La modificación de la Ley de Morosidad incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible afecta, básicamente, a dos aspectos: la inclusión de las Administraciones Públicas como deudores y a los acreedores que sean PYMES o trabajadores autónomos. A éstos se les fijan periodos máximos de cobro más breves. Dos efectos posibles de tal cambio normativo. Primero, que se elevan los costes de los deudores para identificar a sus acreedores (no pueden tener reglas de pago idénticas para todos). Segundo, que se hace más costoso - no se pueden pactar plazos más largos - contratar con PYMES con lo que el resultado puede ser contrario al pretendido: los compradores preferirán, ceteris paribus, no contratar con una PYME.
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1 comentario:
Según resulta del Proyecto de Ley, en el caso de las empresas la disminución del plazo de cobro se hace siempre y cuando "no haya pacto en contrario". Así que me temo que todo quedará en agua de borraja: se cambia para seguir igual...pero, ¿y la buena propaganda que eso da?
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