”Especially in the first
few years of the democratic government
we may have to do something to show that the system has got an inbuilt mechanism
which makes it impossible for one group to suppress the other”
we may have to do something to show that the system has got an inbuilt mechanism
which makes it impossible for one group to suppress the other”
Nelson Mandela
Dani Rodrik es un economista peculiar. Parece como si
hubiese hecho su carrera al revés. Algunos juristas (muchos
en el Antiguo Régimen) acababan “haciendo” Economía. En el siglo XX, algún
jurista se llevó el premio Nobel de Economía (Hayek) y otro hizo sus aportaciones
fundamentales a la Economía a partir de sus estudios jurídicos (Coase formuló
su teorema a partir de casos del tort law).
Rodrik, que ha dedicado buena parte de los estudios que le han dado la cátedra
al comercio internacional y al desarrollo económico, lleva años preocupado por
temas más cercanos al Derecho y a la Ciencia Política.
El año pasado publicó un interesante ensayo – no en vano
era el Albert O. Hirschman profesor de Princeton – sobre la influencia de las ideas en las decisiones de política económica.
Aunque es una buena estrategia suponer que en la vida colectiva los resultados
distributivos y redistributivos se explican en función de la capacidad de los
distintos grupos sociales para salirse con la suya; su capacidad para capturar
al regulador o para influir sobre los que toman las decisiones, capacidad que,
a su vez, depende de los medios económicos de los que dispongan y de lo
organizados que estén, hay algo más entre el cielo y la tierra que la
descarnada persecución de los intereses económicos. Las ideas importan y la
gente está dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo y a sacrificar sus intereses
económicos en aras de conseguir objetivos ideológicos o de otro tipo: somos
instrumentalmente racionales pero no perseguimos objetivos únicamente
económicos.
El interés propio presupone la idea de un "yo", es decir, una concepción de lo que soy y cuáles son mis propósitos en la vida. En muchas aplicaciones económicas, lo que ha de ser maximizado es evidente. Por ejemplo, es razonable suponer que los hogares – las familias – tratan de maximizar el excedente del consumidor y que los productores tratan de maximizar sus beneficios. Pero estas suposiciones no son indiscutibles en otras circunstancias. En la esfera política, decidir qué es lo que se maximiza por los actores que participan en ella no es, ni mucho menos evidente. Según el contexto, puede ser el honor, la gloria, la reputación el respeto, el acceso y la conservación del poder, el bienestar del país etc. Todas estas motivaciones son plausibles. Como ha dicho Elster… la nobleza francesa del siglo XVII estaba tan interesada en el honor y la gloria como en la obtención de beneficios materiales. Gran parte del comportamiento humano está impulsado por ideales abstractos, por valores sagrados o deberes de lealtad que no pueden ser reducidos a objetivos económicos. Los estudios realizados por antropólogos y psicólogos sugieren que "los seres humanos van a matar y morir no sólo para proteger sus propias vidas o defender a los de su clan o linaje, sino también por la concepción moral que se forman de sí mismo, de quiénes somos”"(Atran y Ginges 2012, p. 855). Es ésta, una conclusión que no debería discutirse demasiado en una época en la que asistimos a atentados suicidas”
Nuestros intereses se forman, pues, endógenamente, a partir
de nuestra identidad (cómo nos concebimos a nosotros mismos), de las normas que
nos parecen preferibles, de nuestra ideología y de nuestras creencias y
nuestros intereses son más amplios que la maximización de la riqueza. Si los
trabajadores de una empresa actuaran exclusivamente con la vista puesta en
maximizar sus ingresos, asistiríamos a una conflictividad laboral muy superior a
la realmente existente. Un análisis jurídico o económico de la conducta de los
trabajadores que se limite a explicarla sobre la base exclusiva de este interés
no daría cuenta de la realidad social. Y lo propio puede decirse de los
empleadores. Y, más estrictamente, la creencia más o menos intensa de los
gobernantes en la eficacia de los incentivos monetarios influirá en las medidas
de política económica que adopten. Si pensamos que
los pobres responden a incentivos igual que los ricos, tenderemos a
favorecer políticas de mercado para reducir la pobreza. Y los individuos
cambian de opinión – no siempre en la dirección racional – cuando reciben nueva
información. Las ideas dominantes en un momento dado – Rodrik se refiere a las
que veían la liberalización y desregulación financiera como algo bueno – pueden
facilitar la adopción de unas medidas que benefician a unos grupos de interés
determinado (los bancos): “Al fin y al
cabo, los grupos de interés más poderosos rara vez consiguen sus objetivos en
una democracia simplemente argumentando que las medidas deben adoptarse porque
va en su interés” Han de añadir que esas medidas benefician a toda la
Sociedad.
¿Por qué se adoptan políticas económicas equivocadas o acertadas?
Rodrik sostiene que las “innovaciones” en el plano de las ideas permiten mejorar la política económica. El esquema preponderante explica la redistribución de los que tienen menos poder sobre los que toman esas decisiones a favor de los que tienen más poder, pero no explican las medidas ineficientes, es decir, no explican por qué no se adoptan medidas igualmente redistributivas a favor de las élites pero que reduzcan el despilfarro de recursos. Es decir, podrían adoptarse medidas que son mejoras de Pareto (Kaldor-Hicks) como la supresión de un arancel o la necesidad de una licencia para el ejercicio de una actividad si pudiera compensarse a las élites que resultan perjudicadas por la liberalización (piénsese en Uber). Por tanto, hay que suponer que esa compensación no es posible (a menudo por la incertidumbre de los que habrían de recibirla respecto a que, efectivamente, se les “abone” y sea completa, esto es, les deje indemnes en relación con el cambio). Y, segundo y más interesante: el problema no está sólo en que no sea posible compensar a las élites por la pérdida que les supone en términos de riqueza la medida que mejora la eficiencia de esa Economía sino que esa medida que incrementa el bienestar “puede reducir el poder de las élites” y su control sobre las decisiones futuras de política económica: “las élites preferirán asegurarse que su poder no será puesto en cuestión incluso si eso implica más ineficiencia y menos crecimiento”.
Pues bien, - dice Rodrik – las élites no pueden ser tan
tontas. Tienen que ser capaces de darse cuenta que es posible obtener los
beneficios del crecimiento sin poner en riesgo su posición de poder y deberían
favorecer esos cambios puesto que, percibiendo rentas de lo producido en esa
Sociedad, sus rentas se verán aumentadas si el funcionamiento de la Economía es
más eficiente. Aquí es donde entran las innovaciones
políticas. Dejemos a un lado las innovaciones que empeoran la
situación de la Sociedad en su conjunto (como la idea de que Dios castiga a los
cristianos viejos que se dedican al comercio). Si las élites son capaces de
descubrir aquellas decisiones de política económica que podrían aumentar la
riqueza conjunta de la Sociedad y pudieran medir el riesgo y la probabilidad de
que la innovación política reduzca su capacidad futura para extraer rentas,
adoptarían aquellas innovaciones que
fueran Pareto-eficientes, es decir, que mejoraran la posición de los ciudadanos
que no pertenecen a la élite sin empeorar la posición de la élite o aquellas
que les perjudicaran si pueden asegurarse de ser compensados, lo que es más
factible que en otros ámbitos ya que, por definición, los que están en el poder pueden configurar la medida de política
económica de tal manera que sea seguro que serán compensados.
Un ejemplo. La legislación bursátil española otorgaba un
monopolio a los agentes de cambio y bolsa en la compraventa de acciones de
sociedades cotizadas. Era un monopolio ineficiente – como todos –. La ley del
mercado de valores de 1989 convirtió la “concesión” en una “licencia”:
cualquiera que se constituyera en sociedad o en agencia de valores podía
intermediar en la compra y venta de acciones cotizadas. Se redujeron así los
costes de transacción y aumentó el volumen de acciones que se intercambiaban
con todos los beneficios consiguientes para la Sociedad en general (“mejores”
precios para las acciones; aumento de la inversión, reducción del coste de
capital de las empresas…). Los agentes de cambio y bolsa eran los perdedores
con el cambio legislativo. Habían hecho una oposición muy difícil, invirtiendo
varios años de su vida, y ahora se veían privados de las rentas
correspondientes a su profesión. El legislador lo resolvió exigiendo a las
agencias y sociedades de valores un capital mínimo elevado, en garantía de los
clientes de éstas, y eximió del capital mínimo a los agentes de cambio y bolsa.
En su trabajo, Rodrik narra algunos ejemplos históricos
tales como la industrialización de Japón o el fin del
apartheid en Sudáfrica (y la suerte que corrieron los blancos que fueron
respetados gracias a que conservaron el poder en una de las provincias, la de
Ciudad del Cabo) o las políticas liberalizadoras en América Latina acompañadas
de medidas antiinflacionistas (Cardozo en Brasil) y se podrían añadir las que
narra Fukuyama
(Prusia). El caso de la liberalización de la agricultura China es especialmente
llamativo (y para ver otros, aquí):
“A finales de los setenta, utilizó innovaciones políticas tales como la fijación de precios duales y las zonas económicas especiales (para)… reformar la agricultura. En lugar de abolir las entregas obligatorias de cereales por parte de los campesinos a los precios fijados por las autoridades, simplemente, se injertó un mercado en lo alto del sistema centralizado de producción y distribución agrícola: entregadas las cantidades exigidas por el plan al precio fijado por el Ministerio, los agricultores podían vender libremente en el mercado, al precio que pudieran obtener, cualquier cantidad adicional que fueran capaces de producir… el Estado no perdía sus ingresos y los trabajadores de las zonas urbanas seguían recibiendo sus raciones alimenticias a precios bajos”
Dice Rodrik que todas estas estrategias “representan
innovaciones que desplazan la frontera de la transformación política. Permiten
obtener las ganancias de eficiencia y, a las élites, conservar el poder y
proteger sus rentas. Estas reformas que compensan a los insiders o a los rentistas por las
rentas que pierden son las más hacederas en los sistemas políticos
realmente-existentes. Uber
debería pensar en cómo compensar a los taxistas y el Ministro de Justicia
debería pensar en cómo
compensar a los Notarios y a los Registradores. Las fuentes de semejantes “ideas”
o “reformas posibles” que permiten obtener las ganancias de eficiencia y
obtener el consentimiento de los insiders
o rentistas provienen de los lugares que uno puede imaginarse: la aparición
de “emprendedores
políticos”; mutaciones políticas (se refiere Rodrik al equivalente social
de una mutación genética. Algo que aparece en el margen de una Sociedad, que
tiene éxito y que “contamina” toda la política nacional al respecto); learning by doing y la emulación de lo
hecho en otros países. Los tiempos de crisis son especialmente idóneos para
llevar a cabo las reformas posibles. Recuerden aquello de no desaprovechar una
buena crisis y la frase de Hirschman
“Una crisis óptima es una crisis suficientemente profunda como para generar cambios y no tan profunda como para destruir los medios que nos permitan salir de ella”
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