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A Leyre Iglesias
Lo que cuento a continuación es una historia de aprendizaje en la que interviene, como no, la IA.
La historia comienza con un proyecto de columna escrito cum ira et sine studio, o, en términos savaterianos, escrito "a golpe de indignación". Y, en lugar de analizar minuciosamente los datos empíricos para asegurarme de que encajaban en el "modelo" teórico que pretendía utilizar, di por supuesto ese encaje. Le describí a la IA cuál era mi modelo, le expuse por qué creía que se aplicaba bien al caso y le pedí que presentara los argumentos debidamente desarrollados. Di por supuesto que la IA would get the facts right. Y la IA prefirió dorarme la píldora y no revisar los datos de hecho.
El resultado fue un desastre analítico porque los hechos reales no encajaban en el modelo. Como ha explicado Dani Rodrik, eso no significa que el modelo sea inútil. No vale para explicar estos hechos concretos, pero habría sido impecable si la realidad institucional hubiera sido otra. Digamos que intenté utilizar un martillo para cambiar la batería de un ordenador portátil en lugar de un destornillador de precisión. Eso no convierte a los martillos en herramientas inservibles; simplemente erré el diagnóstico del objeto.
Para que se entienda el proceso, a continuación, reproduzco la columna tal y como pretendía publicarla originalmente, seguida de la rectificación de los hechos y la reconstrucción final de la hipótesis bajo la óptica de la teoría de juegos y de los cárteles.
La columna original o la hipótesis frustrada por la realidad
“I pretend to write and you pretend to read, and if you stop pretending you are no longer my friend”
— Diego Gambetta y Gloria Origgi, L-worlds: The curious preference for low quality and its norms (2009)
En la convocatoria de la Selectividad en el País Vasco se ha producido una anomalía estadística sin precedentes: cientos de estudiantes de Vizcaya (y en menor medida de Guipúzcoa y Álava) han obtenido calificaciones de cero o cercanas a cero en el examen de la asignatura «Lengua Vasca y Literatura», la materia troncal obligatoria equivalente a Lengua Castellana y Literatura.
La inmensa mayoría de los afectados son alumnos del Modelo D (enseñanza íntegramente en euskera) matriculados en centros concertados y privados de zonas de sociología no nacionalista o de perfil socioeconómico medio-alto —lo que coloquialmente se conoce como los colegios del flanco residencial de Bilbao y su área metropolitana, como el distrito de Getxo y Las Arenas—. Este "cero" impedirá, probablemente, a estos estudiantes acceder a carreras especialmente deseadas como Medicina, Odontología o Ingenierías.
El tribunal corrector aplicó de forma estricta e inflexible los criterios de penalización ortográfica y sintáctica. Los errores reiterados de declinación (deklinabidea), sintaxis o faltas de ortografía graves se computaron de manera acumulativa, lo que reducía la nota a cero rápidamente. La respuesta de las familias no ha sido el silencio habitual frente a cualquier imposición nacionalista. Se ha desatado una ola masiva de reclamaciones —más de 1.800 impugnaciones solo en esa asignatura—, concentraciones a las puertas de los campus y una campaña de denuncia pública que exige la dimisión del tribunal por considerar que el examen no medía el conocimiento, sino que buscaba hundir deliberadamente las medias de acceso.
El conflicto sigue abierto porque las notas definitivas tras las segundas correcciones y las resoluciones de los tribunales de reclamación aún no se han publicado de forma agregada. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco y el rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) están utilizando los tiempos administrativos de la segunda corrección como un mecanismo de enfriamiento social. El objetivo es desinflar la rebelión de las familias mediante un goteo individualizado de revisiones que devuelva a los alumnos las décimas necesarias para entrar en sus carreras, evitando así la foto fija de un aprobado general sobrevenido o una rectificación pública que humillaría al tribunal ortodoxo.
Si el segundo tribunal ratifica de forma masiva los ceros de la primera corrección, el Gobierno Vasco se enfrentará a un problema de orden público y al descrédito total de su modelo educativo. Si, por el contrario, las segundas notas enmiendan la plana al primer tribunal subiendo las calificaciones de forma drástica, se hará oficial y evidente el fraude del sistema: que para mantener la paz social es obligatorio ignorar la incapacidad lingüística real de los alumnos.
¿Cómo es posible que esos alumnos sean incapaces de escribir correctamente un texto en la asignatura de euskera y, al mismo tiempo, obtengan notas elevadas cuando redactan en euskera sus respuestas en los exámenes de Ciencias, Historia o Geografía?
La explicación radica en que los alumnos afectados utilizan un euskera meramente instrumental, plagado de estructuras sintácticas calcadas del castellano (erdelizaciones) y con un léxico muy limitado. Los profesores de las asignaturas comunes se prestan al juego cooperativo y hacen la vista gorda respecto del dominio de la lengua por parte de sus alumnos. De ese modo, contribuyen a legitimar la política nacionalista de inmersión lingüística en euskera, política que no podría sobrevivir si se reconociera, con efectos en el acceso a la universidad, el fracaso de los alumnos vascos en las pruebas de acceso.
Lo que parece que ha ocurrido es que el tribunal de la asignatura de Lengua Vasca decidió no seguir cooperando en la farsa. Al aplicar a rajatabla las penalizaciones por errores de declinación y sintaxis, los correctores destaparon la cruda realidad pedagógica que las tensiones y el sutil abandono de las pruebas PISA ya apuntaban: que el nivel de competencia lingüística real del alumno medio en zonas castellanohablantes (es decir, en casi todo el territorio vasco, salvo áreas concretas de la costa e interior de Guipúzcoa) es paupérrimo y, en particular, que el sistema de inmersión perjudica relativamente a los niños castellanohablantes frente a los niños que tienen el euskera como lengua materna. No se entiende que sea Òmnium Cultural el que va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lugar de hacerlo el PP o Vox.
Mi hipótesis es que este fenómeno no constituye un mero error técnico en la corrección de los exámenes, sino que refleja la quiebra de un pacto de simulación bilateral entre nacionalistas y no nacionalistas en el País Vasco que sostenía un equilibrio de baja calidad.
El sistema lingüístico vasco ha funcionado durante décadas como un cártel. Los ciudadanos no nacionalistas y las clases profesionales urbanas tradicionales aceptaron la inmersión, no por adhesión ideológica, sino por un cálculo de maximización de valor. El requisito del euskera en la administración pública (Osakidetza, Ertzaintza, educación o justicia local) es una barrera de entrada infranqueable para los demandantes de empleo procedentes del resto de España. Las buenas familias vascas castellanohablantes aceptaron sacrificar el bienestar escolar de sus hijos y sus posibilidades de aprendizaje a cambio de asegurar para sus vástagos un mercado laboral cautivo y protegido.
Para que este equilibrio sea sostenible, el coste real de aprendizaje del idioma debe ser bajo (como lo es con el gallego o incluso el catalán). Y aquí entra en juego la simulación: las familias no nacionalistas simulan creer que el Modelo D es el óptimo para el aprendizaje de sus hijos; los colegios simulan que imparten las materias en un euskera académico estándar; y la administración simula que el nivel de competencia de los egresados es equivalente al de un bilingüe nativo.
Todas las partes del pacto colusorio "por la lengua" salían ganando. Los alumnos de entornos castellanohablantes terminaban el bachillerato con un conocimiento real muy deficiente —un bilingüismo pasivo— pero con un aprobado que les permitía olvidarse del euskera para siempre si así lo preferían. Los nacionalistas obtenían estadísticas de «éxito de la normalización» y las familias obtenían los títulos y las notas de acceso universitario sin el esfuerzo cognitivo real que requiere dominar una lengua tan arcaica como el vascuence. Los costes del pacto colusorio los soportan los vascos que compiten, fuera del País Vasco, por un trabajo al que se acceda competitivamente y, sobre todo, los que quieran trabajar en el País Vasco sin dominar el vascuence.
Pues bien, el desastre de los exámenes de la UPV representa la ruptura unilateral de este pacto colusorio por parte del sector más dogmático del nacionalismo cultural, sólidamente instalado en los departamentos universitarios y en los órganos de gobierno de la Universidad. Al aplicar el baremo a rajatabla, este grupo destruyó el velo de la simulación. Obligó a que la prueba operase como un control de calidad real, destapando que quince años de escolarización en el Modelo D en entornos urbanos no garantizan un euskera correcto. La furia de las familias y la rebelión de los estudiantes no nace de que consideren que su nivel lingüístico es excelente; la indignación es la denuncia de una traición contractual:
«Hemos cumplido nuestra parte del pacto (matricular a nuestros hijos en el Modelo D, tragar con la burocracia lingüística y validar la barrera de entrada), ¿por qué rompéis ahora la regla no escrita de que el aprobado y la nota estaban garantizados?».
Con todo, la jugada puede resultar un éxito político para el nacionalismo de izquierdas (singularmente EH Bildu, en pleno ciclo de crecimiento electoral frente al PNV). Como los ceros masivos se concentran en la burguesía urbana de Vizcaya, el coste político para la izquierda soberanista es marginal: los damnificados pertenecen a un espectro sociológico que jamás les votaría (votantes del PP o del ala más conservadora del PNV). Al contrario, para las bases del nacionalismo identitario, castigar el «mal euskera» de las élites bilbaínas se vende como un acto de justicia meritocrática y de defensa de la pureza de la lengua frente a su descafeinización. La maniobra permite fusionar resentimiento de clase y ortodoxia lingüística.
El caso ilustra a la perfección cómo los pactos colusorios basados en la simulación regulatoria son intrínsecamente inestables: basta con que un actor del ala dogmática decida aplicar la literalidad de la norma (enforcement real) para que el equilibrio de baja calidad salte por los aires, penalizando de forma asimétrica a los cooperantes pasivos del sistema.
Finalmente, este episodio confirma una intuición central de Hannah Arendt al estudiar el totalitarismo: la cooperación humana no es buena por sí misma. La misma disposición a coordinarse, conformarse y obedecer que permite sostener instituciones útiles puede también servir para estabilizar órdenes de exclusión cuando quienes participan en ellos obtienen ventajas a costa de terceros. Eso es lo que aquí importa: no un error aislado de corrección, sino un equilibrio cooperativo que durante años ha repartido beneficios entre quienes se adaptan al sistema y ha desplazado sus costes sobre quienes quedan fuera o en posición subordinada, en este caso los castellanohablantes.
Revisión metodológica y datos empíricos
El error central de la columna anterior no estaba en la idea general de que existe un cártel lingüístico en la sociedad vasca, sino en la forma concreta en que intenté aplicar esa idea a este caso. Me equivoqué al suponer que los afectados eran alumnos del Modelo D y que, por tanto, el episodio revelaba de golpe la farsa cooperativa que sostenía el sistema de inmersión.
Los hechos disponibles no encajan con esa lectura porque la anomalía se concentró de forma extraordinaria en un único tribunal de Bizkaia y en un tramo alfabético concreto de apellidos; esto es, en una cohorte definida administrativamente por el propio mecanismo de reparto de la Universidad del País Vasco. Si la hecatombe hubiera sido la simple revelación del fracaso lingüístico general del modelo de inmersión, no se habría localizado en un solo tribunal ni en un grupo administrativamente delimitado por el orden alfabético. Tampoco encaja con la explicación trivial de un error informático global. La propia universidad reconoció incidencias técnicas en la introducción de algunas notas y corrigió varios casos de alumnado que figuraba erróneamente como no presentado, pero ese problema era parcial y no explica por sí solo la anomalía masiva y concentrada que desencadenó la protesta.
Los hechos observados son, sin embargo, coherentes con una situación en la que un nodo concreto del sistema (un miembro del "cártel"), o sea un tribunal con capacidad efectiva de corrección, aplica un estándar extraordinariamente exigente o atípico a una cohorte de alumnos definida administrativamente por reparto alfabético y asignación de centros. Dado que esa cohorte está compuesta mayoritariamente por estudiantes procedentes de centros concertados del Modelo A (o de trayectorias educativas no íntegramente vehiculadas en euskera), el efecto práctico es que ese grupo soporta casi en exclusiva el impacto de la anomalía.
Conclusión revisada: la capacidad disciplinaria del cártel
De manera que los hechos han refutado la hipótesis de una quiebra del pacto colusorio - del cártel - alcanzado en la Sociedad vasca en relación con la inmersión en euskera. Pero son compatibles con una hipótesis más acotada aunque dentro del mismo marco teórico (la existencia de un cártel en la Sociedad vasca en relación con la inmersión).
Y esta consiste en afirmar que, dentro del cártel existe al menos un nodo - un miembro del cártel - con poder suficiente para operar como cartelista sancionador, utilizando su margen de discreción para imponer una sanción extraordinaria a quienes se niegan a participar en el cártel y a cumplir con lo acordado por todos los cartelistas. En términos más simples: no estamos viendo al sistema entero mostrar de repente sus vergüenzas al aire, dejar de simular, sino a uno de los miembros del cártel utilizar su capacidad de corrección para sancionar a quienes no participan plenamente en él (los colegios que siguen en el modelo A y no se han pasado, como la práctica totalidad de colegios e institutos del País Vasco, al modelo D).
Esa conclusión no está probada de forma concluyente, pero tampoco está contradicha por los hechos conocidos. Al contrario, la concentración en un solo tribunal, en un tramo alfabético preciso y sobre alumnado de centros donde predomina el Modelo A la hace compatible con la estructura del caso y descarta explicaciones más simples, como ya se ha dicho.
De modo que la teoría del pacto colusorio sigue siendo útil para describir la estructura general de incentivos del sistema lingüístico vasco y su equilibrio de baja calidad. Lo que este episodio muestra, sin embargo, no es la súbita ruptura de ese pacto por todo el sistema (habrá que esperar a que se produzcan otros "fenómenos" para comprobar si el modelo tiene validez explicativa), sino algo más concreto: la capacidad disciplinaria de uno de sus miembros. Basta con que un tribunal integrado por agentes alineados con la lógica del cártel aplique de forma excepcionalmente dura su margen de corrección para convertir un examen unificado en una sanción efectiva contra quienes han decidido permanecer fuera del modelo dominante. No es la destrucción del cártel. Es, precisamente, una muestra de su vigencia y capacidad de enforcement.
