Caco Senante ha sido absuelto. Mejor dicho, la Audiencia Nacional ha sobreseído provisionalmente la causa contra él. Se le acusaba – por un juez de instrucción – de haber malversado fondos de la SGAE. En concreto, de haberse hecho pagar una cantidad de dinero por servicios prestados a la SGAE de forma irregular (el contrato correspondiente no fue aprobado por el Consejo de Administración de la SGAE) y de haber hecho incurrir a la SGAE en un gasto – 20.000 euros por un instrumento musical para colocarlo en la sede canaria de la SGAE – que parece desproporcionado. Un gran columnista – Rafael Latorre – nos llama la atención sobre la “pira” en la que, a menudo, se coloca a individuos que luego resultan absueltos por los tribunales penales y la diferente repercusión que tiene la imputación y el procesamiento en comparación con la absolución.
¿Es Caco Senante inocente? De los delitos de “falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta” obviamente sí. Lo ha dicho un tribunal competente para decir tal cosa. Se acabó la historia. Pero ¿es inocente Caco Senante ante los ojos de sus conciudadanos? Bueno, la cosa es mucho más dudosa. Por ejemplo, si yo fuera el compliance officer de la SGAE, habría puesto objeciones tanto a la contratación del Sr. Senante por la SGAE como a la adquisición del timple canario de 20.000 euros. Hubiera exigido, para permitir la ejecución de ambos contratos que, por parte de los gestores de la SGAE y amigos del Sr. Senante, se hubiera documentado su contratación y se hubiera hecho aprobar formalmente por el Consejo de Administración y que en el acuerdo correspondiente se explicase por qué contratar al Sr. Senante es lo mejor que podía hacer la SGAE con esos casi 50.000 euros. Si el Sr. Senante es amigo de Teddy Bautista, con más razón, puesto que puede haber sospechas de que el segundo estaba haciendo un favor a su amigo con fondos de la SGAE. Bautista no documentó el contrato con Senante y no lo hizo aprobar formalmente por el Consejo de la SGAE. Y, en cuanto al timple, un precio semejante debería obligar a seguir un procedimiento especialmente escrupuloso para asegurar que la SGAE no había pagado de más. Unos peritos judiciales valoraron el instrumento en 3.000 euros y no hay ni rastro de que Senante y Bautista siguieran un procedimiento para adquirirlo que hubiera permitido asegurar que era el mejor precio que podía conseguirse en el mercado.
De modo que Senante no es culpable de un delito de administración fraudulenta pero tampoco es inocente. Y menos Teddy Bautista. ¿Debemos pensar bien de Senante y de Bautista? No. ¿Debemos meterlos en la cárcel? Tampoco. ¿Deberían los medios limitarse a informarnos de estas historias sólo cuando tengamos una decisión definitiva de los tribunales penales? No. ¿Mancha la reputación y el honor de una persona el hecho de ser objeto de un procedimiento penal? Sí. Pero es algo que, salvo el caso de jueces vengadores que deben ser apartados de la carrera, es una consecuencia inevitable de la saludable persecución de los delincuentes. Los sistemas de control social no se limitan al Derecho Penal. Empiezan con el cotilleo, continúan con la religión, la moral etc y acaban con la hoguera de la Inquisición. Esta última, afortunadamente, ha sido sustituida por procedimientos penales llenos de garantías. Lo que no podemos ni queremos evitar es que, si alguien se mete en un lío y resulta beneficiado (directa o indirectamente, personal o políticamente) por ese “lío”, haya un juez que investigue. Y Senante no es político. Si ocupara un cargo público, debería haber dimitido desde el momento de la imputación. El problema es mucho más gordo cuando un particular, sin beneficio personal, se ve envuelto en un escándalo. A veces acaba en tragedia.
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