean con facilidad para lograr lo que en la teoría de la identidad social se conoce como atracción despersonalizada: la capacidad de ver a los demás (así como a uno mismo, es decir, el yo colectivo) no tanto por sus idiosincrasias, sino más bien «a través del prisma del prototipo» que surge de las expectativas culturales... Al utilizar numerosos distintivos de formas socialmente aceptadas, los humanos se reafirman constantemente unos a otros en sus valores culturales compartidos. Esto garantiza que individuos que no se conocen entre sí se comporten de manera aceptable como «de los nuestros»... reduciendo así la incertidumbre... 

Los distintivos más eficaces 

Los distintivos más eficaces son señales discretas e inequívocas difíciles de replicar por parte de forasteros, como los oportunistas que intentan infiltrarse en una sociedad. Las lenguas ocupan un lugar destacado en este sentido al inspirar sentimientos normativos irracionales, y resultan casi imposibles de reproducir a la perfección salvo por quienes estuvieron expuestos a ellas durante la infancia... Que funcionan como distintivos lo sugiere el hecho de que «tanto las capacidades imitativas exquisitamente desarrolladas de los niños como las habilidades perceptivas de los adultos van más allá de lo que sería necesario para un nivel muy alto de comunicación vocal» ... Como concluye Nettle... «las agrupaciones sociales más grandes —tribus o naciones— están delimitadas por una frontera lingüística o, al menos, dialectal»... 
Muchos rituales religiosos o ritos de paso, como la escarificación corporal, son señales costosas, tan difíciles de fingir como cualquier dialecto... y demuestra un grado de compromiso con el grupo que el dialecto no puede transmitir...  

La xenofobia y el racismo como consecuencia de la coexistencia con otros homínidos 

Es posible que las discriminaciones étnicas de nuestros ancestros incluyeran originalmente a los neandertales y a otros linajes de homininos competidores. Las respuestas agresivas hacia estos «auténticos» extraños... pudieron haberse transferido a nuestra propia especie mediante la pseudoespeciación, fenómeno por el cual la mente trata las diferencias culturales como características propias de especies distintas. Tales creencias están vinculadas a la convicción de que las diferencias son inmutables... los humanos, de hecho, han exaptado la parte de la mente que identifica especies animales no humanas precisamente para ese fin. De hecho, la xenofobia, en sus formas extremas, tiene correlatos en el funcionamiento cerebral, desencadenando patrones neuronales compatibles con el miedo y el asco... Esto se refleja en la actividad de la amígdala y la ínsula, respectivamente. Mientras tanto, la corteza prefrontal medial —normalmente activa durante las interacciones con seres humanos— no se activa, como si la persona se enfrentara a un objeto inanimado... Exogrupos enteros, presenten o no rasgos fisonómicos distintos, pueden llegar a ser deshumanizados.

¿Vivieron los cazadores-recolectores y sus precursores paleolíticos en sociedades, es decir, en grupos sin pertenencias solapadas?


Los cazadores-recolectores viven en bandas nómadas de unos 25 a 30 individuos por lo general, unidades lo bastante pequeñas como para que sus miembros se conozcan bien entre sí. Estas bandas —también llamadas campamentos nocturnos, grupos locales u hordas— parecen constituir, por razones económicas, un elemento universal de la vida de los cazadores-recolectores: «una estructura social mínima básica» para la caza y la recolección que resulta óptima para la toma de decisiones en entornos igualitarios... las bandas forman parte de sociedades más amplias definidas por distintivos... sociedades multibanda... las bandas suelen estar dispersas... pero mantienen el sentido de endogrupo... con todas las bandas que forman parte de la misma sociedad...

En algún momento, los ancestros humanos «transfirieron las propiedades de las personas a los objetos»

Una vez que un tipo de artefacto se modifica para transmitir un mensaje como la identidad grupal, por comparación todos los artefactos similares contienen implícitamente dicha información, lo que pudo acelerar el impulso por diferenciar el distintivo en cuestión. No obstante, dado que muchos de los símbolos empleados por los cazadores-recolectores recientes apenas dejarían huella arqueológica, los distintivos sociales podrían haber estado en uso desde etapas más tempranas del Paleolítico....un proceso que pudo comenzar poco después de divergir de nuestro ancestro común con chimpancés y bonobos, que poseen sociedades igualmente delimitadas. Cada vez que un miembro de la comunidad se acercaba a otra partida o banda, podía emitir una llamada normativa, adquirida mediante aprendizaje vocal, como marca de identificación para asegurar que no se le percibiera como una amenaza. 
La probabilidad de confundir identidades es alta en especies de fisión-fusión —como indudablemente lo fueron nuestros ancestros—, porque los individuos necesitan mostrarse recelosos u hostiles hacia los no miembros y, sin embargo, no mantienen las interacciones constantes cara a cara propias de los monos en una tropa compacta.... Al menos desde su divergencia del genus Pan, nuestros ancestros nunca vivieron en grupos familiares estrictos ni en ningún otro tipo de sociedad compacta que permitiera interacciones regulares cara a cara entre todos sus miembros. Tampoco formaron nunca redes sociales abiertas. Fueron especies de fisión-fusión que evolucionaron... de sociedades cohesionadas por el reconocimiento individual a sociedades diferenciadas por distintivos.

Cómo se forma una sociedad

La multiplicación de las sociedades preestatales habría sido con mayor probabilidad el resultado de que la sociedad matriz se dividiera más o menos por la mitad o de que se escindieran unos pocos individuos, por ejemplo una familia o banda rebelde u ostracizada. Esta última estrategia, conocida como gemación (budding, Moffett 2012), habría sido peligrosa en hábitats ocupados por grupos humanos más grandes y potencialmente hostiles. Salvo en migraciones hacia territorios deshabitados, especialmente a largas distancias... la primera técnica —la división— ha sido probablemente la norma. 

El favoritismo hacia el endogrupo y el menosprecio hacia el exogrupo son psicológicamente independientes y no explican la rivalidad bélica observada

como confirman los estudios sobre la oxitocina, hormona que promueve respuestas defensivas, pero no ofensivas, frente a los exogrupos... Las reacciones xenófobas de miedo y asco pueden servir para mantener las fronteras entre grupos, más que para proporcionar motivos de lucha... Las sociedades pequeñas pueden evitar problemas simplemente alejándose de los forasteros...  Incluso puede producirse una mezcla amistosa entre sociedades siempre que las identificaciones sociales permanezcan intactas... 
Es probable que un grupo ataque a los forasteros únicamente cuando este sentimiento va acompañado de la percepción de que el propio grupo es más fuerte... Las sociedades multibanda, al carecer de déspotas o ejércitos forzosos, solo pueden contemplar el ataque como una opción si los riesgos son bajos... (por eso eran frecuentes)... las incursiones sigilosas... pero no... el conflicto denominado guerra en el lenguaje común, que caracterizo como «un enfrentamiento concentrado de grupo contra grupo en el que ambos bandos se arriesgan a la destrucción total»... el uso del término «guerra» en antropología para describir la violencia de forma más amplia ha resultado engañoso. Además, los fines deben justificar los medios. La competencia intergrupal por los recursos es una condición suficiente, aunque no necesaria, para fomentar el etnocentrismo 

Mark W. Moffett, Human Identity and the Evolution of Societies, Hum Nat 2011

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