Foto: Manuel María de Miguel
"Si no hay reconocimiento interior de la verdad, no hay aprendizaje"
La carta que han publicado veinte expertos españoles – muchos trabajan fuera de España – sobre la gestión de la pandemia en nuestro país tiene poco desperdicio.
Comienza expresando una paradoja sólo aparente. ¿Cómo es posible que España, que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, haya sufrido los peores efectos de la pandemia de todos los países desarrollados? Digo que la paradoja es solo aparente porque España tiene un sistema de vigilancia epidemiológica y de salud pública infame. Lo que es bueno en España es el sistema de atención a enfermos agudos con dolencias graves.
A continuación enumera las posibles explicaciones. El párrafo es inmejorable:
- falta de preparación para la pandemia (es decir, sistemas de vigilancia deficientes, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR y escasez de equipo de protección personal y de cuidados críticos),
- una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales,
- lentitud en los procesos de adopción de decisiones,
- altos niveles de movilidad y migración de la población,
- escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales,
- escasa dependencia del asesoramiento científico,
- envejecimiento de la población, grupos vulnerables que sufren desigualdades sanitarias y sociales y falta de preparación en las residencias de ancianos.
Es difícil decirlo mejor sin meterse en camisas políticas de once varas, pero el contraste con lo que han dicho desde todos los gobiernos y desde los medios de comunicación es notable. A mi juicio, la novedad que la carta introduce correctamente en este asunto es la referencia a los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales estuvieron “en el ajo” desde enero. Todos asistieron – varias veces a la semana – a las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud – y ni una sola Comunidad Autónoma dijo nada. Las muy levantiscas regiones periféricas actuaron como borregos y se sumaron al coro de “no hay que alarmar” a la población y “no hace falta tomar ninguna medida especial” que había escrito el Gobierno central. Es hora de analizar, también, su comportamiento en este año.
En lo que la carta no es correcta, a mi juicio, es en el párrafo siguiente:
Estos problemas se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado el personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud.
Creo que no es así. El sistema de salud no estaba preparado para un brote de cientos de miles de contagios con miles de enfermos que habían de ser ingresados en pocos días. Pero – se estará de acuerdo – ningún sistema sanitario puede tener tan holgada capacidad excedentaria. Ni el sistema alemán habría soportado la tromba de la segunda y tercera semanas de marzo. Es verdad que la Administración pública ha perdido buena parte de su capacidad estatal en prevención y gestión de epidemias si es que alguna vez la tuvo pero si no la tiene hoy es porque no se diseñó y mucho menos ejecutó un plan para tal contingencia, lo cual no tiene nada que ver con los recortes. Ese plan hubiera costado unos pocos cientos de millones de euros. Si se hubiera hecho – en lugar de priorizar las guerras culturales y exacerbar las identidades tribales –, nos habríamos percatado del grado de descoordinación entre Administraciones, de la falta de material médico y sanitario para tratar una epidemia, de la falta de capacidad de análisis o de los especiales riesgos que corrían los temporeros o, sobre todo, los ancianos asilados. De manera que ese párrafo es una concesión a la tesis del progresismo patrio sobre los recortes. Pero la lección que debemos aprender es que, sin planes de contingencia, las decisiones se toman en medio del pánico y con el gravísimo riesgo de que sean las consideraciones políticas las que prevalezcan. Eso es lo más grave, a mi juicio, de lo que ha sucedido en España.
El resto de la carta es excelente.
1. Si no se examina lo que ha pasado, nos volverá a pasar.
Ahora se necesita una evaluación completa de los sistemas de salud y de atención social para preparar al país para nuevas oleadas de COVID-19 o futuras pandemias, identificando los puntos débiles y fuertes, y las lecciones aprendidas. Pedimos una evaluación independiente e imparcial por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales, centrada en las actividades del Gobierno Central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Esta evaluación debe incluir tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa. Además, se deben tener en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de España, incluido el aumento de las desigualdades.
De hecho, nos ha pasado exactamente lo mismo, mutatis mutandis que en 2008. Una nueva crisis económica y, de nuevo, carecemos de herramientas de análisis (de datos y de evaluaciones) de lo que ocurrió la última vez. No se creó una comisión independiente para analizar la respuesta española a la crisis económica de 2008 y, a día de hoy, seguimos sin haber construido un consenso acerca de qué medidas – de entre las adoptadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy entre 2008 y 2012 – permitieron la recuperación y cuáles no debieron haberse adoptado. España no mejorará mientras los españoles no analicemos los errores en lugar de olvidarnos de ellos lo más rápidamente posible. Forma parte de esa manía de nuestros políticos por tratarnos como niños – es lo que queremos, tal vez – hablar siempre del futuro y de lo que se va a hacer y no de lo que se ha hecho. De nuevo, la última frase del párrafo es una concesión “progresista” que resulta chocante cuando la propia carta reconoce que 20 mil de los 28 mil muertos reconocidos por el Gobierno han sido ancianos asilados.
2. El siguiente párrafo sobra ya que diluye y hace más borroso el excelente análisis del párrafo anterior sin que se entienda muy bien qué es eso de “la experiencia y los valores de las personas”. Quiero pensar que es una concesión a los tiempos posmodernos que nos han tocado vivir.
Las preocupaciones específicas incluyen las funciones de salud pública, el liderazgo y la gobernanza, la financiación, la fuerza de trabajo sanitaria y social, los sistemas de información sanitaria, la prestación de servicios, el acceso al diagnóstico y el tratamiento, el papel de la investigación científica y la experiencia y los valores de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables.
3. El final es impecable:
Esta evaluación no debe concebirse como un instrumento para repartir culpas sino que debería identificar las áreas en las que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social. Aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, varias instituciones y países, como la OMS6 y Suecia, han aceptado la necesidad de tal examen para aprender del pasado y prepararse para el futuro.
Exhortamos al Gobierno español a que considere esta evaluación como una oportunidad que podría permitir hacer frente mejor a las pandemias, evitar muertes prematuras y construir un sistema de salud más resiliente sobre la base del conocimiento científico.
Una advertencia. El Tribunal Supremo, en lo que tiene de político, haría bien en posponer la admisión a trámite de las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la epidemia a que el Gobierno y el Parlamento decidan si atienden o no esta petición de la comunidad científica. Porque los españoles tenemos derecho a que se analice rigurosamente lo que ha pasado. Y si no lo hace una comisión de expertos independiente, lo tendrá que hacer un juez en la instrucción penal correspondiente. Es el mínimo grado de rendición de cuentas que el Tribunal Constitucional debería considerar incluido en la cláusula de Estado democrático de nuestra Constitución. Nuestros políticos no pueden pretender que la rendición de cuentas se limita a las elecciones.
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