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Dice el artículo 17.12 Ley de Propiedad Horizontal
12. El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.
Esta es la versión actual del artículo 17.12 LPH dice expresamente que el acuerdo puede "limitar, condicionar o prohibir" la actividad. Pero el acuerdo impugnado en esta litigación se adoptó el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia está aplicando la redacción introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, que entonces decía únicamente: "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad...
Como se verá, el TS llega a la misma conclusión que si la versión vigente hubiera estado en vigor en el momento en que se adoptó el acuerdo por las comunidades de propietarios. Un par de comentarios que me parecen de interés
1º Es un buen caso para argumentar el carácter corporativo de las comunidades de propietarios. (v., Corporaciones y patrimonios de administración: el caso de las comunidades de propietarios, Almacén de Derecho, 2026). El Supremo aduce que la inclusión de la cuestión de la posibilidad de explotar el inmueble en alquiler turístico entre los asuntos sobre los que puede adoptar acuerdos la junta de propietarios habla en contra de que se requiera el consentimiento de cada propietario para prohíbir la explotación turística del piso. Es, ciertamente, contradictorio porque, si se requiere el consentimiento, eso significa que la junta no puede pronunciarse sobre la cuestión. No entra dentro de las competencias de la junta. Demuestra la importancia de distinguir entre adopción de acuerdos por unanimidad y adopción de decisiones colectivas por consenso. Lo que los demandantes alegaban, en realidad, es que la junta no era competente para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos.
2º La modificación del art. 17.12 LPH se produjo en 2025, es decir, antes de que tuviera que decidir el Tribunal Supremo. Se plantea, como siempre, si el cambio legislativo debe utilizarse para interpretar la lex anterior en el mismo sentido que la reforma o en sentido contrario. En un caso como este, parece que el legislador se limitó a aclarar la voluntad de la ley de atribuir a la mayoría reforzada de los propietarios decidir si se permitía o no la explotación turística de los pisos. Es decir, de atribuir competencias a la junta de propietarios en esta materia.
3º Tiene razón el Supremo en que, en función de la actividad, la línea que separa "limitar" de "prohibir" es imposible de trazar. En el caso, si la junta hubiera acordado limitar el alquiler turístico (v., art. 5 e) LAU que lo define como "e) La cesión temporal de uso de la totalidad o parte, de acuerdo con la normativa de las administraciones competentes en materia turística, de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística. La duración máxima de este tipo de cesión, que será fijada por las administraciones competentes, no podrá en ningún caso superar los treinta y un días") a los alquileres por períodos no inferiores a 28 días, por ejemplo, ¿se trata de una limitación o de una prohibición? ¿y si se limita a los meses de enero y febrero de cada año? ¿Y si se limita el número de personas que pueden ocupar el piso? Por no hablar de que la actividad prohibida puede cambiar en función de que el legislador 'competente en materia turística' cambie la definición








