Más testosterona, más ultrasocialidad

"Aunque en distintas especies de aves y mamíferos, la testosterona incrementa la agresión entre machos de la misma especie, en los humanos se ha sugerido que podría incrementar tanto las conductas agresivas como las no agresivas que eleven el status social. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de la relación de causalidad que permita distinguir esos dos efectos"

En el estudio, se ponen a prueba las dos hipótesis inyectando testosterona o un placebo a dos grupos de varones que, a continuación, participan en un juego del últimatum, en el que tienen oportunidad de castigar o premiar al otro jugador en función de su comportamiento. La administración de testosterona provocó "un aumento de los castigos al otro jugador pero, al mismo tiempo, un incremento de la recompensa al jugador que ofrecía más, lo que indicaría que la testosterona puede causar conductas prosociales en los varones, sobre todo, si esas conductas prosociales realzan la posición social del varón en el grupo.

Jean-Claude Dreher, 

Simon Dunne, 

Agnieszka Pazderska 

Thomas Frodl,

John J. Nolan and 

John P. O’Doherty

Testosterone causes both prosocial and antisocial status-enhancing behaviors in human males

A través de 

Entradas relacionadas ¿De donde vienen las instituciones prosociales?

La nueva casación contencioso-administrativa

Inscripción: seminario.cija@uam.es

Anche in Italia

Cámara de comercio de Nápoles

Con unos datos normativos prácticamente idénticos a los de España, en Derecho italiano también, el control registral de la “legalidad” de los actos inscribibles en el Registro Mercantil se limita a la nulidad de pleno derecho (o inexistencia) y no se extiende al cumplimiento de aquellos requisitos legales o estatutarios que permiten la impugnación de los acuerdos sociales correspondientes:

Informar de la posibilidad de que tu deudor quiebre es obligatorio para los que asesoran a los acreedores

Suena absurdo que el vendedor de unos muebles que se entregarán al comprador al cabo de un par de meses tenga que advertir al comprador que, quizá, en esos meses, el vendedor devenga insolvente y no pueda entregar los muebles prometidos si el vendedor no tiene informaciones, en el momento de contratar, que indiquen que la insolvencia acecha su negocio. Cualquier contratante asume, por definición, el riesgo de insolvencia de su contraparte en un contrato obligatorio. Pero cuando se celebra un contrato de asesoramiento, no estamos hablando del riesgo de insolvencia del asesor (que le impida cumplir su contrato con el cliente asesorado). Estamos hablando del riesgo de insolvencia del deudor del crédito que el asesor aconseja “adquirir” al asesorado. Y, naturalmente, el asesor debe al asesorado información fiable, completa y de buena fe sobre cuán elevado es el riesgo de insolvencia del deudor del crédito que le aconseja comprar. Otra cosa es que el asesor no advierta expresamente de los riesgos de ese deudor porque, precisamente porque es un asesor que trabaja para el inversor, cuando le recomienda adquirir ese crédito, ha evaluado el perfil de su cliente y ha sopesado la relación entre riesgo y rentabilidad que supone adquirir el crédito y considera que es lo mejor que el inversor puede hacer en esas circunstancias.

Los plazos de caducidad no se interrumpen ni suspenden, ¿o sí?

Foto: NASA

Un festín dogmático

En otro lugar he dicho que el examen de la naturaleza de las instituciones jurídicas es la contribución más señera de los juristas académicos al tratamiento de los problemas sociales y, en consecuencia, al incremento de la cooperación social. El asunto resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2016 es una ocasión para poner a prueba lo correcto de esas afirmaciones.

Se celebraron tres contratos de compraventa de sendos inmuebles entre dos hermanos. El vendedor lo hizo para poner los inmuebles al abrigo de su cónyuge, a la que debía 50.000 euros (a título de pensión compensatoria y de alimentos de los hijos comunes). El cónyuge pide la rescisión de los contratos por haber sido realizados, a su juicio, en fraude de acreedores (eran bienes de una sociedad de la que el marido era socio y se produjeron cuando el cónyuge había pedido el embargo de bienes de su ex marido por impago de la pensión y de los alimentos). La demanda civil sigue a la querella por alzamiento de bienes que finalizó con la condena por alzamiento de bienes de dos individuos - hermanos entre sí y comprador y vendedor respectivamente -. En el proceso penal no se decide sobre la responsabilidad civil lo que lleva al acreedor a presentar la demanda civil porque no se solicitó por las acusaciones “la nulidad de la escritura de compraventa de los inmuebles” porque tal declaración no habría permitido al deudor recuperar bienes con valor suficiente – por la crisis inmobiliaria – para que el acreedor pudiera verse satisfecho en su crédito de 50.000 euros contra uno de los dos hermanos.

El demandado pide la desestimación de la demanda por caducidad de la acción de rescisión ya que habían transcurrido más de cuatro años desde la celebración de los contratos (art. 1299 CC) y “la demandante habría podido pedir en el proceso penal la nulidad de la compraventa y, sin embargo, no lo hizo”. El juzgado acoge la excepción de caducidad y la Audiencia dice que quedó interrumpida por el proceso penal aunque los plazos de caducidad no se interrumpen. El Supremo desestima el recurso de casación con los siguientes argumentos

¿Qué es una restricción de la competencia?

Pablo Ibañez y Alfonso Lamadrid han publicado un paper en ssrn.com en el que tratan de dar una respuesta a esa pregunta. La nuestra, aquí, por ejemplo. Empiezan bien, porque resumen lo que ha dicho el TJUE bajo la fórmula “para determinar si una práctica es restrictiva de la competencia es necesario examinar su naturaleza a la luz del contexto jurídico y económico en el que tiene lugar la práctica”.

Nosotros nos habíamos reído un poco de esa fórmula porque parece vacía. Pero – lo bueno del Derecho – fórmulas vacías permiten su relleno por juristas inteligentes de modo que se puedan generar reglas más concretas que, estas sí, no son fórmulas vacías. El “trabajo” del Abogado General Niels Wahl es reseñable en este punto.

¿Qué se deduce de esta fórmula?. Los autores sacan tres consecuencias:

1. La “forma” de la práctica, por sí sola, no permite calificarla como restrictiva de la competencia. Ni siquiera un acuerdo de fijación de precios entre varias empresas puede considerarse, per se, un acuerdo restrictivo de la competencia. Piensen en los acuerdos de compra conjunta o, sobre todo, en la fijación de precios por parte de un conjunto de pequeños empresarios que se unen para reforzar su capacidad de competir por los clientes frente a competidores de mayor tamaño y, en general, en los cárteles de chichinabo (respecto de los cuales, todavía, la Comisión y el TJUE siguen sin entender que no están prohibidos por el art. 101.1 TFUE) y los que hemos denominado en otro lugar “cárteles benignos”. Los autores dan muchos ejemplos (prohibiciones de exportar, cláusulas de exclusiva territorial…). Y viceversa, prácticas aparentemente inocuas pueden ser restrictivas de la competencia (ej. todas las conductas de una empresa dominante). Esta es la diferencia – formal – más importante entre las prohibiciones per se de la Sherman Act y las restricciones “por objeto” del art. 101.1 TFUE.

Jornada sobre responsabilidad de administradores

La naturaleza del patrimonio ganancial

El matrimonio Arnolfini, Van Eyck, que desapareció del Palacio Real de Madrid y apareció misteriosamente en la National Gallery de Londres en 1842.

Nuria Bermejo publicó hace algunos años un trabajo titulado Sociedad de Gananciales, Patrimonios Separados y Concurso que – mea culpa – no tuve en cuenta al escribir este trabajo. Resumo a continuación su primera parte porque dice algunas cosas interesantes sobre la relación entre la sociedad de gananciales y la personificación jurídica. En el punto de partida estamos completamente de acuerdo.

el patrimonio ganancial constituye un patrimonio separado del patrimonio privativo de cada uno de los cónyuges. Precisamente, esta separación limita la capacidad de agresión de los acreedores privativos sobre el patrimonio común… las deudas privativas del cónyuge insolvente sólo podrán realizarse sobre el patrimonio ganancial cuando se hayan satisfecho las obligaciones gananciales y, en los casos de liquidación, cuando, además, se haya entregado al cónyuge in bonis la cuota correspondiente.

De los cargos públicos inoficiosos y que andan torcidos

Prevaricar: faltar al deber y a la función, torcerse, desviarse… la acción de torcerse y desviarse del surco recto al labrar… salirse de la norma moralmente recta. Del
prefijo prae- (delante) y varicari (renquear, torcerse), derivado de varicus (que anda torcido, que tuerce las piernas al andar) y este derivado de varus (que tiene las piernas torcidas hacia adentro)

Es evidente que en un régimen democrático se puede hablar de todo. No hay cuestiones que puedan expulsarse del debate. La única forma de encontrar las mejores soluciones a los problemas sociales pasa, como decía Álvarez Junco, por “dejar hablar” a todos los que no usen la coacción ni la violencia para expresar sus opiniones. Resultado de esa participación de todos en la discusión de lo que a todos nos afecta es que se van alcanzando arreglos parciales y provisionales. Y esos acuerdos se reflejan en la Constitución y en las leyes. En la organización política que de ellas resulta. Se atribuyen funciones y competencias a instituciones políticas y se establecen procedimientos para elegir a los que estarán al frente de ellas y se les dan instrucciones y se les atribuye discrecionalidad para que puedan cumplirlas. La felicidad del pueblo resulta del ejercicio legítimo y legal de las competencias de cada uno.

Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM: Derechos fundamentales en las relaciones entre particulares

Seminario sobre garantías penales

IV Seminario sobre derecho de los negocios RSE/RSC, legal compliance y economía colaborativa

Inscripciones:

https://sa1.seatadvisor.com/sabo/servlets/EventSearch?searchMode=presenter&presenter=TLESUC3M

 

Precio:

Estudiantes: 25€. Profesionales: 45€. Solicitado el reconocimiento de crédito de Humanidades condicionado a la realización de una prueba o trabajo.

Correo electrónico:

blvega@der-pr.uc3m.es

Cementos sexistas y funcionarios públicos que no tienen nada mejor que hacer

Según cuenta la prensa, la Audiencia de Valencia ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que había desestimado la demanda ¡interpuesta por la administración autonómica valenciana! contra una empresa de Cementos por hacer publicidad sexista. Esta se considera desleal por la ley de publicidad. Ojalá la empresa vaya hasta Estrasburgo a ver si acabamos con tanta tontería.

Vermeer, La joven de la perla

J. Earle, Why is Vermeer's "Girl with the Pearl Earring" considered a masterpiece?