Citas: Hipercuriosidad, Eichmann, hombres y mujeres, instituciones extractivas, capitalismo, delincuentes en el gobierno, Leyre Iglesias, California,

Preferencias laborales de hombres y mujeres Stewart-Williams

Los hombres en promedio valoran más asumir riesgos en sus trabajos, trabajar con cosas, tener un sistema salarial basado en el mérito y ganar un salario alto. Las mujeres, en cambio, valoran más que los hombres la flexibilidad laboral, al poder trabajar desde casa y no trabajar más de 40 horas a la semana. 

 los hombres valoran más inventar o crear algo que tenga un gran impacto, mientras que las mujeres valoran más devolver algo a la comunidad, tener amistades sólidas y poder trabajar a tiempo parcial. 

Los hombres tienden a coincidir en que la sociedad debería invertir en sus ideas porque las consideran más importantes que las ajenas, y sostienen que la posibilidad de incomodar a otros no debe impedirles exponer los hechos. Las mujeres, por el contrario, se mostraron más proclives a asumir el liderazgo, que existe el deber de cuidar de los menos afortunados y que para ellas es fundamental que nadie se sienta excluido.

Hipercuriosidad y TDAH. AEON. Anne-Laure Le Cunffis

Este perfil atencional es lo que denomino «hipercuriosidad»: un impulso motivacional orientado hacia información novedosa, incierta o pendiente de resolución. Aunque este rasgo puede ser especialmente pronunciado en personas con TDAH, probablemente exista como una dimensión continua en la población general. Su característica definitoria es que puede anteponerse a cualquier otra prioridad, incluso cuando entra en conflicto directo con objetivos a largo plazo o exigencias externas.

La dificultad para seguir una conversación aburrida no reside únicamente en un fallo de la atención, sino en la experiencia casi dolorosa que supone la ausencia de estímulos nuevos. Por ejemplo, mientras que alguien con una alta búsqueda de novedades simplemente decide probar un restaurante nuevo, una persona hipercuriosa puede verse incapaz de detener su investigación sobre la trayectoria del chef, la historia de su cocina o técnicas culinarias desconocidas, hasta el punto de olvidar, irónicamente, realizar la reserva. La distinción clave reside en la intensidad y la compulsión: la hipercuriosidad es una atracción irresistible hacia la información, capaz de desbordar planes y consideraciones prácticas. 

Lo que en un contexto se etiqueta como distracción puede, en otro, favorecer un pensamiento flexible y no lineal, facilitando la detección de señales débiles, patrones emergentes o vías alternativas de indagación. Que un pequeño subgrupo de la población sea hipercurioso resulta comprensible si se tiene en cuenta el tipo de entornos en los que evolucionó la atención humana. Durante la mayor parte de nuestra historia, los recursos eran irregulares, los riesgos imprevisibles y la información tan escasa como decisiva. En ese tipo de contextos, la sensibilidad a la novedad y a la incertidumbre no habría sido una desventaja, sino una ventaja adaptativa. Es probable que los grupos se beneficiaran de una diversidad de estrategias atencionales: algunos miembros se centraban en explotar con eficiencia los recursos conocidos, mientras que otros estaban más inclinados a explorar, detectar anomalías y asumir riesgos. Lo que hoy diagnosticamos como distraibilidad o impulsividad quizá refleje, en su origen, la función de esos exploradores: vigilar los márgenes del mundo conocido en busca de nuevas oportunidades o amenazas.

La hipercuriosidad, en este sentido, refleja una mayor ponderación de las recompensas informativas: una urgencia por perseguir lo que queda por aprender, aun a costa de otros objetivos. En lugar de limitarnos a regular este impulso, deberíamos preguntarnos cómo diseñar entornos que trabajen a su favor. ¿Y si las escuelas crearan espacios donde los estudiantes pudieran seguir libremente su curiosidad, incluso cuando esta los aleja del currículo prescrito?

Gracias al capitalismo, la pobreza extrema está en vías de desaparición

Breve

Nos gobierna un hatajo de delincuentes, prueba nº 3009. La ministra portavoz ha mentido como suele, una vez más; La llamada Ruta de la Seda fue un epifenómeno de los mercados equinos: los comerciantes de caballos usaban sus beneficios para comprar bienes de lujo de China e India, y luego los comerciaban por la estepa al regresar a casa: ¿Con qué frecuencia se puede uno permitir una comida de 100 dólares por cabeza? Con 300 veces al año, eso serían 30.000 dólares al año. Hoy en día, para mucha gente eso no significa nada. Irán ha perdido la guerra y el régimen está a punto de caer.

La mejor columna de Leyre Iglesias en algún tiempo

En febrero de 2020, y tras ser identificado como el conductor del coche del Delcygate, la prensa empezó a ocuparse de Koldo García Izaguirre. El asesor para todo del ministro Ábalos era una figura llamativa y lo poco que se sabía de él olía francamente mal. Así que me puse a buscar información. 

Hice un puñado de llamadas a Navarra y al País Vasco. Hablé con políticos de varios partidos, también socialistas, que le conocían. Conversé con dos escoltas que habían trabajado con él. Localicé las sentencias que lo condenaron por dar dos palizas. Descubrí sus andanzas como pelotari, los tempranos elogios que le había dedicado Pedro Sánchez y su pasado oculto como portero del Rosalex. Me sobraba material, estaba bien armada ¡y lo del puticlub de Pamplona era una exclusiva fantástica! 

Ya tenía el artículo casi cerrado cuando recibí una llamada del gabinete del ministro. Mi interlocutor fue muy insistente en que no publicara nada sobre Koldo. Jugó a lo grande la baza del chantaje emocional -vas a provocar que su mujer aborte-, pero antes de eso intentó convencerme con argumentos. No hay nada de extraño, me dijo, en que un ex escolta sin estudios sea consejero de Renfe Mercancías. Para eso no hace falta preparación alguna, prosiguió. Sólo contar con la confianza del ministro. Cosa que Koldo cumplía a la perfección: su única función allí era ser los ojos y la voz de Ábalos en esta sociedad pública centrada en el transporte ferroviario de mercancías. 

Cómo sois los periodistas. Cómo os gusta la exageración, el morbo. Pobre Koldo. Aquí no hay caso. (El artículo salió en la contraportada de EL MUNDO, sin cambios). 

Esta semana me he acordado de aquella llamada al ver desfilar por el Tribunal Supremo no a Jésica Rodríguezy a Claudia Montes, sino a algunos de los señores y señoras -varios con traje, gomina en el pelo y másteres caros- que fueron necesarios para que estos dos enchufes monumentales prosperaran. 

Si Jésica pudo estar dos años cobrando de Ineco y Tragsatec sin trabajar, y Claudia otro tanto con su inclasificable empleo en LogiRail, es que el fallo fue multiorgánico. Fallaron mecanismos de control, sí, pero también personas con nombres y apellidos. Funcionarios, altos cargos, asesores de prensa... Lo que demuestran las historias de Jésica y de Claudia es el inmenso poder que puede acumular un ministro incluso en una democracia avanzada. 

Así que la pregunta no es cómo pudo pasar lo de Jésica y lo de Claudia. Ni siquiera cómo pudo pasar lo de Koldo. La clave es cómo pudo pasar lo de Ábalos. Qué sucedió para que un ministro y número 2 del partido gobernante fuera capaz de conducirse tan impunemente, con un esperpento por escudero, durante tanto tiempo. 

La respuesta inevitable es que mucha gente en el Gobierno y en el partido decidió inhibirse. Como ocurre con la violencia machista, la promesa de erradicar la corrupción es populismo barato. Siempre habrá Ábalos, Aldamas y Panos, y para castigarlos están la Justicia y las leyes. Lo verdaderamente importante es que la sociedad no normalice esos abusos, que no los vea como parte del paisaje. Y eso es precisamente lo que las élites, esta vez las del PSOE, han hecho con el caso Ábalos. 

Cuando en cualquier organización humana alguien se salta las normas, hace alarde de ello y no pasa nada, hay que mirar hacia la planta alta. Si el de arriba castiga o amenaza con castigar a todo aquel que proteste, pregunte o discrepe, el de abajo tiende a protegerse autoconvenciéndose de que lo mejor será callar, involucrarse lo menos posible y echar a lavar la camisa cuando el barro le salpique. 

El retrato que de Ábalos ha ido componiéndose en estos tres días de juicio se acerca bastante a esa forma de mandar. El ejemplo más claro son los dos altos cargos de LogiRail que fueron despedidos de esta filial de Renfe por querer abrirle un expediente sancionador a miss Claudia. El mensaje tuvo que ser poderoso, ejemplarizante: si el ministro se atreve a echar al gerente de la zona norte e incluso al director gerente de la empresa, ¿qué no hará con la tropa? 

El autoritarismo es un rasgo habitual entre los líderes que no infunden respeto. Si no me sigues por convicción, lo harás por miedo. Y es curioso, porque esto encaja también con el perfil de Pedro Sánchez, un dirigente obseso del control que se enfurece si los ministros celebran reuniones a sus espaldas. 

¿Y esto qué tiene que ver con Koldo? Quizá este silogismo ayude: si Koldo sólo pudo existir porque existía Ábalos, habrá que deducir que Ábalos únicamente pudo existir porque existía este concreto presidente. 

De modo que la auténtica pregunta, la única pertinente, es cómo pudo pasar lo de Pedro Sánchez. En qué hemos fallado como sociedad para que un político como él haya llegado tan arriba y continúe ahí, a la vista de todos, durante tanto tiempo.

Bloomberg: la economía californiana va como un tiro

El producto interior bruto se disparó un 40% hasta superar los 4 billones de dólares, representando más del 14% de la producción estadounidense, tras la toma de posesión de Newsom en enero de 2019."

Acemoglu se equivoca, una vez más. Lipton Mathews. Aporia Magazine

El dominio español se basaba en sistemas laborales coercitivos como la mita, así como en el monopolio del comercio y la exclusión política. Estas instituciones eran profundamente extractivas según cualquier definición razonable. Sin embargo, las reconstrucciones muestran que Perú experimentó un aumento en los salarios reales y la producción per cápita durante largos periodos de la era colonial. Los centros mineros generaban grandes excedentes, sosteniendo redes complejas de artesanos, comerciantes y proveedores de servicios. Para el siglo XVIII, este dinamismo era visible en las tasas de urbanización. Para el siglo XVIII, la urbanización se situaba en aproximadamente el 12 por ciento en México y alrededor del 20 por ciento en Perú, frente a solo el 11 por ciento en España misma. 

Esta actividad económica estuvo acompañada de inversiones significativas en capital humano. Las autoridades coloniales y las órdenes religiosas establecieron escuelas, seminarios y universidades en toda la América española. La alfabetización y la matemática se distribuyen, aunque de forma desigual. La evidencia de estimaciones numéricas indica que a finales del siglo XVIII, la brecha en capital humano básico entre regiones como Argentina, México y Perú se redujo sustancialmente con el tiempo, pasando de aproximadamente un 50 por ciento a un 30 por ciento hacia 1780. Estas tendencias no sugieren estancamiento, sino convergencia bajo el régimen extractivo. 

Aunque una parte sustancial del excedente colonial se trasladó al extranjero, quedaba suficiente para elevar el nivel medio de vida. El crecimiento no se produjo porque las instituciones fueran inclusivas, sino porque la producción, la especialización, la integración del mercado y la formación de capital humano continuaron bajo sistemas coercitivos. 

Lo mismo ocurre en el caso del sistema de cultivo holandés en Java. El régimen colonial era altamente extractivo. Las autoridades de las aldeas estaban subordinadas, los campesinos eran forzados a producir cultivos de exportación y existía el sistema para maximizar los ingresos del estado colonial. Sin embargo, la extracción a esta escala requirió una gran reorganización de la vida económica: los holandeses construyeron fábricas de azúcar y la infraestructura de transporte que las acompaña. La evidencia muestra que las zonas cercanas a las fábricas coloniales de azúcar siguen siendo hoy más ricas y educadas que las zonas similares más alejadas.

Eichmann en Jerusalén. Keith Lowe

Gabriel Bach, que discrepaba de buena parte de lo que Arendt escribió en sus reportajes, coincidía con ella en este punto: Eichmann era, sin duda, banal. Una de las historias que me contó se refería a lo ocurrido cuando, durante el juicio, mostró a Eichmann un documental que retrataba las condiciones horribles de Auschwitz. Como el propio Bach ya había visto la película, se fijó en el rostro de Eichmann para observar su reacción. En un momento dado, Eichmann se volvió de repente hacia el guardia que lo custodiaba y empezó a hablar con vehemencia. Con la esperanza de que por fin estuviera mostrando algún asomo de conciencia humana, Bach se acercó al guardia al final de la jornada para preguntarle qué había alterado exactamente al acusado. «Dijo que Eichmann estaba furioso porque le habían dicho que solo lo llevarían a la sala del tribunal con su traje azul oscuro. Pero ese día lo habían traído con el traje gris». La película no le había afectado en absoluto.

Citas

Project Hail Mary, Titus Techera

Las novelas de Weir, al igual que las de Defoe, sugieren lo que hemos llegado a llamar individualismo rudo, un carácter distintivamente americano, una cualidad de autosuficiencia que permite a un hombre desafiar su destino. Es una mezcla de regreso a la naturaleza y conquista de la naturaleza. Para Defoe, Crusoe es una forma de investigar el estado de naturaleza, la teoría distintiva del origen humano que subyace a la política liberal. Y si uno quisiera exagerar por ejemplo, se podría decir que Defoe escribió una novelización del Segundo Tratado de Gobierno de su contemporáneo John Locke, o al menos de su famoso quinto capítulo: "De la propiedad". Pero luego está el problema del viernes. Cuando Crusoé le salva la vida, no solo le da un nombre, sino que también le dice a Friday que le llame Maestro. Esto nos recuerda que Crusoe fue él mismo esclavo en Marruecos, tras lo cual salvó la vida de un esclavo solo para venderlo como esclavo; y que más tarde naufragó porque quería zarpar desde su plantación en Brasil hacia África para comprar esclavos. Durante su aislamiento en la isla, Crusoe sueña con conseguir un sirviente—y ese sueño se hace realidad en Viernes. ¡El Proyecto Hail Mary, sin embargo, no implica esclavos! Hoy en día ya no hace falta. Todo el trabajo que Crusoe obtiene de los esclavos se realiza en nuestra época actual gracias a la tecnología... 

Grace - el humano - y Rocky - el alienígena - tienen el mismo enemigo: el astrophage. Quieren lo mismo: salvar a sus respectivas especies. Así que de alguna manera establecen, hablando como Locke, el derecho a la vida, la parte fundamental de la política moderna. Pero el Proyecto Hail Mary guarda silencio sobre si ese derecho depende de ser humano o si algún ser vivo lo tiene. ¿Es humana una araña con aspecto de roca si es técnicamente capaz, capaz de comunicarse (a través de un dispositivo de traducción) y dispuesta a vivir o morir juntos en confianza?... Rocky y Grace son iguales, mientras que Crusoe se consideraba el amo del Viernes. La gracia, a diferencia de Crusoe, no tiene nada que enseñar a su compañero—ni la civilización ni el cristianismo.

3 Reglas para aprender más

Tu cerebro no mantiene la concentración como crees. Estudios que rastrean a estudiantes reales encontraron que el alumno medio se encuentra con un muro entre 25 y 30 minutos. Después de eso, la eficiencia no solo disminuye. Se derrumba. Sigues sentado en tu escritorio, mirando la página, pero casi nada entra. 

El cerebro almacena significado. No repetición. En el momento en que la nueva información se conecta con algo que ya entiendes, la retención cambia por completo. 

El 80 por ciento de tu tiempo de estudio debería dedicarse a la recitación activa, no a la lectura pasiva. Cierra el libro. Dilo con tus propias palabras. Enséñaselo a otra persona, o a una silla vacía si no hay nadie cerca. La lucha de la recuperación es donde ocurre el aprendizaje real. Leer tus notas otra vez es ver a otra persona hacer el trabajo.

Orban ha empobrecido a los húngaros. Dalibor Rohac

Hungría ahora también parece ser el estado más pobre de la UE, por detrás de Bulgaria y Rumanía. Desde 2010, Hungría ha perdido casi medio millón de personas, tanto por envejecimiento como por emigración. Lejos de ser un baluarte contra la inmigración masiva y un laboratorio de emocionantes políticas pro-familia, como imaginaban sus aliados ideológicos en Occidente, las políticas de Fidesz han servido como catalizador de estancamiento y declive.

Dos usos "certificadamente útiles" de la IA esta semana

• redactar recursos administrativos (se sabe toda la legislación)
• redactar noticias. 

Periodistas: le he entregado a Copilot esta noticia de EL CONFIDENCIAL y luego he charlado con él acerca de la explicación más plausible. Este es el resumen de la conversación. Lean la noticia y no me digan que no mejora si añaden las explicaciones de Copilot

• El problema detectado no era que el raíl colocado fuera defectuoso, sino que carecía de trazabilidad documental, lo que impedía certificar oficialmente su origen y controles de calidad.
• No hay indicios sólidos de que se colocara un raíl más barato o de peor calidad; lo más plausible es un fallo grave en la cadena de custodia y en los controles documentales del suministro e instalación (tiraron de un raíl almacenado sobrante de otro tramo).
• La afirmación de que ADIF actuó “de buena fe” como dijo Puente, sirve para excluir una intención dolosa, pero no justifica la actuación ni técnica ni jurídicamente.
• Incluso aceptando esa buena fe, la sustitución inmediata del raíl no era la opción técnicamente más sensata; lo razonable habría sido primero esclarecer el error de trazabilidad y realizar análisis in situ del material.
• La intervención se produjo cuando el procedimiento penal ya estaba abierto, momento en el que la prioridad debía ser la conservación íntegra de la prueba, no el mantenimiento ordinario de la infraestructura.
• La eliminación de soldaduras existentes en el momento del accidente es el elemento más difícil de encajar en un relato de buena fe: no mejora la seguridad y sí borra información técnica relevante para el análisis pericial.
• El caso revela una cultura organizativa inadecuada, que siguió actuando en “modo obra/mantenimiento” cuando debía hacerlo en “modo investigación judicial”.
• En términos jurídicos, la buena fe puede excluir el dolo, pero no excluye la imprudencia grave ni la responsabilidad por alteración indebida de fuentes de prueba bajo control judicial.

Breve

Nos gobierna un hatajo de delincuentes. Prueba nº 3002;  Prueba nº 3003; Prueba nº 3004: el nuevo presidente de la AEMET no distingue un chubasco de un churrasco; Prueba nº 3005; Prueba nº 3006; la fiscalía recurre la sentencia que condena al fiscal general; Prueba nº 3007; No hay duda de que REE es culpable y Aagesen es culpable; No hay duda de que ADIF es culpable y puede que RENFE también: ¡gloria a los ministerios y a las empresas públicas! Gracias a lo público nuestra seguridad está garantizada; Ucrania será la próxima Israel: “Los rusos no necesitan libertad. Necesitan un zar-padre que decida todo por ellos". Cuando el suplente es amigo de la mafia.  Mucho te quiero perrito, pero pan, poquito. Si comparamos directamente los dos grupos (disforia con transición vs disforia sin transición), la evolución es notablemente mucho más desfavorable en el grupo tratado. La reasignación médica parece asociada a un deterioro importante, cuando se esperaba una mejora o al menos una estabilización, mientras que el grupo no tratado apenas empeora.

Savater

A diferencia del presidente Pedro Sánchez, que no puede pasearse solo por donde haya gente libre (se nota que es libre porque inmediatamente le llaman de todo), Juan Carlos aviva un rastro de simpatía castiza allí por donde pasa. No siempre es aprobación, ni adhesión a su persona, porque además de valiente cuando hubo que serlo, fue golfo cuando no debía. Pero incluso quienes, cuando se ponen serios, más le critican, guardan una cariñosa admiración por él. Y uno tiene que morderse los labios para, cuando le ve pasar, ya frágil y caduco, pero en cierta forma todavía más chulo que un ocho, no gritarle: «¡Torero! ¡Eh! ¡Torero!». Como a Morante, otro grande de esta España nuestra que siempre resucita…

Mejía sobre Ábalos

"Si en lo personal era un desconocido y en lo técnico, un novato o más, su nombramiento es un misterio"

pero podríamos extender el misterio a cualquiera de los nombramientos de Pedro Sánchez. ¿Por qué se nombró a Táboas presidente de RENFE? ¿Por qué, tras conocer la colocación de putas y porteros de puticlubs en empresas de RENFE bajo su presidencia Táboas fue nombrado presidente de Infraestructuras, la empresa pública catalana? Porque no hay misterios: hay nepotismo y corrupción en todo lo que toca el PSOE. 

Isaías Táboas: el presidente de Renfe fulminado por comprar 31 trenes que no cabían por los túneles movió el currículum de Claudia que Koldo le había enviado.

La teoría de precios disciplina el razonamiento Brian Albrecht

La teoría de los precios es el razonamiento que te indica si la técnica se ha aplicado a la pregunta correcta y si la respuesta tiene sentido. Está aguas arriba de la estrategia de identificación, aguas arriba del modelo estructural, aguas arriba del teorema y, en realidad, incluso aguas arriba de la recogida de datos. Es la disciplina que, al oír que «los beneficios empresariales aumentaron durante la inflación», pregunta de inmediato: ¿en relación con qué?, ¿como proporción de qué?, y ¿es eso coherente con el modelo estándar o exige un relato específico adicional?... 

Cuando aumentan los costes marginales, las empresas que maximizan el beneficio reducen sus márgenes porque solo pueden trasladar a los compradores parte del aumento de costes. Por el contrario, un aumento de los márgenes es señal inequívoca de presión del lado de la demanda. Si ves que los beneficios aumentan junto con los precios, la explicación más natural en el modelo estándar es que la demanda se desplazó. 

Scott Sumner, en su réplica a la obra de Cowen, plantea una idea afín desde una perspectiva distinta. Describe cómo científicos de gran inteligencia suelen proferir verdaderos despropósitos al hablar de economía; por ejemplo, al insistir en que las empresas, por pura codicia, se negarán a repercutir una bajada de costes en el consumidor. El ejemplo de Sumner es el siguiente: si se le dice a una sala llena de científicos con un cociente intelectual brillantísimo que reducir las tasas a los promotores inmobiliarios abaratará la vivienda, una proporción significativa de ellos arqueará las cejas con escepticismo. "Esos promotores son codiciosos —dirán— y no trasladarán ese ahorro al comprador". Sin embargo, como advierte Sumner, son codiciosos y "precisamente por eso repercutirán la reducción de sus costes de producción en los precios finales". Si el precio que maximiza el beneficio cae al disminuir los costes variables, una empresa que busca maximizar sus ganancias cobrará menos. Es una cuestión de simetría. La economía, sostiene Sumner, es "sumamente sencilla, pero también extraordinariamente difícil". Los modelos son simples; lo complejo es mantener la intuición sin el auxilio de estos.

Lo mismo pero con los huevos 

 

Lynne Kiesling, en su réplica a Cowen, desarrolla este argumento utilizando las herramientas propias de la teoría de precios. La IA —sostiene— constituye un choque de precios relativos en el seno de la economía del conocimiento académico. Reduce drásticamente el coste del trabajo cognitivo rutinario: la revisión bibliográfica, la programación, la exploración de especificaciones y la depuración de datos. Al abaratarse estas tareas, ¿qué es lo que se vuelve relativamente más escaso? El juicio. Es decir, la capacidad de discernir qué merece la pena ser estudiado, qué mecanismos son de primer orden, qué supuestos resultan plausibles y qué resultados poseen validez externa en distintos contextos. La tesis de Kiesling es que la IA, lejos de debilitar los fundamentos de la lógica económica, los refuerza: cuando un factor se vuelve abundante (el procesamiento de datos), aumenta el valor de su factor complementario (el criterio humano)».

No sé qué pintan nuestros soldados en Líbano

Está bien documentado que Hezbolá ha construido durante años una extensa red de túneles, búnkeres y posiciones fortificadas en el sur del Líbano, muchas de ellas cerca de la frontera con Israel y en violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto no es solo una alegación israelí: desde 2018 la propia UNIFIL ha confirmado la existencia de túneles que cruzaban o se aproximaban a la “Blue Line” y, más recientemente (2024–2025), ha reconocido el descubrimiento de redes subterráneas, búnkeres, lanzaderas, munición y cohetes, en ocasiones en coordinación con el Ejército libanés. También es correcto que en la zona operan alrededor de 10.000–10.500 efectivos de UNIFIL, y que Israel y otros actores llevan años criticando su incapacidad para impedir la consolidación militar de Hezbolá en el área. [peacekeeping.un.org], [aurora-israel.co.il], [newarab.com] [israelnati...alnews.com] Asimismo, está acreditado que Hezbolá ha almacenado armas, cohetes y misiles en esas infraestructuras, y que ha operado cerca —e incluso en proximidad inmediata— de posiciones de la UNIFIL, algo que ha sido denunciado reiteradamente por Israel y documentado por distintos medios y organizaciones.

Adicción y eroticización en las redes sociales. Tesis Doctoral, 2017

La tesis no prueba que el uso de redes sociales cause adicción, sexting o grooming, ni que ciertos rasgos de personalidad produzcan esos comportamientos. Lo que demuestra es que estos fenómenos coexisten de manera sistemática y que pueden detectarse de forma fiable mediante cuestionarios bien construidos. La utilidad principal del trabajo es diagnóstica y preventiva, no causal ni explicativa en sentido fuerte.

La principal aportación es haber construido y validado cuatro escalas (adicción a RSI, sexting, sextorsión y grooming) que permiten identificar niveles de riesgo, no explicar por qué esos riesgos emergen.

En cuanto a las relaciones empíricas que se observan, la tesis muestra que las puntuaciones en adicción, sexting, sextorsión y grooming están estadísticamente asociadas con determinadas características psicológicas: desinhibición, neuroticismo, narcisismo, ansiedad social, estrategias coercitivas de avance sexual, ciertos estilos de apego y, en sentido inverso, con la autoestima general o el apego seguro. 

If your goal when voting is simply to topple bad governments, you can ally yourself with people you disagree with without being morally contaminated by their tenets.

The left that believes itself to be morally superior is always subject to the reproach of "equidistance." When it says "no to war," it is reproached—rightly so—for objectively supporting the murder of citizens by the Islamist fanatics who have ruled Iran for decades. When it sides with Palestine, it can be accused—rightly so—of effectively defending Hamas, which is to say, the most repugnant terrorism of recent times. When it criticizes Trump’s capture of Maduro, it can be accused—rightly so—of supporting the dictatorship of that despicable individual and his henchmen—including the current interim president, the criminal and torturer Ms. Rodríguez, who is responsible for other crimes against humanity.

It is no wonder that Popper is the most successful philosopher among scientists when it comes to explaining how we achieve new knowledge and how scientific progress advances, while simultaneously being denigrated by many philosophers and political scientists—academic fields dominated by the far left.

There is a better option for the left: to become Popperian.

As I have explained many times, Popper maintains that political elections do not serve the social function of choosing the best possible government or the one that best represents the voter's ideology, preferences, or identity. When voters choose "their own" (be they those who think like them, those of the same tribe or group, or those who share their preferences regarding the distribution of national income), they pay a price in terms of general welfare. This opportunity cost is very high because such voter motivation prevents the harnessing of the "wisdom of the masses," which ensures the correct selection of a government if voters were to aggregate the information they individually possess regarding the performance of the outgoing government (the incumbent).

Furthermore, voting based on ideology, identity, or distributional preferences divides the population because it encourages the exaggeration of ideological, identity-based, or distributional differences.

What, then, is the function of elections? Popper repeats: to peacefully topple bad governments. Elections aggregate the information voters have about the performance of the outgoing government. In that performance evaluation, good faith can produce strange coincidences. An Orthodox Jew might vote for the continuity of the current government alongside a trans woman and a Stalinist, because all three agree that, as of election day, we are better off than when the current government came to power.

Governments, knowing they will be judged exclusively by the increase in the population's welfare achieved by their policies, will not play at pitting citizens against one another. Meanwhile, the opposition must be relentless in "informing" voters of the things the government has done wrong. On its part, the government will have no incentive to denigrate the opposition, since citizens are not going to judge the latter, but only and exclusively the government.

This method of analysis—or model—can be applied to any historical or political event. For example, I read that Josep Fontana, the far-left Catalan historian, said:

"I confess I have never understood how one can value in the same way a Republic that trained teachers, opened schools, and created public libraries in villages, and a fascist military regime that murdered teachers, closed schools and libraries, and burned books."

I do not know if Fontana was a good historian (I don't recall reading more than one of his books in my adolescence), but I allow myself to doubt it because he does not seem to "think well." Anyone reading that sentence will realize it incurs a false dilemma fallacy and a petitio principii. No one "values in the same way" the Republic and Francoism. Neither the Francoists, if any remain, nor the Republicans, of whom many remain. At the same time, Fontana omits that, under the Republican government, dozens if not hundreds of convents were burned—with nuns inside—and tens of thousands of innocent people were murdered without trial, including nearly ten thousand priests and nuns. Socialists and Communists were permitted to carry out a coup d'état (in 1934) and, finally, the leader of the opposition was assassinated (among hundreds of political murders) and electoral results were falsified. In contrast, Francoism pulled Spain out of underdevelopment and eliminated hunger and illiteracy for the first time in Spanish history, generalized compulsory education, and created a nearly universal healthcare system.

The comparison changes quite a bit compared to Fontana's, doesn't it?

That is why the "Fontanas" of the world do no good for the nation. It is preferable to be Popperian. Calvo-Sotelo could vote against the Republican government, and Fontana could do the same right alongside him, without that coincidence forcing the conclusion that Fontana is allying with a Francoist or that Calvo-Sotelo is allying with a Communist. What they both agree on—what they both need to agree on—is exclusively the assessment of the Republican government's performance. If the Spaniards of 1936 had voted Popperianly, Franco would have had no need to launch the coup that started the Civil War. Calvo-Sotelo would have been Prime Minister, and the Republic could have been reformed.

Nearly a hundred years later, we Spaniards continue to suffer bad governments for longer than necessary because we vote ideologically or based on identity instead of simply assessing the government's performance. Public discussion should revolve around government performance.

Fortunately—but only by luck—the 2030s are very different from the 1930s. But if we Spaniards continue to refuse to vote Popperianly, we may be contributing, without knowing it, to bringing those cursed years closer rather than letting them fade into the history books.

La conjura contra España (CXLI): Si tu objetivo al votar es solo derribar malos gobiernos puedes aliarte con gente con la que no estás de acuerdo sin contaminarte moralmente de sus postulados

La izquierda que se cree superior moralmente está siempre sujeta al reproche de la equidistancia. Cuando dice "no a la guerra", se le reprocha, con razón, que está apoyando objetivamente los asesinatos de sus ciudadanos por los fanáticos islamistas que gobiernan Irán desde hace décadas. Cuando se pone del lado de Palestina, se les puede acusar, con razón, de estar defendiendo, de hecho, a Hamas, o sea al terrorismo más repugnante de los últimos tiempos. Cuando critica la captura de Maduro por Trump se le puede acusar, con razón, de apoyar a la dictadura de ese sujeto deleznable y sus secuaces, incluyendo la actual presidenta interina, la muy delincuente, torturadora y autora de otros crímenes contra la humanidad, señora Rodríguez. 

No es extraño que Popper sea el filósofo más exitoso entre los científicos cuando se trata de explicar cómo alcanzamos nuevo conocimiento y cómo avanza el conocimiento científico y que, a la vez sea, denigrado por muchos filósofos y politólogos, áreas académicas dominadas por la extrema izquierda. 

Hay una mejor opción para la izquierda: hacerse popperiana. 

Como he explicado muchas veces, Popper sostiene que las elecciones políticas no tienen la función social de elegir al mejor gobierno posible, al que mejor represente la ideología, las preferencias o la identidad del votante. Cuando el votante elige a los "suyos" (sean éstos los que piensan lo mismo que él, los de su misma tribu o grupo o los que comparten con él preferencias sobre distribución de la renta que produce el país), paga un precio en términos de bienestar general. Y el coste de oportunidad es muy elevado porque esta motivación por parte de los electores impide aprovechar la "sabiduría de las masas" que asegura el acierto en la selección del gobierno si los electores votaran acumulando la información de la que disponen, individualmente, sobre cómo lo ha hecho el gobierno saliente (el incumbente).

Además, votar ideológicamente, identitariamente o en función de las preferencias sobre la distribución divide a la población porque induce a exagerar las diferencias ideológicas, identitarias o sobre la distribución.

¿Cuál es la función de las elecciones? Popper repite: derribar pacíficamente los malos gobiernos. Las elecciones agregan la información que tienen los electores sobre el desempeño del gobierno saliente. Y en esa evaluación del desempeño del gobierno, su ejercicio de buena fe puede producir extrañas coincidencias. Un judío ortodoxo puede votar por la continuidad del gobierno actual y hacerlo junto a una mujer trans y un estalinista porque los tres coinciden en que, a la fecha de la elección, estamos mejor que cuando el actual gobierno llegó al poder. 

Los gobiernos, sabedores de que se les juzgará exclusivamente por el aumento del bienestar de la población que sus políticas consigan, no jugarán a enfrentar a unos ciudadanos contra otros y la oposición deberá ser implacable "informando" a los votantes de las cosas que ha hecho mal el gobierno. Por su lado, éste no tendrá tampoco incentivos en denigrar a la oposición, puesto que los ciudadanos no van a juzgar a ésta, sino única y exclusivamente al gobierno.

Este método de análisis - o modelo - puede aplicarse a cualquier acontecimiento histórico o político. Por ejemplo, he leído que Josep Fontana, el historiador catalán de extrema izquierda, dijo 

"Confieso que nunca he entendido que se pueda valorar del mismo modo una República que formó maestros, abrió escuelas y creó bibliotecas públicas en los pueblos, y un régimen militar fascista que asesinó a maestros, cerró escuelas y bibliotecas y quemó libros"

No sé si Fontana fue un buen historiador (no recuerdo haber leído más que un libro suyo en mi adolescencia), pero me permito dudarlo porque no parece "pensar bien". Cualquiera que lea esa frase se dará cuenta de que incurre en una falacia del falso dilema y en una petitio principii. Nadie "valora del mismo modo" a la República y al Franquismo. Ni los franquistas, si queda alguno, ni los republicanos, que quedan muchos. A la vez, Fontana omite que, bajo el gobierno de la República se quemaron - con las monjas dentro - decenas si no centenares de conventos, se asesinó a decenas de miles de inocentes sin juicio previo, entre ellos casi diez mil curas y monjas, se permitió a los socialistas y a los comunistas dar un golpe de estado (en 1934) y, finalmente, se asesinó al jefe de la oposición (entre cientos de asesinatos políticos) y se falsearon los resultados electorales. Frente a eso, el Franquismo sacó a España del subdesarrollo y eliminó el hambre y el analfabetismo por primera vez en la historia de España, generalizó la educación obligatoria y creó un sistema de asistencia sanitaria casi universal. 

¿A que cambia mucho la comparación respecto de la de Fontana? 

Por eso los Fontana no hacen ningún bien a la nación. Es preferible ser popperiano. Calvo-Sotelo puede votar contra el gobierno republicano y junto a él, Fontana puede hacer lo mismo, sin que la coincidencia obligue a considerar que Fontana se está aliando con un franquista o que Calvo-Sotelo se está aliando con un comunista. En lo que ambos coinciden - en lo que ambos necesitan coincidir - es exclusivamente en la valoración que hacen del desempeño del Gobierno republicano. Si los españoles de 1936 hubieran votado popperianamente, Franco no habría tenido necesidad de dar el golpe de estado que inició la guerra civil. Calvo-Sotelo habría sido presidente del gobierno y la República podría haberse reformado. De hecho, la enorme coalición que se formó en torno a Franco - muchos participaron en ella a regañadientes - se debió a lo único que les unía: "derribar un mal gobierno", el republicano del Frente Popular, que no se dejaba derribar pacíficamente.  

Casi cien años después, los españoles seguimos sufriendo malos gobiernos más tiempo del imprescindible porque los españoles votamos ideológica o identitariamente en lugar de valorar, simplemente, el desempeño del gobierno. Sobre el desempeño del gobierno es sobre lo que debería girar la discusión pública. 

Por suerte, - pero solo por suerte - los años 30 del siglo XXI son muy diferentes de los años 30 del siglo XX. Pero si los españoles seguimos negándonos a votar popperianamente, podemos estar contribuyendo, sin saberlo, a que aquellos malditos años se acerquen en lugar de perderse en los libros de historia. 

The Court of Justice of the European Union must put an end to the European Commission’s activism, which runs counter to the Treaties and to the welfare of Europeans

 

Bazille. Selfportrait

The European Commission appears to pursue the harmonisation of national corporate governance for the sake of harmonisation itself

Jasper Lau Hansen

In this post I explained why the approach taken by the European Commission and now by the European legislator to the liberalisation of multiple‑vote or plural‑vote shares seems to me misguided. What follows sets out a number of reasons why I believe that the Court of Justice should annul this legislation. Europe lacks the competence to regulate multiple‑vote shares in the way it has done. European regulation clearly infringes the principle of subsidiarity, and the harmonisation of national legislation for the purpose of removing obstacles or barriers to freedom of establishment—the other legal basis relied upon by the Commission—not only lacks justification in this case but is actually counterproductive: harmonisation contributes to segmenting the single market rather than eliminating barriers to the free movement of capital and, more generally, to building a single capital market in Europe. In the

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the documents Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and mediumsized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market; Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2017/1129, (EU) No 596/2014 and (EU) No 600/2014 to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises {COM(2022) 760 final} - {SEC(2022) 760 final} - {SWD(2022) 763 final}

one reads:

There is a public policy imperative for the EU to act swiftly. The policy options outlined in this impact assessment would address the issues that stakeholders have repeatedly highlighted in recent years as factors hindering EU companies’, and particularly SMEs’, access to public equity capital markets.

No other policy measure adopted in isolation by the Commission would be capable of resolving the specific problems identified in this impact assessment, which stem from a concrete regulatory failure that can only be remedied through legislative amendment of the relevant regulation.

Market developments, such as the emergence of FinTech and other recent trends in the financial services sector, are not expected to materially improve the situation with regard to the problems identified.

And what exactly is the problem that neither the market nor other Commission measures can be expected to resolve? Wait a moment. While explaining it, the Commission tells us that its proposal is the best one and that it respects the principle of proportionality because it carefully balances

the reduction of administrative burdens and increased flexibility for issuers, on the one hand, and ensuring adequate and effective investor protection as well as preserving market integrity, on the other.

Only then does the Commission address the “legal basis” for its harmonising intervention:

The legal basis of the Prospectus Regulation and of MAR is Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which confers on the EU institutions the competence to establish appropriate provisions aimed at the establishment and functioning of the internal market. Article 114 TFEU would also be relevant for the introduction of EU rules on multiple‑vote share (MVR) structures.

Why must multiple‑vote shares be regulated at European level to achieve the “establishment and functioning of the internal market”? As always, according to the Commission,

The existence of divergent rules among Member States creates an uneven playing field for companies incorporated in different Member States.

This argument, as my grandmother used to say, works “for everything and for nothing.” ("para un barrido y para un fregado"). It justifies any European intervention, because it is inconceivable that the law of 27 different States—some of them with multiple sub‑state legal systems—should be identical, just as it would be inconceivable for the official languages of the 27 States to be identical. Since the argument proves too much, it proves nothing.

The Commission must specifically justify how the existence of different national regulations within the EU regarding multiple‑vote shares (whether they are lawful or not, whether they are permitted for all public limited companies or only unlisted ones, what limits exist on their issuance and extinction, etc.) impedes the functioning of the internal (capital) market.

The Commission’s argument that “the existence of divergent rules… creates an uneven playing field for companies incorporated in different Member States” is simply nonsense —or, to put it less bluntly, fallacious. Any difference in the legal regime applicable to an Italian company as compared with a French one that affects the “price” of their shares could equally be eliminated by the European Commission on the grounds that it “creates an uneven playing field.”

Spanish, Italian or Estonian investors can choose whether to invest in an Italian or a French company and, if they were completely free to do so, they would choose the Italian company because Italian law is more investor‑friendly on points X, Y and Z, and they would choose the French company because French law is more investor‑friendly on points R, S and T. What they would really like is to invest in an Franco‑Italian company that combines everything good in Italian law and none of the bad, everything good in French law and none of the bad—and all at once.

Differences in legal regimes are unavoidable, but that does not mean that they prevent the existence of a level playing field and if they do impede a level playing field, the market will take care of it. How? Italian companies (less attractive to investors because they “suffer” from Italian law that is less favourable to investors) will receive fewer investor funds, while French companies will receive more. The result will be an efficient allocation of resources. And the Italian legislature will have incentives—if it wants to attract investment to Italian companies—to amend those Italian rules che non piacciono agli investitori. And vice versa. The Spanish legislature, observing this market evolution, will have incentives to imitate the French legislature and to “flee” from the ideas of the Italian legislature. In the long run, all legislators will have eliminated the rules most detested by investors.

What is wonderful is that the main advantage of leaving the harmonisation of national legislation to the market—and to competition among legislators—is not the one just described. There is another advantage, far more valuable for Europeans: the market will select the most efficient regulation of multiple‑voting shares—the one that investors like best. This is the default rule: “We Europeans believe in freedom.” This is not an area where there is a need to protect disabled persons, vulnerable groups or individuals unable to protect themselves. Investors know what they want, and if they like multiple‑vote shares—or dislike them—entrepreneurs and promoters of companies that appeal to the public for investment will provide multiple‑vote shares—or not. That is exactly what has happened in the United States, where freedom prevails.

Therefore, unless the European Commission argues that Italian investors cannot invest in French companies or vice versa (i.e. barriers to trade between States), harmonising the regulation is not justified by the need to build a single market. But the Commission thinks—rather, does not think—otherwise:

Indeed, companies domiciled in a Member State that prohibits multiple‑vote share structures would be required to relocate their registered office to another Member State if they wished to list with such a structure in order to comply with the law of the relevant State, thereby increasing IPO costs. By contrast, a comparable company already incorporated in a Member State that allows MVR structures would not have to incur such costs.

This is an even greater piece of nonsense (that is, another fallacy). First, one could equally say that

“companies domiciled in a Member State that prohibits multiple‑vote share structures would be required to relocate their registered office to another Member State if they wished to include such a structure in their articles of association, in order to comply with the relevant State’s law, thereby increasing incorporation costs and the costs of attracting investors who acquire shares at formation or on a capital increase.”

In other words, the Commission itself undermines the justification for the scope of application of the proposed Directive: why force States to allow multiple‑vote shares only for companies that intend to list on the stock exchange and not for all public limited companies? The level playing field is equally distorted.

A much better argument could have been made. The Commission could have said that having multiple‑vote shares is particularly valuable for listed companies (for the reasons explained here), and that a national prohibition therefore harms companies incorporated under that State’s lex societatis. In that case, however, what the Commission should do is persuade States of the merits of allowing multiple‑vote shares for listed companies, not impose anything on them—both because States have the appropriate incentives (they will not want to harm companies governed by their lex societatis) and because the Commission cannot be sure which is the best regulation of multiple‑vote shares. Determining it through negotiation involving hundreds of actors and under the devilish European decision‑making process is a bet on ending up with a three‑humped horse when we were trying to design a gazelle.

Accordingly, the Commission cannot simply claim that companies subject to one national law bear different costs from those subject to another as a justification for legislative harmonisation. It borders on impudence that this weighing of costs is done by sheer guesswork. What I mean is that it may well be more efficient to prohibit multiple‑vote shares in certain contexts and to allow them in others. For example, in countries such as Bulgaria, where agency costs in the corporate realm are assumed to be very high, a formalistic and strict imposition of the “one share, one vote” principle may be efficient because it reduces opportunities for insiders to appropriate private benefits of control. But it is certainly inefficient in Germany. And Germany, sooner or later, will “wake up” and change its legislation. Thus, prohibiting multiple‑vote shares increases the value of Bulgarian companies and reduces their cost of capital but reduces the value of German companies and increases their cost of capital. Again, European‑level harmonisation cannot be efficient when efficiency requires regulation to be adapted to local circumstances—circumstances known to the national legislator and unknown to the European legislator. And this applies, naturally, only where mandatory regulation is necessary at all.

The next Commission absurdity–fallacy is that European investors are idiots ('el Luisma es tonto') and

in some cases, due to these additional costs and considerations, companies might even choose not to list at all, that is, not to access public capital markets, thereby depriving themselves of an alternative source of funding and placing themselves at a competitive disadvantage vis‑à‑vis companies in Member States that allow multiple‑vote share structures.

The stupidity here is that the Commission seems unaware of the marginalist revolution. Ceteris paribus, the fact that Spanish law prohibits multiple‑vote shares in listed companies (while anything goes in private limited companies) merely marginally increases the cost of capital for some companies for which a plural‑vote structure would be efficient. This is because alternative—though somewhat costlier—mechanisms exist to achieve the same outcomes, such as pyramids, shareholders’ agreements, the issuance of non‑voting shares or the granting of economic privileges to shares with lower nominal value and thus lower voting power. At the same time, the prohibition may reduce the cost of capital for other listed companies for which plural‑vote shares would be inefficient because they increase agency costs.

What is incomprehensible—and here the appropriate insult is to call the European Commission hypocritical—is that Europe does not ensure that an Italian company can change its lex societatis easily and at low cost, and thus “move” freely across Europe choosing the national law that suits it best. In fact, the European Union is only justified in harmonising national law when this is a more efficient way of facilitating movement than eliminating the costs and barriers that prevent persons, goods, companies or capital from “moving” to another Member State. That is the first subsidiarity in the European Commission’s “choices.”

The Commission’s final argument is even more stupid, i.e. equally fallacious:

Finally, the growing trend for EU companies to operate cross‑border underlines the need for common European company law mechanisms, including the possibility to depart from the “one share, one vote” principle through the issuance of multiple‑vote shares. There is therefore a significant obstacle to the creation of a single market that an EU rule on MVR structures would seek to eliminate.

What does cross‑border activity have to do with the ownership structure of the company that carries out such activity? If Mercadona sells in Portugal, is it relevant whether Mercadona SL has multiple‑vote shares? The Commission’s argument verges on idiocy.

The Commission adds that

Article 50(1) TFEU and, in particular, Article 50(2)(g) TFEU may also be relevant for introducing EU provisions on MVR structures. These provisions confer competence on the EU to intervene to attain freedom of establishment with respect to a particular activity, in particular “by coordinating, to the necessary extent, the safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54 TFEU, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Union.” Recourse to this legal basis is possible where the objective is to prevent the emergence of current or future obstacles to freedom of establishment arising from divergent developments of national laws. The emergence of such obstacles must be likely and the measure in question must be designed to prevent them.

Refuting the Commission at this point seems straightforward: the regulation introduced by this Directive does not affect freedom of establishment. It affects the decision of an established company whether to go public, depending on whether the applicable law allows it to include multiple‑vote shares in its articles.

Where the European Commission becomes entirely indefensible, however, is in its argument that the legislative intervention complies with the principle of subsidiarity:

Pursuant to Article 4 TFEU, EU action to complete the internal market must be assessed in light of the subsidiarity principle enshrined in Article 5(3) TEU. According to that principle, action at EU level should only be taken where the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and therefore require intervention at Union level.

This is quite amusing:

The legislation applicable to issuers and trading venues is largely harmonised at EU level, leaving limited scope for Member States to adapt that framework to local conditions. Consequently, changes to EU legislation are necessary to achieve the desired improvements.

Indeed—but this has nothing to do with multiple‑vote shares, which are not regulated at EU level because in 2002 the European Commission quite rightly considered that legislative intervention was not justified under the principle of subsidiarity.

Moreover, EU action is more appropriate insofar as the initiative aims to support cross‑border listings and the trading of securities throughout the Union in order to further integrate and scale up European capital markets. As regards MVR structures, if no EU‑level action is taken, it is very unlikely that all Member States that currently do not allow such structures will unilaterally amend their rules in the near future and without external incentives. This is due to various factors, including historical factors, stakeholder pressures, past experiences and the fact that company law, developed over centuries, is often perceived as particularly complex. Any delay in allowing such structures across the EU would risk continuing to deprive some companies—namely those in Member States that prohibit them—of adequate financing opportunities or impose additional costs on them, ultimately pushing them to list in third countries and relocate there. Finally, even if Member States were to act, approaches could differ substantially, potentially leading to greater fragmentation.

It should be assessed whether the objectives could be better achieved through EU‑level action (the so‑called “European added value test”). Given the limited flexibility to adapt MAR and the Prospectus Regulation to local conditions, EU‑level legislative action appears to be the most appropriate means of reducing the administrative burden on companies accessing public markets. By virtue of its scope, EU action could reduce administrative burdens for issuers while safeguarding market integrity and investor protection, thus ensuring a level playing field.

For a refutation of these arguments I refer to this post, which excerpts a paper by Jesper Lau Hansen that I consider “devastating”: this Directive is not about securities markets. It is about corporate governance, and the EU has no competence over corporate governance unless it derives from the realisation of the freedoms of movement and the removal of obstacles to the single market. Hansen’s distinction between the single capital market and the regulation of company law concerning corporate governance is decisive. The Commission is obliged to remove barriers preventing a Portuguese investor from investing savings in a Danish company, but it lacks competence to guarantee anyone that the public limited company in which they are a shareholder may issue shares with enhanced voting rights. That decision—whether company law should allow or prohibit plural‑vote shares—belongs to the States, and the EU needs a specific legal title to assume competence in this area.

The European Company Law Experts Group (ECLE) said in the same vein

In light of recent developments aimed at opening up other Member States—particularly France and Germany—to plural‑vote shares, under conditions adapted to local circumstances and the characteristics of different markets, doubts intensify both as to the very appropriateness of the European proposal and its genuine added value in terms of making Europe more attractive as a listing venue, as well as the legitimacy of this Union interference in national corporate governance. If its main objective is to enhance the attractiveness of European markets, rather than to reduce intra‑European regulatory arbitrage, the proposal should be reconsidered in light of the effects it produces and its drawbacks vis‑à‑vis the process of progressive opening that is already underway.

In reality, the authors of the Directive seem caught in a dilemma. Either the Directive merely introduces a new freedom in those Member States that have so far prohibited it, leaving them free to determine the conditions for the use of MVSS, in which case its added value is practically nil given the current situation and ongoing national developments; or the Directive primarily seeks to impose mandatory minimum safeguards on companies adopting MVSS, thereby becoming a factor of rigidity and constraint within the Union, far removed from its original objective and from entrepreneurs’ expectations. In the latter case, the proposal’s main merit would lie exclusively in its very existence, insofar as the more reluctant Member States might interpret it as an additional—if not decisive—step towards accepting the inevitability of authorising a mechanism that, in just a few years, has become an essential feature of modern markets worldwide. If so, the Directive would have exhausted its practical usefulness even before its enactment.

The work by Hopt and Klauss is purely descriptive, but they welcome the Directive and its requirements, even though they would have liked them to be stricter. They also discuss whether plural‑vote shares might contravene EU primary law—which is absurd, as it equates voting or veto privileges granted to States or public authorities with contractual arrangements freely agreed by private parties when incorporating a public limited company.

It is surprising to read something like this (p. 34):

Despite the number of good reasons that may justify authorising plural‑vote shares, they may also produce negative effects and entail risks. The disciplining force of the IPO market does not appear sufficient to ensure optimal corporate governance where plural voting rights exist. Therefore, for the legislator, the most likely and reasonable option will tend to be to authorise plural‑vote structures as a general matter, but subject to limits and safeguards in favour of other shareholders in listed companies. The fact that no reliable empirical results exist as to whether such restrictions and safeguards actually fulfil their purpose, and that some authors harbour fundamental doubts about their usefulness, does not undermine this conclusion.

Despite the good reasons that may justify authorising plural‑vote shares, they may also produce negative effects and entail risks. Although the IPO market may reflect, to some extent through pricing, the presence of certain statutory clauses, that market discipline does not seem sufficient to ensure that companies adopt a socially optimal corporate‑governance configuration at the time of listing. It does not follow, however, that it is automatically justified to restrict contractual freedom through limits and safeguards in listed companies: such intervention requires additional justification, especially if there are no reliable empirical results on the effectiveness of those restrictions and safeguards, or if there is significant doctrinal controversy regarding their usefulness.

In any event, the Hopt-Klauss paper is worth reading because it reports other absurdities of the Directive. For example, its scope of application is so narrow—only companies listing on alternative markets (such as Madrid’s MAB)—that its practical effects are very limited. Around twenty European countries currently have an alternative stock market structurally comparable to the MAB, and the vast majority already allow or are in the process of allowing plural‑vote shares in that segment, which explains doctrinal doubts about the Directive’s real added value when it is, by default, limited to alternative markets.

Hopt and Klauss’s views are unsurprising when one compares the content of the Directive with the German Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG), which introduced a new provision into the Stock Corporation Act shortly before the Directive was adopted. Once again, Germany appears to have imposed its conception of both the public limited company and the listed public limited company on the rest of Europe, while other countries have merely sought to make the result as optional as possible—casting doubt on the harmonising effectiveness of the new European legislation.

Finally, I would like to recall that the same European Commission refused to regulate multiple‑vote shares in 2007 because it considered that it lacked the competence to do so (see Shearman & Sterling, Proportionality between ownership and control in EU listed companies: Comparative legal study, 18 May 2007, and the 2016 study by the same firm with ECGI), but what it really rejected was extending the “one share, one vote” principle to all of Europe as a mandatory rule. And just as the Commission then lacked the power to impose that principle, it now lacks the competence to prohibit States from imposing it mandatorily on companies subject to their lex societatis.

And alas! it was the Spanish presidency that pushed the Directive through.