Microentrada: la hora de las metarreformas

Zapatos Viejos, de Hector Lombana, Cartagena de Indias.

La encuesta sobre valores que realizó la fundación del BBVA en diez países europeos dejaban a España en una posición peculiar: los españoles somos los más anticapitalistas de Europa, los que más intervención pública – de gasto y de regulación – exigimos y los que menos confiamos en nuestras fuerzas individuales para organizarnos la propia vida. A la vez, somos el país que más desconfía de los políticos que, se supone, son los que tendrían que garantizarnos ese nivel de vida aceptable con independencia de lo que nos esforcemos por lograrlo.

La explicación de todo esto se encuentra en que somos unos votantes muy racionales. Los de izquierda quieren más servicios públicos universales, menos impuestos para ellos mismos y más impuestos para los demás (para saber quiénes son los demás, lea lo que se dice a continuación). Los de derechas quieren iguales servicios públicos a los actuales con recortes para los que no votan o no se encuentran entre sus amistades, menos impuestos para todos, pero, especialmente, menos impuestos para ellos (más impuestos sobre el consumo y menos impuestos sobre la renta, capital, sociedades y sucesiones). Cuando gana la izquierda tenemos lo primero y, cuando gana la derecha, lo segundo. El problema es que ninguno de los dos garantiza la financiación de esas políticas sin incurrir en grandes déficit públicos que se financian como se puede, pero sobre todo, con inflación, es decir, imprimiendo dinero.

Esta estrategia tiene un límite y, cada cierto tiempo, España quiebra. Como la quiebra no está bien vista en países mínimamente serios, los expertos se dirigen al que gobierna cuando la quiebra acecha y se adoptan medidas revolucionarias en lugar del default. Franco lo hizo en 1959 después de 20 años de postguerra y autarquía, control de la vida económica de la gente, impresión de pesetas a discreción… Cuando la falta de divisas amenazaba con paralizar – literalmente – el país porque no se podía importar petróleo. De 1959 a 1973 vivimos y nos hicimos ricos gracias al Plan de Estabilización. Otro shock en 1973 condujo a los Pactos de la Moncloa de los que vivimos hasta las reformas felipistas de 1985, de ahí fuimos tirando hasta la crisis de principios de los 90 y, por fin, con la entrada en el euro, hasta la burbuja que estalla en 2007.

Si algo prueba esta historia es que de las crisis sólo hemos salido bien con grandes reformas

Las reformas que tenía que hacer Franco eran fáciles. Estaba todo mal, desde el punto de vista de la teoría económica, de manera que cualquier asesor medianamente culto podía decirle al bruto general lo que había que hacer. Y, como Pinochet muchos años más tarde, el general se dio cuenta – hasta ahí llegaba – de que o hacía caso a los expertos, o su régimen caería. Lo propio en la transición democrática y lo propio con Felipe González, que era bastante más listo que los anteriores (Aznar no hizo ninguna gran reforma económica).

El problema de Rajoy (al margen de las urgencias) es que las reformas más obvias ya no se pueden hacer, porque están hechas. La economía española es una economía muy abierta al exterior, de modo que hay poco que hacer por ahí. El Gobierno tampoco controla la moneda ni, por tanto, puede recurrir a imprimir dinero para pagar las querencias de los votantes españoles y, aunque les pese a los de izquierdas, tampoco tiene la más mínima posibilidad de convencer a los del norte de Europa para que le dejen hacerlo. Y, en España, las instituciones que garantizan que los contratos se cumplen, que se respeta la propiedad privada, esto es, que garantizan la seguridad jurídica, existen con una efectividad semejante a la de otros países de nuestra renta per capita. Desde la Administración de Justicia a la Administración a secas pasando por escuelas y hospitales. Las cosas funcionan y no lo hacen del todo mal. También existe un elefantiásico sistema de protección de los ciudadanos frente a la violencia. España es uno de los países más seguros del mundo y con más policías por habitante del mundo.

Esto significa que, como no estamos tan mal, no podemos hacer las reformas que nos sacarían del subdesarrollo. Porque ya las hemos hecho.

¿Cuáles son las reformas que los expertos recomendarían a Rajoy?

Me refiero a reformas profundas y que cambien las pautas de crecimiento como lo hizo el Plan de Estabilización de 1959. Si observamos lo que ha hecho el Gobierno del PP en estos dos años, comprobaremos que la corrupción de su partido le ha impedido llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para abrir una nueva etapa de crecimiento rápido y sostenible de la Economía española. Decimos le ha impedido en un doble sentido. Porque no puede echar a los corruptos a menos que les condene un Tribunal de Justicia (el presidente se fía a la Justicia, no a la decencia y a la honradez de los políticos, ni siquiera los de su partido) y porque necesita todos los puestos públicos que pueda – ya veremos por qué es esto importante – para colocar a su clientela. Son los costes ocultos del nepotismo.

Concluiremos que el Gobierno sólo ha llevado a cabo una reforma institucional de calado y ésta la ha hecho a medias. Y que lo que hacen falta son metarreformas, es decir, reformar los modos en los que se toman y se ejecutan las decisiones.

Este gráfico (sacado de aquí) da una idea de las reformas que son necesarias para facilitar la realización de actividades productivas en España si ya no se trata de abrir la economía al mundo, estabilizar la moneda y la inflación o garantizar que los contratos se cumplen y que la propiedad se respeta. Como puede verse, la regulación del mercado de trabajo y los impuestos son muy importantes y, en lo que depende del Gobierno, también la burocracia.

Es obvio que Rajoy sólo ha hecho, y a medias, la reforma laboral. Tanto se temía Rajoy que no la podría poner en práctica, que tenía el Decreto-Ley preparado antes incluso de tomar posesión. Pero ha sido una reforma a medias porque, aunque ha reducido – levemente – los costes de despedir – y ha flexibilizado las relaciones entre trabajadores y empresarios, ni ha reducido los enormes impuestos al trabajo (cotizaciones sociales e impuestos) ni ha desburocratizado las relaciones laborales, que siguen en manos de los abogados laboralistas (más los graduados sociales, más los jueces del Tribunal Constitucional que parecen un apéndice de la Sala 4ª del Tribunal Supremo). La metareforma del mercado de trabajo pasa por desburocratizar las relaciones laborales.

La reforma financiera no es tal reforma. Se ha hecho bien porque hemos tenido algunos patriotas encargados de su ejecución y porque su diseño lo han hecho unos tipos que saben mucho del tema y que no tienen ningún interés en hacerla de una forma o de otra. Pero no es una reforma. Es, en realidad, el mayor proceso (para)concursal de la Historia de España. La reforma fiscal sigue en espera. El Ministro no hace caso a los expertos. La reforma energética se la ha hecho un chico listo a escondidas para que nadie se la chafara antes de hacerla pública y, cuando la ha publicado, lo ha hecho directamente en el BOE. La reforma de las Administraciones públicas y del Titulo VIII de la Constitución está también por hacer. Han hecho una ley de unidad de mercado que no está mal pero que no va a cambiar las cosas porque las autoridades que deben cumplirla, simplemente, pasan. La reforma de la educación tampoco se ha realizado porque aunque el Ministro tuviera algunas ideas claras y cojones para llevarla a cabo, no tuvo a gente inteligente y preparada que le propusiera medidas de largo alcance.

Es obvio que se han multiplicado los Decretos-Ley y las Leyes al respecto. Pero cuando hablo de reformas, repito, me refiero a reformas como las del Plan de Estabilización de 1959. Reformas que tengan efectos duraderos y significativos en la capacidad de producir más eficientemente o como dice Garicano, “ser más productivos”.

El Gobierno del futuro no será un gobierno que preste servicios.

Será un gobierno que se limite a regular y a exigir el cumplimiento de las normas.. La prestación de los servicios será cosa de los particulares en competencia (bajo la atenta y severa vigilancia del Estado). Por tanto, las reformas deben dirigirse a mejorar la regulación y mejorar el enforcement. Por eso necesitamos una metareforma. Esto es, necesitamos reformar la manera en que regulamos y hacemos cumplir la regulación. Esto es de lo que habla todo el mundo cuando se refiere a la importancia de las instituciones. Regular bien es lo más difícil. Hacer cumplir la regulación es también difícil, pero menos. Si la regulación es buena (rectius, es la regulación que maximiza el bienestar social entendido este como la maximización de la capacidad productiva de los españoles), necesitamos un aparato de enforcement formado por gente mínimamente competente y honrada. Lo tenemos. Lo que no tenemos es una buena regulación. Y no la tenemos porque los que la hacen no son suficientemente competentes. O lo son pero son muy pocos y los que tienen intereses particulares (los que no quieren que haya buena regulación) son muchos y muy poderosos. Y se los comen. Para asegurarnos de que la regulación es buena, el principio que debería guiarnos es el de que

Hay que desburocratizar las relaciones sociales y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos

Obsérvese que en la encuesta cuyo gráfico se ha incluido, tax regulations aparece como un problema distinto de tax rates. y que la burocracia es también un problema del mercado laboral y un problema de la relación con los poderes públicos. Para que se hagan una idea: intenten solicitar la prestación contributiva de desempleo. o intenten constituir una sociedad limitada o intenten obtener una licencia para la que baste la declaración responsable como la necesaria para cambiar de actividad O intenten legalizar una barca a remos ¡Mucha suerte! O intenten cerrar su empresa porque no es rentable y están palmando pasta y despidan a sus empleados a través de un ERE. ¡procuren no equivocarse porque el Tribunal Supremo está vigilante y se lo anulará a la primera de cambio!. O intenten introducir un producto o servicio en un mercado foráneo (quiero decir, fuera de su pueblo). Miles de normas le exigirán que cumpla con centenares de requisitos y que pruebe que los cumple en la forma en la que algún funcionario ha decidido que la deben cumplir y miles de funcionarios estarán al acecho para abrirles el correspondiente expediente sancionador. Y no se atrevan a hacer publicidad (normativa, consejerías y asociaciones de consumidores), acumular datos de sus clientes (protección de datos) o redactar condiciones generales para sus contratos (cláusulas abusivas). No vale la pena el riesgo. O pónganse a solicitar una beca, una plaza escolar o un tratamiento médico. Si quieren una subvención, entonces váyanse a Andalucía donde la incapacidad de la Administración es tal que es muy probable que se la den aunque no reúnan ninguno de los requisitos para obtenerla y aunque no sean capaces de demostrar que han destinado el dinero al fin para el que se otorgó la subvención.

Además,

Hay que tener buenos reguladores y buenos enforcers

Igual que necesitamos una policía honrada y competente, necesitamos un regulador-supervisor del mercado eléctrico honrado y competente; un regulador-supervisor de las sociedades mercantiles honrado y competente; un regulador-supervisor de los mercados de capitales o de las mutuas honrado y competente; un regulador-supervisor de las relaciones laborales o de la publicidad o de la protección de datos o de la seguridad en las playas honrado y competente. ¿Qué más da todo lo que pase en Orense si alguien como Baltar ha sido el presidente de su Diputación durante 20 años? Da todo igual. Porque todo depende de cómo te lleves con Baltar. De la Constitución a la última ordenanza municipal son irrelevantes. Si te llevas bien o te llevas mal con ese delincuente es lo importante. Y, para cuando lo inhabiliten…

¿Cómo se hace esta metareforma? Cambiando las formas en las que seleccionamos a los que regulan y a los que ejecutan las regulaciones. Tenemos que seleccionar mejor a los que ocupan los puestos donde se regula y se garantiza el cumplimiento de las regulaciones. Los políticos deben estar en el Parlamento y en el Gobierno. Punto. Las instituciones deben estar dirigidas por expertos rodeados de expertos y elegidos por sus conocimientos, su talento y su patriotismo (amor a la patria, es decir, disposición a anteponer el interés general al propio). Y a esas instituciones hay que dotarlas del poder y los medios para que puedan dictar la regulación óptima y hacerla cumplir. Los políticos – y los ciudadanos que los eligen – deben dar las grandes líneas.

Lo anterior no es una llamada a atribuir todas las competencias administrativas a instituciones independientes. Es una llamada a respetar la imparcialidad e independencia de la actuación administrativa. O ¿alguien cree que se puede meter en la cárcel a los políticos corruptos si el Ministro del Interior llama todas las mañanas al de la UDEF para decirle a quién puede investigar y a quién no? O ¿alguien cree que el fraude de los ERE se podría haber cometido si a los funcionarios andaluces les hubieran dejado aplicar de forma imparcial las normas sobre subvenciones?

Lo anterior es también una llamada a que todas las autoridades sean seleccionadas por procedimientos que garanticen su competencia, independencia y patriotismo. Si el legislador hace lo que debe (limitarse a dictar reglas generales), un poco de inteligencia y patriotismo es suficiente para, en el largo plazo, tener leyes de universidades como esta o leyes del sector eléctrico que se limiten a sentar principios generales sobre los que será fácil que nos pongamos de acuerdo. Leyes breves, bien escritas. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre los principios generales que sobre los detalles. Y es mucho más difícil que los traidores a la patria y defensores de intereses particulares puedan oponerse públicamente a un principio general que al nivel del subsidio para determinadas instalaciones.

Si tenemos leyes generales (buenos principios), el gran reto está en tener autoridades que sean capaces de aplicarlas – desarrollarlas y ejecutarlas – con imparcialidad y acierto. Y eso solo lo pueden hacer los mejores, los que más saben. Si los dejamos suficiente tiempo al frente de las instituciones correspondientes, crearán “escuela”, harán que otros aprendan, acostumbrarán a los regulados a ser tratados con imparcialidad y justicia, se harán muy resistentes a las influencias indebidas y mejorarán, en definitiva, las instituciones cuya supervisión y regulación les ha sido encomendada. Diez años de una autoridad del sector eléctrico en manos de un gran experto, inteligente y patriota auguran una excelente regulación eléctrica. Simplemente porque inducirá a los políticos a cambiar la que no sea adecuada y propondrá mejoras. Diez años de un buen rector en una Universidad, con poderes para organizar la Universidad con autonomía otorgan una ventaja tal a esa Universidad que será difícil que vuelva al mal camino. Diez años de un Presidente competente, honrado y patriota del Tribunal Constitucional con poderes suficientes para hacer cumplir la Constitución, tal vez, nos habría resuelto el problema de Cataluña.

La espiral virtuosa es aquella que comienza con la elección correcta para el cargo. Es el nombrado el que da prestigio a la institución. Con el paso del tiempo, es la institución la que da prestigio al nombrado. En los últimos treinta años, hemos sufrido una espiral viciosa. El nombrado deterioraba el prestigio de la institución hasta que era sustituido por otro de categoría tan ínfima que sólo podía aspirar al prestigio de una institución desprestigiada. 

Lo que está ocurriendo en Hispanoamérica nos indica el camino. Ida y vuelta, como tantas veces. Lo que están intentando en Méjico, Colombia o Chile es lo que no hemos hecho porque nos hemos fiado de nuestros 25.000 € de renta per capita. Las reformas económicas y sociales que España necesita solo podrán hacerse si se hace la reforma institucional que permita augurar que seremos capaces de “pensarlas” y de ponerlas en práctica. Y esa es la segunda metarreforma. Elegir a los mejores para que dirijan las instituciones es la única forma de tener buenas instituciones.