Sobre la carta de Felipe González

Felipe González advierte en su carta a los catalanes del sinsentido que es el intento de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña si los de la lista de Mas y Junqueras sacan mayoría en las elecciones autonómicas del próximo día 27. Felipe González se limita a destacar algunas consecuencias bastante obvias de una eventual declaración unilateral de independencia. No hay nada políticamente incorrecto en el artículo de González y es la primera vez que se dirige al público desde su condición de único ex-presidente vivo que no suscita un rechazo significativo en una parte sustancial de la población española (es una pena que no tengamos más figuras indiscutidas, quitando a Nadal, ya ni siquiera tenemos a Casillas).

Felipe, que no escribe muy bien y gusta de medio decir las cosas (aunque habla más que Castelar) acaba el artículo comparando la conducta de Mas con los procesos políticos que tuvieron lugar en Alemania e Italia en los años treinta del pasado siglo. Y ya ha habido quien ha resumido esta frase diciendo que Felipe estaba comparando a los nacionalistas catalanes con los nazis. No, estaba diciendo que el nazismo y el fascismo llegaron al poder a través de elecciones y que ni siquiera si eres mayoritario en unas elecciones autonómicas está justificado actuar como si hubieras recibido un mandato directo del ochenta por ciento de tu población para cambiar el status quo y ponerlo patas arriba. Nada distinto de lo que han dicho analistas como Ferrán Requejo, como Colomer o como Orriols sobre la trampa que supone contar “escaños” cuando afirmas que las elecciones son un plebiscito.

Un ciudadano llamado José Rodríguez ha contestado a Felipe en su blog. Y resume la columna de Felipe diciendo que es

“una carta que viene a decirnos que la independencia nos llevaría todos los males y además es imposible”.

Bueno, ya está. No hace falta ni una palabra más. Pero al autor, sí le hacen falta algunas más. Los argumentos de Felipe (división de la sociedad catalana, división de la sociedad española, aislamiento de Cataluña en Europa, riesgos múltiples para el bienestar futuro de Cataluña…) son argumentos “espantaviejas”.

¿Lo son? Hay mucha gente preocupada y no son ancianas temerosas de salir a la calle. Que la sociedad catalana se ha dividido parece una obviedad. Si la sociedad catalana estuviera unida tras la causa secesionista, ni siquiera sería necesario celebrar elecciones. Más tarde o más temprano, como hemos dicho en otras ocasiones, España tendría que dejar marchar a Cataluña.

Pero no hay ni un solo indicio de que los nacionalistas hayan convencido a 2/3 de la población de Cataluña (la mayoría que los catalanes se exigen para modificar su estatuto de autonomía) de que hay que amputar la nación española para permitir que la nación catalana tenga un Estado. Rodríguez dice que en Cataluña hay un 40% de independentistas recalcitrantes, un 10% de independentistas/federalistas condicionales, un 20 % de federalistas (aún) y un 30 % de personas que están por mantener el status quo. No nos proporciona la fuente de semejante clasificación de los catalanes (esos independentistas-federalistas condicionales son realmente un misterio ¡qué nivel de sofisticación tienen los votantes en Cataluña!)

Por otro lado, ya no quedan dudas de que Cataluña saldrá de la Unión Europea si es reconocida como un Estado independiente o el Gobierno de la nación aplicará el art. 155 CE a las instituciones catalanas que se levanten contra la Constitución y la incumplan. Tertium non datur. No va a haber una independencia de hecho con una continuidad formal como comunidad autónoma bajo la soberanía española. El Gobierno de España cometería un delito si no reaccionara a la desobediencia generalizada de las leyes y la Constitución por parte de la Generalidad de Cataluña.

Continúa Rodríguez diciendo que el miedo no mueve a nadie: ni a los que quieren la independencia ni a los que no la quieren. Esta es otra de las afirmaciones sin prueba alguna. Lo que nos dice la experiencia es que el voto del miedo es muy relevante. La gente no quiere líos, la gente es aversa al riesgo y, es obvio, la opción por Juntosporelsí es mucho más arriesgada que cualquiera de las demás que se ofertan en las próximas elecciones.

Luego le echa unos cuantos argumentos ad hominem a Felipe, - prescindiremos de analizarlos - y se envuelve en el manto representativo de toda la población catalana para decir que están hastiados del argumentario de Felipe. Querría el autor que Felipe hubiera hecho un análisis de todos los asuntos que, desde los años ochenta, han enturbiado las relaciones entre los políticos catalanes y los del gobierno racional: la LOAPA, el café para todos, un modelo – el del Estado de las autonomías - “rídiculamente fallido”, el sistema de financiación autonómica, que ha sido modificado varias veces con el acuerdo de los políticos catalanes, la financiación de los ayuntamientos o el sistema tributario que dibuja como uno sobre el que la Generalitat no tiene ninguna influencia. Termina poniendo como un trapo al Tribunal Constitucional y se queja de que pueda declarar inconstitucional una Ley, incluyendo un Estatuto de Autonomía (aunque sea para eso para lo que está un Tribunal Constitucional). Luego le da al PSOE por no haber dejado que el PSC se hiciera soberanista (¿pero no se había hecho soberanista?).

Este panorama tan terrible, tan terrible, tan terrible es el que ha “obligado” a los catalanes más sensatos a exigir la independencia ya. Y el Sr. Rodríguez se queja de que le llamen victimista.

Un juez que tuviera que decidir si la terminación unilateral de un contrato está justificada por el incumplimiento de la otra parte tendría que desestimar la demanda de resolución si los incumplimientos de la otra parte no tienen entidad resolutoria. Salvo que el juez deba aceptar que la voluntad unilateral de una de las partes es suficiente para terminar la relación. No creo que ningún juez imparcial pudiera conceder a los nacionalistas catalanes la terminación de su relación con España sobre la base de los incumplimientos españoles. Porque todavía no hemos escuchado ni una sola queja por parte de la otra parte respecto de los incumplimientos de los políticos catalanes y de las instituciones gobernadas por ellos. Y la otra parte no los ha puesto encima de la mesa por dos razones. La primera es que nos preocupa el bienestar de los que viven en Cataluña y no comparten ese odio y recriminación permanente de los incumplimientos y de las debilidades de España. La segunda y más relevante es que nosotros no queremos resolver el contrato. Queremos el cumplimiento específico. El que se refleja en la Constitución. Hasta los límites en los que el Derecho deba prevalecer. Como decían los realistas escandinavos, al final, la legitimidad última del Derecho se encuentra en el consenso social respecto de su validez. Hasta que veamos ese límite, las alegaciones nacionalistas son ridículamente insuficientes para justificar que España haya incumplido la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

P.S: el contrato que nos une a todos los españoles es un contrato de sociedad