jueves, 4 de julio de 2024

La Conjura contra España (LXXVIII): lecciones de "la cartilla de racionamiento pornográfica"

Montano ha definido la ocurrencia feminista 2.0 del ministro-cura preconciliar Escrivá como la implantación de una "cartilla de racionamiento pornográfica". El ministro ha pedido a los españoles adultos que "hagan un pequeñín esfuerzo" y limiten el número de pajas que se hacen al mes viendo porno. 

Estoy seguro de que esto le parecerá muy bien a las feministas 2.0 - que votan al PSOE o a Sumar o a ERC o a Bildu o al BNG - y para las que la libertad de los demás puede cercenarse siempre que sea necesario para salvaguardar cualquier otro interés suficientemente 'progresista', por muy incomprobada que esté la eficacia de tales restricciones para conseguir el objetivo perseguido. 

Sánchez nos metió en casa por más tiempo y con más dureza que nadie (excepto China) y nos obligó a llevar mascarillas por la calle cuando nadie lo hacía en un evidente abuso de poder que ha quedado impune, como tantos otros que ha perpetrado. Pero era por nuestra salud. ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién va a estar en contra de que se exija una verificación de edad para acceder a páginas porno si con ello evitamos que un adolescente, un solo adolescente, se mate a pajas y acabe teniendo que ir al psiquiatra? ¿Cómo se puede ser tan desalmado - nos dice el malevolente Escrivá - para no hacer un "pequeñín esfuerzo" que va a proporcionar unos resultados tan beneficiosos socialmente? 

Que todas estas preguntas sean retóricas y que la respuesta correcta sea que no hay ninguna prueba de que el porno esté dañando la salud mental de los adolescentes españoles (las que están peor son las chicas y no es por consumir porno) es irrelevante porque lo único que cuenta es que Escrivá y las feministas 2.0 puedan escribir en el BOE que esto se hace por una 'buena causa'. 

Que la norma sea discriminatoria porque afecta mucho más a los hombres que a las mujeres también es irrelevante porque con este Tribunal Constitucional, no hay ninguna posibilidad que una norma que perjudica, de facto, más a los hombres que a las mujeres sea considerada inconstitucional. 

Pero sobre todo, ¿cómo fiarnos de Escrivá y de Sánchez cuando dicen que el gobierno no se queda con ninguna información de los ciudadanos sobre este asunto? Parece que un adolescente ha sido capaz de hackear la DGT. Pero Escrivá pide que confiemos en la Administración. Y yo no me fío de Escrivá. Ni me fío de la señora Cabanillas (la directora general de la cosa) como no me fío de las hermanas Pardo de Vera. Y tampoco me fío de la jefa de prensa de Carmen Calvo. Y no me fío de Conde-Pumpido ni de García Ortiz ni, por supuesto, de Sánchez ni de ninguno de sus ministros y ministras. Todos ellos, incluido el inocuo ministro de agricultura han demostrado que el interés personal de Sánchez está por delante del interés general. Todos ellos han demostrado que no son de fiar y su conducta indica que los datos de millones de españoles sobre sus idas y venidas en internet pueden acabar en manos de extorsionadores cuando no 'hacerse públicos' por error. 

Escrivá no ha leído este artículo, publicado hace algunos años y que explica perfectamente por qué hoy las páginas porno son muy seguras. Las empresas Visa y Mastercard controlan el contenido de las páginas de pornografía mejor que nadie y sin coste alguno para el contribuyente. Gracias a VISA y Mastercard no hay troyanos o virus en las páginas porno ni se aloja en ellas contenido prohibido (menores etc). 

La eficacia de la Administración en proteger a los menores está comprobada. No es necesario poner vínculos. Basta con poner los nombres de dos grandes feministas 2.0, Armengol y Oltra, para acceder a historias de terror sobre menores prostituidas bajo la tutela de las Comunidades Autónomas. Además, la Administración es incapaz de controlar a unos pocos miles de menores no acompañados que campan por las tierras de España sin oficio ni beneficio y, algunos de ellos, cometen delitos muy graves, especialmente en Barcelona. 

Que los menores no accedan a páginas prohibidas para ellos es responsabilidad de sus padres. Hay padres que pueden creer que su hijo debe entrar en esas páginas y confían en que sabrá hacer un uso no dañino y no desean 'acompañarlo' en esa experiencia como no llevaba su abuelo a su padre al burdel para que lo desvirgaran. Es cosa de los padres controlar 'las conductas de riesgo' de sus hijos. No de la Administración. Es cosa de los padres comprarles o dejarles utilizar el móvil o un ordenador con acceso a internet. Es cosa de los padres apagar la wifi cuando el adolescente esté solo en casa. 

Si los padres no son capaces de controlar el acceso de su hijo a páginas porno y consideran que ese acceso puede afectar a su bienestar físico o mental, lo que deben hacer esos padres es entregar la custodia de su niño a la Administración porque, evidentemente, no están capacitados para ser padres y madres. Lo mismo que hacían esas pobres madres con sus hijos drogadictos (y, a menudo, esquizofrénicos) que les robaban y golpeaban. Sólo a alguien que tiene alma de cura preconciliar - un alma que tienen muchas feministas 2.0 - se le ocurre que, para dificultar el acceso a páginas porno a los menores, hay que imponer una cartilla de racionamiento a los adultos.

Lo que podría hacer Escrivá, si quiere ayudar a los padres, es multiplicar por siete - para igualarnos a Francia - las ayudas a las familias con hijos. El dinero para hacerlo está ahí: sólo hay que reducir las pensiones. 

Como todas las feministas 2.0, Escrivá no tiene en cuenta que la medida que propone afecta al núcleo del derecho a la intimidad y a la vida privada de los españoles. Las niñas de 16 no tienen que contar a sus padres que van a abortar pero los adultos tienen que demostrar su edad para acceder a contenido que el Ministro considera perjudicial para la salud mental de los adolescentes ¿No ha pensado, por un momento, que ningún país ha puesto en marcha algo semejante? No. Al contrario, están orgullosos de ello porque significa que, una vez más, somos "pioneros" en algo. Y el problema es que, con este Tribunal Constitucional, los españoles no tenemos quien nos proteja de las medidas progresistas que cercenan nuestros derechos. 

Muchos españoles - entre ellas las feministas 2.0 - siguen creyendo justificado restringir la libertad individual alegando cualquier objetivo que "suene bien". Pero lo que está pasando en Francia, en Italia, en Nueva Zelanda y en los EE.UU. debería ponerles sobre aviso. Los que ahora son minoría, serán mayoría algún día (si Sánchez no acaba con la democracia antes) y exigirán a 'su' gobierno que reaccione y destruya toda la obra del gobierno 'progresista'. Y lo que es peor: los que dirijan ese gobierno no serán individuos moderados y de centro como Feijoo o Macron. Serán, más bien, gente como Milei o Le Pen o Trump en los EE.UU. Porque esos votantes que confiaron en Feijoo o Macron para derribar al gobierno que no les gustaba, comprobaron con disgusto que el nuevo gobierno no deshizo lo que había hecho el anterior. Rajoy no desmontó la política autonómica, lingüística, educativa, exterior y ética que había ejecutado Zapatero a sabiendas de que buena parte de sus votantes estaban en contra de ella. Feijoo no podrá 'hacerse un Rajoy' si no quiere que el próximo presidente del Gobierno sea alguien más parecido a Le Pen que a Macron.

No hay comentarios:

Archivo del blog