De los cargos públicos inoficiosos y que andan torcidos

Prevaricar: faltar al deber y a la función, torcerse, desviarse… la acción de torcerse y desviarse del surco recto al labrar… salirse de la norma moralmente recta. Del
prefijo prae- (delante) y varicari (renquear, torcerse), derivado de varicus (que anda torcido, que tuerce las piernas al andar) y este derivado de varus (que tiene las piernas torcidas hacia adentro)

Es evidente que en un régimen democrático se puede hablar de todo. No hay cuestiones que puedan expulsarse del debate. La única forma de encontrar las mejores soluciones a los problemas sociales pasa, como decía Álvarez Junco, por “dejar hablar” a todos los que no usen la coacción ni la violencia para expresar sus opiniones. Resultado de esa participación de todos en la discusión de lo que a todos nos afecta es que se van alcanzando arreglos parciales y provisionales. Y esos acuerdos se reflejan en la Constitución y en las leyes. En la organización política que de ellas resulta. Se atribuyen funciones y competencias a instituciones políticas y se establecen procedimientos para elegir a los que estarán al frente de ellas y se les dan instrucciones y se les atribuye discrecionalidad para que puedan cumplirlas. La felicidad del pueblo resulta del ejercicio legítimo y legal de las competencias de cada uno.

Mientras tanto, la Sociedad sigue discutiendo de todo. Y la discusión tiene que alcanzar incluso a los acuerdos parciales y provisionales, por si es conveniente revisarlos. Pero esa discusión tiene límites muy diferentes para los ciudadanos y las organizaciones que articulan la participación ciudadana en la discusión y para los que ocupan las instituciones que se legitiman en la Constitución y en las leyes.

Un magistrado del Tribunal Supremo no puede dictar una sentencia contraria a la Ley porque, en su opinión, la Ley sea errónea y le impida –de aplicarla – obtener el resultado que él considera, tras una cuidadosa evaluación moral y política, el resultado justo. Este mismo magistrado podrá criticar la Ley en una conferencia o en un artículo de una revista jurídica o de un periódico. Pero habría de ser destituido de inmediato si hace lo propio al redactar el fallo de una sentencia en la que es ponente. Estaría prevaricando. Del mismo modo, un diputado puede criticar una Ley y puede proponer su reforma. Pero no puede actuar como si la Ley no existiera. Un diputado a Cortes no puede promover una Ley privando de competencias, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mucho que considere, tras una cuidadosa evaluación moral y política, que el TJUE es un órgano al servicio de las multinacionales o de la extrema derecha alemana. Si el diputado quiere hacer tal cosa, debe dimitir como diputado y actuar como ciudadano, sin el poder que le ha sido atribuido por sus conciudadanos para contribuir a la elaboración de las leyes, porque ese poder se le atribuyó para promulgar y reformar leyes en el marco de la Constitución y de las competencias del órgano para el que se le eligió. Si promueve una Ley para privar de competencias al TJUE estaría prevaricando, faltando a sus deberes.

Nuestro magistrado o nuestro diputado se acogen a sagrado cuando desempeñan las funciones para las que han sido elevados al cargo. Por eso son inviolables. Pero nuestro magistrado o nuestro diputado se exponen a que cualquiera les dé justicia cual ladrón si se prevalecen de un cargo para avanzar fines u objetivos que no forman parte de las competencias, honores y prerrogativas que a su officium atribuyen la Constitución y las leyes. ¿No resultaría ridículo que el Alcalde de Madrid quisiera colocarse en una posición de preeminencia en un acto público al que asiste el Rey? ¿No podría, sin embargo, decir el Alcalde que él ha sido elegido y el Rey, no?

Los diputados al Parlament de Cataluña pueden hablar, en su casa o en la calle o en la televisión, de lo que les parezca. Pero el Parlament de Cataluña, su presidente, el presidente de la Generalitat o el Alcalde de Barcelona son fugitivos de la Justicia cuando, en el ejercicio de sus cargos, adoptan, a sabiendas, decisiones que no están legitimadas por las leyes y la Constitución. Ni la libertad, ni la democracia, ni su carácter electo justifican la actuación fuera de la Ley de los cargos públicos.

De modo que Rajoy, como presidente del PP debe estar dispuesto a hablar con los representantes de CDC, de Esquerra e incluso de las CUP, sobre cualquier cosa. Sobre la bondad de un referéndum de independencia o sobre la soberanía de Cataluña y de España. Si del diálogo entre los partidos políticos surge un acuerdo para reformar la Constitución y reconocer que Catalunya y el País Vasco son soberanos y que España no es una nación, podrá llevarse ese acuerdo a las Cortes para iniciar la reforma de la Constitución. Entretanto, cualquier cargo público que utilice su posición para adoptar decisiones que no entran dentro de sus competencias de acuerdo con la Ley y la Constitución se convierte en un prevaricador, en un fugitivo de la Justicia que debe abandonar inmediatamente su cargo. Porque carece de cualquier legitimidad. De la única legitimidad que es, no la elección por los ciudadanos, sino la Constitución y la Ley que concretan cómo y para qué lo han elegido los ciudadanos. El presidente del Gobierno incumpliría sus deberes constitucionales, su oficio, si hablara de esas cosas como presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat o con el Parlament de Catalunya.

El mismo razonamiento se aplica a los partidos populistas. Colau puede criticar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los toros, pero no puede emitir una orden de precinto de un CIE si el ayuntamiento de Barcelona carece de competencias sobre los CIES. Si lo hace, prevarica. Si Mas usa fondos públicos para celebrar una consulta popular, prevarica. Si Forcadell tramita una ley o resolución del Parlament en una materia que no es competencia legislativa de la Comunidad Autónoma, prevarica. Y si el Parlament de Catalunya dicta una ley atribuyéndose competencias que no tiene de acuerdo con el Estatut y la Constitución, todos los que voten a favor prevarican.

Si los ciudadanos no pueden contar con que los jueces prevaricadores, los diputados prevaricadores y los ministros prevaricadores serán apartados inmediatamente de sus cargos, para qué queremos el Leviatán.