La Universidad, los planes de estudio y los préstamos a universitarios

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Juan Torres me cae bien. Tiene buen carácter y parece buena persona. Pero dice cosas que no están fundadas en la lógica o no están apoyadas en datos, en la realidad o en ninguna buena construcción teórica. (Para los datos, vean esta columna que tiene unos gráficos preciosos aunque los textos sean muy criticables (empezando por el titular en el que acusa al Ministro de mentir).

Me refiero a su columna sobre la reforma de los grados propuesta por el Gobierno. Dice el profesor de Sevilla que esta reforma debe considerarse como “La Universidad de Rajoy, otro negocio para la banca”. No se pueden decir más cosas falsas con menos palabras. Porque la reforma autoriza a las Universidades a cambiar la duración de sus grados y másteres, no les impone ninguna obligación de hacerlo. Es más, la patrona de las Universidades andaluzas, Susana Díaz, en una de las cuales él trabaja, ha dicho ya que no van a reducir la duración de los grados de cuatro a tres años. O sea que los estudiantes andaluces seguirán perdiendo cuatro años de su vida estudiando tonterías en grados como el de Turismo, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Periodismo, Publicidad y Relaciones públicas etc, cuando lo sensato es que estudiaran tres años de una carrera generalista con contenidos intelectuales de peso (Historia, Derecho, Economía – no empresariales – Física, Matemáticas, Ingeniería, Biología, Química) y, con más años y más madurez, eligieran un master en alguna de esas cosas si es que quieren dedicarse a esos sectores de la actividad (Medicina, Periodismo, Arquitectura, gestión de empresas, Derecho…). Cualquier reducción de la duración de esas carreras es una bendición para las cabezas y los bolsillos de los que, a pesar de que es del todo punto desaconsejable cursarlas como carreras de grado, deciden matricularse en ellas. Me contaban en la Universidad de Málaga que a los profesores de Derecho que imparten clases en Turismo les tratan muy bien en el AVE porque muchas de las azafatas han sido alumnas suyas. ¿Cuatro años de carrera para trabajar de azafata del AVE?

Así pues, la reforma es una bendición porque dota de autonomía a las Universidades para ordenar sus grados como les parezca y, de esta manera, incentiva la competencia entre universidades. Las que presenten una oferta más atractiva en punto a la duración de las carreras – también – atraerán más alumnos, podrán seleccionarlos y entrarán en un círculo virtuoso hacia las mejoras de la calidad. No es extraño que Cataluña, sede de las mejores universidades españolas gracias, en parte, a que el gobierno de Cataluña ha desarrollado algunas políticas en la buena dirección, haya dicho que le parece bien y que Andalucía, siempre a la vanguardia del subdesarrollo y la gestión incompetente, haya dicho que no.

Veamos las razones de Torres para decir que no.

La primera es la que emplean sistemáticamente los sindicatos: que no se ha negociado. Pero no es lo mismo imponer un plan (hacerlo improvisadamente y sin debate previo es un error) que ampliar las posibilidades de actuación de las universidades. Lo segundo, en cuanto facilita las cosas a las Universidades no requiere de debate ni, sobre todo, negociación alguna. Porque si se negocia, cualquiera de los participantes querrá imponer un veto si el resultado final del programa (más competencia entre Universidades) le deja en un mal lugar (incrementa el retraso y la mediocridad de la universidad a la que pertenece el que quiera vetar). En su línea, Torres finaliza el argumento añadiendo una descalificación total del gobierno que “demuestra una vez más que lo que busca no es encontrar las mejores soluciones sino poner en marcha cuanto antes y a cualquier precio las medidas que, como en este caso, benefician a unos pocos grupos e intereses sociales.” Esto es una tontería indemostrada. Pero parece que sólo la gente de izquierdas tiene derecho a insultar.

El segundo argumento es que la reforma no incluye “la financiación que van a necesitar”. Pero claro, esto es otra tontería porque si se trata de reducir la duración de grados como esos que he citado de cuatro a tres años, resulta obvio que las universidades no tendrán más gastos, sino menos ya que necesitarán menos profesores, menos aulas y menos tiza para impartir esos grados.

El tercer argumento es que reducir los grados de cuatro a tres años “solo puede llevar a que se agudice el ya fuerte proceso de expulsión de alumnos del sistema educación superior”. Obsérvese la tontería. No hay un “proceso de expulsión de alumnos” de la Universidad. Si se refiere a que el número total de alumnos universitarios es levemente inferior este año al del año pasado, Torres no merece ser llamado un académico cuando describe esa tendencia con tan fuertes palabras.

El cuarto argumento es, si cabe, más paranoico (el argumento, no Torres. Lo aclaro porque llamé norcoreano a un argumento y hubo quien pensó que estaba llamando norcoreana a una profesora): el malvado gobierno quiere que los estudiantes acaben pronto el grado para que se matriculen en masters – ahora de dos años – que son más caros. Torres vuelve a mentir cuando dice que los precios de los másteres son “mucho más elevados y libres”. No son libres. Sus precios son fijados por la Comunidad Autónoma dentro de lo establecido por el legislador nacional (un error, pero en fin. Los datos, muy bien expuestos, aquí). De manera que sólo tiene que seguir haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora las Universidades de Susana Díaz: fijar los precios públicos más bajos de España. Y, con la reforma, Andalucía se llenará, por una vez en su historia, de estudiantes que, despavoridos, abandonarán las demás universidades de España (en Portugal, parece que los estudiantes han votado con los pies y han escogido preferentemente carreras de tres años), donde se habrá implantado la reforma, para refugiarse en las cálidas, baratas y excelentes universidades andaluzas. Susana Díaz ya ha ordenado a las Universidades de Susana Díaz que no apliquen la reforma, así que el plan no puede fallar.

El quinto argumento es más propio de alguien que careciera por completo de información sobre el sistema universitario español:

“se fortalece así la provisión de la enseñanza universitaria como un simple negocio que va a excluir a buen número de estudiantes y no solo por razones de capacidad o excelencia. Y así se beneficia a las universidades privadas que podrán especializarse -con menos competencia desde las públicas- en la oferta educativa más cara y dirigida a los grupos sociales con recursos suficientes para poder pagarla”.

Podría añadir “y los ricos serán cada vez más ricos y la gente pobre acabará por morirse de hambre”. Obsérvese que no hay ninguna relación entre que los grados duren tres años y los másteres dos y que las Universidades públicas se vean desplazadas por las privadas en la enseñanza. Hasta ahora no ha sido el caso. Quizá lo que quiere decir Torres es que, como las Universidades privadas no tienen subvención pública – a diferencia de las públicas – tienen que cobrar todos sus costes a los alumnos y, por tanto, cuanto más cortos sean los grados, mejor para estas universidades en su competencia por atraer alumnos frente a la pública. Pero claro, si el master aumenta de duración, también aumentará su coste y esa ventaja se convertirá en desventaja. Es un insulto, por lo demás, a todas las Universidades de los jesuitas y del Opus, por lo menos, decir que practican “enseñanza universitaria como un simple negocio”. Tal vez, diría un pobre estudiante andaluz, sería bueno que las universidades andaluzas le consideraran (un poco más) como un cliente al que vender un producto de calidad. Venderles un producto de calidad es la mejor forma de evitar que la competencia te arrebate a los clientes.

Entra, en fin, en el tema de

los préstamos a los universitarios.

Y lo hace de forma sorprendente: invirtiendo la ley de la demanda (que siendo un catedrático de economía debería respetar).

“Los bancos se dedican constantemente a encontrar los caminos que pueden permitirles aumentar la deuda, puesto que es solo con ella como ganan dinero (en contra de lo que se cree, arruinaríamos a un banco no solo por dejar de depositar allí nuestro dinero sino, sobre todo, por no solicitarle créditos)”.

Torres debería saber que si no hay demanda de crédito, no hay oferta. Es siempre la demanda la que determina la oferta. También debería saber que los bancos han dejado de ganar dinero prestando dinero. Sus ingresos principales son, cada vez más, los provenientes de la prestación de servicios. Nos cobran por cuidar de nuestro dinero, por invertirlo, por guardarlo y, sobre todo, por servirnos de cajeros para cobrar nuestros créditos y pagar nuestras deudas. Así pues, no arruinaríamos a un banco por no solicitarle créditos. Los bancos prestarían el dinero de los depósitos financiando empresas o al sector público como han venido haciendo en los años de crisis nuestros bancos. Pero es que el contrafáctico es absurdo. Si podemos dejar de solicitar créditos a los bancos, es que los bancos no son necesarios y, por tanto, deberían desaparecer como desaparecieron los coches de caballos.

Lo siguiente es una tontería monumental. Dice Torres que los bancos

“promueven políticas de adquisición de vivienda y no de alquiler, salarios más bajos y una política económica general que merme los ingresos disponibles en hogares y empresas para que tengan que recurrir permanentemente a sus préstamos”

¿Cómo se puede desmentir una afirmación semejante? Es tan ridícula que resulta difícil hacerlo. Básicamente, lo que nos dicen los estudios empíricos es que la gente compra más en lugar de alquilar vivienda en función de la inflación y devaluación de la moneda. Países cuya moneda se devalúa como España o Italia tienen más tasa de propiedad. Además, la tasa de propiedad depende de la política legislativa del Estado. Si se machaca a los arrendadores con prórrogas forzosas y se dan subvenciones fiscales a los adquirentes de vivienda, pues eso, la gente, racionalmente, comprará en vez de alquilar. Acusar a los bancos de promover una política de empobrecimiento de la población es realmente perverso por parte de Torres. Y bastante estúpido por parte de los bancos ya que si la población ve mermados sus ingresos disponibles no sé como va a devolver los préstamos que se supone quieren darle los bancos.

Luego se mete con el Banco de Santander y dice que el Santander hace todo eso de Universia y de las tarjetas electrónicas etc con el objetivo (el “verdadero”, que lo sabe él y nadie más. Yo desde luego no lo sabía y me parece tan sorprendente que no me lo podía haber imaginado) de “poner en marcha en España el negocio de los préstamos que permitan a los estudiantes financiar sus estudios universitarios cada vez más caros y gracias a medidas como la que hoy se ha aprobado”.Obsérvese el salto lógico. Una medida facilitadora del Gobierno de estudios universitarios más cortos ha sido impuesta por el Santander para obtener un negocio pingüe. Como casi siempre la explicación más sencilla es la verdadera: el Santander se gasta dinero en la Universidad por la misma razón que Aranzadi pone “aulas Aranzadi” en las facultades de Derecho: para lograr futuros clientes. Los titulados universitarios tienen sueldos más altos que los que carecen de título, (y aquí) de manera que es una buena política para un banco “enganchar” a los futuros acomodados de la Sociedad. No hay que buscar ninguna explicación distinta.

Pero es que los préstamos a los estudiantes universitarios son un negocio para las Universidades privadas en los EE.UU. porque les permite aumentar su clientela, como hace El Corte Inglés cuando nos permite pagar a plazos el frigorífico porque están subvencionados por el Estado cuando no es el Estado el que los realiza. Si no existiera la subvención estatal, los bancos norteamericanos no darían ni una fracción del volumen ingente de créditos universitarios. Este programa televisivo de John Oliver es extraordinariamente bueno.

Pero, sobre todo, las tasas de un típico college norteamericano oscilan entre 10.000 y 40.000 dólares por año, a una distancia sideral del precio de la matrícula en una universidad española, de manera que estamos hablando de un volumen de negocio potencial de (unos 2000 € x 1,4 millones de estudiantes) 2.800 millones de euros/año de “negocio” – bastante ruinoso – para los bancos, más o menos, lo que presta un gran banco en una semana de trabajo. Comparar la situación española con la norteamericana es ridículo dadas esas enormes diferencias entre la “economía” del sistema universitarios norteamericano y el español. Y es un insulto a la inteligencia de los estudiantes decir que se les puede convencer de que no encontrarán trabajo si no hacen un master. Lo que los estudiantes andaluces experimentan hoy es que ni con carreras de cuatro años encuentran trabajo. Más de la mitad están en paro y lo están porque las Universidades de Susana Díaz son fábricas de parados en mayor medida que las de cualquier otra parte de España sin que, en cuarenta años de gobiernos del PSOE en Andalucía se haya hecho nada exitoso por remediar esta situación.

Luego habla de Chile cuyo sistema universitario tampoco tiene nada que ver con el de España. En Chile la mayor parte de las universidades son privadas y las públicas son las más elitistas porque son las de mayor calidad. La renta per capita chilena impide a la mayoría de su población acceder a la universidad y la excesiva desregulación del sistema ha conducido a casos que han bordeado el fraude y la estafa. En su línea, mete en el mismo saco la situación de Gran Bretaña remitiéndose a un informe que advierte del riesgo ¡para el sector público! de asumir la deuda que contraigan los estudiantes para pagar las tasas universitarias que son de un máximo de unos 10.000 euros anuales. 

Y la de Francia de la que nos dice que ¡sólo! un 12,5 % de los estudiantes pide un préstamo para estudiar.

Pero la mayor tontería no se refiere a si es bueno o malo que los estudiantes pidan préstamos para pagarse los estudios. Al respecto, se puede discutir aunque no hay duda de que es más conforme con la equidad social que dispongamos de una mezcla de becas y préstamos para financiar a los estudiantes. La cuestión debe resolverse empíricamente. Por ejemplo, no deben darse préstamos para financiar estudios con altos niveles de paro. Y no deben darse préstamos a alumnos que no tengan muy buenas notas porque su performance en el bachiller y en la universidad son un indicador de su posterior performance en el mercado de trabajo. Los bancos, en su propio interés, deberían negar esos créditos pero no lo harán si el Estado los subvenciona porque su decisión se basaría no en la probabilidad de que se los devuelvan sino en la garantía del Estado (que es, por cierto, de lo que habla el artículo de The Guardian).

Después de esta burda maniobra retórica (1º, relacionar causalmente la menor duración de los grados con la explosión de préstamos universitarios aunque no hay ni siquiera correlación entre ambas variables y 2º afirmar que en España se producirá una explosión de este tipo de préstamos aunque no hay ningún indicio de que tal cosa vaya a ocurrir), la conclusión está servida:

Esto es lo que pasará a partir de ahora en España: comenzaron a subir matrículas,, cayó la renta familiar y las becas, ahora se reestructuran los estudios para que vaya predominando la etapa más cara y pronto se extenderá la oferta de préstamos estudiantiles. Los bancos, como en Estados Unidos, multiplicarán su negocio dando créditos y convirtiéndolos en nuevos productos financieros derivados, hasta que de nuevo estalle la burbuja, vuelvan a quebrar y empecemos de nuevo.