Microentrada: por qué las concesiones de recogida de basuras deberían darse exclusivamente a cooperativas

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Los contratos municipales por los que se encarga a una empresa privada la recogida de basuras y la limpieza de las calles son el ejemplo más señero de diseño institucional favorecedor de la corrupción. De hecho, si se investigara la concesión de basuras de nuestros ayuntamientos, apostaría a que se encontraría un porcentaje de sobornos a los partidos políticos o a altos funcionarios en una medida muy superior a la que encontramos en otros sectores de la contratación pública. No hay que recordar que la mayor red de corrupción en Levante – me refiero a la de Alicante y en la que están implicados la alcaldesa, el ex-presidente de la Diputación Provincial y un constructor-empresario llamado Ortiz – se organizó en torno a las concesiones de basura – Orihuela –; en el caso Gurtel, aparece un soborno pagado por una constructora al PP de Toledo para que modificase las condiciones de la concesión.

Por otro lado, las huelgas protagonizadas por los empleados de las compañías concesionarias han sido muy llamativas y han causado graves perjuicios a los ciudadanos – Madrid, Lugo – y un deterioro de la calidad del servicio. Para atender las reclamaciones de los trabajadores, las empresas, simplemente, han reducido el número de empleados que limpian porque los ayuntamientos no han estado dispuestos a aumentar el canon que pagan a las empresas. Entre la espada (de las reclamaciones de los trabajadores) y la pared (de la cuantía del canon pagado por los ayuntamientos), las empresas se limitan a reducir la calidad del servicio que prestan transfiriendo el ahorro de costes a los salarios de los trabajadores. De modo que, a largo plazo, la calidad del servicio depende exclusivamente de la cantidad de dinero que el Ayuntamiento quiera o pueda gastarse en limpieza y de los salarios de los trabajadores.

Esto es así porque estas empresas no son mas que sus trabajadores y unas máquinas. Es más, las normas sobre sucesión de empresas obligan al nuevo concesionario a contratar a los trabajadores que venían prestando el servicio para la antigua concesionaria.

Todo lo cual conduce a la conclusión de que no hay ganancia de eficiencia alguna en que el titular residual de estas empresas sea el que aporta el capital y la gestión a la misma. En nuestro país, las grandes empresas constructoras. Gestionar la limpieza de una ciudad no requiere ni de grandes aportaciones de capital ni de talento gestor. Es, simplemente, asegurarse de que los basureros hacen su trabajo. Exactamente lo mismo que hace el franquiciatario de un McDonalds respecto de los empleados de su establecimiento o lo mismo que hacen las encargadas de tienda de Zara. Y, para ser basurero, tampoco hace falta una formación especial ni habilidades extraordinarias, de manera que el proceso de selección de los empleados no parece que aporte demasiado valor.

¿Cómo podemos reducir la corrupción y aumentar la eficiencia del servicio de limpieza?

Una solución organizativa pasa por atribuir las concesiones correspondientes exclusivamente a empresas con forma de cooperativa de trabajo asociado. Si el principal y casi exclusivo input de estas empresas es el trabajo de los basureros y la financiación de la maquinaria necesaria es fácil de obtener una vez que se le ha otorgado la concesión a la cooperativa correspondiente, el Ayuntamiento debería organizar un concurso al que sólo pudieran presentarse cooperativas de trabajadores.

Las cooperativas presentan dos grandes ventajas como concesionarias respecto a las empresas capitalistas. La primera es que la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores deberá hacerla el propio Ayuntamiento cuando decide a quien otorga la concesión. Como la empresa no tendrá otros ingresos que el canon municipal, los trabajadores de la cooperativa decidirán cuánto quieren ganar y formularán su oferta en función de tal preferencia y su disposición a trabajar. La segunda es que se eliminan las posibilidades de chantaje, esto es, de modificación de las condiciones de la concesión durante la duración de ésta. Los socios de una cooperativa no tienen derecho de huelga de manera que si se niegan a recoger la basura, el Ayuntamiento podrá rescindir la concesión. Por otro lado, no hay un empresario que se lleve nada por un trabajo que no aporta realmente valor. Es más, es mucho más probable que el empresario sea un corrupto y que se reparta la ganancia que obtiene al lograr la concesión con empleados o políticos municipales.

En pocos años, los trabajadores del sector se habrán organizado para presentarse a los concursos correspondientes y retendrán todos los beneficios que logren “extraer” al Ayuntamiento. Naturalmente, el Ayuntamiento, velando por los intereses de sus vecinos que pagan los impuestos correspondientes, elegirá, entre las cooperativas que se presenten a los concursos, aquella que ofrezca las mejores condiciones y relación calidad-precio.

La corrupción es más difícil porque cabe esperar un mayor nivel de vigilancia por parte de los trabajadores-socios que por parte de los accionistas de la constructora cuya filial de servicios urbanos presta tales servicios y el dinero de la corrupción “sale” de los salarios de los trabajadores que, en consecuencia, estarán más atento a lo que hagan los dirigentes de la cooperativa. Por otra parte, cabe esperar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores puesto que retendrán todo lo que pague el Ayuntamiento y, en fin, cabe suponer que los trabajadores que son dueños de la empresa tendrán mejores incentivos – aunque sean leves – para trabajar duro y para vigilar que sus compañeros-consocios lo hagan.