Lo que sigue es un resumen ampliado realizado por Grok - y corregido por mi - de un hilo de twitter de Jason Abaluck, profesor de Economía en la Universidad de Yale. Tiene interés para los juristas, especialmente, para la inmensa mayoría de profesores de Derecho que son de izquierdas y defienden la "sanidad pública", la "educación pública" o la "televisión pública", esto es, la provisión de servicios públicos por parte del Estado.
El debate sobre si los bienes y servicios deben ser proporcionados por el sector público o privado a menudo se centra en conceptos tradicionales como los bienes públicos, las fallos de mercado y las externalidades.
Sin embargo, Abaluck argumenta que la justificación moderna de la provisión pública no radica en estas nociones clásicas, sino en la existencia de fallos en la contratación entre particulares o entre particulares y el Estado.
Esta perspectiva encuentra sustento en el influyente artículo de Andrei Shleifer publicado en 1998 en el Journal of Economic Perspectives, sugiere que la eficiencia de la provisión privada puede superar a la pública siempre que los contratos entre el Estado y la empresa privada que provee el servicio puedan ser completos, verificables y permitan aprovechar las fortalezas innovadoras del sector privado.
Este ensayo explora esta tesis, analizando sus fundamentos, las limitaciones de la contratación, los contextos en los que la provisión pública sigue siendo preferible y las implicaciones para sectores clave como la salud y los servicios públicos.
Abaluck comienza su argumentación señalando que las justificaciones tradicionales para la intervención gubernamental, como la provisión de bienes públicos (por ejemplo, la defensa nacional) o la corrección de externalidades (como la contaminación), pueden resolverse mediante contratos bien diseñados en lugar de la propiedad pública directa.
Por ejemplo, si las fábricas emiten dióxido de azufre en exceso, un impuesto bien calibrado puede incentivar la reducción de emisiones sin necesidad de que el gobierno asuma la producción. De manera similar, si las tiendas de comestibles no se establecen en áreas pobres de un país debido a externalidades sociales, el Estado puede subvencionar la apertura de supermercados alineando los incentivos privados con los objetivos públicos. Incluso en casos extremos, como la entrega de correo en regiones remotas como Alaska, leyes con sanciones severas pueden obligar a empresas privadas como UPS a cumplir, eliminando la necesidad de una entidad pública como el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para asumir el control directo.
¿Cual es la ventaja más importante de la provisión privada de un bien o servicio?: incentivos más potentes para la innovación.
Abaluck ilustra esto con el ejemplo de Correos. Correos no invertiría 100 mil millones de dólares en una flota de drones para lograr entregar la correspondencia en una hora, una innovación que empresas como Amazon han demostrado ser capaces de llevar a cabo. La propiedad privada, al estar impulsada por la búsqueda de ganancias, fomenta la eficiencia y el desarrollo tecnológico, siempre que los contratos especifiquen claramente los resultados deseados y se puedan monitorear.
Shleifer, en su artículo de 1998, refuerza esta idea al mostrar que, en contextos donde los contratos son completos y aplicables, las externalidades no justifican la propiedad pública, ya que los incentivos de mercado pueden alinearse con los objetivos sociales mediante regulaciones contractuales.
El contexto histórico de esta discusión es relevante. El artículo de Shleifer apareció en un momento de intenso escrutinio de las privatizaciones post-soviéticas, cuando los economistas debatían si la transferencia de activos estatales a manos privadas mejoraba o empeoraba los resultados. Estudios posteriores, como los publicados en el American Economic Review, estimaron que las empresas privadas podían superar a las estatales en un 10-15% en términos de gestión de costos, validando parcialmente las tesis de Shleifer. Este cambio de perspectiva desafió las suposiciones socialistas dominantes de la época y marcó un punto de inflexión en la teoría económica moderna.
Abaluck reconoce que la eficacia de la provisión privada depende de un supuesto crucial: la posibilidad de escribir y hacer cumplir contratos completos entre el Estado y las empresas privadas. Cuando esta condición no se cumple, surgen problemas significativos, particularmente en lo que respecta a la calidad no contractual.
Un ejemplo claro es la construcción de aceras. Supongamos que existen dos métodos: uno caro que garantiza durabilidad y otro barato que compromete la longevidad. Si el gobierno contrata a una empresa privada sin medios para monitorear qué método se usa, la firma, motivada por maximizar ganancias, optará por el método barato, resultando en aceras que se deterioran rápidamente. Este fenómeno, descrito por Abaluck como "deterioro de calidad no contractual", pone en jaque la viabilidad de la provisión privada. El lector estará pensando en los problemas que tiene la Administración para adjudicar contratos de obra pública asegurando una relación óptima entre calidad y precio.
Shleifer sugiere que el mercado puede ofrecer una solución parcial a través de la reputación y la competencia. Si una empresa desea asegurar contratos futuros, podría optar por la calidad para mantener su credibilidad. Sin embargo, esta disciplina depende de la capacidad de los clientes o de la Administración Pública para evaluar la calidad con el tiempo, lo cual no siempre es factible. En casos donde el deterioro no es inmediatamente evidente, como en la construcción de infraestructura a largo plazo, la reputación puede ser insuficiente para contrarrestar los incentivos de reducción de costos.
Existen contextos específicos donde la provisión privada se vuelve particularmente inadecuada, y Abaluck cita las prisiones privadas como un ejemplo paradigmático. En este sector, la calidad del servicio depende en gran medida de la selección y el comportamiento del personal. ¿Quién estaría dispuesto a trabajar como guardia en una prisión privada por salarios bajos? Probablemente individuos con motivaciones cuestionables, como sadismo, lo que podría llevar a abusos y condiciones inhumanas. Escribir un contrato que prohíba explícitamente la contratación de "sádicos" es prácticamente imposible, y monitorear el cumplimiento de tales cláusulas resulta extremadamente difícil. Esta situación ilustra un caso donde el deterioro de calidad no contractual, combinado con la ausencia de disciplina de mercado o reputación, hace que la provisión pública sea preferible para garantizar estándares éticos y humanos.
Otro ámbito donde la provisión pública puede tener ventajas es cuando el gobierno necesita adaptarse rápidamente a cambios imprevistos. En el sector militar, por ejemplo, la flexibilidad para reasignar recursos en tiempos de crisis puede ser comprometida por la rigidez de los contratos privados, que requieren negociaciones prolongadas para modificarse. Asimismo, en países con riesgos de expropiación, como el caso de la compañía Wagner en Rusia, el gobierno puede preferir mantener el control directo para evitar que activos estratégicos caigan en manos privadas hostiles.
La atención sanitaria presenta un caso complejo que combina las fortalezas y debilidades de la provisión privada. Por un lado, el potencial de innovación es inmenso: el despliegue de inteligencia artificial para apoyar decisiones médicas podría transformar la calidad del cuidado. Las empresas privadas, con sus incentivos para maximizar ganancias, están mejor posicionadas para invertir en estas tecnologías que las entidades públicas, que a menudo están limitadas por presupuestos y burocracia. Por otro lado, existen riesgos significativos de deterioro de calidad no contractual. Por ejemplo, un asegurador privado podría reducir costos al limitar las hospitalizaciones, lo que podría aumentar la mortalidad de los pacientes si no se supervisa adecuadamente. Los pacientes, que a menudo carecen de información suficiente para evaluar la calidad de los planes de seguro, hospitales o médicos, dependen en gran medida de la regulación gubernamental para mitigar estos riesgos. Abaluck sugiere que un sistema privado óptimamente regulado podría ser altamente efectivo si se resuelven estos problemas, por ejemplo, mediante la provisión de información clara sobre la calidad a los consumidores. Sin embargo, no es fácil que tal cosa ocurra, ya que requiere una capacidad regulatoria significativa que no todos los gobiernos poseen. Pero, en términos dinámicos, la Administración puede desarrollar esas capacidades si puede dejar de ocuparse de la provisión directa del servicio.
En contraste, sectores como la recolección de basura ofrecen un caso más claro para la provisión privada. Aunque existen preocupaciones sobre aspectos no contractuales (como la disposición inadecuada de desechos), los elementos principales como el costo y la frecuencia de recolección son fácilmente especificables y monitoreables.
En ausencia de evidencia empírica de fallos significativos, Abaluck inclina la balanza hacia la contratación con empresas privadas en este ámbito. Y hace bien. Porque no es sólo un problema de innovación. La competencia permite que la Sociedad se beneficie de las ganancias de eficiencia. La provisión pública no garantiza que las mejoras de eficiencia se apliquen en el sector público ya que sus miembros y directivos no tienen los poderosos incentivos del mercado.
