jueves, 19 de noviembre de 2026

Marietta Auer sobre Canaris sobre Larenz



En una entrada anterior, escribí sobre la apología de su maestro Larenz por parte de Canaris. He encontrado un trabajo de Marietta Auer, discípula de Canaris, en la que esta gran jurista explica el asunto con cierto detalle.

Poco antes de terminar mi habilitación estalló el escándalo en torno al retrato de Larenz. Las réplicas polémicas, completamente inesperadas para Canaris, y el posterior debate público lo afectaron profundamente. Conviene recordar que su texto sobre Larenz llevaba ya algún tiempo circulando antes de convertirse en objeto de controversia. Si se intenta reconstruir hoy aquel debate, es aconsejable evitar los cómodos errores retrospectivos. 
Ante todo, en la Múnich de 2010 ya no había nada que encubrir ni embellecer. En particular, los escritos de Larenz durante el período nacionalsocialista eran conocidos desde hacía décadas en la facultad. El célebre pasaje relativo al § 1 del BGB, según el cual «solo es miembro de la comunidad jurídica quien es miembro de la comunidad del pueblo; miembro de la comunidad del pueblo es quien tiene sangre alemana. Esta proposición podría colocarse al frente de nuestro ordenamiento jurídico en lugar del § 1 del BGB, que proclama la capacidad jurídica de “todo ser humano”», lo conocía yo desde mis años de estudiante. Y lo conocía porque un ayudante de la cátedra de Canaris.. había (explicado)... a los alumnos... qué actos de pura infamia revestidos de forma jurídica habían sido posibles en este país gracias a juristas como Larenz. 
Yo ya no llegué a conocer personalmente a Larenz. Sus escritos nunca me dijeron gran cosa. De hecho, siempre me resultó desagradable su tono superficialmente apaciguador y su retórica afirmativa y complaciente. Nunca entendí qué encontraba Canaris en él, siendo sus propias obras tan distintas. Canaris reconoce, eso sí, que «la elegancia del estilo de Larenz y la lucidez de la estructura de su pensamiento» encierran «al mismo tiempo ciertos peligros. Al lector le resulta demasiado fácil instalarse en la engañosa certeza de haber comprendido plenamente un problema y su solución, porque la fuerza sugestiva de la exposición de Larenz le impide percibir las dificultades que se esconden bajo la superficie». 
Ese estilo elegante, apaciguador y tendente a ocultar los problemas aparece de forma casi paradigmática en Persona jurídica y derecho subjetivo (1935), la obra de la que procede el pasaje incriminado sobre el § 1 del BGB... En su retrato de Larenz, Canaris retomaba una discusión que ya se había producido, con algunos de los mismos protagonistas, poco después de la muerte de Larenz en 1993, a raíz de la publicación de un testimonio autobiográfico contenido en una carta. 
Según ese escrito, cuando asumió en 1933 la cátedra de Kiel, Larenz habría sido encargado personalmente y de manera confidencial por Wilhelm Ahlmann... más tarde miembro de la resistencia, de inculcar a los nacionalsocialistas una «recta comprensión del Derecho y de la idea de Estado». ... Ciertamente, añadía desde la perspectiva de 1987, aquel plan era «desde el punto de vista actual completamente absurdo...». Pero, según decía, «por entonces muchos creían de verdad que el nacionalsocialismo era todavía... moldeable». 
La publicación de ese testimonio dividió la interpretación de Larenz en dos campos. Por un lado, sus discípulos Canaris, Uwe Diederichsen y Jürgen Prölss tomaron en serio sus palabras y consideraron al menos posible que hubiera redactado sus escritos posteriores a 1933 con arreglo a esa supuesta misión. Desde esta perspectiva, tenía sentido examinar esos textos en busca de mensajes ocultos de resistencia o de límites implícitos inspirados en el Estado de Derecho. Frente a ello, Horst Heinrich Jakobs formuló entonces con gran claridad la posición contraria. Si se acepta la inversión entre verdugo y víctima implícita en la explicación de Larenz, y tan común en las biografías justificativas de quienes colaboraron con el régimen, según la cual uno habría actuado ingenuamente pero de buena fe para «evitar males mayores» y habría terminado siendo él mismo una víctima, quizá incluso un resistente, pero desde luego no un responsable, entonces podría llegarse a reinterpretar incluso los escritos más infames de Larenz como heroicos «trabajos realizados por encargo de la resistencia alemana contra Hitler»... 
Dieciséis años más tarde, Canaris...  repitió... un argumento (de)... Prölss: ... tras la frase ... según la cual «quien queda fuera de la comunidad del pueblo queda también fuera del Derecho, no es miembro de la comunidad jurídica», el texto (añade)...«Sin embargo, en muchos aspectos el extranjero puede y debe ser equiparado al miembro de la comunidad jurídica en calidad de huésped. El extranjero que se encuentra en territorio alemán está sometido a la autoridad del Estado alemán, goza de protección de su integridad física y de su vida, así como de derechos patrimoniales, y participa en el tráfico jurídico. Naturalmente, no es un objeto de Derecho. Debemos abandonar esa disyuntiva abstracta según la cual una persona solo puede ser o sujeto y persona jurídica, o mero objeto de Derecho. Quien no pertenece a la comunidad jurídica sigue siendo sujeto de Derecho; goza de una capacidad jurídica limitada que le es reconocida por la comunidad del pueblo en cuanto comunidad jurídica y dentro de determinados límites. Pero, a diferencia de quien pertenece a la comunidad del pueblo, no está llamado por nacimiento a formar parte de esa comunidad ni a vivir dentro de su Derecho. Incluso cuando se le reconoce capacidad jurídica, no es copartícipe de esa vida comunitaria cuyo ejercicio constantemente renovado crea y mantiene el Derecho como orden comunitario. No puede ser juez ni jurado lego ni desempeñar ningún otro “cargo”; queda excluido de las posiciones jurídicas más importantes; por ejemplo, no puede ser propietario de una explotación agrícola hereditaria. Así pues, el extranjero no es miembro de la comunidad jurídica alemana, aunque se encuentre bajo la protección de nuestro Derecho, participe en gran medida en el tráfico jurídico y en sus instituciones y sea respetado como huésped.» 
¿Qué significa esto? ...  Prölss tomó a Larenz al pie de la letra en 1994 y concluyó sin más que «el Tercer Reich no habría sido ni remotamente tan terrible como fue si los nacionalsocialistas hubieran respetado la vida y los bienes de quienes no eran “miembros de la comunidad del pueblo”, de acuerdo con las concepciones de Larenz». También fue Prölss quien formuló el argumento literal que Canaris retomó en 2010: según esta interpretación, al emplear el término «extranjero» (Fremder), Larenz habría construido una oposición contradictoria respecto del «miembro de la comunidad jurídica» (Rechtsgenosse), de modo que el «extranjero» beneficiario del derecho de hospitalidad incluiría necesariamente al «no miembro de la comunidad jurídica» y, en particular, a las personas consideradas ajenas a la raza alemana. Prölss expresa la justificación en forma de pregunta retórica y parece darla por resuelta con ello: «¿Por qué Karl Larenz, si realmente era nacionalsocialista, no habría utilizado la palabra “judíos” si hubiera querido atribuirles un estatuto distinto del de los extranjeros no judíos?» También interpreta de manera benévola la capacidad jurídica limitada del «no miembro de la comunidad jurídica», pues entiende que, al calificar al «extranjero» como «huésped», Larenz precisamente no lo dejaba a merced de la «arbitrariedad de la comunidad del pueblo». A su juicio, lo único que quedaría abierto sería «el alcance exacto de esa capacidad jurídica»; por lo demás, Larenz defendería expresamente que el «extranjero» no fuera un «objeto de Derecho». 
... Vista desde la perspectiva actual... apenas puede sostenerse nada de esta interpretación.... La idea de que Larenz habría empleado deliberadamente el término «extranjero» como concepto opuesto ampliado a «miembro de la comunidad jurídica», precisamente para extender la protección del «derecho de hospitalidad» a quienes eran considerados racialmente ajenos, resulta poco convincente. (No es convincente... insinuar de forma implícita la inclusión de las personas consideradas no arias en un contexto en el que ningún lector de la época habría entendido que un «extranjero» beneficiario del «derecho de hospitalidad», y a menudo incluso objeto de grandes honores en la Alemania nacionalsocialista, pudiera ser un judío alemán. 
... todo el pasaje (de Larenz constituye) un ejemplo paradigmático de su estilo tendente a ocultar los problemas. La omisión de expresiones como «no ario» o incluso «judío» no demuestra nada, salvo que tales términos han sido omitidos ¿Se omiten para incluir implícitamente a esas personas en la protección dispensada al huésped? ¿O, por el contrario, para excluirlas implícitamente, porque cualquier lector de la época necesariamente interpretaría así el texto y encontraría confirmada esa interpretación? Para comprender correctamente el pasaje hay que tener presente que constituye una paráfrasis imperfecta del programa del Partido Nacionalsocialista Alemán, cuyos puntos 4 y 5 establecen, a primera vista, una oposición semejante entre el «ciudadano del Estado», que debe ser siempre «miembro de la comunidad del pueblo» y de «sangre alemana», y quien «no es ciudadano del Estado» y «solo puede vivir en Alemania como huésped». 
Sin embargo, en Larenz esa oposición adquiere un significado muy distinto. Ya no se trata de una contraposición estricta entre ciudadanos y extranjeros sometidos a una legislación de extranjería, sino de una afirmación sobre la capacidad jurídica del «miembro de la comunidad del pueblo», convertido ahora en categoría superior. Frente a esta categoría, el «extranjero»... deja una zona intermedia vacía en la que encaja exactamente la tercera frase del punto 4 del programa del partido, omitida por Larenz: «Por tanto, ningún judío puede ser miembro de la comunidad del pueblo». ¿Qué significa entonces esa omisión? ¿Que Larenz desaprobaba implícitamente esa afirmación, aunque cualquier lector contemporáneo tuviera necesariamente que leerla en el trasfondo de sus razonamientos? ¿O que la aprobaba implícitamente, pero prefería expresarse en términos filosóficos abstractos porque todo lector de la época sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo? ¿O acaso ambas cosas a la vez? 
Y el elegante juego lingüístico no termina ahí... Larenz regresa al terreno seguro del «extranjero» para exponer, en paráfrasis del programa del partido, algunas obviedades de Derecho internacional. A continuación introduce una maniobra de distracción especialmente burda: el extranjero «naturalmente no es un objeto de Derecho». Pero nadie había sostenido lo contrario y, desde luego, la línea divisoria entre el nacionalsocialismo y sus adversarios no pasaba por ahí. Larenz desvía sistemáticamente la atención del contenido de su escrito que hace posible la injusticia, contenido que reside precisamente en la privación de derechos del no miembro de la comunidad jurídica mediante la relativización del principio de igual capacidad jurídica de todo ser humano consagrado en el § 1 del BGB. 
Larenz oscurece esta ruptura fundamental con la tradición jurídica haciendo como si todo se redujera a una discusión terminológica: «Debemos abandonar esa abstracta alternativa excluyente». Sin embargo, la frase siguiente revela que una persona sí puede terminar siendo un «objeto del Derecho». El resto del pasaje consiste en una retórica apaciguadora que se entretiene en obviedades propias del estatuto funcionarial. En conjunto, el texto... por un lado abre conceptos jurídicos fundamentales al servicio del Derecho de un Estado injusto y, por otro,...  se reserva siempre todas las salidas posibles, tanto la acomodación al nacionalsocialismo como una eventual vía de escape hacia la resistencia. 
Solo por esta razón... Larenz... y otros como él proporcionaron al Estado injusto una apariencia inofensiva y respetable mediante una retórica simultáneamente habilitadora y tranquilizadora...  
... Canaris... llegó al mismo resultado (que Prölss): que quien hubiese conocido personalmente a Larenz difícilmente habría podido imaginarlo como un «nazi» o un «racista». No cayó simplemente en la trampa de las propias justificaciones de Larenz, como hizo Prölss al considerar que la interpretación más favorable del pasaje sobre el derecho de hospitalidad era la única posible. Más bien intentó durante muchas páginas y con considerable esfuerzo reconciliar al Larenz de los escritos posteriores a 1933 con el profesor y el ser humano que él había conocido personalmente, pues le resultaba imposible encajar con esa imagen que sus reflexiones sobre la capacidad jurídica estuvieran, en último término, fundadas en «la ideología racial del nacionalsocialismo». 
Canaris trataba así de hacer inteligible lo que para él era sencillamente incomprensible. Para ello, recurrió a todos los instrumentos de la dogmática jurídica y buscó incluso en las manifestaciones más evidentes de injusticia huellas de un espíritu de Estado de Derecho que Larenz, suponiendo su buena fe y su supuesta intención de evitar males mayores, necesariamente habría debido poner en práctica. En términos concretos, esto llevó a Canaris a aceptar incluso como posibilidad teórica la privación parcial de derechos del «no miembro de la comunidad jurídica», expresamente contenida en el pasaje sobre el derecho de hospitalidad y que no podía ser negada mediante artificios interpretativos, siempre que, eso sí, todas esas consideraciones hubieran permanecido estrictamente en el plano de las propuestas dirigidas al legislador y se hubieran opuesto de forma consecuente a reinterpretaciones expeditivas de la ley llevadas a cabo, por ejemplo, por los tribunales o por las autoridades administrativas. 
... Canaris no debería haber aceptado sin más la supuesta misión de su maestro... Al razonar... partiendo de que quien conoció personalmente a Larenz sabía que no podía haber sido un «racista» ni un «nazi», y... que tal circunstancia tenía... que reflejarse en sus escritos... el retrato pierde... gran parte de su valor historiográfico. 
Canaris, como él mismo reconocía acertadamente, «no era historiador». Le interesaba el sistema, no la historia; para él, la ciencia consistía en la lógica interna de la argumentación jurídica vista desde la perspectiva del dogmático del Derecho, no en la contingencia histórica observada desde la perspectiva externa del historiador... Lo que... hace Canaris es una investigación biográfica de motivaciones, una forma de psicología practicada con herramientas de dogmática jurídica. Formula una pregunta que, desde una perspectiva historiográfica, probablemente carece de respuesta definitiva: quién fue realmente Larenz. Para responderla, recurre a sus escritos y a los instrumentos de la dogmática jurídica como medios privilegiados de conocimiento. 
... Un jurista tan sobresaliente como Larenz, piensa implícitamente Canaris, no pudo haber ignorado la diferencia decisiva entre de lege lata y de lege ferenda, ni mucho menos haberla difuminado deliberadamente. Debió, por el contrario, haber empleado precisamente sus refinadas herramientas conceptuales incluso frente a leyes injustas, con el propósito de evitar males mayores. Lo que Canaris no advierte es que termina aceptando, en el fondo, la propia narrativa de Larenz al aventurarse por el terreno resbaladizo de las interpretaciones sofisticadas sobre supuestas intenciones éticas ocultas y mensajes encubiertos de resistencia...  
... Tal vez detrás de ello se encuentre una suerte de maniqueísmo moral, una convicción sorprendentemente poco tolerante con la ambigüedad acerca de cómo se distribuyen el bien y el mal en la personalidad humana; como si de la coherencia intelectual de una persona pudiera inferirse también su coherencia moral. Probablemente no haya nada más que explicar si uno no exige un grado de consistencia moral tan extraordinariamente elevado como el que Canaris exigía de Larenz. La banalidad del mal incluye también la banalidad de la cobardía, cuya calificación como tragedia sería excesiva. O la banalidad de la inteligencia y la constatación de que la inteligencia no protege frente al oportunismo ni frente al autoengaño; más bien al contrario. Larenz es un ejemplo de ello...  
...  Canaris había asumido la edición abreviada para estudiantes de la Metodología del Derecho de Larenz y la publicó haciendo desaparecer por completo la parte histórico-crítica y... ese fragmento... En 2010 Canaris justificó la supresión de esa parte no solo afirmando que «la sección histórico-crítica de Larenz ni siquiera abarca el período del nacionalsocialismo... sino que...«Considero que los excesos cometidos (en el periodo nazi)... en la aplicación de la ley y del Derecho... no forman parte de la historia de la metodología jurídica, sino que constituyen una salida de ella. Según nuestra comprensión actual de la ciencia del derecho, basada en una tradición europea de varios siglos, la metodología jurídica tiene por objeto, desde sus presupuestos mismos, los procedimientos específicamente científicos para encontrar y elaborar el Derecho. Y no puede hablarse de tales procedimientos allí donde el punto de partida es una ideología racial. Por ello, a mi juicio, la mirada retrospectiva sobre aquella época apenas nos enseña nada acerca del uso metodológicamente correcto de la ley y del Derecho. Lo que plantea es, más bien, la cuestión mucho más amplia de la relación de los juristas con un Estado injusto y pertenece por ello al ámbito considerablemente más extenso de la filosofía del Derecho.» 
... Mientras Rüthers, desde la perspectiva externa del historiador del Derecho, pretende demostrar que determinadas estrategias interpretativas, especialmente las teorías objetivas de la interpretación, son por naturaleza susceptibles de abuso y, por ello, normativamente inaceptables, Canaris rechaza de raíz la premisa de que pueda existir algo así como métodos jurídicos históricamente falsables. 
Desde el punto de vista interno de una ciencia dogmática vinculada al artículo 3 de la Ley Fundamental alemana, resulta coherente excluir toda la aplicación racista del Derecho entre 1933 y 1945 del ámbito de la metodología prescriptiva del Derecho vigente por considerarla normativamente errónea, y remitirla en cambio al problema del «Estado injusto», propio de la filosofía del Derecho... una vez más, una absolutización de la perspectiva dogmática allí donde sería necesaria una comprensión histórico-jurídica.  
... El pasaje más interesante del retrato de Larenz es aquel en que Canaris pasa de forma repentina a ajustar cuentas con la generación siguiente a la suya, los llamados «sesentayochistas»: «Teníamos absolutamente claro que en la generación de nuestros padres y abuelos había innumerables “seguidores” del régimen y que muchos autores y colaboradores de los crímenes permanecían injustamente en libertad. Pero también teníamos igual de claro que nosotros mismos, “con una probabilidad rayana en la certeza”...  difícilmente nos habríamos comportado mejor y que probablemente ninguno de nosotros habría mostrado el temple moral de los hermanos Scholl"...  
 ¿Qué es lo que tanto irritó a los críticos de Canaris? ¿Su falta de empatía hacia el postureo moral de quienes nacieron después? ¿O el hecho de que éstos, pese a su presunta superioridad moral, no lograran moldear los estándares dogmáticos del modelo de Derecho privado que dominó durante décadas en la República Federal ni neutralizaran el proyecto socialdemócrata de un Derecho privado socialmente orientado y constitucionalmente vinculado? Canaris no necesitaba lecciones de sus críticos sobre «pensamiento social e incluso ecológico». Su aspiración humanista consistía en emplear sus capacidades científicas para construir un sistema de Derecho privado concebido teleológicamente: una dogmática civil asentada sobre la Ley Fundamental que combinara libertad, justicia social y la posibilidad de alcanzar mediante el propio esfuerzo una prosperidad accesible a todos.

Marietta Auer, Claus-Wilhelm Canaris – Eine Erinnerung in fünf Bildern, JZ, 13(2022), p 629 ss., pp 634 ss

La causa y los contratos a título oneroso


Escribe Antonio M. Morales:

El artículo 1169 CC francés [situado en el tít. III del libro III, («Las fuentes de las obligaciones»)] dispone: «Un contrato a título oneroso es nulo cuando, en el momento de su formación, la contraprestación convenida en provecho del que se vincula es ilusoria o ridícula». 

Este artículo es considerado como una reminiscencia de la exigencia de causa del contrato del artículo 1108 CC fr. 1804, una vez suprimida. El contrato es nulo porque, al no cumplir la exigencia de la causa onerosa, carece de causa. 

Sobre este artículo dicen Chantepie/Latina: «El Derecho francés permanece fiel a una concepción del contenido del contrato que no lo liga exclusivamente al acuerdo de voluntades. El contrato a título oneroso es el soporte jurídico de un intercambio económico. Verificando que la contrapartida convenida no sea ni ilusoria ni irrisoria , el juez garantizará la utilidad económica del contrato, perpetuando así la función antiguamente asignada a la causa». 

El Código Civil francés reconoce a las partes libertad para establecer la relación de equivalencia entre la prestación y la contraprestación en un contrato sinalagmático. No impone que el precio sea justo. Sin embargo, esta regla tiene límites. Uno de ellos es el del artículo 1169 CC fr., que ahora estudio, considerado como un reflejo de la causa. La nulidad p1169 CC fr., aunque se refiera a la causa, es una nulidad relativa porque el interés protegido por la regla violada es un interés particular Aunque, antes de la reforma de 2016, se ha defendido que la función de intercambio económico del contrato es de interés general, justificando así la nulidad absoluta. El carácter relativo de la nulidad determina las siguientes consecuencias: (i) Solo está legitimado para invocarla el contratante protegido (en el art. 1169 CC fr.: el que se vincula a cambio de casi nada). (ii) Como la nulidad protege el interés de este contratante, él puede confirmar el contrato (art. 1181 II CC fr.). (iii) El ejercicio del derecho a anular el contrato debe producirse por vía judicial y tiene un límite temporal, si se realiza de por vía de acción (art. 2224 CC fr.). 

No hay límite temporal si la nulidad se opone como excepción. La causa de nulidad (relativa) del contrato prevista en el artículo 1169 CC fr. concurre en derecho francés con otra causa de desvinculación por falta la equivalencia, la rescisión por lesión. Pero el artículo 1169 CC fr. no se funda en la lesión, sino en la doctrina de la causa. Por eso solo se aplica en los casos en los que el precio es irrisorio, lo que determina que no exista causa, no en los casos en los que el precio pagado sea excesivo. 

En el Código civil español no existe un artículo semejante al 1169 CC fr., que otorgue directamente al contratante obligado en un contrato oneroso el derecho a anularlo, fundado en ser ilusoria o ridícula la contraprestación recibida. Es cierto que el Código civil español exige que el contrato tenga causa (art. 1260,3 CC), caracteriza la causa de los contratos onerosos (art. 1274 CC) 38 y declara de nulidad de los contratos sin causa (art. 1275 CC). Pero este conjunto de preceptos no atribuye, de modo directo, al sujeto legitimado (contratante perjudicado) un derecho a anular el contrato semejante al del artículo 1169 CC fr. cuando la contraprestación convenida a cambio es ridícula o irrisoria. 

Para situar este tipo de casos en el derecho español y analizar su tratamiento hemos de empezar preguntándonos cuál es la razón que puede dar lugar a la existencia de estos contratos. Y hay dos posibles razones. Una, porque existe un vicio del consentimiento en uno de los contratantes. Otra, porque los contratantes han querido configurar así ese contrato. Comienzo por referirme a la segunda de estas razones.

(i) El precio irrisorio en una compraventa aparece considerado por nuestro Tribunal Supremo en el marco de la simulación. Es un supuesto de falta de causa por simulación, pero no un supuesto de falta de causa (per se), autónomo y distinto. 

En la simulación, el TS ha afirmado que la presunción de causa se aplica incluso a los contratos con precio bajo (STS 05.02.1993,núm. 137/1993). La presunción de causa no se destruye por el mero hecho de que el precio sea irrisorio, si existen razones que lo justifican. La jurisprudencia tiene en cuenta todo el acuerdo de las partes, el verdadero contrato (lo que sería el contrato disimulado). Si el contrato (con precio ridículo o irrisorio) es el querido por los contratantes, es normal que lo oculten simulando otro, por ejemplo, simulando un precio superior al acordado, que no llega a pagarse, y disimulando el verdadero contrato. Tratándose de un contrato disimulado, para determinar su eficacia es preciso tomar en cuenta el conjunto de contratos quizá diferentes ocultados por las partes (disimulados) que tienen una unidad de propósito y conexión entre sí. Ese conjunto puede explicar que en alguno de ellos la contraprestación sea demasiado baja  o inexistente. Si el contrato disimulado no estuviera conectado a otros siendo un único contrato hemos de calificarlo conforme a su verdadera naturaleza jurídica, al margen de la calificación que le hubieran dado las partes. Es, en buena medida, un contrato gratuito al que deben aplicarse las normas imperativas propias de esa modalidad de contratos. Si se trata de una donación, será nula por falta de forma, conforme a la jurisprudencia del TS. Y está legitimado para invocar la nulidad cualquier interesado. (ii) El precio vil o irrisorio puede ser debido también a un vicio del consentimiento. La anulación del contrato se funda en este caso en la existencia del vicio, no en el hecho de que sea vil el precio. La escasa cuantía del precio puede ser un indicio para presumir el vicio del consentimiento.

Y en las conclusiones

 Aunque la doctrina de la causa ha servido históricamente para la construcción del moderno derecho de contratos, el desarrollo de este no la hace hoy imprescindible. E incluso impide el tratamiento diversificado de los problemas jurídicos que fueron resueltos a partir de ella... Pese a lo que pueda parecer, la causa no debe ser considerada hoy, al menos en el derecho español, una cláusula general o regla de principio de la que se puedan extraer soluciones concretas. Porque es la ley la que, junto con los principios básicos del ordenamiento, regula el sistema de la contratación y el de transmisión de los bienes. La causa, al menos hoy, no tiene fuerza normativa propia y directa, como si fuera un concepto jurídico de contenido normativo indeterminado. La causa es un concepto técnico utilizable en la aplicación del derecho que, en su aparente unidad, tiene diferentes significados, según la finalidad para la que se utiliza. Esto lo vuelve oscuro y mantiene abierta una discusión teórica innecesaria sobre el mismo. El que un Código civil, en el siglo xxi, prescinda de la mención de la causa (como ha hecho el Código civil francés o propone la Propuesta de modernización del Código civil español de 2023) no altera el sistema de la contratación, ni impide aplicar las normas que lo ordenan. Tampoco excluye, en aquellos sistemas que tradicionalmente han utilizado la causa, que esta pueda seguir siendo manejada como herramienta explicativa, en la técnica de aplicación del derecho.

 Antonio M. Morales, La nostalgia de la causa, ADC, tomo LXXVIII, 2025, fasc. IV (octubre-diciembre), pp. 1533-1554

miércoles, 18 de noviembre de 2026

La competencia de la junta de propietarios para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos en régimen de propiedad horizontal


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Dice el artículo 17.12 Ley de Propiedad Horizontal

12. El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.

Esta es la versión actual del artículo 17.12 LPH dice expresamente que el acuerdo puede "limitar, condicionar o prohibir" la actividad. Pero el acuerdo impugnado en esta litigación se adoptó el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia está aplicando la redacción introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, que entonces decía únicamente: "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad...

Como se verá, el TS llega a la misma conclusión que si la versión vigente hubiera estado en vigor en el momento en que se adoptó el acuerdo por las comunidades de propietarios. Un par de comentarios que me parecen de interés

1º Es un buen caso para argumentar el carácter corporativo de las comunidades de propietarios. (v., Corporaciones y patrimonios de administración: el caso de las comunidades de propietarios, Almacén de Derecho, 2026). El Supremo aduce que la inclusión de la cuestión de la posibilidad de explotar el inmueble en alquiler turístico entre los asuntos sobre los que puede adoptar acuerdos la junta de propietarios habla en contra de que se requiera el consentimiento de cada propietario para prohíbir la explotación turística del piso. Es, ciertamente, contradictorio porque, si se requiere el consentimiento, eso significa que la junta no puede pronunciarse sobre la cuestión. No entra dentro de las competencias de la junta. Demuestra la importancia de distinguir entre adopción de acuerdos por unanimidad y adopción de decisiones colectivas por consenso. Lo que los demandantes alegaban, en realidad, es que la junta no era competente para prohibir la explotación turística de los pisos o apartamentos.

2º La modificación del art. 17.12 LPH se produjo en 2025, es decir, antes de que tuviera que decidir el Tribunal Supremo. Se plantea, como siempre, si el cambio legislativo debe utilizarse para interpretar la lex anterior en el mismo sentido que la reforma o en sentido contrario. En un caso como este, parece que el legislador se limitó a aclarar la voluntad de la ley de atribuir a la mayoría reforzada de los propietarios decidir si se permitía o no la explotación turística de los pisos. Es decir, de atribuir competencias a la junta de propietarios en esta materia.

3º Tiene razón el Supremo en que, en función de la actividad, la línea que separa "limitar" de "prohibir" es imposible de trazar. En el caso, si la junta hubiera acordado limitar el alquiler turístico (v., art. 5 e) LAU que lo define como "e) La cesión temporal de uso de la totalidad o parte, de acuerdo con la normativa de las administraciones competentes en materia turística, de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística. La duración máxima de este tipo de cesión, que será fijada por las administraciones competentes, no podrá en ningún caso superar los treinta y un días") a los alquileres por períodos no inferiores a 28 días, por ejemplo, ¿se trata de una limitación o de una prohibición? ¿y si se limita a los meses de enero y febrero de cada año? ¿Y si se limita el número de personas que pueden ocupar el piso? Por no hablar de que la actividad prohibida puede cambiar en función de que el legislador 'competente en materia turística' cambie la definición


La sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por varias sociedades propietarias de ocho viviendas en una comunidad de propietarios de Orihuela Costa contra el acuerdo adoptado por la junta extraordinaria de 12 de noviembre de 2019 que modificó los estatutos comunitarios para prohibir el alquiler turístico o vacacional en el edificio.

Las demandantes sostenían que el acuerdo era nulo porque una prohibición absoluta de alquiler turístico exigía unanimidad conforme al artículo 17.6 LPH. A su juicio, el artículo 17.12 LPH, introducido por el Real Decreto-ley 7/2019, permite únicamente “limitar” o “condicionar” el alquiler turístico, pero no prohibirlo. 

Tanto el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Orihuela como la Audiencia Provincial de Alicante habían rechazado esta tesis. Entendieron que el artículo 17.12 LPH configura una excepción al principio de unanimidad y permite adoptar acuerdos relativos al alquiler turístico mediante la doble mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas de participación.

El Tribunal Supremo razona que en materia de propiedad horizontal es legítimo imponer prohibiciones o limitaciones destinadas a proteger intereses generales de la comunidad. La jurisprudencia anterior ha admitido reiteradamente restricciones relativas al destino o uso de los elementos privativos, siempre que aparezcan establecidas de forma expresa y, para oponerse a terceros, consten inscritas en el Registro de la Propiedad.

El Tribunal desarrolla una interpretación sistemática, histórica y teleológica del artículo 17.12 LPH. Considera especialmente relevante la exposición de motivos del Real Decreto-ley 7/2019, que justificó la reforma por las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler y por el impacto que el crecimiento de los alquileres turísticos estaba teniendo sobre el mercado residencial. Del preámbulo de la reforma el Tribunal deduce que la finalidad perseguida por el legislador era favorecer el alquiler residencial y facilitar a las comunidades de propietarios mecanismos para restringir la expansión de los alquileres turísticos. Considera notorio que el uso turístico de viviendas puede generar problemas de convivencia, molestias y perturbaciones para quienes utilizan los inmuebles con fines residenciales. La reforma pretendió permitir a las comunidades reaccionar preventivamente frente a esos riesgos mediante acuerdos adoptados por una mayoría reforzada, sin necesidad de esperar a que aparecieran conflictos concretos. 

El núcleo de la sentencia consiste en la interpretación de las palabras “limitar” y “condicionar”. El Supremo rechaza que deban entenderse como conceptos incompatibles con la prohibición. Afirma que una prohibición constituye simplemente el grado máximo de una limitación. Lo expresa en los siguientes términos: «no entendemos que limitar el uso turístico no permita su prohibición, que no deja de ser una limitación, en este caso máxima, en un concreto aspecto de las facultades dominicales».

La sentencia refuerza esta conclusión mediante un argumento lingüístico. Acude al Diccionario de la Real Academia Española y recuerda que “limitar” significa no sólo poner límites, sino también «fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien». Desde esta perspectiva, una reducción total de una facultad determinada constituye igualmente una limitación. 

Añade además que la interpretación defendida por los recurrentes privaría de buena parte de su utilidad práctica al artículo 17.12 LPH. Si una comunidad sólo pudiera imponer condiciones o restricciones parciales y no prohibir la actividad, bastaría la oposición del propietario interesado para impedir un acuerdo de exclusión completa y mantener la necesidad práctica de unanimidad. Según el Tribunal, la finalidad de la reforma consistió precisamente en crear una excepción a la regla de la unanimidad para hacer posible que las comunidades pudieran vetar el alquiler turístico mediante la mayoría reforzada de tres quintos. 

El Tribunal rechaza igualmente la idea de que las comunidades sólo puedan reaccionar ex post mediante la acción de cesación del artículo 7.2 LPH cuando las molestias ya se hayan producido. Considera compatible con el sistema de propiedad horizontal que los propietarios acuerden preventivamente excluir determinadas actividades mediante normas estatutarias. 

¿Aportar algo que no es tuyo en un aumento de capital hace éste contrario al orden público?

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 25 de septiembre de 2026, SAP Madrid 12155/2026, ECLI:ES:APM:2026:12155.

La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que había declarado la nulidad de dos acuerdos de ampliación de capital adoptados el 1 de diciembre de 2016.

El origen del litigio se encuentra en una reorganización societaria dentro de un grupo familiar de empresas dedicadas a la formación. Estanislao, socio de GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES, S.L., impugnó dos ampliaciones de capital aprobadas en una junta universal celebrada el 1 de diciembre de 2016. La primera ampliación, por importe de 55.338 euros, se realizó mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L.. La segunda ampliación, por importe de 140.187 euros, se realizó mediante compensación de créditos. Ambas operaciones fueron elevadas a escritura pública el 30 de diciembre de 2016.

La demanda sostenía que la primera ampliación era radicalmente nula porque las participaciones de OB5 INTEGRAL SERVICE S.L. aportadas por los socios ya no les pertenecían en el momento de la operación. Según los hechos recogidos en la sentencia, esas participaciones habían sido aportadas años antes al capital de otra sociedad del grupo. Por tanto, cuando en 2016 se presentaron nuevamente como aportación no dineraria, los aportantes ya no eran sus titulares. La demanda afirmaba que no existió aportación real alguna y que el aumento de capital se había realizado sobre una apariencia ficticia de patrimonio social.

Respecto de la segunda ampliación, la impugnación tenía carácter derivado. No se alegaba que la compensación de créditos fuera por sí misma ilícita, sino que la operación descansaba sobre una cifra de capital resultante de la primera ampliación. Si esta última era nula, también debía serlo la segunda, al apoyarse sobre una situación societaria incorrecta.

La sociedad demandada opuso principalmente la caducidad de la acción. Argumentó que el acuerdo había sido adoptado en diciembre de 2016 y que la demanda se presentó en julio de 2020, cuando ya había transcurrido ampliamente el plazo de un año previsto por el artículo 205 LSC. Sostuvo además que el defecto obedecía a un simple error y no a una infracción del orden público societario. Añadió que el propio demandante había participado en los acuerdos como socio suscriptor y que, además, era miembro del consejo de administración, por lo que conocía perfectamente la operación desde su origen.

La Audiencia rechaza esta excepción de caducidad. El razonamiento se apoya expresamente en la STS 942/2022, de 20 de diciembre. La sentencia considera que la función de garantía del capital social constituye uno de los principios esenciales del régimen de las sociedades de capital. Cuando una ampliación de capital se formaliza mediante bienes que en realidad no pertenecen a quienes los aportan, desaparece la aportación efectiva que justifica el incremento de la cifra de capital y se altera la función de garantía patrimonial frente a acreedores y terceros. Por ello concluye que el acuerdo es contrario al orden público societario.

Un aspecto importante del razonamiento consiste en distinguir entre la intención de los socios y los efectos objetivos del acuerdo. La sociedad apelante insistía en que todo obedeció a un error material y no a una actuación fraudulenta. La Audiencia responde que la calificación de un acuerdo como contrario al orden público no depende de la intención subjetiva de quienes lo adoptaron. Lo decisivo es que el contenido del acuerdo afecte a principios estructurales del sistema societario. La sentencia afirma expresamente que «un acuerdo puede ser perfectamente contrario al orden público por error».

Una vez descartada la caducidad, la Audiencia analiza la incidencia de varios acuerdos posteriores mediante los cuales la sociedad intentó corregir la situación. La sentencia de primera instancia había considerado que esos intentos de subsanación no eran eficaces. Entre otras razones, la junta celebrada el 9 de noviembre de 2020 autorizó la corrección de la escritura sin identificar concretamente las participaciones que debían sustituir a las indebidamente aportadas ni fijar su valoración, incumpliendo así los requisitos del artículo 300 LSC.

Sin embargo, la Audiencia distingue cuidadosamente entre las dos ampliaciones de capital. Respecto de la primera, comparte la conclusión del juzgado. La aportación no dineraria se realizó mediante bienes que no pertenecían a los aportantes y los intentos posteriores de corrección no consiguieron reconstruir válidamente la operación originaria. La nulidad de esta ampliación debe, por tanto, mantenerse.

La cuestión decisiva del recurso es la situación de la segunda ampliación de capital, realizada mediante compensación de créditos. La Audiencia considera que esta operación tiene una causa propia y autónoma. No se trata simplemente de una ejecución mecánica de la primera ampliación, sino de un negocio jurídico diferente. La demanda había construido su nulidad exclusivamente por conexión con la primera operación.

A partir de ahí, la sentencia examina la doctrina de la nulidad derivada o en cadena. Recuerda que el artículo 208.2 LSC ordena cancelar los asientos posteriores que resulten contradictorios con la sentencia de nulidad. Pero subraya que la palabra «contradictorios» no equivale a «posteriores». La mera sucesión cronológica de acuerdos no implica que todos ellos queden automáticamente afectados por la nulidad del primero. La sentencia cita la STS 37/2012, de 23 de febrero, para destacar que la anulación sólo alcanza a los actos posteriores incompatibles con la declaración de nulidad.

En el caso concreto, la Audiencia entiende que los defectos de la segunda ampliación sí eran susceptibles de corrección. La sociedad había otorgado posteriormente una escritura de 28 de julio de 2021, rectificada el 10 de septiembre de 2021, mediante la que declaró la nulidad de la primera ampliación y renumeró las participaciones derivadas de la segunda sobre una cifra de capital corregida. La Audiencia considera que esas actuaciones sustituyeron válidamente el acuerdo impugnado en los términos del artículo 204.2 LSC.

La consecuencia es que la demanda sólo puede prosperar respecto de la primera ampliación de capital. La nulidad de esa operación se mantiene porque nunca existió una aportación patrimonial válida. La impugnación de la segunda ampliación debe ser desestimada porque el acuerdo originario ha sido sustituido válidamente por otro que corrige los defectos detectados sin alterar la sustancia de la operación de compensación de créditos.

Creo que si el suscriptor aporta algo que no es suyo, deben aplicarse las normas del incumplimiento, no las normas de la nulidad. El socio no podría entregar y transmitir la propiedad del objeto de su aportación a la sociedad y la sociedad podría reclamar al socio el cumplimiento específico o, si este es imposible, la sustitución de la aportación si es que la sustitución satisface el interés de la sociedad en el aumento. 

No creo, en todo caso, que estemos ante un acuerdo contrario al orden público.

Test de resistencia se aplica en cooperativas

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 29 de septiembre de 2026, SAP Madrid 12506/2026, ECLI:ES:APM:2026:12506

La sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por diversos socios de MULTIOPTICAS SOC COOPERATIVAS contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid que había desestimado su demanda de impugnación de los acuerdos adoptados por la asamblea general ordinaria celebrada el 23 de junio de 2022.

La demanda se fundaba en dos grupos de alegaciones. La primera consistía en sostener que diecinueve sociedades que habían participado en la asamblea no tenían realmente la condición de socias o no debían haber sido admitidas como tales. La segunda afirmaba que varias sociedades unipersonales sometidas al control de una misma persona estaban siendo utilizadas para eludir el límite legal de votos aplicable en las cooperativas, produciendo un resultado contrario al principio de un socio un voto y al límite estatutario y legal del voto plural.

Antes de entrar en el fondo, los apelantes solicitaron la nulidad de actuaciones. Alegaban que, después de la aportación de determinada documentación por la demandada en la audiencia previa, el juzgado había anunciado un trámite de alegaciones para ambas partes que finalmente no llegó a concederse en los términos previstos. La Audiencia rechaza esta pretensión. Considera que los demandantes sí tuvieron oportunidad de formular alegaciones sobre la documentación aportada y no hicieron uso de ella. Añade que la documentación en cuestión no fue determinante para la decisión adoptada y que, además, su valoración podía ser discutida en la segunda instancia. Por ello concluye que no existió indefensión material y que no concurre ninguna causa de nulidad.

La cooperativa había planteado también la inadmisibilidad del recurso por incumplir las exigencias del artículo 458.2 LEC. La Audiencia rechaza esta objeción. Aunque el recurso reproduce en gran medida los argumentos ya empleados en la demanda, entiende que contiene una crítica suficientemente identificable de la fundamentación de la sentencia impugnada y, por tanto, satisface las exigencias procesales mínimas para su examen.

La cuestión principal gira en torno a la denominada prueba o test de resistencia. Los recurrentes insistían en que diecinueve sociedades habían intervenido indebidamente en la asamblea por no tener la condición de socias y sostenían que, tratándose de una cooperativa, no era aplicable la doctrina del test de resistencia elaborada para las sociedades de capital.

La Audiencia dedica una parte importante de la sentencia a esta cuestión. Recuerda que la Ley de Cooperativas mantiene un régimen propio de impugnación de acuerdos y que no puede trasladarse sin más el régimen previsto actualmente en el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Sin embargo, la Audiencia no considera que de ello se siga la inaplicabilidad del test de resistencia. Acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular a la sentencia de 15 de enero de 2014, y entiende que dicha prueba responde a un principio general implícito en el régimen de quórums y mayorías:

«La prueba de resistencia se traduce en que de la cifra originariamente considerada (para el quórum de constitución o para la mayoría) se restan el porcentaje en el capital (o los votos) atribuidos irregularmente a personas que no estaban legitimadas para asistir (o para votar)». 

Si el resultado de la votación no cambia tras eliminar esos votos, la irregularidad carece de relevancia invalidante. Aplicando esa doctrina al caso concreto, la Audiencia observa que los recurrentes no explican ni demuestran que sus votos fueran determinantes para la aprobación de los acuerdos impugnados. La sentencia considera acreditado que el resultado de las votaciones habría sido el mismo aunque se excluyeran los votos de esas sociedades. Por ello concluye que los acuerdos superan el test de resistencia y que esta alegación no puede prosperar.

El segundo eje del litigio era la alegación de fraude de ley. Los recurrentes sostenían que varias sociedades unipersonales estaban sometidas al control y dirección de una misma persona, compartían domicilio, habían sido constituidas en fechas próximas y actuaban coordinadamente. A su juicio, esa estructura permitía acumular votos y eludir el límite legal de cinco votos por socio previsto para las cooperativas.

La Audiencia rechaza esta tesis remitiéndose a su propia jurisprudencia anterior, en particular a la sentencia 402/2022 de la misma sección. Considera que el hecho de que distintas sociedades estén controladas por una misma persona no elimina su personalidad jurídica propia ni su condición individual de socias. Añade que esa estructura organizativa puede responder a razones empresariales legítimas y que su mera existencia no constituye abuso de derecho ni fraude de ley. Impedirles intervenir supondría vulnerar los derechos inherentes a esa condición. Tampoco acepta convertir en obligatoria la constitución de grupos de socios prevista estatutariamente como mera facultad. Según la sentencia, las sociedades vinculadas entre sí «no están obligadas a constituirse en grupo de socios, ni dejan por ello de ser socios».

Remedios por incumplimiento de un 'contrato de inversión' cuando el acreedor también incumplió el contrato


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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12507/2026, ECLI:ES:APM:2026:12507 (resumen con IA)

Addquity firmó un contrato con Ezzing por el que ésta se comprometía a dar entrada a Addquity en su capital - 33 % - con determinados derechos inclusivos de participación en el consejo de administración. Addquity pedía el cumplimiento in natura o forzoso del acuerdo, es decir, que se condenara a Ezzing a aumentar capital. Subsidiariamente solicitaban una indemnización equivalente al valor del 33 %, o al menos del 26 %, del capital social. Como pretensión subsidiaria de último grado reclamaban 29.261 euros por servicios prestados a las demandadas en concepto de enriquecimiento injusto. El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda y la Audiencia confirma esa decisión.

La Audiencia rechaza que se tratara de un mero proyecto o de un precontrato y acepta que era un verdadero contrato obligatorio pero recuerda que los socios de Ezzing no fueron parte en dicho contrato. De ello deriva una consecuencia decisiva: ni la ampliación de capital ni la modificación estatutaria podían imponerse directamente a los socios, porque la decisión de ampliar capital corresponde a la junta y el capital pertenece a los socios, no a la sociedad. El contrato obligaba a la sociedad contratante, pero no a terceros ajenos al contrato. La Audiencia fundamenta esta conclusión en el principio de relatividad contractual del artículo 1257 del Código Civil.

Ahora bien, si los socios no aprobaban el aumento de capital, provocarían el incumplimiento de Ezzing frente a Addquity y ésta tendría derecho a resolver y a exigir la indemnización de daños - interés positivo - correspondiente.

Pero Addquity pierde porque también había incumplido. El contrato exigía una inversión de 70.000 euros y un préstamo adicional de 15.000 euros. Sin embargo, sólo consta el ingreso de 55.000 euros, realizado entre enero y mayo de 2015, casi dos años después de la firma del acuerdo. Los demandantes pretendían considerar como parte de la inversión otros importes correspondientes a gastos y servicios prestados a la sociedad, como alquileres, suministros, contabilidad, administración y liquidación de impuestos. La Audiencia rechaza el argumento porque la finalidad económica del acuerdo era aportar liquidez y fondos propios a una empresa emergente mediante una inversión dineraria. Según la sentencia, nada en el contrato permitía concluir que los 70.000 euros pudieran sustituirse por la asunción de gastos corrientes o la prestación de servicios. 

Además, los servicios respondían a una relación distinta. Los servicios fueron facturados y se pretendía cobrar su importe. Si hubieran constituido ejecución de la inversión pactada, no habrían sido objeto de facturación separada. Además, el importe de los servicios acabó superando ampliamente los 15.000 euros que los demandantes afirmaban querer imputar a la inversión, lo que evidenciaba que se trataba de conceptos independientes. Los créditos derivados de aquellos pagos correspondían, según los propios documentos aportados, a una sociedad de Addquity distinta de la que había firmado el contrato de inversión con Ezzing. Por tanto, quien pretendía capitalizar el crédito no era su titular, y quien era titular del crédito no era parte en el contrato de inversión. La sentencia subraya que no existe una transmisión automática de créditos entre sociedades del mismo grupo y que no se acreditó ninguna cesión válida del crédito. Conforme al artículo 301 LSC, la titularidad del crédito compensable corresponde a quien pretende acudir a la ampliación de capital.

La Audiencia rechaza igualmente el argumento de que la inversión podía ejecutarse dos años después porque el contrato no fijaba un plazo concreto. Para el tribunal, la ausencia de fecha expresa no significa que la obligación pudiera cumplirse en cualquier momento. Atiende al contexto económico del acuerdo: una sociedad constituida apenas dos días antes de la firma, una inversión temprana en una startup tecnológica y una valoración inicial que atribuía un 33 % del capital a cambio de 70.000 euros. Permitir que el inversor esperara dos años para observar la evolución de la empresa y sólo entonces decidir si aportaba los fondos habría vaciado de contenido económico el acuerdo. La sentencia destaca que cuando los demandantes intentaron cumplir, ya podían comprobar el éxito de la empresa y aspiraban a obtener una participación que ellos mismos valoraban en aproximadamente 1,3 millones de euros a cambio de una aportación nunca completada de 70.000 euros. 

Además, la Audiencia considera que la finalidad del contrato exigía una inversión temprana, asumida con el riesgo característico de las empresas emergentes, y que no puede reputarse cumplimiento exacto una inversión parcial realizada dos años después. Invoca los artículos 1113 y 1128 del Código Civil para afirmar que la exigibilidad de la obligación no desaparece por la falta de fijación de una fecha concreta. Existe además un segundo incumplimiento: el préstamo adicional de 15.000 euros previsto en el contrato nunca fue concedido ni consta siquiera que se intentara su cumplimiento pero tampoco consta que se reclamara por Ezzing. La consecuencia de todo ello es que los demandantes incumplieron sus propias obligaciones. Por esa razón no pueden exigir ni el cumplimiento específico del contrato ni la indemnización sustitutoria por incumplimiento de la contraparte. La Audiencia afirma expresamente que «no hubo cumplimiento íntegro de la obligación, sino meramente parcial, que se equipara a incumplimiento». También destaca que la sociedad demandada devolvió posteriormente los 55.000 euros recibidos cuando comunicó la resolución extrajudicial del contrato.

La sentencia aborda finalmente la pretensión subsidiaria de reclamación de 29.261 euros por enriquecimiento injusto. Reconoce que el juzgado de primera instancia omitió pronunciarse sobre esta cuestión. Sin embargo, la Audiencia no entra a resolverla porque los demandantes no utilizaron el remedio procesal previsto para corregir esa omisión: la solicitud de complemento de sentencia del artículo 215 LEC. Recordando abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirma que quien denuncia una incongruencia omisiva debe pedir primero al propio juzgado que complete la sentencia. La falta de utilización de este mecanismo impide plantear directamente la cuestión en apelación. Por ello la pretensión queda fuera del objeto de la segunda instancia

Una posible crítica a la sentencia 

puede formularse en torno a dos ideas relacionadas: la falta de atención a la conducta de Ezzing durante la ejecución del contrato y la insuficiente consideración de la doctrina del cumplimiento sustancial.

La sentencia parte de que el incumplimiento de Addquity fue suficientemente grave para privarle de toda acción de cumplimiento. Sin embargo, el propio relato fáctico revela que la conducta de la contraparte no fue plenamente consistente con la interpretación del contrato que después sostuvo en el litigio. 
  • El acuerdo se firmó en agosto de 2013 y, según la propia Audiencia, 
  • la primera reclamación expresa del desembolso no tuvo lugar hasta diciembre de 2014, aproximadamente dieciséis meses después. La resolución no ofrece ninguna explicación de esa prolongada inactividad. Este dato resulta difícil de conciliar con la tesis central de la sentencia según la cual el valor económico del contrato residía precisamente en la aportación inmediata de fondos a una empresa emergente. Si la urgencia temporal era tan decisiva, cabría esperar una exigencia igualmente inmediata del cumplimiento.
  • Cuando EzzingSL finalmente reclamó la inversión, ADDQUITY GROWTH CAPITAL SA reaccionó de manera inmediata, comenzando a realizar pagos pocas semanas después. Entre enero y mayo de 2015 desembolsó 55.000 de los 70.000 euros comprometidos. La sentencia describe estos pagos como insuficientes, pero apenas examina el significado jurídico de que la demandada los aceptara y los mantuviera en su patrimonio durante un tiempo que la propia resolución no precisa.
La Audiencia deduce de la posterior resolución extrajudicial y devolución de los fondos que nunca existió una aceptación del cumplimiento. Sin embargo, esa inferencia no es la única posible. También cabría entender que la aceptación de una parte muy sustancial de la inversión, unida a la ausencia de protesta inmediata frente a cada desembolso y a la prolongada conservación de los fondos, permitía plantear si la demandada había tolerado una ejecución tardía del contrato o había generado en la contraparte una confianza razonable sobre la subsistencia de la relación contractual. La sentencia no entra en ese análisis. La sentencia considera decisivo que faltaran 15.000 euros de la inversión y el préstamo de 15.000 euros, pero no identifica actos concretos de Ezzing mostrando que, después de recibir los 55.000 euros, siguiera exigiendo activamente el resto de las prestaciones. 

La inversora aportó aproximadamente el 79 % de la inversión comprometida (55.000 de 70.000 euros) y lo hizo después de recibir el requerimiento de cumplimiento y alegando una suerte de compensación por el resto. Aunque permanecieran incumplidos los 15.000 euros restantes y el préstamo adicional previsto en el contrato, la sentencia no analiza si esa ejecución parcial podía calificarse como cumplimiento sustancial ni cuál era la relevancia económica efectiva de las prestaciones pendientes en relación con el conjunto del negocio.

Embalsado de beneficios en filiales y abuso en el acuerdo de aplicación del resultado de la matriz


Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), 9 de octubre de 2026, SAP Madrid 12508/2026, ECLI:ES:APM:2026:12508 (resumen con IA)

La sentencia resuelve el litigio entre AUTOMNIBUS INTERURBANOS, S.A. (AISA), socio titular del 11,5 % del capital de Estación Sur de Autobuses de Madrid, S.A. (ESAMSA), y esta última sociedad. El objeto del proceso es la impugnación, por abuso de mayoría, del acuerdo adoptado en la junta de 28 de enero de 2019 por el que se aplicó el resultado del ejercicio 2017 destinando aproximadamente un tercio del beneficio a dividendos y dos tercios a reservas voluntarias. 

Los hechos relevantes son los siguientes. ESAMSA explota la concesión administrativa de la Estación Sur de Autobuses de Madrid hasta 2034. Su capital está repartido entre AISA y varias sociedades integradas en el Grupo Avanza. Además, ESAMSA es socio único de dos filiales, ECESA y RESA. En el ejercicio 2017 obtuvo un beneficio neto de 329.499 euros. La junta acordó distribuir 109.822 euros como dividendo y destinar 219.677 euros a reservas voluntarias. AISA impugnó el acuerdo alegando que la acumulación de reservas era injustificada y que, en realidad, la estructura societaria permitía que los beneficios generados por las filiales quedaran fuera de su alcance económico y terminaran financiando al Grupo Avanza mediante mecanismos de tesorería centralizada. 

La tesis principal de AISA era que para valorar si existía abuso debía atenderse no solo a las cuentas individuales de ESAMSA, sino también a los beneficios obtenidos por sus filiales. Según la apelante, una visión consolidada del grupo revelaba una situación económica extremadamente solvente, incompatible con la necesidad de seguir incrementando reservas. Invocaba además la doctrina desarrollada en torno al derecho de separación por falta de distribución de dividendos, sosteniendo que ignorar la realidad económica del grupo perjudicaba al socio minoritario que no estaba integrado en él. 

En cualquier caso, no era objeto del litigio el ejercicio del derecho de separación ex art. 348 bis LSC, sino la impugnación del acuerdo de aplicación del resultado. Y dice la Audiencia que ha de partirse del beneficio reflejado en las cuentas anuales aprobadas, cuya aprobación no fue impugnada. La sentencia afirma expresamente que «no puede constituirse, para examinar si hay o no abuso de mayoría en el acuerdo de aplicación del resultado, una especie de resultado virtual del ejercicio no recogido en las cuentas aprobadas». El tribunal añade que el acuerdo de aplicación del resultado es independiente del acuerdo de aprobación de cuentas y que la valoración del abuso debe hacerse sobre la magnitud real del beneficio contabilizado, no sobre una hipótesis que acumule los beneficios de las filiales y presuponga que éstas hubieran distribuido íntegramente dividendos a la matriz.

Yo creo que el tribunal se equivoca. Precisamente, a efectos del abuso, es fundamental comprobar si la mayoría ha actuado con lealtad al interés común. Si se ha producido un embalsado de los beneficios en las filiales simplemente para evitar que el socio minoritario pueda ejercer el derecho de separación o, en general, su derecho a participar en las ganancias, la conducta del mayoritario ha de calificarse de abusiva en el sentido del artículo 204.1 II LSC y no solo como realizadora del supuesto de hecho del artículo 348 bis LSC. Resulta que, en el ejercicio 2017, la filial Ecesa SA (Explotaciones Comerciales de la Estación Sur de Autobuses) obtuvo 1,38 millones de euros de beneficio y Resa SL (Restauración de Estación Sur de Autobuses): 0,527 millones de euros. Si esas filiales hubieran distribuido íntegramente esos beneficios a su matriz, en lugar de destinarlos a reservas, la situación financiera de ESAMSA habría sido todavía más sólida. Además, señala que las reservas acumuladas en las filiales ascendían aproximadamente a 4,7 millones de euros en Ecesa y 2,4 millones de euros en Resa. En comparación, el beneficio de ESAMSA en 2017 fue únicamente de 329.499 euros. Es decir, las filiales generaron conjuntamente unos 1,907 millones de euros, casi seis veces más que la matriz

La Audiencia analiza si existía una “necesidad razonable” que justificara la decisión de reforzar las reservas. Este es el núcleo de la sentencia. El tribunal considera acreditadas tres circunstancias relevantes. La primera es la reversión obligatoria de la concesión de la estación en 2034 y la consiguiente obligación de devolver las instalaciones en perfecto estado de conservación, lo que previsiblemente exigirá importantes desembolsos futuros. La segunda es la declaración de la estación como infraestructura crítica, circunstancia que puede generar gastos urgentes y significativos de adaptación, seguridad y conservación. La tercera es el deterioro progresivo de las perspectivas de negocio provocado por la competencia del ferrocarril de alta velocidad, acompañada de una reducción de precios que ha restado viajeros al transporte por carretera. La sentencia destaca además que las cuentas de ejercicios posteriores llegaron a arrojar pérdidas. 

Frente al informe pericial aportado por AISA, que mostraba elevados niveles de solvencia y liquidez, la Audiencia sostiene que los ratios financieros generales no son decisivos para apreciar la racionalidad de una decisión empresarial. Lo determinante son las concretas circunstancias de la sociedad afectada y los riesgos a los que se enfrenta. Por ello afirma que las referencias económicas generales constituyen únicamente «un punto de partida o base para el citado juicio, en ningún caso su final y conclusión».

La Audiencia recuerda que el control judicial debe respetar la libertad de autoorganización de la sociedad y la discrecionalidad empresarial. Según la sentencia, para apreciar abuso de mayoría deben concurrir cumulativamente tres requisitos: que el acuerdo no responda a una necesidad razonable de la sociedad; que haya sido adoptado para satisfacer el interés particular de la mayoría; y que cause un perjuicio injustificado a la minoría. La ausencia de cualquiera de ellos excluye la impugnación.

Aplicando ese criterio, la Audiencia entiende que el primer requisito falta claramente. Existía una necesidad razonable de reforzar la solvencia y la liquidez de ESAMSA ante riesgos ciertos futuros. Además, la junta no suprimió completamente el reparto de beneficios, sino que distribuyó aproximadamente un tercio del beneficio obtenido. La sentencia subraya que «no es una proporción meramente simbólica» y que la junta realizó una ponderación razonable entre los intereses de la sociedad y los de los socios. Una vez que la decisión entra dentro del ámbito de lo razonable, el tribunal no puede sustituir el juicio empresarial de la mayoría por su propia valoración.

Respecto del argumento relativo al sistema de caja común del Grupo Avanza y a la posible utilización futura de la liquidez acumulada en beneficio del grupo, la Audiencia considera que, aun suponiendo ciertas esas alegaciones, no alteran la conclusión. La eventual existencia de otros propósitos por parte de la mayoría no basta para invalidar un acuerdo que responde por sí mismo a una necesidad razonable de la sociedad. La sentencia afirma que el riesgo de que las reservas sean posteriormente utilizadas por la matriz «no otorga base, por sí mismo, para invalidar jurídicamente el señalado acuerdo». Si en el futuro ese riesgo llegara a materializarse podrían plantearse otras acciones o controversias, pero no la nulidad del acuerdo de aplicación del resultado impugnado en este proceso.

En consecuencia, la Audiencia desestima íntegramente el recurso de apelación, confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid e impone a AISA las costas de la segunda instancia. 

lunes, 16 de noviembre de 2026

Extractos y citas: cooperación, cooperación y cooperación

 


El objetivo era proporcionar la menor cantidad de explicaciones posible para abarcar una variedad de casos (Brian Albrecht sobre Richard Posner

Lo importante no es si se ofreció la mejor explicación en cada caso (el derecho privado persigue la eficiencia). Así es como aumentamos nuestra comprensión. Como en todo, hay ventajas y desventajas. No queremos que todo sea un clavo, aunque tengamos un martillo. A veces, lo mejor que podemos hacer es trabajar con múltiples teorías. Tenemos la teoría cuántica y la mecánica clásica, en lugar de una teoría unificada. Pero para comprender realmente el mundo, necesitamos explicar la relación entre diferentes fenómenos. Queremos que las órbitas y la caída de las manzanas tengan una explicación coherente.

Derecho canónico medieval y el trust

Mecanismos similares a los trusts eran populares en la Iglesia, ya que le permitían a esta institución acumular los medios necesarios para cumplir con sus funciones. Al mismo tiempo, estos mecanismos... neutralizaban las críticas de que la Iglesia no ponía en práctica sus propias enseñanzas sobre los peligros espirituales de la riqueza. La riqueza acumulada por la Iglesia no se consideraba una propiedad de la Iglesia. Según S. Herman, se decía que pertenecía a Dios Padre como Señor soberano, y que el Papa y sus lugartenientes clericales actuaban como Sus administradores. En la terminología de los fideicomisos: Dios actuaba como «fideicomitente» (settlor), mientras que el Papa y sus lugartenientes clericales actuaban como fideicomisarios o administradores (trustees). Cristo, los mansos, los pobres y la congregación solían ser designados como «beneficiarios». Dios, en su calidad de fideicomitente, figuraba también como el beneficiario último de la creación. De este modo, la riqueza de la Iglesia podía justificarse, puesto que esta se limitaba a actuar como depositaria de bienes creados para todos. Los funcionarios eclesiásticos tenían el encargo de administrar los bienes que se les confiaban en calidad de «trustees» y de emplearlos en beneficio de la comunidad. 
Una denominación en latín para una figura clerical que actuaba como «fideicomisario» era usuarius. El término usuarius o usuario se refería a una persona que disfrutaba del usus (el que controla una propiedad en beneficio de otro). A diferencia del ususfructus (usufructo), que permitía al usufructuario utilizar los frutos y los rendimientos en su propio provecho, el usus del derecho romano clásico prohibía la explotación del patrimonio en beneficio personal. Sin embargo, en un contexto eclesiástico, dicho usus era más flexible, en el sentido de que un usuarius podía utilizar los fondos bajo su custodia, siempre y cuando los destinara a la caridad. Según Herman, el usus clerical pudo haber inspirado a los ingleses la idea de la «cesión de bienes con fines determinados» (feoffment to uses), precursor del posterior fideicomiso (trust), debido a los deberes de lealtad y a la división entre el disfrute y la administración.
C.H. van Rhee, ‘Trusts, Trust-like Concepts and Ius Commune’, European Review of Private Law, 3/2000, p. 453-462.

El favoritismo hacia los miembros del propio grupo (por arbitrario que sea éste) puede explicarse porque el individuo anticipa una mayor cooperación (beneficiosa) con los demás individuos miembros de ese grupo. 

Esto es muy interesante porque explica la fabulosa capacidad de los humanos para la acción colectiva en la evolución cultural que nos ha hecho animales extremadamente cooperativos

Desde las primeras etapas del desarrollo, los humanos muestran una fuerte preferencia por los miembros de sus propios grupos, incluso en los llamados grupos mínimos (es decir, arbitrarios y desconocidos), lo que conlleva enormes consecuencias negativas como la discriminación y la denigración hacia otros grupos. Una mejor comprensión de los procesos subyacentes que impulsan la mentalidad grupal humana es un primer paso importante para combatir la discriminación y la desigualdad a mayor escala. Partiendo de la premisa de que la asignación a grupos mínimos genera la anticipación de la cooperación futura dentro del grupo, lo que a su vez genera preferencia por el endogrupo, investigamos si cambiar la anticipación de los participantes de la cooperación dentro del grupo a la cooperación entre grupos reduce su sesgo endogrupal. 

En el presente conjunto de cinco estudios ( N total = 465) ponemos a prueba esta afirmación en dos poblaciones diferentes (niños y adultos), en dos países diferentes (Estados Unidos y Alemania) y en dos tipos de grupos (mínimos y grupos sociales basados ​​en el género). Los resultados confirman que cambiar la anticipación de los participantes sobre con quién cooperarán, de miembros del endogrupo a miembros de otros grupos, reduce significativamente su sesgo endogrupal en grupos mínimos, aunque no para el género, un grupo no cooperativo. 

En resumen, estos experimentos aportan pruebas sólidas a favor de la hipótesis de que niños y adultos codifican la pertenencia mínima a un grupo como un indicador de colaboración futura. Demuestran que la manipulación experimental de esta expectativa puede eliminar su sesgo mínimo hacia el propio grupo. Este estudio arroja luz sobre los procesos cognitivos subyacentes en el comportamiento intergrupal a lo largo del desarrollo y abre nuevas vías de investigación para reducir el sesgo y la discriminación intragrupal.

Misch, A., Paulus, M., & Dunham, Y. (2021). La anticipación de la cooperación futura elimina el sesgo mínimo hacia el endogrupo en niños y adultos. Journal of Experimental Psychology: General , 150 (10), 2036–2056

El socialismo: buenas ideas para una especie equivocada 

La enfermedad, por ejemplo, es natural, pero dedicamos enormes esfuerzos a prevenirla y tratarla. La misma distinción se aplica a la vida social: reconocer que la competencia forma parte de nuestra herencia evolutiva no nos obliga a celebrar sus crueldades. Significa, sin embargo, que las instituciones políticas deben diseñarse para los organismos que realmente somos... 

Los seres humanos son capaces de un apego genuino y de sacrificio, pero estas capacidades surgieron dentro de un proceso evolutivo regido por la supervivencia y el éxito reproductivo. No somos incondicionalmente altruistas; somos condicionalmente y estratégicamente cooperativos. La libertad de salida —la capacidad de un trabajador cualificado para buscar un mejor empleador o de un cliente insatisfecho para buscar un mejor proveedor— es uno de los principales mecanismos mediante los cuales se impone la cooperación recíproca. Cuando el Estado controla ámbitos como el empleo, la vivienda, las finanzas o la producción, el ciudadano no puede elegir fácilmente otro socio. En lugar de poder abandonar una relación insatisfactoria, debe presentar una petición a la misma institución que la creó, generando así un círculo vicioso. 

 La lección relevante para los países occidentales es que una sociedad inmersa en una competencia internacional seria no puede permitirse subordinar la competencia demostrable al simbolismo ideológico. Debemos ser radicalmente inclusivos en la detección del talento y meritocráticos sin concesiones al asignar responsabilidades. La inclusión amplía la competencia. La equidad, entendida como la igualdad predeterminada de los resultados grupales, busca determinar el resultado antes de que se produzca la competencia...  

El capitalismo se compara con sus resultados reales: desigualdad, recesiones, vivienda inaccesible o incluso malas prácticas corporativas como la contaminación ambiental. Por el contrario, el socialismo se compara con sus aspiraciones: igualdad, dignidad, solidaridad, seguridad y provisión universal. Cuando las instituciones socialistas fracasan, sus defensores suelen atribuir el resultado a un socialismo insuficiente, un mal liderazgo, injerencia extranjera, condiciones históricas o la afirmación de que el sistema nunca fue verdaderamente socialista.

Marc Defant, An Evolutionary Perspective on Socialism, Skeptic, 2026

Unos pocos individuos móviles bastan para extender la cooperación más allá de las fronteras del grupo

El artículo parte de una cuestión clásica: la cooperación humana funciona muy bien dentro de los grupos, pero eso mismo suele dificultar la cooperación entre grupos. Los autores quieren saber si permitir que algunas personas crucen voluntariamente las fronteras entre grupos puede sostener la cooperación intergrupal.

La cooperación grupal es una piedra angular de la sociedad humana, pues permite logros que superan las capacidades individuales. Sin embargo, los grupos también determinan y restringen quién se beneficia de las acciones cooperativas y quién no, lo que plantea la cuestión de cómo fomentar la cooperación a través de las fronteras grupales. Este estudio investiga el impacto de la movilidad voluntaria entre grupos sobre la cooperación intergrupal. Los participantes, organizados en dos grupos, decidían si crear beneficios para sí mismos, para los miembros de su grupo o para todos. 

En cada ronda eran emparejados con otro participante y podían recompensar las acciones de ese otro durante una fase de «sanción o recompensa», lo que permitía la reciprocidad indirecta.De acuerdo con la hipótesis preregistrada de los autores, cuando los participantes interactuaban únicamente con miembros de su propio grupo, la reciprocidad indirecta reforzaba la cooperación dentro del grupo, mientras que la cooperación entre grupos disminuía. Por el contrario, aparecía una cooperación intergrupal más elevada cuando los participantes se veían obligados a interactuar exclusivamente con miembros del otro grupo. 

Lo más importante es que, en el tratamiento de movilidad libre, donde los participantes podían elegir si encontrarse con un miembro de su propio grupo o del otro grupo durante la fase de recompensa, la cooperación intergrupal fue significativamente mayor que cuando estaban obligados a interactuar sólo con miembros de su grupo, aunque la mayoría eligió espontáneamente interactuar con miembros de su propio grupo. Es decir, bastó un pequeño número de «individuos móviles» para imponer la cooperación intergrupal, seleccionando deliberadamente miembros del otro grupo y permitiendo que la reciprocidad indirecta trascendiera las fronteras grupales. Estos resultados subrayan la importancia de la movilidad libre entre grupos para superar las limitaciones de la cooperación grupal.

En cada ronda cada participante debía elegir entre varios tipos de contribución: una opción egoísta que les beneficiaba principalmente a ellos, una opción favorable a su propio grupo y una opción favorable a todos los participantes, incluidos los miembros del otro grupo. Después venía una segunda fase. Cada participante observaba la conducta de otra persona y podía recompensarla. Esa recompensa tenía un coste para quien la otorgaba, pero beneficiaba al receptor. Esto generaba un sistema de reputación: aunque yo no recompense directamente a quien me ayudó, puedo recompensar a alguien que haya cooperado con otros. Es lo que los economistas y biólogos llaman «reciprocidad indirecta».

Los autores compararon tres situaciones.

  • En la primera ("solo endogrupo"), cada individuo sólo podía relacionarse en la fase de recompensa con miembros de su propio grupo. Aquí apareció el resultado habitual de muchos experimentos anteriores: la reciprocidad indirecta reforzó la cooperación dentro de cada grupo, pero al mismo tiempo aumentó el sesgo grupal. Los participantes tendían a favorecer a los suyos y la cooperación dirigida al conjunto de la población fue disminuyendo.
  • En la segunda ("solo exogrupo"), cada individuo estaba obligado a interactuar únicamente con miembros del otro grupo. En este caso la reciprocidad indirecta empezó a recompensar conductas beneficiosas para ambos grupos y la cooperación intergrupal aumentó significativamente.
  • La tercera condición era la realmente novedosa. Los participantes podían elegir libremente si querían interactuar con alguien de su propio grupo o del otro grupo. La mayoría siguió prefiriendo a los miembros de su grupo, como cabría esperar. Sin embargo, una minoría eligió con frecuencia interactuar con miembros del otro grupo. Esa pequeña minoría actuó como puente entre ambos grupos. Al recompensar selectivamente a cooperadores del otro grupo y transmitir reputación a través de la frontera grupal, consiguió que la reciprocidad indirecta funcionara también entre grupos. El resultado más interesante es precisamente ése: no hace falta que la mayoría sea cosmopolita o especialmente abierta al otro grupo. Basta con que exista una pequeña fracción de individuos que crucen voluntariamente las fronteras grupales. Esos individuos conectan las redes de reputación de ambos grupos y permiten que la cooperación intergrupal sea recompensada y, por tanto, sostenida. 

Jörg Gross, Martin Götz, Katharina Reher & Filippo Toscano, Free mobility across group boundaries promotes intergroup cooperation, Nature, 2025

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