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jueves, 28 de agosto de 2014

Microentrada: por qué las concesiones de recogida de basuras deberían darse exclusivamente a cooperativas

Los contratos municipales por los que se encarga a una empresa privada la recogida de basuras y la limpieza de las calles son el ejemplo más señero de diseño institucional favorecedor de la corrupción. De hecho, si se investigara la concesión de basuras de nuestros ayuntamientos, apostaría a que se encontraría un porcentaje de sobornos a los partidos políticos o a altos funcionarios en una medida muy superior a la que encontramos en otros sectores de la contratación pública. No hay que recordar que la mayor red de corrupción en Levante – me refiero a la de Alicante y en la que están implicados la alcaldesa, el ex-presidente de la Diputación Provincial y un constructor-empresario llamado Ortiz – se organizó en torno a las concesiones de basura – Orihuela –; en el caso Gurtel, aparece un soborno pagado por una constructora al PP de Toledo para que modificase las condiciones de la concesión.

Por otro lado, las huelgas protagonizadas por los empleados de las compañías concesionarias han sido muy llamativas y han causado graves perjuicios a los ciudadanos – Madrid, Lugo – y un deterioro de la calidad del servicio. Para atender las reclamaciones de los trabajadores, las empresas, simplemente, han reducido el número de empleados que limpian porque los ayuntamientos no han estado dispuestos a aumentar el canon que pagan a las empresas. Entre la espada (de las reclamaciones de los trabajadores) y la pared (de la cuantía del canon pagado por los ayuntamientos), las empresas se limitan a reducir la calidad del servicio que prestan transfiriendo el ahorro de costes a los salarios de los trabajadores. De modo que, a largo plazo, la calidad del servicio depende exclusivamente de la cantidad de dinero que el Ayuntamiento quiera o pueda gastarse en limpieza y de los salarios de los trabajadores.
Esto es así porque estas empresas no son mas que sus trabajadores y unas máquinas. Es más, las normas sobre sucesión de empresas obligan al nuevo concesionario a contratar a los trabajadores que venían prestando el servicio para la antigua concesionaria.
Todo lo cual conduce a la conclusión de que no hay ganancia de eficiencia alguna en que el titular residual de estas empresas sea el que aporta el capital y la gestión a la misma. En nuestro país, las grandes empresas constructoras. Gestionar la limpieza de una ciudad no requiere ni de grandes aportaciones de capital ni de talento gestor. Es, simplemente, asegurarse de que los basureros hacen su trabajo. Exactamente lo mismo que hace el franquiciatario de un McDonalds respecto de los empleados de su establecimiento o lo mismo que hacen las encargadas de tienda de Zara. Y, para ser basurero, tampoco hace falta una formación especial ni habilidades extraordinarias, de manera que el proceso de selección de los empleados no parece que aporte demasiado valor.
¿Cómo podemos reducir la corrupción y aumentar la eficiencia del servicio de limpieza?
Una solución organizativa pasa por atribuir las concesiones correspondientes exclusivamente a empresas con forma de cooperativa de trabajo asociado. Si el principal y casi exclusivo input de estas empresas es el trabajo de los basureros y la financiación de la maquinaria necesaria es fácil de obtener una vez que se le ha otorgado la concesión a la cooperativa correspondiente, el Ayuntamiento debería organizar un concurso al que sólo pudieran presentarse cooperativas de trabajadores.
Las cooperativas presentan dos grandes ventajas como concesionarias respecto a las empresas capitalistas. La primera es que la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores deberá hacerla el propio Ayuntamiento cuando decide a quien otorga la concesión. Como la empresa no tendrá otros ingresos que el canon municipal, los trabajadores de la cooperativa decidirán cuánto quieren ganar y formularán su oferta en función de tal preferencia y su disposición a trabajar. La segunda es que se eliminan las posibilidades de chantaje, esto es, de modificación de las condiciones de la concesión durante la duración de ésta. Los socios de una cooperativa no tienen derecho de huelga de manera que si se niegan a recoger la basura, el Ayuntamiento podrá rescindir la concesión. Por otro lado, no hay un empresario que se lleve nada por un trabajo que no aporta realmente valor. Es más, es mucho más probable que el empresario sea un corrupto y que se reparta la ganancia que obtiene al lograr la concesión con empleados o políticos municipales.
En pocos años, los trabajadores del sector se habrán organizado para presentarse a los concursos correspondientes y retendrán todos los beneficios que logren “extraer” al Ayuntamiento. Naturalmente, el Ayuntamiento, velando por los intereses de sus vecinos que pagan los impuestos correspondientes, elegirá, entre las cooperativas que se presenten a los concursos, aquella que ofrezca las mejores condiciones y relación calidad-precio.
La corrupción es más difícil porque cabe esperar un mayor nivel de vigilancia por parte de los trabajadores-socios que por parte de los accionistas de la constructora cuya filial de servicios urbanos presta tales servicios y el dinero de la corrupción “sale” de los salarios de los trabajadores que, en consecuencia, estarán más atento a lo que hagan los dirigentes de la cooperativa. Por otra parte, cabe esperar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores puesto que retendrán todo lo que pague el Ayuntamiento y, en fin, cabe suponer que los trabajadores que son dueños de la empresa tendrán mejores incentivos – aunque sean leves – para trabajar duro y para vigilar que sus compañeros-consocios lo hagan.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Sr. Alfaro, una reflexión al hilo de su entrada: ¿cree que los factores que alientan la corrupción en estas contratas pueden influir también en que se den un mayor número de prácticas anticompetitivas que en el resto de la economía?
Al fin y al cabo, la competencia parece reducida en el sector, debido a la elevada concentración (copado por filiales de grandes constructoras) y a la proliferación de UTEs (de hecho, le agradecería que un día publicase una entrada sobre reflexiones que le merecen las UTEs desde el punto de vista de la legislación de la competencia). Cabría pensar que si las empresas del sector se prestan a la corrupción, a fortiori se mostrarían proclives a repartos anticompetitivos.
No en balde la CNMC está investigando el sector por esta cuestión
http://cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=S/0429/12&ambito=Conductas&p=0

JESÚS ALFARO AGUILA-REAL dijo...

Sin duda. Es probable q haya acuerdos de reparto de mercados. Es típico en el public procurement que haya bid rigging y corrupción al mismo tiempo

Simón dijo...

Buenos días, Don Jesús, soy @OrcishOzu.
Varias ideas:
¿Qué características tienen los contratos municipales de gestión de basuras? Que un agente (político) encarga a un tercero (concesionaria) un servicio para un principal (ciudadano) que además lo paga. La única manera que este esquema no favorezca la corrupción es maximizar la rendición de cuentas y profesionalizar al agente.

Las concesionarias, entre los trabajadores y la administración, lo que hacen no es necesariamente bajar la calidad del servicio sino aumentar la productividad, sustituyendo trabajadores por inversión. La dificultad para hacerlo viene, cómo no, de las indemnizaciones por despido y del personal subrogado. Un pliego con canon decreciente (más dinero el primer año, y menos cada renovación) podría solucionar este problema, siempre que el agente (político) fuera consciente de que se va a comer una huelga y quiera afrontarlo.
La calidad no está condenada, sólo sujeta a la “extorsionabilidad” del político.

Dices que “estas empresas no son mas que sus trabajadores y unas máquinas”. Rotundamente errado. Cuando vayas a un hipermercado pregunta por el responsable de cajas. Conocerás a uno de los más hábiles profesionales del encaje de bolillos en la confección de plantillas.
Máxime cuando los trabajadores ya tienen experiencia en la subrogación e incentivos para “castigar” y “domar” a la empresa entrante con bajas IT e incidencias de todo tipo (los días de asuntos propios tomados con malicia pueden ser devastadores; imagina Pamplona un 6 de julio).

“Exactamente lo mismo que hace el franquiciatario de un McDonalds” Mira un ejemplo.

Las cooperativas presentan dos grandes inconvenientes como concesionarias. La primera es que, o bien está sin constituir todavía, en cuyo caso no podrá acreditar experiencia y buen desempeño, o bien ya tiene unas condiciones laborales cerradas. La segunda es que los trabajadores de la cooperativa son altamente tendentes a descapitalizar la empresa y a expulsar el talento, como han demostrado largamente. ¿Ves las implicaciones?

Dices que con una cooperativa “se eliminan las posibilidades de chantaje”, pero solo contemplas como chantaje la huelga, obviando que se puede extorsionar al agente (político) de muchas maneras.

“Es más, es mucho más probable que el empresario sea un corrupto y que se reparta la ganancia que obtiene al lograr la concesión con empleados o políticos municipales.”
¿De verdad piensas que una cooperativa no puede desarrollar corrupción en su seno?

En resumen, no veo la cooperativa ni como factible ni como panacea ante la corrupción en los servicios municipales.

JESÚS ALFARO AGUILA-REAL dijo...

No hay suficiente competencia entre los concesionarios-empresarios y la competencia es tóxica porque el que gana es el más corrupto. Pasa en mercados de subastas como estos. No digo q no pueda haber corrupción en cooperativas. Digo q los empresarios de la construcción son los más corruptos del mercado porque el corrupto gana más.

Fíjate en Mercadona y su política laboral. En ese mercado, - el de los supermercados - la competencia es atroz, no hay barreras de entrada enormes. En estas empresas es fundamental la motivación de los trabajadores porque los trabajadores son los peor pagados del mercado. Por eso en franchising le pones al "jefe" en el cogote o pagas muy bien - Zara - a los encargados de cada tienda.

El ayto puede dividir el contrato por zonas (comparación) y lograr así una reducción de barreras de entrada a formas cooperativas. No hay tantas economías de escala y la inversión en maquinaria puede ser excesiva.

Grandes argumentos! da gusto. Muchas gracias.



Simón dijo...

Gracias por el halago, Don Jesús. La idea es interesante, pero cuantas más vueltas le doy más problemas le encuentro.

“No hay suficiente competencia entre los concesionarios-empresarios”
Absolutamente de acuerdo. Vayamos a Porter y veamos las barreras de entrada del mercado. Cogemos el pliego de cualquier concurso público para la limpieza viaria y miramos los criterios de acreditación de solvencia técnica y económica (he visto pliegos que exigían hasta las matrículas de los vehículos que iban a ser adscritos al servicio)... Las barreras (y la corrupción) se generan en la cocina de los pliegos, no después.

“Digo q los empresarios de la construcción son los más corruptos del mercado porque el corrupto gana más.”
Y, si tal cosa es cierta, curiosamente se dirigen hacia los servicios de limpieza viaria… ¿No será que perciben esa diversificación como la más cercana a su actividad principal? ¿No será que el urbanismo (corrupto) depende de los ayuntamientos… al igual que las concesiones de limpieza viaria?

Por otro lado, las barreras de entrada en la gran distribución de alimentación son altísimas. Imagina el tamaño de compra que se necesita para tener proveedores dedicados como Mercadona. Imagina el volumen de inversión necesario para las plataformas logísticas y los puntos de venta. Con todo ello, su adaptabilidad es muy baja y su rentabilidad, de miseria.

Por último, la partición del contrato por zonas (impidiendo economías de escala y obteniendo un servicio más caro). Solo sería realmente eficaz impidiendo las picas a varios lotes (práctica restrictiva de la competencia) conculcando los “principios rectores de la contratación”.

Entiendo el objetivo de lo que planteas, pero he vivido algo similar la transformación de encomiendas de servicios y concesión de servicios a concursos exclusivamente dirigidos a organizaciones de atención a la discapacidad y eran la locura quedando generalmente desiertos. Esa transformación, además, no se hacía por corrupción o convencimiento del responsable político de turno sino para cumplir la ley 30/2007; resultaba un fracaso igual.

En resumen, ni económicamente le veo verdadera utilidad ni encuentro encaje jurídico a esa restricción (aunque desde luego en esto último puedo patinar).

Un abrazo

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