Microentrada: La buena fe en la conversación

Alexander Klingspor The girl next door

Cuando en los medios de comunicación se habla de la vida en común, una férrea censura de los que conversan de mala fe es una exigencia de moralidad de quienes dirigen tales espacios.

Un tema recurrente en el blog es el escaso nivel del debate público en España. Los debates sobre cuestiones que nos afectan a todos o a una parte de la población son de muy baja calidad, lo que, a su vez, afecta a la calidad de la Democracia, de las propuestas de reforma de las instituciones y, en general, a las políticas públicas. Si se discute en términos de “y tú más” o , simplemente, diciendo mentiras, y los que aportan argumentos ad hominem o falaces no resultan castigados, el diálogo y la discusión no generan beneficios sociales.

Tómese cualquier asunto debatido públicamente. Por ejemplo, el del aforamiento de los políticos. Es una obviedad que la regulación española no puede ser óptima si ningún otro país tiene tantos políticos aforados como España. Sistemáticamente, sin embargo, los políticos se defienden diciendo que no es un privilegio. Y no salen de ahí. Simplemente, mienten (salvo que les atribuyamos la inteligencia de un conejo) pero, aunque se aduzcan argumentos razonables como el valor de la igualdad que supone que cualquiera quede sometido a su “juez natural” o que la capacidad de influencia de los políticos sobre los tribunales de mayor rango (el Supremo y los TSJ) es objetivamente mayor que su capacidad de influencia sobre un juez de instrucción o primera instancia (excluyo a los de la Audiencia Nacional) y la profunda conexión que tiene el sometimiento al Juez natural con la independencia de los jueces, se mantienen en sus trece porque no les importa soportar los costes de no ser sinceros dados los beneficios que derivan en términos de menor probabilidad de ser condenados por sus fechorías en el cargo. Es obvio que los políticos influyen mucho más en el nombramiento de un Juez de un TSJ o del Supremo que en el nombramiento de un Juez de 1ª instancia. Y no pueden influir en la carrera de éstos en la misma medida en que determinan la carrera – o lo que les quede – de los jueces del Supremo o de un TSJ. Los jueces del Supremo tienen incentivos para ser más obedientes al poder político – véase lo ocurrido con Enrique López, con Pascual Sala o con López Guerra por no hablar de Margarita Robles – que un juez de instrucción de Sabadell. La mayor garantía para los ciudadanos que deriva del sistema judicial es que los jueces no eligen sus casos, es decir, “les tocan”, lo que diluye cualquier poder de un Juez concreto sobre los individuos. Cuando el Juez puede elegir sus casos, se convierte en un individuo poderoso que – así es la naturaleza humana – abusará de su poder. La dinámica política determinará si ese juez poderoso será derrotado, como ha sido el caso de Garzón, o no. Aunque Garzón fuera una mezcla de Teresa de Calcuta y Adam Smith,  no es una buena idea que pueda elegir los casos de los que se ocupa.

Para que las mejores reformas sean implantadas y mejoremos las políticas públicas, hay que exigir a todos los que tienen “púlpito”, esto es, a los políticos y a los que participan en las tertulias (“otras tertulias políticas son posibles” escribió en un tweet una amiga) o escriben en la prensa, que conversen de buena fe. Estas exigencias son extensibles a cualquier conversación pública por tanto, también a las que tienen lugar entre científicos o académicos, a las que deberían existir en las aulas de una Facultad o a las que se desarrollan en el seno de la Junta General de accionistas o en una comunidad de vecinos.

Tentativamente, hay dos reglas imprescindibles para que una conversación pueda considerarse conducida de buena fe.

La primera, es la de no convertir las críticas o los contraargumentos en ataques personales. Si alguien dice algo, hay que concederle que lo hace de buena fe en el sentido de que no pretende insultar ni a nuestras emociones ni a nuestra inteligencia. Si el gobierno propone privatizar AENA, no puede contestarse diciendo que lo que quiere el Gobierno es entregar a unos amiguetes un activo público. Es decir, hay que presumir buena fe en el dicente. Y, para que esa presunción esté apoyada en hechos, el que dice algo debe decirlo de buena fe en el sentido de que cree, de verdad, que lo que está diciendo se corresponde con la realidad de los hechos o está apoyado en argumentos razonables.

Naturalmente, cuando la audiencia desconfía de la buena fe de los políticos, todas las propuestas se convierten en sospechosas y la conversación no puede ser productiva en el sentido de mejorar las medidas discutidas. Si centramos la discusión sobre la privatización de AENA en si debe ser el Estado el que gestione los aeropuertos, no hablamos de lo que hay que hablar: cuál es el modo de gestión óptima de los aeropuertos lo que implicaría decidir si, en realidad, lo que hay que hacer es suprimir AENA y privatizar uno por uno los aeropuertos cerrando los que no sean rentables económica o socialmente como parecen sugerir algunos expertos. Si el Gobierno rechaza esta posibilidad, debe decir por qué la rechaza y no limitarse a decir que AENA en su conjunto es ya rentable y, por tanto, se puede privatizar. Porque el que escucha creerá, con razón, que el Gobierno no quiere perder el control de los aeropuertos porque su función, como Gobierno, no es la de maximizar el bienestar social sino el bienestar de los políticos y de los que se acercan a los políticos. En otros términos, no se puede conversar de buena fe con un mentiroso.

La segunda regla es que cualquiera que interviene en un debate público debe estar dispuesto a cambiar de opinión si no puede dar argumentos que refuten los que se han presentado por los críticos. De nuevo, si el Gobierno oculta los trabajos previos; impide la participación de los expertos que no sean de su cuerda; entrega a un grupo de presión determinado la toma de decisiones en un determinado ámbito o presenta sus propuestas como definitivas en el sentido de que utilizará su mayoría parlamentaria para sacarlas adelante con independencia de que se aduzcan argumentos razonables en contra, la discusión pública no es más que una guerra civil por otros medios. Se sustituye la superioridad armamentística por la superioridad en número de votos sin ninguna garantía, obviamente, de que las soluciones alcanzadas sean las mejores para el bienestar social.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en garantizar la buena fe en las conversaciones. Los energúmenos, los cotillas, los sectarios y los que viven del insulto deben quedar confinados a los programas de entretenimiento o telerrealidad, esos programas que miramos como si estuviéramos viendo una película o una serie. Cuando en los medios de comunicación se habla de la vida en común, una férrea censura de los que conversan de mala fe es una exigencia de moralidad de quienes dirigen tales espacios.