La WIC había sido constituida en 1621 según el modelo de la VOC pero para operar en el Atlántico, esto es en la costa africana y en América y el Caribe. El objetivo era el imperio español y el portugués. La WIC fue un desastre financiero porque la guerra con Portugal consumió todos los recursos aportados por los accionistas, organizados, como la VOC en “cámaras” locales. Los administradores representaban a las ciudades holandesas. A diferencia de la VOC, los accionistas tenían más “voz” y participación en la administración. Además, la WIC había emitido deuda. A finales de la década de los sesenta del siglo XVII, la WIC no tenía fondos para financiar su comercio africano, de modo que en 1674 se procedió a otorgar unos nuevos estatutos en los que se preveía “disolver y destruir” la antigua WIC. En realidad, lo que hicieron fue restructurar financieramente la compañía: se procedió a la disolución pero el patrimonio de la antigua WIC no se liquidó. Las pretensiones financieras – las de accionistas y obligacionistas se restructuraron. Así, los accionistas recibieron “acciones en la nueva que equivalían al 15 % del valor nominal de las acciones de la antigua WIC, y los bonistas recibieron bonos con un valor nominal del 30 por ciento de los antiguos bonos”, o sea una “quita” descomunal. “Muchos de los bonistas eran, en realidad, empleados de la compañía a los que no se había pagado y que habían recibido títulos de deuda como pago de sus salarios”.
Resulta interesante que, aunque los acreedores anteriores a 1656 recibieron sólo el 30% de las nuevas acciones, los acreedores que prestaron dinero a la WIC después de 1656 recibieron nuevas acciones por un valor nominal del 100% de las sumas que se les debían. Esta fue su recompensa por prestar dinero a la empresa cuando ya estaba en una situación desesperada.
El resultado fue que la restructuración del capital de la WIC no se tradujo en nuevas aportaciones. No entró dinero fresco que la compañía necesitaba para llevar a cabo sus operaciones en África y en la islas del Caribe. El “truco” que emplearon los administradores fue exigir a los accionistas que depositaran el 4 % del valor nominal de sus acciones o el 8 % de los bonos en la caja de la compañía (obligación de la que se liberó a los que habían aportado dinero en la fase próxima a la insolvencia de la compañía). En otro caso, las acciones o los bonos se considerarían amortizados. Por esta vía, y tras muchos años, la compañia consiguió 1.200.000 florines de nuevos fondos. En definitiva, “a cambio de depositar más dinero (los 1,2 millones de florines mencionados) para permitir que la nueva compañia iniciara sus operaciones, se les concedieron acciones que ascendían al 15 ó 30 por ciento de su inversión original”.
¿Por qué aceptaron los accionistas y bonistas esta quita y esta exigencia de nuevas aportaciones? El autor dice que por dos razones. La primera es que, si la acción se recuperaba, podían recuperar el nominal pero sobre todo porque es probable que las acciones de la antigua compañía no estuvieran completamente desembolsadas – era frecuente que solo se desembolsara una fracción muy pequeña, como el 4 % que se les exigió en esta ocasión – y porque es muy probable que estos accionistas hubieran adquirido sus acciones en el mercado secundario con un descuento muy fuerte sobre su nominal, de manera que las pérdidas serían, para ellos, mucho menores: “Dado que el patrimonio de la WIC no se liquidó, la única manera para los accionistas y bonistas de recuperar parte de su inversión era esperar poder vender en el futuro sus nuevas acciones a un precio por encima de ese 4 u 8 %”. De manera que el concurso de la WIC no acabó con la liquidación de la compañía sino, digamos, con un convenio que restructuró los derechos de los acreedores financieros – bonistas y accionistas –.
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